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BOPA nº 544, pag. 29984 de la VII Legislatura (08/11/2006)


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7-06/PL-000014, Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental
Enmienda a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente de 2 de noviembre de
2006
Orden de publicación de 3 de noviembre de 2006
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 110
del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente enmienda a la
totalidad con devolución al Consejo de Gobierno al Proyecto de Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
JUSTIFICACIÓN
Desde principios de los años setenta, más concretamente desde la
Conferencia de Estocolmo en 1972, la política de protección y conservación
del medio ambiente se ha fijado como una de las prioridades de las
sociedades modernas. El desarrollo sostenible, entendido como el esfuerzo
de aglutinar políticas y decisiones de diversa índole capaces de conciliar
el crecimiento económico, el desarrollo cultural y social y la
preservación del entorno en que el que se desarrollan, se ha convertido en
un objetivo de los poderes públicos.
Esta permanente preocupación social y política relativa al medio ambiente
ha sido bien recogida por la propia política comunitaria, que finalmente
incorporó al tratado de la Unión Europea la protección ambiental como una
política rectora comunitaria. Como consecuencia de todo ello, han sido
constantes las directivas que, dirigidas a la prevención, la conservación
y la mejora del medio, se han ido articulando en los últimos años.
Una de las más importantes ha sido La Directiva 96/61/CE, del Consejo, de
24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrados de la
contaminación, que, junto a la Directiva Marco de Aguas, han marcado un
antes y un después en la gestión integral de la calidad de nuestro medio
ambiente.
Estas y otras de igual naturaleza ya han sido objeto de transposión al
ordenamiento jurídico español y ya es el momento de que las mismas
encuentren su aplicación en nuestra Comunidad Autónoma, en cumplimento de
las responsabilidades competenciales que en tal sentido se asumieron en su
día y que hoy se han incrementado con el nuevo texto estatuario.
Andalucía no está exenta de legislación propia de carácter medioambiental,
pero los nuevos tiempos y la tendencia comunitaria parecen invitar a que
cada día se aglutinen conceptos y se concreten normas para una mejor
aplicación de las mismas, así como una mayor eficacia en sus resultados.
Coincidimos con el Ejecutivo en que es necesaria esta nueva regulación
medioambiental, capaz de aglutinar todo el proceso de transformación de la
sociedad, sobre todo en su vertiente industrial, bajo un criterio de
adecuación medioambiental. Y reconocemos el esfuerzo que a tal fin se haya
podido realizar, pero somos conscientes, como lo es el propio Ejecutivo,
de que la aplicación de una Ley de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental supone un esfuerzo importante para el sector productivo andaluz,
para las Corporaciones Locales e incluso para la propia Administración
autonómica. La Ley, por tanto, deberá estar perfectamente definida, de tal
forma que no implique una aplicación posterior de la misma enrevesada y
que lejos de agilizar y mejorar el sistema productivo andaluz compatible
con el medio ambiente, de agilizar y perfeccionar el control de la
Administración competente, eternice los proyectos, dificulte su aplicación
y no consiga preservar el medio ambiente, como fin en sí mismo.
Cualquier texto legal que intente coordinar e impulsar políticas
integrales en este sentido debe venir acompañado de un conocimiento
exhaustivo de la realidad sobre la que pretende legislar, de los éxitos
cosechados, pero también de los puntos débiles pendientes de resolver. Las
competencias medioambientales fueron asumidas hace más de dos décadas por
la Comunidad Autónoma, y mucho ha sido el presupuesto destinado a su fin,
aunque no siempre con los resultados deseados. La política destinada a una
producción compatible con el medio ambiente, la calidad de las aguas, el
abastecimiento, la depuración y saneamiento de las mismas, la calidad
ambiental, lumínica y acústica, los vertidos incontrolados, el tratamiento
de residuos en general son asignaturas que todavía tiene pendiente la
Administración como para hacer correponsable de ellos a los ciudadanos en
general. Aunque el medio ambiente es cosa de todos y todas las
actuaciones, individuales o colectivas, suman, la responsabilidad nunca
puede ser equiparable entre los poderes públicos y los administrados
porque ni la capacidad de control y mucho menos la de reacción es la
misma. Luego entendemos que la Ley propuesta no puede hacer versar en la
responsabilidad compartida entre el ciudadano y su actividad por un lado y
la potente maquinaria de la Administración por otra.
El texto propuesto es por un lado excesivamente intervensionista y
subjetivo, y por otro lado desleal con la propia Administración, restando
importancia al papel de la Consejería competente y el cuerpo técnico de la
misma, para concentrar la responsabilidad en la Empresa Pública de Gestión
Medioambiental
La aplicación de esta Ley sin lugar a dudas tendrá su repercusión
económica, por tanto no entendemos cómo desde el Ejecutivo se ha planteado
la Ley sin dotación económica. Las actuaciones en materia de agua, la
adecuación del sistema productivo compatible con el medio ambiente, las
actuaciones encaminadas a la calidad del medio ambiente urbano, tendrán
sus consecuencias económicas que no sólo repercutirán en los ciudadanos,
sino también en las propias administraciones competentes, y esto hay que
preverlo.
Por otra parte, la propia Administración reconoce la necesidad de adecuar
la RPT de la Consejería competente para la correcta aplicación de la Ley.
La experiencia nos demuestra que estas modificaciones se eternizan en el
tiempo, por lo que no parece adecuado, en aras a una correcta aplicación
de la norma, que no vengan recogidas en la misma las necesarias
actuaciones al respecto.
Las sucesivas y en nuestra opinión excesivas referencias a futuro
desarrollo reglamentario podrían caer en una imprudencia, ya que en una
ley de estas importantes magnitudes para el desarrollo socioeconómico de
nuestra tierra no se debe permitir la libre interpretación de la norma
mientras se regula o no el desarrollo de la misma. La falta de concreción
permitirá actuaciones arbitrarias, la eternización de los expedientes y la
permanente interpretación subjetiva de la misma.
EL G.P. Popular entiende la necesidad de esta Ley, pero la magnitud de la
misma debe hacer reflexionar a la Administración, de tal manera que
introduzca estos y seguramente otros asuntos más, que permitan hacer una
ley más justa, equitativa y real en su aplicación, en aras de proteger el
medio ambiente, de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos
andaluces y de las generaciones venideras.
Por todo ello, el G.P. Popular propone la devolución al Gobierno del
Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
Parlamento de Andalucía, 31 de octubre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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