Apúntate |  mapa web |  buscador |  accesibilidad |  rss |  contacto |  glosario |  ayuda |  normas uso |  cve

BOPA nº 693, pag. 37598 de la VII Legislatura (28/06/2007)


Para poder visualizar documentos en formato PDF, necesitará instalar Adobe Acrobat.



7-06/PL-000014, Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 13 y 14
de junio de 2007
Orden de publicación de 22 de junio de 2007
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El desarrollo sostenible es hoy el nuevo referente o paradigma que debe
centrar los esfuerzos de la sociedad del siglo XXI. Debe concebirse como
un proceso de cambio y transición capaz de generar las transformaciones
estructurales necesarias para adaptar nuestro sistema económico y social a
los límites que impone la naturaleza y la calidad de vida de las personas.
Concretar la búsqueda de la sostenibilidad en acciones de los gobiernos y
en decisiones individuales de los ciudadanos en el día a día requiere
aceptar una premisa ética, es necesario cambiar las relaciones humanas a
escala planetaria, al mismo tiempo que definimos nuevas formas de
producción, consumo y distribución para garantizar la perdurabilidad de
nuestro planeta.
Este reto sólo puede alcanzarse mediante una acción coordinada de
responsabilidad compartida. En la misma, deben participar los ciudadanos y
los agentes económicos mediante su elección diaria del tipo de consumo,
producción, empleo o transporte que va a formar parte de sus actividades
habituales. Asimismo, los poderes públicos deben impulsar, a través de
todas las medidas a su alcance, el marco y las condiciones adecuadas para
avanzar en una cultura de eficiencia en el uso y consumo de los recursos
naturales.
La proliferación de instrumentos al servicio de políticas de desarrollo
sostenible ha evolucionado y madurado en los últimos años en el plano
internacional, desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, hasta las más
recientes en Río de Janeiro en 1992 o Johannesburgo en 2002, pero también
en los ámbitos europeo, estatal, regional o local.
Los diferentes programas comunitarios en materia de medio ambiente han
otorgado un papel esencial a la legislación ambiental en el objetivo de
alcanzar niveles elevados de protección de nuestro entorno y avanzar en la
estrategia de tránsito hacia el desarrollo sostenible. No le han ido a la
zaga, en estos treinta años de política ambiental europea, la sucesión de
regulaciones sectoriales interdisciplinares, ni las numerosas
consideraciones ecológicas en las políticas económicas y sociales que
mayor presión ejercen sobre el uso de los recursos.
La Unión Europea ha ido progresivamente introduciendo en su agenda
política la toma de decisiones en pro de avanzar por la senda de la
sostenibilidad mediante la acción concertada de los sectores público y
privado, fomentando la responsabilidad individual y la participación
social.
Hemos presenciado con satisfacción la elevación del concepto de desarrollo
sostenible a la categoría de principio en el Tratado de Amsterdam (1997) y
su inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2000). Este nuevo escenario, junto con la experiencia de la aplicación de
la abundante legislación de medio ambiente por parte de los Estados
Miembros, hace necesario la revisión y actualización de los principales
instrumentos jurídicos ambientales. El VI Programa Comunitario en materia
de medio ambiente (2001-2010) reconoce, en este sentido, que, aun siendo
hoy prioritario mejorar la aplicación de las normas ambientales, es
preciso adoptar un enfoque más estratégico para inducir los cambios
necesarios en nuestros modelos de producción y consumo.
En España, el marco jurídico sobre el que avanzar en las políticas de
desarrollo sostenible tiene un pilar firme en la Constitución Española,
que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos los españoles a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo.
Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones públicas la
función de velar por la utilización racional de los recursos naturales,
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Como cláusula final y para completar el círculo de protección, nuestra
Constitución prevé la posibilidad de establecer y regular por ley
sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el
daño causado.
Dada la preocupación de la Administración de la Junta de Andalucía por la
protección del medio ambiente y, en el ejercicio de las competencias que
le otorgan tanto la Constitución española como su Estatuto de Autonomía,
se han aprobado, a lo largo de los últimos años, normas ambientales de
gran trascendencia en la vida de nuestra Comunidad Autónoma, destacando,
entre otras, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Ahora bien, la experiencia adquirida durante los años transcurridos desde
la entrada en vigor de esta ley, así como la aparición de modernos y
novedosos instrumentos de protección, aconsejan la aprobación de una nueva
regulación que la derogue, y que actualice procedimientos y criterios de
tutela de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental intenta dar
respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible
-ambiental, social y económica- superando las originarias normas
sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, hoy
insuficientes. La sostenibilidad integra aspectos humanos, ambientales,
tecnológicos, económicos, sociales, políticos o culturales que deben
ponderarse a la hora de proporcionar a la sociedad un marco normativo que
se adecue a las nuevas formas de gestión y planificación, tanto públicas
como privadas.
Para la consecución de los objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza
de Desarrollo Sostenible, refrendada por el Consejo Andaluz de Medio
Ambiente el 5 de junio de 2003, y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004-2010, los instrumentos jurídicos, junto a otros económicos o
fiscales, son una pieza insustituible para impulsar el avance de nuestros
sectores productivos hacia la eficiencia energética, la innovación
tecnológica y la reorientación de las pautas de consumo, con el objetivo
final de la sostenibilidad.
Bajo estas premisas se ha elaborado esta ley, en la que la prevención se
manifiesta como el mecanismo más adecuado de actuación. La Administración
andaluza se dota con ella de instrumentos que permitan conocer, a priori,
los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida
derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y
actividades. Esto se hace aún más necesario en esta Comunidad Autónoma si
se tiene en cuenta la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica que la
caracteriza y que la sitúan entre las más ricas en patrimonio natural del
Estado español.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se inserta en el marco
legal existente y se suma a otras normas y disposiciones legales vigentes
en las que el esfuerzo de protección e impulso de la acción institucional
en materia de medio ambiente es una constante. El contenido de esta ley,
además de respetar el derecho internacional, comunitario y estatal,
incorpora al marco normativo andaluz preceptos novedosos no adoptados aún
por la legislación del Estado.
II
La presente ley encuentra su principal fundamento competencial en el
artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que se la atribuye a
nuestra Comunidad Autónoma, en materia de medio ambiente, espacios
protegidos y sostenibilidad, y sus principios orientadores responden a los
objetivos marcados en su Título VII relativo al medio ambiente.
Así mismo, otros títulos competenciales asumidos estatutariamente por
nuestra Comunidad Autónoma inciden sobre aspectos concretos regulados en
esta ley, como son los relativos a las materias de energía, aguas,
investigación, ordenación de los seguros, fomento y planificación de la
actividad económica e industria, recogidos en los artículos 49, 50, 54, 58
y 75 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se erige como
referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar,
clarificar y actualizar el marco normativo existente y regular nuevos
instrumentos de protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de
protección del medio ambiente.
Se establecen las garantías que refuercen la participación social y el
acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable,
así como la difusión de la información, la educación ambiental y la
concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente. De este
modo, la presente ley regula, tras las disposiciones generales, en su
Título II, la información y participación en materia de medio ambiente, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al
acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga
la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y en la Directiva 2003/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se
establecen medidas para la participación del público en determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE, así como en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
También se formulan los instrumentos de prevención y control ambiental
aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades, que
puedan afectar significativamente el medio ambiente de la Comunidad
andaluza.
Destaca la incorporación del enfoque integrado que propugna la Directiva
96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación y la transposición a nuestro
derecho interno que efectúa la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación. Esta visión obliga a una profunda
renovación de los instrumentos de intervención administrativa de la
normativa autonómica en una triple dimensión. En primer lugar, se aborda
la incidencia ambiental de una serie de instalaciones industriales,
evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a
otro; de otro lado, se lleva a cabo una simplificación administrativa de
procedimientos tendente a que el resultado de la evaluación global de la
actividad culmine en una resolución única, la autorización ambiental
integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores
límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a las mejores
técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto
ambiental, entendiendo por éstas las que sean, además, viables
económicamente, sin poner en peligro la propia continuidad de la actividad
productiva de la instalación.
Tal y como marca la legislación básica, la competencia para la tramitación
y resolución del procedimiento de obtención de la autorización ambiental
integrada, así como la coordinación con otras Administraciones que deban
participar en el mismo a través de la emisión de los correspondientes
informes preceptivos, corresponde a la Comunidad Autónoma. De acuerdo con
esto, se regula la autorización ambiental integrada que recoge los
principios informadores establecidos en la legislación estatal, y en cuya
resolución se incluyen la evaluación de impacto ambiental para actividades
tanto de competencia estatal como autonómica, así como todos los
pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstas en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, y aquellas otras de competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que sean necesarias con carácter previo a la implantación y
puesta en marcha de las actividades.
Junto a este instrumento, la presente ley crea la autorización ambiental
unificada, a otorgar por la Consejería competente en materia de medio
ambiente, que tiene como objetivo prevenir, evitar o, cuando esto no sea
posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo que produzcan las actuaciones sometidas a la misma.
Dicha autorización contendrá una evaluación de impacto ambiental de las
actuaciones sometidas a la misma, así como todos aquellos pronunciamientos
ambientales que sean exigibles con carácter previo y cuya resolución
corresponda a la Consejería competente en materia de medio ambiente. Su
carácter, también integrador, y la consiguiente reducción de plazos que
conlleva el procedimiento abreviado que se incluye para aquellas
iniciativas de menor incidencia ambiental, hacen de este instrumento un
verdadero avance para afrontar el reto que supone la mejora progresiva de
la calidad ambiental de Andalucía.
Esta autorización respeta los principios básicos de las Directivas
85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y
97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la
anterior. Contiene un análisis de las consecuencias sobre el medio
ambiente, prevé la participación a través del trámite de información
pública, regula el contenido de la solicitud y contempla un
pronunciamiento expreso del órgano ambiental. Igualmente, se recogen todos
los requisitos procedimentales y de fondo establecidos en la normativa
básica estatal, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo.
Como tercer instrumento de prevención y control ambiental, la ley regula
la evaluación ambiental de planes y programas, siguiendo las
determinaciones de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamiento a través de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, cuyo objetivo consiste en la integración de
los aspectos ambientales en la planificación incluida en su ámbito de
aplicación.
Respecto al planeamiento urbanístico se mantienen los principios del
actual régimen de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las
particularidades introducidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Los instrumentos de prevención y control ambiental se completan con la
calificación ambiental, competencia de los Ayuntamientos, y con las
autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
Se establecen en la ley las garantías de protección de la calidad
ambiental del aire, agua y suelos, así como de la gestión de los residuos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a los principios exigidos
por la normativa comunitaria de aplicación.
En cuanto a la calidad del aire, la ley se adapta a los objetivos marcados
por la Directiva 96/62/CE, del Consejo, de 27 de septiembre de 1996,
relativa a evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, y a la
Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Se han tenido en
cuenta los objetivos establecidos por la Comisión Europea en la reciente
Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica la cual, tomando
como base el Programa Aire Puro para Europa, recomienda la actualización
de la legislación vigente sobre la materia, la mejor regulación sobre la
presencia de los contaminantes más graves y la adopción de nuevas medidas
dirigidas a integrar las cuestiones medioambientales en los demás
programas y políticas.
Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica teniendo
como principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los
efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno.
Para ello, se sientan las bases para la realización de una zonificación
del territorio, en la que se establezcan los niveles de iluminación
adecuados en función del área lumínica de que se trate.
Igualmente, en materia de contaminación acústica se establece una
regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, incluye también una nueva zonificación del
territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la
realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad
de designar servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen
aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de
calidad acústica exigidos.
En cuanto a calidad de las aguas, se desarrolla lo dispuesto en la
Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas. En este sentido, se facilita un
marco para la protección global de las aguas continentales, litorales,
costeras y de transición siguiendo los criterios empleados en dicha
Directiva. Por otro lado, se contempla el establecimiento de programas de
actuación para prevenir la contaminación de origen difuso para
determinados contaminantes.
Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se introducen y
desarrollan aquellos aspectos contemplados en el Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
En relación con los residuos, su régimen se actualiza de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación básica de referencia, la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, y la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de residuos, así como la normativa de desarrollo de ambas aprobada con
posterioridad. Se ha adoptado como prioridad en el modelo de gestión de
los mismos y, por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar
su reutilización y reciclado. El principio general es fomentar el
aprovechamiento, es decir, la valorización frente a la eliminación en
vertedero, todo ello de acuerdo con los principios de jerarquía
establecidos en la normativa comunitaria para la correcta gestión de los
residuos.
Especialmente, se pretende favorecer el ejercicio de la responsabilidad
compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la
protección del medio ambiente, con nuevos instrumentos capitales en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible marcada por el VI Programa de la Unión
Europea. En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y
mecanismos como los acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de
calidad ambiental para las empresas andaluzas.
En esa línea, se promueve, también, la utilización de instrumentos
económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias que
produzcan una disminución de la incidencia ambiental de las actividades
productivas. El Título VII desarrolla, además, un régimen de
responsabilidad por daños al medio ambiente de acuerdo con lo dispuesto en
la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales, donde se hace
obligatoria la exigencia de garantías financieras que respondan de los
posibles daños ambientales producidos por determinadas actividades.
La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e
inspección, configurando un conjunto de infracciones y sanciones que
tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el
principio de "quien contamina paga" y la restauración de los daños
ambientales que se produzcan. La determinación de las responsabilidades en
cada caso y la fijación de los comportamientos que se consideran
infracción administrativa es uno de los cometidos obligados de un texto
normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos.
En materia de disciplina ambiental, la ley introduce diversos contenidos
que pueden encuadrarse dentro del concepto de medidas adicionales de
protección, que las Comunidades Autónomas pueden incorporar a sus
ordenamientos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la
Constitución.
La existencia o no de daño o deterioro grave para el medio ambiente y el
hecho de poner o no en peligro grave la salud o seguridad de las personas
se constituyen en criterio primordial a la hora de imponer sanciones más o
menos rigurosas.
En resumen, la ley presenta, por tanto, con carácter general un doble
enfoque, estratégico e integrado, que conecta con los principios que deben
posibilitar una transición correcta hacia el desacoplamiento entre
crecimiento económico e impacto y degradación ambiental. La norma juega
con ello un papel de estímulo e incentivo, junto a otros instrumentos como
la fiscalidad ecológica, y la potenciación de la innovación y la inversión
en mejora ambiental en las empresas. Se pretende contribuir a la mejora de
la competitividad en un mercado global, en el que cada vez primará más la
eficiencia del que produce más, consumiendo menos recursos o generando
menos impactos.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es establecer un marco normativo adecuado
para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de
criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.
Artículo 2. Fines.
Son fines de la presente ley:
a) Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su
conjunto para mejorar la calidad de vida, mediante la utilización de los
instrumentos necesarios de prevención y control integrados de la
contaminación.
b) Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así
como una mayor participación social en la toma de decisiones
medioambientales.
c) Promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector
industrial y la sociedad en general de los instrumentos y mecanismos
voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore
la calidad ambiental.
d) Establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminución
de la incidencia ambiental de las actividades sometidas a esta ley.
e) Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio
ambiente.
f) Promover la sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos y
ciudadanas en la protección del medio ambiente.
g) Promover la coordinación entre las distintas Administraciones públicas,
así como la simplificación y agilización de los procedimientos de
prevención, control y calidad ambiental.
Artículo 3. Principios.
Los principios que inspiran la presente ley son:
a) Principio de utilización racional y sostenible de los recursos
naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y
futuras a la utilización de los mismos.
b) Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones
públicas, de las empresas y de la sociedad en general, implicándose
activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente.
c) Principio de información, transparencia y participación, por el que en
las actuaciones en materia de medio ambiente se ha de garantizar el libre
acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que
permita una efectiva participación de los sectores sociales implicados.
d) Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto
la difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes,
valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del
medio ambiente.
e) Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para
evitar los daños al medio ambiente preferentemente en su fuente de origen,
antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos.
f) Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del
impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto potencial
contaminante.
g) Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas
de protección del medio ambiente tras una primera evaluación científica en
la que se indique que hay motivos razonables para entender que del
desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente
peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los
animales y las plantas.
h) Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes
derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la
corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los
mismos.
i) Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la
investigación, desarrollo e innovación en materia ambiental, que tiene por
objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la
utilización de las mejores técnicas disponibles menos contaminantes o
menos lesivas para el medio ambiente.
j) Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en
la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a los daños
ambientales producidos.
k) Principio de coordinación y cooperación por el cual las
Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán
guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones
recíprocas, así como prestarse la debida asistencia para lograr una mayor
eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus competencias de
acuerdo con el principio de lealtad institucional.
Artículo 4. Secreto industrial y comercial.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley se desarrollará
respetando los términos establecidos en la legislación vigente en materia
de secreto industrial y comercial.
TÍTULO II
INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN
Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
Información ambiental
Artículo 5. Definición.
A los efectos de la presente ley, se entiende por información ambiental
toda información en cualquier soporte que se encuentre disponible y que
verse sobre las cuestiones relacionadas en el artículo 2.3 de la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
Artículo 6. Garantías en materia de información ambiental.
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
garantizarán una información ambiental de calidad a la ciudadanía mediante
las siguientes actuaciones:
a) Informar de manera adecuada sobre los derechos de acceso a la
información ambiental y de las vías para ejercitar tales derechos de
acuerdo con la legislación vigente.
b) Poner a disposición de los titulares del derecho de acceso a la
información ambiental la que soliciten, en los términos establecidos en la
normativa vigente, garantizando el principio de agilidad en la tramitación
y resolución de las solicitudes, así como que su personal les asista
cuando traten de acceder a la misma.
c) Estructurar y mantener actualizada la información ambiental que sirva
de base a las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en sus funciones de planificación y gestión, para su utilización
por la ciudadana.
d) Facilitar y difundir la información ambiental, por todos los sistemas a
su alcance, particularmente mediante el empleo de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento en la
medida que resulte posible.
e) Elaborar listas, accesibles a la ciudadanía, de autoridades públicas en
atención a la información ambiental que obre en su poder, de acuerdo con
los conceptos así definidos en el artículo 2.4 y 5 de la Ley 27/2006, de
18 de julio.
f) Realizar campañas de información específicas cuando existan hechos
excepcionales relacionados con el medio ambiente que por su relevancia
deban ser conocidos por la ciudadanía y supongan la adopción de medidas
concretas por la Administración.
2. Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para
facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información
ambiental, determinando los responsables de la información los lugares en
donde se encuentra, la forma de acceder y la metodología para la creación
y mantenimiento de medios de consulta de la información que se solicite.
Artículo 7. Derecho de acceso a la información.
1. Toda persona, física o jurídica, tiene derecho a:
a) Acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades
públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en el de otros sujetos en
su nombre, de acuerdo con las definiciones y en los términos y con las
excepciones establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
b) Ser informados de los derechos que le otorga la legislación vigente en
esta materia, asesorados para su correcto ejercicio y asistidos en su
búsqueda de información.
c) Recibir, en los plazos máximos y en las formas y formatos establecidos
en la legislación vigente, la información ambiental solicitada o conocer
los motivos por los que no se le facilita la misma, total o parcialmente o
en la forma y formato solicitado.
d) Conocer el régimen y cuantía de las tasas y precios que en su caso sean
exigibles.
2. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o limiten el derecho
de acceso a la información ambiental deberán ser motivadas y se podrán
impugnar en los términos previstos en la normativa vigente. A tal fin, se
pondrá a disposición de la ciudadanía la información relativa a los
recursos tanto administrativos como judiciales que en cada caso procedan.
Artículo 8. Informe sobre el estado del medio ambiente.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará y
publicará cada año, un informe de carácter completo sobre el estado del
medio ambiente en la Comunidad Autónoma.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, las
Administraciones públicas, organismos y demás entes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía facilitarán los datos ambientales de que
dispongan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y se
arbitrarán los mecanismos de colaboración y financiación necesarios para
hacer efectivo el flujo de información.
Artículo 9. Red de Información Ambiental de Andalucía.
1. Se crea la Red de Información Ambiental de Andalucía que tendrá como
objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de
cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía, generada por
todo tipo de centros productores de información ambiental en la Comunidad
Autónoma, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión
pública y la toma de decisiones.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente la
organización, gestión y evaluación de la Red de Información Ambiental de
Andalucía.
3. El funcionamiento y estructura, así como el contenido de la Red de
Información Ambiental de Andalucía, se determinarán reglamentariamente.
4. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suscribir
convenios de colaboración con organismos, Administraciones públicas,
universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones
sociales, entre otros, con el fin de ampliar y mejorar la Red de
Información Ambiental de Andalucía.
5. Para garantizar el flujo de la información ambiental disponible, la
Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará políticas de
colaboración con otras Administraciones públicas con el fin de integrar y
coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes.
CAPÍTULO II
Participación en las decisiones medioambientales
Artículo 10. Participación pública en asuntos con incidencia
medioambiental.
1. Para promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la
elaboración, modificación y revisión de los planes y programas
medioambientales, así como de disposiciones de carácter general en la
materia, la Administración de la Junta de Andalucía velará por que:
a) La ciudadanía tenga acceso a la Red de Información Ambiental de
Andalucía.
b) Se informe a la ciudadanía, a través de los medios apropiados, sobre
cualquier iniciativa de elaboración de propuestas de planes y programas
medioambientales, así como de disposiciones de carácter general en la
materia, o, en su caso, de su modificación o de su revisión y se ponga a
disposición de la misma la información pertinente sobre tales iniciativas.
c) Que la ciudadanía pueda formular observaciones y alegaciones antes de
que se adopte la decisión sobre el plan, programa o disposición de
carácter general, la forma en que lo pueden hacer y que éstas sean
debidamente tenidas en cuenta por la Administración pública.
d) Se informe a la ciudadanía del resultado definitivo de las decisiones
adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basan las
mismas.
2. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
garantizarán, a través de la información pública y la audiencia a las
personas interesadas, la participación en los procedimientos
administrativos de autorización ambiental integrada, autorización
ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y programas y
calificación ambiental.
3. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o limiten la
participación en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales
se podrán impugnar en los términos previstos en la normativa vigente. A
tal fin, se pondrá a disposición de la ciudadanía la información relativa
a los recursos tanto administrativos como judiciales que en cada caso
procedan.
CAPÍTULO III
Investigación, desarrollo e innovación en materia
de medio ambiente
Artículo 11. Promoción.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la formación,
educación, investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la
generación y aplicación de nuevos conocimientos sobre el medio ambiente en
el marco de los planes aprobados en esta materia.
Artículo 12. Objetivos.
La generación y aplicación de nuevos conocimientos en materia de medio
ambiente tendrá como principales objetivos los siguientes:
a) Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una
mayor racionalización de la utilización de recursos y una menor generación
de impactos sobre el medio ambiente.
b) Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental.
c) Potenciar las actividades dirigidas a la educación y concienciación
ambiental.
CAPÍTULO IV
Educación ambiental para la sostenibilidad
Artículo13. Objetivos.
1. Conseguir que la educación ambiental llegue a toda la sociedad, a
través de iniciativas que propicien un sistema de valores sociales y
culturales acordes con la sostenibilidad ambiental y la protección de los
recursos naturales.
2. Sensibilizar en materia de medio ambiente a los ciudadanos y ciudadanas
e implantar, de forma generalizada, las buenas prácticas ambientales.
Artículo14. Medidas.
1. Profundizar en la formación ambiental de la ciudadanía y en su
capacitación para actuar de forma eficiente, responsable y solidaria ante
los retos ambientales que afronta la sociedad.
2. Impulsar las acciones necesarias para mejorar la información,
comunicación, divulgación y difusión entre los ciudadanos y ciudadanas en
materia de educación ambiental, así como la investigación sobre esta
materia.
TÍTULO III
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo15. Finalidad.
Los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en el
presente Título tienen por finalidad prevenir o corregir los efectos
negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones.
Artículo16. Instrumentos de prevención y control ambiental.
1. Son instrumentos de prevención y control ambiental:
a) La autorización ambiental integrada.
b) La autorización ambiental unificada.
c) La evaluación ambiental de planes y programas.
d) La calificación ambiental.
e) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
2. Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado
anterior contendrán la evaluación de impacto ambiental de la actuación en
cuestión. En los casos en que la evaluación de impacto ambiental sea
competencia de la Administración General del Estado, la declaración de
impacto ambiental resultante prevista en su legislación se incorporará en
la autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada que
en su caso se otorgue.
Artículo17. Concurrencia con otros instrumentos administrativos.
1. La obtención de las autorizaciones, así como la aplicación de los otros
instrumentos regulados en el apartado primero del artículo anterior, no
eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras autorizaciones,
concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en
la normativa aplicable, para la ejecución de la actuación.
2. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental regulados en el presente Título no podrán ser objeto de licencia
municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o
ejecución sin la previa resolución del correspondiente procedimiento
regulado en esta ley.
Artículo18. Registro.
1. Se crea el registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de
prevención y control ambiental, adscrito a la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
2. Será objeto de inscripción por la Consejería competente en materia de
medio ambiente la resolución de los procedimientos regulados en el
presente Título.
3. Para su inscripción en el mencionado registro, los Ayuntamientos
trasladarán a la Consejería competente en materia de medio ambiente la
resolución de los procedimientos de prevención y control ambiental que
tramiten en virtud de sus competencias.
CAPÍTULO II
Prevención y control ambiental
SECCIÓN 1ª DEFINICIONES
Artículo 19. Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
1. Actuación: los planes y programas, las obras y actividades y sus
proyectos regulados en esta ley y relacionados en el Anexo I de la misma.
2. Autorización ambiental integrada: resolución de la Consejería
competente en materia de medio ambiente por la que se permite, a los solos
efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas,
y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la totalidad
o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo
previsto en esta ley y lo indicado en su Anexo I. En dicha resolución se
integrarán los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en
el artículo 11.1 b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y
autorizaciones que correspondan a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la implantación
y puesta en marcha de las actividades.
3. Autorización ambiental unificada: resolución de la Consejería
competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los
efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y
las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha
autorización conforme a lo previsto en esta ley y lo indicado en su Anexo
I. En la autorización ambiental unificada se integrarán todas las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la
Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios
con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las
actuaciones.4. Calificación ambiental: informe resultante de la evaluación
de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento
de prevención y control ambiental, que se debe integrar en la licencia
municipal.
5. Estudio de impacto ambiental: documento que debe presentar el titular o
promotor de una actuación sometida a alguno de los procedimientos de
autorización ambiental integrada o unificada o el órgano que formule los
instrumentos de planeamiento, relacionados en el Anexo I de esta ley, para
su evaluación ambiental. En él deberán identificarse, describirse y
valorarse los efectos previsibles que la realización de la actuación puede
producir sobre el medio ambiente.
6. Evaluación de impacto ambiental: análisis predictivo destinado a
valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente de
aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención y
control ambiental que corresponda en cada caso.
7. Informe de sostenibilidad ambiental: documento de análisis ambiental
que deben presentar los promotores de los planes y programas sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, excepto los
de carácter urbanístico.
8. Informe de valoración ambiental: pronunciamiento de la Consejería
competente en materia de medio ambiente sobre la integración de los
aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico
sometidos a evaluación ambiental.
9. Instalación: cualquier unidad técnica fija donde se desarrolle una o
más de las actuaciones enumeradas en el Anexo I, así como cualesquiera
otras actuaciones directamente relacionadas con aquella que guarden
relación de índole técnica con las actuaciones llevadas cabo en dicho
lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
10. Memoria ambiental: documento que valora la integración de los aspectos
ambientales realizada durante el proceso de evaluación de planes o
programas, así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad,
el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración,
además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación
del plan o programa, y que establece las determinaciones finales.
11. Modificación sustancial: cualquier cambio o ampliación de actuaciones
ya autorizadas que pueda tener efectos adversos significativos sobre la
seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
a) A efectos de la autorización ambiental unificada y calificación
ambiental, se entenderá que existe una modificación sustancial cuando en
opinión del órgano ambiental competente se produzca, de forma
significativa, alguno de los supuestos siguientes:
1.º Incremento de las emisiones a la atmósfera.
2.º Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento en la generación de residuos.
4.º Incremento en la utilización de recursos naturales.
5.º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
6.º Afección a un espacio natural protegido o áreas de especial protección
designadas en aplicación de normativas europeas o convenios
internacionales.
b) A efectos de la autorización ambiental integrada se entenderá que
existe una modificación sustancial cuando, en opinión de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, la variación en el proceso
productivo o el incremento de la capacidad de producción produzca, de
forma significativa, alguno de los supuestos aplicables a la autorización
ambiental unificada o de los siguientes:
1.º Incremento del consumo de energía.
2.º Incremento del riesgo de accidente.
3.º Incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
4.º Afección a la calidad y capacidad regenerativa de los recursos
naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
12. Órgano ambiental: órgano que tiene la competencia de resolver los
procedimientos de prevención y control ambiental regulados en esta ley.
13. Órgano sustantivo: órgano que tiene la competencia por razón de la
materia para la aprobación de una actuación.
14. Proyecto: documento que define la localización, características
técnicas de la construcción y explotación de una obra o actividad, así
como cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, incluidas las
destinadas a la utilización de los recursos naturales.
15. Titular o promotor: persona física o jurídica, privada o pública, que
inicie un procedimiento de los previstos en la presente ley, o que explote
o sea titular de alguna de las actividades objeto de la misma.
SECCIÓN 2ª AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada:
a) La construcción, montaje, explotación o traslado de instalaciones
públicas y privadas en las que se desarrollen alguna o parte de las
actuaciones señaladas en el Anexo I.
b) La modificación sustancial de las instalaciones o parte de las mismas
anteriormente mencionadas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.1 e) de esta ley,
quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada, las instalaciones
o parte de las mismas mencionadas en el apartado anterior que sirvan
exclusivamente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que
no se utilicen por más de dos años.
Artículo 21. Finalidad.
La autorización ambiental integrada tiene por objeto:
a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la
contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el
establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la
contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio
ambiente en su conjunto.
b) La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias
primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.
c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y
autorizaciones previstos en el artículo 11.1 b) de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan
a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y que sean
necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las
actividades.
Artículo 22. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento de autorización ambiental
integrada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada, así como el ejercicio
de la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
c) La recopilación de los datos sobre las emisiones que los titulares
deben notificar periódicamente y su traslado a la Administración General
del Estado a efectos de la elaboración de los correspondientes inventarios.
Artículo 23. Consultas previas.
1. Los titulares o promotores de actuaciones sometidas a autorización
ambiental integrada podrán presentar ante la Consejería competente en
materia de medio ambiente una memoria resumen que recoja las
características más significativas del proyecto.
2. Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la Consejería
competente en materia de medio ambiente pondrá a disposición del titular o
promotor la información que obre en su poder, incluida la que obtenga de
las consultas que efectúe a otros organismos, instituciones,
organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que estime pueda
resultar de utilidad al mismo para la elaboración de la documentación que
debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental integrada.
Asimismo, el citado órgano podrá dar su opinión sobre el alcance, amplitud
y grado de especificación de la información que debe contener dicha
documentación, sin perjuicio de que posteriormente, una vez examinada la
documentación presentada con la correspondiente solicitud de autorización,
pueda requerir información adicional si lo estimase necesario.
Artículo 24. Procedimiento.
El procedimiento de autorización ambiental integrada será el establecido
en el capítulo II del título III de la Ley 16/2002, de 1 de julio, con las
siguientes particularidades:
a) La solicitud de autorización ambiental integrada contendrá la
documentación exigida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
así como la requerida por la normativa aplicable para aquellas otras
autorizaciones que se integren en la misma de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21 c) de la presente ley.
b) Conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada se
deberá presentar el estudio de impacto ambiental al objeto de la
evaluación ambiental de la actividad por el órgano ambiental competente.
c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del
estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia municipal, se
someterá al trámite de información pública, durante un periodo que no será
inferior a 45 días. Este período de información pública será común para
aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran en el de la
autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los
procedimientos de las autorizaciones sustantivas a las que se refiere el
artículo 3 b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
d) No serán sometidos a información pública los datos que, de acuerdo con
las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.
e) La Consejería competente en materia de medio ambiente, teniendo en
cuenta las alegaciones formuladas en el periodo de información pública,
podrá comunicar al titular los aspectos en los que la solicitud ha de ser
completada o modificada.f) Concluido el trámite de información pública, el
expediente completo deberá ser remitido a todas aquellas Administraciones
públicas y órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que deban
intervenir en el procedimiento de autorización ambiental integrada.
g) Una vez evacuados los informes por los órganos y Administraciones
intervinientes se dará trámite de audiencia a los interesados.
h) Efectuado el trámite de audiencia, se procederá a elaborar la propuesta
de resolución que deberá incluir las determinaciones de la evaluación de
impacto ambiental realizada por la Consejería competente en materia de
medio ambiente o, en su caso, la declaración de impacto ambiental emitida
por el órgano ambiental estatal.
i) La resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada se
someterá al régimen previsto en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, poniéndose en conocimiento además del órgano que
conceda la autorización sustantiva.
Artículo 25. Contenido y renovación de la autorización.
1. La autorización ambiental integrada deberá incluir, además de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio:
a) Las medidas que se consideren necesarias para la protección del medio
ambiente en su conjunto, de acuerdo con la normativa vigente, así como un
plan de seguimiento y vigilancia de las emisiones y de la calidad del
medio receptor y la obligación de comunicar a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, con la periodicidad que se determine, los datos
necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización.
b) Las determinaciones resultantes de la evaluación de impacto ambiental
o, en su caso, la declaración de impacto ambiental, así como las
condiciones específicas del resto de autorizaciones que en la misma se
integren de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
2. La autorización ambiental integrada podrá incorporar la exigencia de
comprobación previa a la puesta en marcha de la actividad de aquellos
condicionantes que se estimen oportunos.
3. El régimen de renovación de la autorización ambiental integrada será el
previsto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Artículo 26. Comprobación y puesta en marcha.
1. La comprobación prevista en el artículo 25.2 podrá ser realizada
directamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente o
por entidades colaboradoras en materia de protección ambiental.
2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con autorización
ambiental integrada se realizará una vez que se traslade a la Consejería
competente en materia de medio ambiente la certificación acreditativa del
técnico director de la actuación, de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
SECCIÓN 3ª AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
Artículo 27. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada:
a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el
Anexo I.
b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.
c) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más
de un municipio.
d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los
apartados anteriores, puedan afectar directa o indirectamente a los
espacios de la red ecológica europea Natura 2000, cuando así lo decida la
Consejería competente en materia de medio ambiente. Dicha decisión deberá
ser pública y motivada y ajustarse a los criterios establecidos en el
Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental.
e) Las actuaciones recogidas en el apartado a) del presente artículo y las
instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1 a) del
artículo 20 de esta ley, así como sus modificaciones sustanciales, que
sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años cuando así lo
decida la Consejería competente en materia de medio ambiente. Dicha
decisión deberá ser pública y motivada y ajustarse a los criterios
establecidos en el Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio.
f) Otras actuaciones que por exigencias de la legislación básica estatal
deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental.
2. Las actuaciones identificadas en el apartado anterior, que sean
promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de
derecho público dependientes de la misma, así como las declaradas de
utilidad e interés general se someterán al procedimiento de autorización
ambiental unificada, si bien el mismo se resolverá mediante la emisión de
informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de
medio ambiente, pudiendo el órgano promotor o en su caso el órgano
sustantivo, en caso de disconformidad con el mismo, plantear la resolución
de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
3. El titular de la actuación sometida a autorización ambiental unificada
que pretenda llevar a cabo una modificación que considere no sustancial
deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios
establecidos en el artículo 19.11 a) de esta ley, dicho carácter. A esta
solicitud acompañará los documentos justificativos de la misma.
El titular podrá llevar a cabo la actuación proyectada, siempre que la
Consejería competente en materia de medio ambiente no manifieste lo
contrario en el plazo de un mes, mediante resolución motivada conforme a
los criterios establecidos en el artículo 19.11 a) de la presente ley.
4. El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales, incluidas las
situaciones de emergencias y mediante acuerdo motivado que se hará público
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá excluir de
autorización ambiental unificada una determinada actuación, previo examen
de la conveniencia de someter la misma a otra forma de evaluación. Dicho
acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones ambientales que en
cada caso se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ambiental
de la actuación excluida.
La decisión de exclusión, los motivos que la justifican y la información
relativa a las alternativas de evaluación se pondrán a disposición de las
personas interesadas.
Artículo 28. Finalidad.
La autorización ambiental unificada tiene por objeto evitar o, cuando esto
no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y
al suelo y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así
como recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y entidades de derecho público dependientes de la misma, y
que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta
en marcha de estas actuaciones.
Artículo 29. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la
autorización ambiental unificada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización ambiental unificada, así como el ejercicio
de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias.
Artículo 30. Consultas previas.
1. Los titulares o promotores de actuaciones sometidas a autorización
ambiental unificada podrán presentar ante la Consejería competente en
materia de medio ambiente, una memoria resumen que recoja las
características más significativas de la actuación.
2. Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la Consejería
competente en materia de medio ambiente pondrá a disposición del titular o
promotor la información que obre en su poder, incluida la que obtenga de
las consultas que efectúe a otros organismos, instituciones,
organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que estime pueda
resultar de utilidad al titular o promotor para la elaboración del estudio
de impacto ambiental y del resto de la documentación que debe presentar
junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
3. Asimismo, el citado órgano deberá dar su opinión sobre el alcance,
amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el
estudio de impacto ambiental y demás documentación, sin perjuicio de que
posteriormente, una vez examinada la documentación presentada con la
correspondiente solicitud de autorización, pueda requerir información
adicional si lo estimase necesario.
Artículo 31. Procedimiento.
1. El procedimiento de autorización ambiental unificada se desarrollará
reglamentariamente.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización se
acompañará de:
a) Un proyecto técnico.
b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido
por la Administración competente en cada caso.
c) Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función del
tipo de actuación, la información recogida en el Anexo II A de esta ley.
d) La documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas
autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la
autorización ambiental unificada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28 de la presente ley.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá y
asegurará el derecho de participación en la tramitación del procedimiento
de autorización ambiental unificada en los términos establecidos en la
legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental. En el
trámite de información pública toda persona podrá pronunciarse tanto sobre
la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
autorización ambiental unificada de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28 de la presente ley.
4. En el procedimiento se remitirá el proyecto y el estudio de impacto
ambiental para informe al órgano sustantivo y se recabarán de los
distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter
preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable, así como aquellos otros
que se consideren necesarios.
5. Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia al interesado se
elaborará una propuesta de resolución de la que se dará traslado al órgano
sustantivo.
6. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y
notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo
de ocho meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud.Excepcionalmente y por razones
justificadas, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá
acordar la ampliación del plazo de ocho meses previsto en el párrafo
anterior, a un máximo de diez meses, mediante resolución motivada que será
notificada a los interesados.
7. La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada se
hará pública en la forma que reglamentariamente se determine.
8. La transmisión de la titularidad de la actuación sometida a
autorización ambiental unificada deberá comunicarse a la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
Artículo 32. Procedimiento abreviado.
Se someterán a un procedimiento abreviado aquellas actuaciones así
señaladas en el Anexo I cuyo plazo de resolución y notificación será de
seis meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización
ambiental unificada. El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos,
la información recogida en el Anexo II A para las actuaciones sometidas a
este procedimiento.
Artículo 33. Contenido de la autorización.
1. La autorización ambiental unificada determinará las condiciones en que
debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales teniendo en cuenta el resultado de la evaluación
de impacto ambiental o, en su caso, incorporando la correspondiente
declaración de impacto ambiental. Así mismo establecerá las condiciones
específicas del resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la misma
se integren y las consideraciones referidas al seguimiento y vigilancia
ambiental de la ejecución, desarrollo o funcionamiento de la actuación.
2. La autorización ambiental unificada establecerá además, respecto de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las condiciones
de funcionamiento de sus focos, así como el régimen de vigilancia y
control de los mismos. Dichas condiciones tendrán en cuenta las mejores
técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y los límites de
emisión fijados reglamentariamente, estableciéndose condiciones de emisión
más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así
lo requiera.
3. La autorización ambiental unificada podrá incorporar la exigencia de
comprobación previa a la puesta en marcha de la actuación de aquellos
condicionantes que se estimen oportunos.
Artículo 34. Modificación y caducidad de la autorización.
1. Cuando el progreso técnico y científico, la existencia de mejores
técnicas disponibles o cambios sustanciales de las condiciones ambientales
existentes justifiquen la fijación de nuevas condiciones de la
autorización ambiental unificada, y siempre que sea económicamente viable,
la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá modificarla de
oficio o a instancia del titular de la actividad.
2. En todo caso se considerará cambio sustancial de las condiciones
ambientales existentes, la inclusión de la zona afectada por una actividad
en un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas
en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.
3. La modificación a que se refiere el apartado anterior no dará derecho a
indemnización y se tramitará por un procedimiento simplificado que se
establecerá reglamentariamente.
4. La autorización ambiental unificada caducará si no se hubiera comenzado
la ejecución de la actuación en el plazo de cinco años. En tales casos, el
promotor o titular deberá solicitar una nueva autorización.
5. No obstante, el órgano competente para resolver la autorización
ambiental unificada podrá determinar, a solicitud del promotor, que dicha
autorización sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en
los elementos esenciales que han servido de base para otorgarla. El plazo
máximo de emisión del informe sobre la revisión de la autorización
ambiental unificada será de sesenta días. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya emitido el citado informe, podrá entenderse vigente la
autorización ambiental unificada formulada en su día.
Artículo 35. Comprobación y puesta en marcha.
1. La comprobación prevista en el artículo 33.3 podrá ser realizada
directamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente o
por entidades colaboradoras en materia de protección ambiental.
2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con autorización
ambiental unificada se realizará una vez que se traslade a la Consejería
competente en materia de medio ambiente la certificación acreditativa del
técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme
al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
SECCIÓN 4ª EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS
Artículo 36. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental:
a) Los planes y programas, así como sus modificaciones, señalados en las
categorías 12.1 y 12.2 del Anexo I que cumplan los dos requisitos
siguientes:
1.º Que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de
Andalucía.
2.º Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
b) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el
apartado a), así como los planes y programas que establezcan el uso de
zonas de reducido ámbito territorial y aquellos distintos a los previstos
en la categoría 12.1 del Anexo I y sus modificaciones, cuando la
Consejería competente en materia de medio ambiente, mediante resolución
motivada que se hará pública, determine, respecto de los mismos, la
existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con
los criterios establecidos en el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las
categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del Anexo I.
2. No estarán sometidos a evaluación ambiental los siguientes planes y
programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección
civil en casos de emergencia.
b) Los de carácter financiero o presupuestario.
Artículo 37. Finalidad.
La evaluación ambiental de planes y programas tiene por objeto la
integración de los aspectos ambientales en los planes y programas
relacionados en el artículo 36.1 de esta ley.
Artículo 38. Procedimiento.
El procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas se
desarrollará reglamentariamente, integrándose en el correspondiente
procedimiento de aprobación del plan o programa.
Artículo 39. Evaluación ambiental de planes y programas.
1. El órgano promotor de los planes y programas incluidos en el artículo
36.1 a) y, en su caso, en el artículo 36.1 b) de la presente ley deberá
elaborar un informe de sostenibilidad ambiental que contendrá al menos, en
función del plan o programa, la información recogida en el Anexo II C de
esta ley.
2. Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano
promotor deberá presentar un avance del plan o programa a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, que deberá contener una
evaluación de los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus
alternativas.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los efectos ambientales previsibles.
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del
territorio, sobre la planificación sectorial implicada, sobre la
planificación territorial y sobre las normas aplicables.
Recibido dicho documento, la Consejería competente en materia de medio
ambiente comunicará al promotor, en un plazo máximo de tres meses, la
amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de
sostenibilidad ambiental, tras identificar y consultar a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado. La consulta
se podrá extender a otras personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
Se considerarán Administraciones públicas afectadas y se entenderá por
público interesado los así definidos en la Ley 9/2006, de 28 de abril.
3. La versión preliminar del plan o programa, que debe incluir el informe
de sostenibilidad ambiental, se someterá por el órgano promotor a
información pública y a la consulta a las Administraciones públicas
afectadas y al público interesado.
4. Finalizada la fase de información pública y de consultas, la Consejería
competente en materia de medio ambiente y el órgano promotor elaborarán
conjuntamente, en el plazo máximo de 45 días, una memoria ambiental con
objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en la
propuesta del plan o programa.
5. El órgano promotor elaborará la propuesta de plan o programa tomando en
consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones
formuladas en las consultas y la memoria ambiental.
La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o
programa antes de su aprobación definitiva.
6. Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor pondrá a
disposición de la Consejería competente en materia de medio ambiente, de
las Administraciones públicas afectadas y del público: el plan o programa
aprobado, una declaración sobre la integración de los aspectos ambientales
y las medidas adoptadas para el seguimiento y control de los efectos sobre
el medio ambiente derivados de la aplicación del plan o programa.
7. La Consejería competente en materia de medio ambiente participará en el
seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente derivados de la
aplicación o ejecución del plan o programa, en la forma que se determine
en el mismo.
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento
sometido a evaluación ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de
impacto ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B.
Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, el
estudio de impacto ambiental será elaborado por ésta.
2. En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación
ambiental se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el
trámite de información pública del instrumento de planeamiento, la
Administración que tramita el Plan lo podrá enviar a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, la cual le facilitará la
información que tenga disponible y que pueda ser de utilidad para la
elaboración del estudio de impacto ambiental.
b) Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio
de impacto ambiental, como documento integrado al mismo, será sometido a
información pública y se requerirá informe a la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
La Consejería competente en materia de medio ambiente emitirá el informe
previo de valoración ambiental con las determinaciones ambientales que
deberá recoger la propuesta del Plan que se someta a aprobación
provisional.
c) Tras la aprobación provisional, la Administración que tramite el
instrumento de planeamiento requerirá a la Consejería competente en
materia de medio ambiente para que, a la vista del informe previo, emita
el informe de valoración ambiental.
3. El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería
competente en materia de medio ambiente, sobre la propuesta del Plan con
aprobación provisional, tendrá carácter vinculante y sus condicionamientos
se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente.
SECCIÓN 5ª CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Artículo 41. Ámbito de aplicación.
1. Están sometidas a calificación ambiental las actuaciones, tanto
públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones
sustanciales.
2. La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable
para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.
Artículo 42. Finalidad.
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos
ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la
viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben
realizarse.
Artículo 43. Competencias.
1. Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del
procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y
ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades
sometidas a dicho instrumento.
2. El ejercicio efectivo de esta competencia podrá realizarse también a
través de mancomunidades y otras asociaciones locales.
Artículo 44. Procedimiento.
1. El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo
a lo que reglamentariamente se establezca, integrándose en el de la
correspondiente licencia municipal.
2. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o
promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán
presentar un análisis ambiental como documentación complementaria al
proyecto técnico.
3. La calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia
municipal.
Artículo 45. Puesta en marcha.
En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con calificación
ambiental se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento la
certificación acreditativa del técnico director de la actuación, de que
ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al
condicionado de la calificación ambiental.
SECCIÓN 6ª AUTORIZACIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Artículo 46. Tipología.
Son autorizaciones de control de la contaminación ambiental a los efectos
de esta ley las siguientes:
a) Autorización de emisiones a la atmósfera.
b) Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.
c) Autorización de producción de residuos.
d) Autorización de gestión de residuos.
Artículo 47. Información pública conjunta.
1. En los supuestos de actuaciones no sometidas a autorización ambiental
integrada o autorización ambiental unificada, el procedimiento de
resolución de las autorizaciones de control de la contaminación ambiental
se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el período de
información pública será común cuando una actuación requiera varias de
estas autorizaciones y en la normativa de aplicación a cada una de ellas
esté previsto dicho trámite.
TÍTULO IV
CALIDAD AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 48. Medidas de mejora de la calidad ambiental.
1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán y fomentarán
cuantas medidas sean necesarias para la mejora de la calidad ambiental del
aire, el agua y el suelo.
2. La calidad ambiental se garantizará mediante la aplicación de normas de
calidad, de valores límites de emisión y de cualquier otra medida que se
establezca por las Administraciones públicas competentes con el mismo fin.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar
planes de mejora de la calidad ambiental cuya aprobación corresponderá al
Consejo de Gobierno.
CAPÍTULO II
Calidad del medio ambiente atmosférico
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 49. Ámbito de aplicación.
1. Las prescripciones contenidas en este capítulo serán de aplicación al
aire ambiente y a la contaminación introducida en él por sustancias, por
luminosidad de origen artificial y por ruidos y vibraciones.
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley:
a) La contaminación del aire en el interior de los centros de trabajo
regulada por su legislación específica.
b) La contaminación del aire producida por todas las radiaciones no
luminosas.
Artículo 50. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
1. Aire ambiente: el aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares
de trabajo.
2. Contaminación acústica: la presencia en el aire ambiente de ruidos o
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de
sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen
efectos significativos sobre el medio ambiente.
3. Contaminación atmosférica: la presencia en el aire ambiente de
cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la actividad
humana que puede tener efectos nocivos sobre la salud de las personas o el
medio ambiente en su conjunto.
4. Contaminación lumínica: la emisión de flujo luminoso por fuentes
artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno, con
intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona alumbrada.
Artículo 51. Evaluación de la calidad del aire.
1. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, que estará
integrada por todos los sistemas de evaluación instalados en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con los criterios que se
establezcan reglamentariamente, tendrá como objeto suministrar información
sobre la calidad del aire en Andalucía.
2. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, que estará
coordinada por la Consejería competente en materia de medio ambiente, será
considerada de utilidad pública a los efectos de expropiación o imposición
de servidumbres necesarias para el establecimiento de los instrumentos que
formen parte de la misma.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente deberá informar a
la población en los casos en que la Red de Vigilancia y Control de la
Calidad del Aire detecte superación de umbrales, según lo previsto en la
normativa vigente.
SECCIÓN 2ª CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Artículo 52. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Emisión sistemática: aquella que se realiza de forma continua o
intermitente, con una frecuencia media superior a doce veces al año, con
una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia,
cuando la duración global de la emisión sea superior al cinco por ciento
del tiempo de funcionamiento de la planta.
2. Foco de emisión: punto emisor de contaminantes de la atmósfera, en
especial cualquier instalación industrial o parte identificada de la
misma, que vierte al ambiente exterior a través de chimeneas o de
cualquier otro conducto.
3. Normas de calidad ambiental del aire: niveles de concentración de un
determinado contaminante o grupo de contaminantes, que no deben superarse
en el aire ambiente con el fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente.
4. Sistemas de evaluación de la calidad del aire: conjunto de medios
susceptibles de ser utilizados para la determinación de la calidad del
aire. Son sistemas de evaluación de la calidad del aire, entre otros, las
estaciones de medida de la calidad del aire, fijas o móviles, los
laboratorios de la calidad del aire y las técnicas de modelización y
estimación objetivas.
5. Umbral de alerta: nivel de un contaminante en el aire a partir del cual
una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.
6. Valor límite: nivel de un contaminante en el aire, durante un tiempo
fijado en la normativa ambiental vigente, basándose en conocimientos
científicos, que no debe superarse a fin de evitar, prevenir o reducir los
efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su
conjunto.
7. Valor límite de emisión: nivel de emisión de un contaminante, cuyo
valor no debe superarse dentro de uno o de varios períodos determinados.
Artículo 53. Competencias en materia de control de la contaminación
atmosférica.1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio
ambiente:
a) La realización de inventarios de emisiones y mapas de calidad del aire.
b) La elaboración de planes de mejora de la calidad del aire, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48.3 de esta ley.
c) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de valores límites de
emisión a la atmósfera cuando sean más exigentes que los establecidos en
la legislación básica o no estén recogidos en la misma.
d) Adoptar, en caso de riesgo o superación de los límites establecidos en
las normas de calidad ambiental, las medidas que se consideren necesarias
para evitar dicho riesgo o, en su caso, nuevas superaciones de los valores
contemplados en las mismas en el menor tiempo posible y que podrán prever,
según los casos, mecanismos de control y, cuando sea preciso, la
modificación o paralización de las actividades que sean significativas en
la situación de riesgo.
e) La vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía a través de
la Red prevista en el artículo 51 de esta ley.
f) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en
relación con las emisiones producidas por las actividades sometidas a
autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y
autorización de emisión a la atmósfera, así como con las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de
31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
g) La autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56
de esta ley.
h) Designar el organismo de acreditación y autorizar los organismos de
verificación, en relación con la aplicación del régimen de comercio de
emisiones.
2. Corresponde a los municipios:
a) Solicitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente la
elaboración de planes de mejora de la calidad del aire que afecten a su
término municipal y proponer las medidas que se consideren oportunas para
su inclusión en los mismos.
b) La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora de la calidad
del aire en el ámbito de sus competencias y en particular las referentes
al tráfico urbano.
c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en
relación con las emisiones de las actividades del Anexo I sometidas a
calificación ambiental, a excepción de las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero,
y de las que estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera
regulada en el artículo 56 de esta ley.
Artículo 54. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
1. A los efectos de la presente ley, se consideran actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera las así catalogadas en la
normativa vigente, así como las que emitan de forma sistemática alguna de
las sustancias del Anexo III.
2. Las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera serán
objeto de inscripción en el registro previsto en el artículo 18 de esta
ley.
Artículo 55. Obligaciones de los titulares de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Sin perjuicio de las obligaciones y condiciones que se establezcan en la
autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada,
calificación ambiental o autorización de emisión a la atmósfera, que en
cada caso proceda según la actividad, los titulares de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera están obligados con carácter
general a:
a) Declarar las emisiones a la atmósfera de su actividad con la
periodicidad y en la forma que reglamentariamente se determine.
b) Llevar un registro de sus emisiones e incidencias que afecten a las
mismas y remitir al órgano competente los datos, informes e inventarios
sobre sus emisiones, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
c) Adoptar las medidas adecuadas para evitar las emisiones accidentales
que puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas o
un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en
conocimiento del órgano competente, con la mayor urgencia y por el medio
más rápido posible, dichas emisiones.
Artículo 56. Autorización de emisiones a la atmósfera.
Se someten a autorización de emisión a la atmósfera las instalaciones que
emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento
de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado
español, en especial, la emisión de gases de efecto invernadero, así como
la emisión de otros contaminantes procedentes de instalaciones de
combustión de potencia térmica igual o superior a 20 MW de actividades que
no estén sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización
ambiental unificada.
Artículo 57. Resolución del procedimiento y contenido de la autorización.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y
notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo de
tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización de
emisión a la atmósfera. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada
la solicitud presentada.
2. Para la determinación del contenido de la autorización de emisión de la
atmósfera, la Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en
cuenta las mejores técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y
los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán
condiciones de emisión más rigurosas cuando el cumplimiento de los
objetivos medioambientales así lo requiera.
3. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, todas las
autorizaciones de emisión a la atmósfera tendrán un condicionado que
recogerá lo siguiente:
a) Los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes
pertinentes y las condiciones de referencia de dichos valores.
b) Las condiciones de funcionamiento de los focos y el régimen de
vigilancia y control de los mismos.
c) Las medidas de vigilancia y control de las emisiones y de los niveles
de calidad del aire en el exterior de la instalación, así como otras de
carácter equivalente.
d) Las condiciones y los períodos de verificación previa a la puesta en
marcha de la actividad.
e) El uso de buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la
atmósfera de origen difuso.
f) El uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar o reducir la
producción de olores molestos.
4. La autorización de emisión a la atmósfera podrá incorporar la exigencia
de comprobación previa a su puesta en marcha de aquellos condicionantes
que se estimen oportunos. Dicha comprobación podrá ser realizada
directamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente o
por entidades colaboradoras en materia de protección ambiental.
Artículo 58. Revisión de la autorización.
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá revisar las
autorizaciones de emisiones a la atmósfera en los siguientes casos:
a) Por innovaciones aportadas por el progreso técnico y científico que, de
haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación u
otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características del foco y así lo
solicite el titular.
c) Para adecuar el foco a las normas de calidad ambiental y objetivos de
calidad del aire que sean aplicables en cada momento.
Artículo 59. Obligaciones de los titulares de actividades que emiten gases
de efecto invernadero.
Los titulares de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, además de obtener la
correspondiente autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el
artículo 56 de la presente ley y cumplir las obligaciones establecidas en
la normativa básica, deberán:
a) Informar a la Consejería competente en materia de medio ambiente de
cualquier proyecto de cambio en el carácter, el funcionamiento o el tamaño
de la instalación, así como de aquél que afecte a la identidad o al
domicilio del titular y, en particular, deberá notificar cualquier
variación que afecte a la información de identificación de la cuenta
contenida en el registro nacional de derechos de emisión, en el plazo de
los diez días siguientes a que se produzca.
b) Comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente con
una antelación mínima de quince días los supuestos de:
1.º Cierre de la instalación.
2.º Para aquellas actividades con entrada en funcionamiento diferida con
respecto a la autorización, fecha de entrada en funcionamiento o, en su
caso, la previsión de falta de puesta en funcionamiento de la instalación
en la fecha de inicio de actividad prevista en la autorización.
3.º Previsión de suspensión de la actividad de la instalación durante un
plazo superior a tres meses.
c) Presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, la
solicitud de asignación de derechos de emisión dirigida al Ministerio de
Medio Ambiente.
d) Remitir, en el plazo establecido legalmente, el informe verificado
sobre las emisiones del año precedente, que se ajustará a lo exigido en la
autorización.
SECCIÓN 3ª CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Artículo 60. Ámbito de aplicación.
1. El régimen previsto en esta ley para la contaminación lumínica será de
aplicación a las instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos
auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley el alumbrado propio
de las actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias que se
desarrollen en dichas instalaciones, el de los medios de transporte de
tracción por cable, el de las instalaciones militares, el de los vehículos
de motor, el de la señalización de costas y señales marítimas y, en
general, el alumbrado de instalaciones que, por su regulación específica,
requieran de unas especiales medidas de iluminación por motivos de
seguridad.
3. También se considera excluida del ámbito de aplicación de esta ley la
luz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a
autorización administrativa o a otras formas de control administrativo, si
no tiene finalidad de iluminación.
Artículo 61. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
1. Dispersión de luz artificial: fenómeno ocasionado por emisiones
directas y fenómenos de reflexión, refracción y transmisión de la luz
artificial en materiales de la superficie terrestre o elementos
integrantes de la atmósfera.
2. Espectro visible: rango del espectro de radiación electromagnética al
que el ojo humano es sensible.
3. Flujo luminoso: potencia emitida en forma de radiación visible y
evaluada de acuerdo con su efecto sobre un observador fotométrico patrón
CIE siendo su unidad el lumen.
4. Flujo hemisférico superior instalado: la proporción, en tanto por
ciento, del flujo luminoso radiado por encima del plano horizontal,
respecto al flujo total, por un dispositivo luminotécnico de alumbrado
exterior instalado en su posición normal de diseño.
5. Intrusión lumínica: invasión del flujo luminoso hacia zonas que exceden
del área que se pretende iluminar.
6. Láser: dispositivo luminotécnico de generación mediante la
amplificación de luz por emisión de radiación estimulada.
7. Led: diodo electroluminiscente.
8. Luminaria: dispositivo luminotécnico que distribuye, filtra o
transforma la luz transmitida desde una o más lámparas y que incluye,
excepto las propias lámparas, todas las partes necesarias para fijar y
proteger las lámparas y, cuando sea necesario, equipos auxiliares junto
con los medios de conexión para conectarlos al circuito de alimentación.
9. Proyector: dispositivo luminotécnico en el cual la luz se concentra en
un ángulo sólido determinado por medio de un sistema óptico de espejos o
lentes, con el fin de producir una intensidad luminosa elevada en una
dirección determinada.
10. Punto de referencia: localizaciones concretas donde no sólo es
necesario el grado de protección estipulado por la zona donde se incluye,
sino que necesitan estar rodeadas de una zona de influencia adyacente.
11. Reflexión de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz
choca contra una superficie de separación entre dos medios con diferente
naturaleza y estado de agregación y, como consecuencia, cambia de
dirección y sigue propagándose por el medio del que provenía.
12. Refracción de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz
desvía su trayectoria al atravesar una superficie de separación entre dos
medios con diferente naturaleza y estado de agregación y, como
consecuencia, deja de propagarse por el medio del que provenía y pasa a
hacerlo por el medio sobre el que incide.
13. Transmisión de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz
sufre una primera refracción al atravesar una superficie de separación
entre dos medios, sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de nuevo
al medio original.
Artículo 62. Finalidad.
La presente ley en materia de contaminación lumínica tiene por objeto
establecer las medidas necesarias para:
a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz
artificial hacia el cielo nocturno.
b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los
ecosistemas nocturnos en general.
c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad
de los usuarios.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente, en entornos naturales e interior de edificios
residenciales.e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión
del mismo, con carácter general, y, en especial, en el entorno de los
observatorios astronómicos.
Artículo 63. Zonificación lumínica.
Con la finalidad prevista en el artículo anterior, para el establecimiento
de niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades, se
distinguen los siguientes tipos de áreas lumínicas, cuyas características
y limitaciones de parámetros luminotécnicos se establecerán
reglamentariamente:
a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales
especialmente sensibles a la modificación de ciclos vitales y
comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial.
2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de
la observación astronómica dentro del espectro visible.
b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados
como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.
c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes
zonas:
1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia,
con densidad de edificación media-baja.
2.º Zonas industriales.
3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4.º Sistema general de espacios libres.
d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes
zonas:1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de
edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial,
turístico y recreativo en horario nocturno.
Artículo 64. Competencias y criterios adicionales para la zonificación
lumínica.1. La Consejería competente en materia de medio ambiente, oídos
los Ayuntamientos afectados, establecerá las zonas correspondientes al
área lumínica E1 y los puntos de referencia.
Con el fin de proteger las áreas oscuras, la zonificación colindante a una
zona E1 sólo podrá tener clasificación E2.
2. Los municipios establecerán el resto de áreas lumínicas dentro de su
término municipal en atención al uso predominante del suelo. Así mismo,
podrán definir una clasificación del territorio propia siempre que
respeten las características y limitaciones establecidas
reglamentariamente para las áreas lumínicas previstas en el artículo 63 de
esta ley.
3. Reglamentariamente se establecerán las características y el
procedimiento de declaración de las áreas lumínicas y puntos de referencia
y los plazos para revisar la zonificación, así como los criterios para la
consideración de la densidad de edificación como alta, media o baja y la
determinación del horario nocturno.Artículo 65. Limitaciones a parámetros
luminosos.
1. Los límites del flujo hemisférico superior instalado en las áreas
establecidas en el artículo 63, así como los requerimientos y niveles de
iluminación para los distintos tipos de alumbrado, serán establecidos
reglamentariamente.
2. Los municipios podrán modificar las limitaciones a los parámetros
luminosos establecidos reglamentariamente en función de las necesidades
concretas de su territorio, siempre y cuando las modificaciones impliquen
una mayor protección de la oscuridad natural del cielo. Así mismo podrán
establecer un menor nivel de protección por causas debidamente
justificadas de seguridad.
Artículo 66. Restricciones de uso.
1. No se permite con carácter general:
a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por
encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o
culturales.
b) La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas,
física y funcionalmente, en los núcleos de población.
c) El uso de luminarias no monocromáticas en la zona de influencia del
punto de referencia y en la zona de influencia adyacente.
d) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos
o culturales en horario nocturno.
e) La instalación de rótulos luminosos en zonas E1.
2. Las restricciones establecidas en el apartado anterior se podrán
excepcionar en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en
los siguientes supuestos:
a) Por motivos de seguridad ciudadana.
b) Para operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia.
c) Para eventos de carácter temporal con especial interés social, cultural
o deportivo.
d) Para iluminación de monumentos o enclaves de especial interés
histórico-artístico.
e) Para otros usos del alumbrado de especial interés.
SECCIÓN 4ª CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo 67. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley se aplicará a las actividades susceptibles de producir
contaminación acústica sea cual sea la causa que la origine.
2. No obstante, se excluyen de su ámbito de aplicación:
a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
b) Las actividades domésticas o comportamientos de los vecinos cuando la
contaminación acústica producida por aquellos se mantenga dentro de
límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los
usos locales.
c) La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida
por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo
dispuesto en la legislación laboral.
Artículo 68. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
1. Área de sensibilidad acústica: ámbito territorial donde se pretende que
exista una calidad acústica homogénea y que coincide con la denominada por
la legislación básica como área acústica.
2. Aglomeración: porción de un territorio con más de 100.000 habitantes y
con una densidad de población igual o superior a la establecida en la
normativa vigente.
3. Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas
de un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito.
4. Índice acústico: magnitud física para describir la contaminación
acústica que tiene relación con los efectos producidos por ésta.
5. Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica
generada por un emisor.
6. Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación
acústica existente en un lugar durante un tiempo determinado.
7. Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a
3.000.000 de vehículos por año.
8. Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a
30.000 trenes/año.
9. Gran infraestructura aeroportuaria: aeropuertos civiles con más de
50.000 movimientos por año, entendiendo por movimientos tanto aterrizajes
como despegues, con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos
de formación en aeronaves ligeras.
10. Mapa estratégico de ruido: representación de los datos sobre una
situación acústica existente o pronosticada en aglomeraciones, grandes
ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos, en la que
se señalará la superación de un valor límite, el número de personas
afectadas y el número de viviendas expuestas a determinados valores de un
índice acústico.
11. Mapa singular de ruido: representación de los datos sobre una
situación acústica existente o pronosticada en las áreas de sensibilidad
acústica en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes
objetivos de calidad acústica, en la que se señalará la superación de un
valor límite, el número de personas afectadas y el número de viviendas
expuestas a determinados valores de un índice acústico.
12. Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación
con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un
espacio determinado.
13. Plan de acción: aquel plan encaminado a afrontar las cuestiones
relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del mismo si
fuera necesario.
14. Valor límite de emisión: valor del índice de emisión que no debe ser
sobrepasado, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.
15. Valor límite de inmisión: valor del índice de inmisión que no debe ser
sobrepasado en un lugar durante un determinado período de tiempo, medido
con arreglo a unas condiciones establecidas.
16. Zona de servidumbre acústica: sector del territorio delimitado en los
mapas de ruido, en el que la inmisión podrá superar los objetivos de
calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas de sensibilidad
acústica y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos
del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad
de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para
aquéllas.
Artículo 69. Competencias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en
relación con las actuaciones, públicas o privadas, sometidas a
autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada
incluidas en el Anexo I de esta ley.
b) La coordinación necesaria en la elaboración de mapas estratégicos y
singulares de ruido y planes de acción, cuando éstos afectan a municipios
limítrofes, áreas metropolitanas o en aquellas otras situaciones que
superen el ámbito municipal.
c) Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los mapas estratégicos
de ruido y los planes de acción. Para los instrumentos previstos en el
apartado 2 c) del presente artículo, el informe será vinculante en lo que
se refiera exclusivamente a cuestiones de legalidad.
d) Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de condiciones
acústicas particulares para actividades en edificaciones a las que no
resulte de aplicación las normas básicas de carácter técnico de
edificación, así como para aquellas actividades ubicadas en edificios que
generan niveles elevados de ruido o vibraciones.
2. Corresponde a la Administración local:
a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio
ambiente contra ruidos y vibraciones en las que se podrán tipificar
infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con:
1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas
circunstancias.
2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos,
cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos
locales.
b) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en
relación con las actuaciones, públicas o privadas, no incluidas en el
apartado 1 a) de este artículo.
c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y
singulares de ruido y planes de acción en los términos que se determine
reglamentariamente.d) La determinación de las áreas de sensibilidad
acústica y la declaración de zonas acústicamente saturadas.
3. Corresponde a la Administración competente por razón de la actividad en
relación con los grandes ejes viarios, ferroviarios, infraestructuras
aeroportuarias y portuarias:
a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y
singulares de ruido y de los planes de acción.
b) La declaración de zonas de protección acústica especial y de situación
acústica especial, así como el establecimiento de las servidumbres
acústicas que correspondan.
Artículo 70. Zonificación acústica.
1. Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en función del uso
predominante del suelo.
2. Dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes tipos:
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico
turístico.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto de los contemplados en los párrafos anteriores.
f) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica.
g) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los
reclamen.
h) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.
3. Las Administraciones competentes podrán autorizar las medidas
necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica de aplicación en determinadas áreas de
sensibilidad acústica, a petición de los titulares de los emisores
acústicos, por razones debidamente justificadas y siempre que se demuestre
que las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los
objetivos.
4. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar temporal y ocasionalmente los objetivos de calidad
acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia o como
consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de
incendios, sanitarios o de seguridad u otros de naturaleza análoga.
5. Previa valoración de la incidencia acústica, los municipios podrán
autorizar, con carácter extraordinario, determinadas manifestaciones
populares de índole oficial, cultural o religioso, como las ferias y
fiestas patronales o locales, o determinados espacios dedicados al ocio,
en los que se puedan superar los objetivos de calidad acústica.
Artículo 71. Mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, se clasificarán en mapas estratégicos y singulares de ruido y
tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación
acústica de una determinada zona.
b) Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.
c) Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación
acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas.
2. Dichos mapas deberán contener la siguiente información:
a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de
las áreas de sensibilidad acústica afectadas.
b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas
áreas.
c) Superación o no, por los valores existentes, de los índices acústicos
de los valores límites aplicables y cumplimiento o no de los objetivos
aplicables de calidad acústica.
d) Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de
hospitales expuestos.
3. Los mapas estratégicos y singulares de ruido deberán aprobarse, previo
trámite de información pública por un periodo mínimo de un mes, y habrán
de revisarse y, en su caso, modificarse, cada cinco años a partir de su
fecha de aprobación.
4. En los términos y plazos establecidos en la normativa vigente, se
elaborarán y aprobarán mapas estratégicos de ruido de:
a) Aglomeraciones.
b) Grandes ejes viarios.
c) Grandes ejes ferroviarios.
d) Grandes infraestructuras aeroportuarias.
5. Para la elaboración de los mapas singulares de ruido, que se realizarán
en aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe el
incumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica, se
aplicarán los criterios que establezca la Administración competente para
la elaboración y aprobación de los mismos. Estos mapas servirán para la
evaluación de impactos acústicos y propuestas de los correspondientes
planes de acción.
6. La planificación territorial así como el planeamiento urbanístico
deberán tener en cuenta las previsiones contenidas en esta sección, en las
normas que la desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas
en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas de
sensibilidad acústica.
Artículo 72. Zona de servidumbre acústica.
1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de
las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o
de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así
como los sectores de territorio situados en el entorno de tales
infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por
servidumbres acústicas.
2. La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de
estas zonas serán los establecidos en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y
en su normativa de desarrollo.
Artículo 73. Planes de acción.
1. Las Administraciones competentes para la elaboración de los mapas
estratégicos y singulares de ruido, previo trámite de información pública
por un período mínimo de un mes, deberán elaborar planes de acción en
materia de contaminación acústica correspondiente a los ámbitos
territoriales de dichos mapas.
2. Los planes de acción en materia de contaminación acústica tendrán,
entre otros, los siguientes objetivos:
a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación
acústica en la correspondiente área o áreas de sensibilidad acústica.
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación
de los valores límites de emisión o inmisión o de incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica.
c) Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto
así definidas en el artículo 3 q) y r) de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, contra el aumento de la contaminación acústica.
3. El contenido mínimo de los planes de acción en materia de contaminación
acústica deberá precisar las actuaciones a realizar durante un período de
cinco años para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
apartado anterior. En caso de necesidad, el plan podrá incorporar la
declaración de zonas de protección acústica especial.
Artículo 74. Estudios acústicos.
Con el fin de permitir la evaluación de su futura incidencia acústica, los
promotores de aquellas actuaciones que sean fuentes de ruidos y
vibraciones deberán presentar, ante la Administración competente para
emitir la correspondiente autorización o licencia, y con independencia de
cualquier otro tipo de requisito necesario para la obtención de las
mismas, un estudio acústico. La competencia técnica necesaria del autor de
dicho estudio y el contenido del mismo se determinarán reglamentariamente.
Artículo 75. Zonas de protección acústica especial.
1. La Administración competente declarará zonas de protección acústica
especial en aquellas áreas de sensibilidad acústica donde no se cumplan
los objetivos de calidad aplicables.
2. En dichas zonas, e independientemente de que los emisores acústicos de
las mismas respeten los límites máximos admisibles, se deberán elaborar
planes zonales específicos cuyo objetivo será la progresiva mejora de la
calidad acústica de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles
objetivo de aplicación. Dichos planes deberán contemplar medidas
correctoras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de
propagación, tales como:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón
del tipo de actividad, las obras a realizar en la vía pública o en las
edificaciones.b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular
determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones
horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado
de un emisor acústico que incremente los valores de los índices de
inmisión existentes.Así mismo deberán indicar los responsables de la
adopción de las medidas la cuantificación económica de las mismas y,
cuando sea posible, un proyecto de financiación.
3. Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos
que se desarrollen en una zona de protección acústica especial no pudieran
evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la
Administración pública competente declarará el área acústica en cuestión
como zona de situación acústica especial. En dicha zona se aplicarán
medidas correctoras específicas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore
la calidad acústica y, en particular, a que se cumplan los objetivos de
calidad acústica correspondientes al espacio interior.
Artículo 76. Zonas acústicamente saturadas.
1. Aquellas zonas de un municipio en las que existan numerosas actividades
destinadas al uso de establecimientos públicos y los niveles de ruido
ambiental producidos por la adición de las múltiples actividades
existentes y por las de las personas que las utilizan sobrepasen los
objetivos de calidad acústica correspondientes al área de sensibilidad
acústica a la que pertenecen se podrán declarar zonas acústicamente
saturadas de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
2. La declaración de la zona acústicamente saturada implicará, como
mínimo, la adopción de restricciones tanto al otorgamiento, modificación o
ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de
las actividades, de acuerdo con la normativa vigente en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
Artículo 77. Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía
pública.
Los municipios podrán establecer restricciones al uso de las vías y zonas
públicas cuando éste genere niveles de ruido que afecten o impidan el
descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres
locales.
CAPÍTULO III
Calidad del medio hídrico
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 78. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este capítulo serán de aplicación a la protección de
la calidad de las aguas continentales y litorales y al resto del dominio
público hidráulico y marítimo-terrestre, cuya competencia corresponda a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa básica en materia de aguas y costas.
Artículo 79. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entenderá por:
1. Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la
superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra
desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas
territoriales.
2. Aguas litorales: las aguas de transición, las aguas costeras y las
aguas territoriales.
3. Aguas costeras: las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una
línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla
náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea base que sirve
para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su
caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
4. Aguas de transición: masas de agua superficial próximas a la
desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia
de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben influencia de
flujos de agua dulce.
5. Contaminación hídrica: la acción y efecto de introducir materias o
formas de energía o inducir condiciones en el medio hídrico que, de modo
directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en
relación con los usos posteriores, con la salud humana o con los
ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los acuáticos;
causen daños a los bienes y deterioren o dificulten el disfrute y los usos
del medio ambiente.
6. Normas de calidad ambiental del medio hídrico: niveles de concentración
de un determinado contaminante o grupo de contaminantes que no deben
superarse en el agua, en los sedimentos o en la biota, con el fin de
proteger la salud humana y el medio ambiente.
Artículo 80. Finalidad.
En relación con el medio hídrico, esta ley tiene por objeto establecer un
marco para la protección de la calidad de dicho medio que permita:
a) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan
de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.
b) Proteger y mejorar el medio hídrico estableciendo medidas específicas
para alcanzar en él concentraciones cercanas a los niveles de fondo, por
lo que se refiere a las sustancias de origen natural, y próximas a cero,
por lo que respecta a las sustancias sintéticas, todo ello mediante la
reducción progresiva de la contaminación procedente de sustancias
prioritarias y la eliminación o supresión gradual de los vertidos, las
emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
c) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de los
acuíferos, así como de las aguas o capas subterráneas y evitar su
contaminación adicional.
d) Alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos internacionales en orden
a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino.
e) Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo
o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del
dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.
f) Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en la legislación
vigente y, en particular, el buen estado de las aguas.
Artículo 81. Competencias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente,
entre otras, las siguientes funciones:
a) El control de calidad de las aguas y el control de la contaminación,
mediante la fijación de valores límites de vertido y el cumplimiento de
los objetivos medioambientales.
b) El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de
seguimiento del estado de las aguas continentales y litorales de
competencia de la Comunidad Autónoma.
c) La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de informes
sobre el mismo.
d) La operación y el mantenimiento de los dispositivos de vigilancia y
control que posibiliten el seguimiento de la calidad de las aguas.
e) La declaración de zonas sensibles y menos sensibles, de acuerdo con la
normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y de zonas
vulnerables, de acuerdo con la normativa sobre contaminación por nitratos
de origen agrario.
f) El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y
seguimiento de las condiciones establecidas en ellas.
g) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente capítulo en el
ámbito de sus competencias.
2. Corresponde a los municipios, además de las que les reconoce la
legislación de régimen local, entre otras, las siguientes funciones:
a) El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal,
así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de la
presencia de sustancias peligrosas en dicha red.
b) La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al
alcantarillado.
c) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente capítulo en el
ámbito de sus competencias.
Artículo 82. Programas de seguimiento del estado de las aguas.
1. Los programas de seguimiento del estado de las aguas comprenderán el
seguimiento del estado ecológico y químico de las aguas continentales, de
transición y costeras y el estado químico de las aguas territoriales, con
objeto de obtener una visión general, coherente y completa del estado de
las mismas.
2. Se elaborarán periódicamente informes sobre el estado de las aguas para
lo que se podrá recabar información de otros organismos.
3. A fin de posibilitar el seguimiento de la calidad de las aguas se podrá
disponer de los dispositivos de vigilancia y control que se requieran, que
serán considerados de interés público, pudiendo imponerse las servidumbres
que resulten necesarias.
Artículo 83. Contaminación de origen difuso.
1. Con objeto de prevenir y reducir la contaminación de origen difuso
podrán establecerse programas de actuación para los contaminantes que
reglamentariamente se determinen.
2. En todo caso, en las zonas designadas como vulnerables de acuerdo con
la normativa sobre contaminación por nitratos de origen agrario, la
Consejería competente en materia de agricultura establecerá programas de
actuación para prevenir dicha contaminación.
3. Los programas de actuación serán de obligado cumplimiento una vez se
aprueben y hagan públicos.
SECCIÓN 2ª VERTIDOS
Artículo 84. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación a los vertidos que se realicen
directa o indirectamente en las aguas continentales y litorales.
2. Quedan exceptuados los vertidos que se realicen desde buques y
aeronaves a las aguas litorales que se regularán por su legislación
específica.
Artículo 85. Autorización de vertido.
1. Quedan prohibidos los vertidos, cualquiera que sea su naturaleza y
estado físico que se realicen, de forma directa o indirecta, a cualquier
bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, a cualquier bien del
dominio público marítimo-terrestre y que no cuenten con la correspondiente
autorización administrativa.2. Dicha autorización se otorgará teniendo en
cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de
calidad del medio hídrico y los límites de emisión fijados
reglamentariamente. Se establecerán condiciones de vertido más rigurosas
cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.
3. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éste
debe realizarse. En todo caso, deberán especificar los elementos de
control, el caudal de vertido autorizado, así como los límites
cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente
y la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de la
actividad de aquellos condicionantes que se estimen oportunos.
4. La autorización de vertido se otorgará sin perjuicio de la concesión
que debe exigirse al órgano estatal competente para la ocupación del
dominio público marítimo terrestre de conformidad con lo establecido en la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
5. Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de
sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas y capas
subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo
demuestra su inocuidad.
6. Las solicitudes de autorizaciones de vertido de los municipios, o de
las entidades que tengan asumidas la titularidad de los vertidos,
contendrán en todo caso un plan de saneamiento y control de vertidos a la
red de alcantarillado municipal. Las Entidades locales estarán obligadas a
informar a la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la
existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias peligrosas.
7. El plazo de resolución y notificación de la autorización de vertido
será de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los
interesados podrán entender desestimada su solicitud.
8. Reglamentariamente deberán establecerse las condiciones, normas
técnicas y prescripciones para los distintos tipos de vertidos, incluidos
aquellos que se realicen a través de aliviaderos.
Artículo 86. Limitaciones a las actuaciones industriales.
El Consejo de Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas
actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del
tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de
contaminación grave para las aguas, bien sea en su funcionamiento normal o
en caso de situaciones excepcionales previsibles.
Artículo 87. Revisión de la autorización.
1. El órgano competente para conceder la autorización de vertido podrá
revisar la misma en los siguientes casos:
a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente,
habrían justificado su denegación u otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así
lo solicite el titular.
c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental y objetivos
de calidad de las aguas que sean aplicables en cada momento.
2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones
hidrológicas extremas, la Consejería competente en materia de medio
ambiente podrá modificar, con carácter general, las condiciones de vertido
a fin de garantizar los objetivos de calidad.
Artículo 88. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones de
vertido.
Los titulares de las autorizaciones de vertido están obligados a:
a) Instalar y mantener en correcto funcionamiento los equipos de
vigilancia de los vertidos y de la calidad del medio en los términos
establecidos en el condicionado de la autorización de vertido.
b) Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo
o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del
dominio público hidráulico.
c) Realizar una declaración anual de vertido cuyo contenido se determinará
reglamentariamente.
d) Ejecutar a su cargo los programas de seguimiento del vertido y sus
efectos establecidos, en su caso, en la autorización.
e) Adoptar las medidas adecuadas para evitar los vertidos accidentales y,
en caso de que se produzcan, corregir sus efectos y restaurar el medio
afectado, así como comunicar dichos vertidos al órgano competente en la
forma que se establezca.
f) Constituir una fianza a fin de asegurar el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la autorización, con las excepciones previstas en
la normativa aplicable, y sin perjuicio del abono de los tributos
exigibles.
g) Informar, con la periodicidad, en los plazos y la forma que se
establezca, a la Consejería competente en materia de medio ambiente las
condiciones en las que vierten.
h) Constituir una junta de usuarios o comunidad de vertidos en los casos
que se determine reglamentariamente.
i) Separar las aguas de proceso de las sanitarias y de las pluviales salvo
que técnicamente sea inviable y se le exima de esta obligación en la
correspondiente autorización de vertidos.
j) Cualesquiera otras obligaciones establecidas reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
Calidad ambiental del suelo
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 89. Ámbito de aplicación.
Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación a la protección de
la calidad ambiental de los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
al control de las actividades potencialmente contaminantes de los mismos y
a los suelos contaminados o potencialmente contaminados, con las
exclusiones recogidas en la normativa básica.
Artículo 90. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Actividades potencialmente contaminantes del suelo: aquellas
actividades de tipo industrial, comercial y de servicios en las que, ya
sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de
residuos, se puede producir contaminación del suelo.
2. Normas de calidad ambiental del suelo: niveles de concentración de un
determinado contaminante o grupo de contaminantes, que no deben superarse
en el suelo, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.
3. Suelo: la capa superior de la corteza terrestre situada entre el lecho
rocoso y la superficie, compuesta por partículas minerales, materia
orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre
la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar
tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración
aquellos que estén permanentemente cubiertos por una lámina superficial de
agua.
4. Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter
peligroso y origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así haya sido
declarado por resolución expresa.
Artículo 91. Actividades potencialmente contaminantes del suelo.
1. Las actividades potencialmente contaminantes del suelo serán las
establecidas en la normativa básica y aquellas otras que se determinen
reglamentariamente.
2. Los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo
deberán remitir a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a
lo largo del desarrollo de su actividad, informes de situación en los que
figuren los datos relativos a los criterios establecidos para la
declaración de suelos contaminados, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 93.2 de esta ley. Estos informes tendrán el contenido mínimo y la
periodicidad que se determinen reglamentariamente.
3. El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad
potencialmente contaminante del mismo, que proponga un cambio de uso o
iniciar en él una nueva actividad, deberá presentar, ante la Consejería
competente en materia de medio ambiente, un informe de situación del
mencionado suelo. Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución,
deberá contar con el pronunciamiento favorable de la citada Consejería.
4. En el caso previsto en el apartado anterior, si la nueva actividad
estuviera sujeta a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada o el cambio de uso a evaluación ambiental, el informe
de situación se incluirá en la documentación que debe presentarse para el
inicio de los respectivos procedimientos y el pronunciamiento de la
Consejería competente en materia de medio ambiente sobre el suelo afectado
se integrará en la correspondiente autorización, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 21 c) y 28 de esta ley.
SECCIÓN 2ª SUELOS CONTAMINADOS
Artículo 92. Suelos potencialmente contaminados.
La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un
inventario de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma
en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran haber
estado afectados por actividades calificadas como potencialmente
contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que se
presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.
Artículo 93. Declaración de suelo contaminado.
1. La declaración y delimitación de un determinado suelo como contaminado
corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Para declarar un suelo como contaminado se tendrán en cuenta los
criterios y estándares recogidos en la normativa básica y los que se
determinen reglamentariamente en función de la naturaleza y de los usos
del suelo.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un
inventario de suelos contaminados a partir del cual priorizará las
actuaciones sobre los mismos, en atención al riesgo que suponga la
contaminación de cada suelo para la salud humana y la protección del
ecosistema del que forman parte.
4. La resolución que declare un suelo como contaminado contendrá, al
menos, las siguientes determinaciones:
a) Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y
recuperación, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
b) La delimitación del suelo contaminado.
c) El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y recuperación.
d) En su caso, las restricciones de uso de suelo.
5. La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota
marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
6. Los sujetos obligados a la limpieza y recuperación de los suelos
declarados como contaminados deberán presentar un proyecto con las
operaciones necesarias para ello, ante la Consejería competente en materia
de medio ambiente, para su aprobación.
7. Tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las
operaciones de limpieza y recuperación del suelo contaminado, la
Consejería competente en materia de medio ambiente declarará que el mismo
ha dejado de estar contaminado.Esta declaración será necesaria para
proceder a la cancelación de la nota marginal prevista en el apartado 5 de
este artículo.
Artículo 94. Acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.
1. Los obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación de
los suelos contaminados podrán suscribir, entre ellos, acuerdos
voluntarios con la finalidad de realizar dichas operaciones. Dichos
acuerdos deberán ser autorizados por la Consejería competente en materia
de medio ambiente.
2. También podrán establecerse convenios de colaboración con las
Administraciones públicas andaluzas. En dichos convenios se podrán
concretar incentivos económicos y subvenciones públicas para financiar las
operaciones de limpieza y recuperación. En este último caso, las
plusvalías que adquieran los suelos revertirán en favor de la
Administración pública que haya otorgado las ayudas en la cuantía que se
fije en el convenio, que, en todo caso, deberá ser como mínimo igual a la
cuantía subvencionada.
CAPÍTULO V
Residuos
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 95. Ámbito de aplicación.
1. Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación a todo tipo de
residuos que se produzcan o gestionen en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía con las exclusiones recogidas en la
normativa básica y en el apartado siguiente.
2. Los desechos procedentes de actividades agrícolas y agroalimentarias
que se destinen a generación de energía y los procedentes de actividades
ganaderas que se destinen a utilización como fertilizante tendrán la
consideración de materia prima secundaria y no les será de aplicación lo
dispuesto en el presente capítulo.
Artículo 96. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a
su valorización o eliminación, durante el tiempo establecido en la
normativa básica u otro inferior fijado reglamentariamente para cada tipo
de residuo y operación. No se incluye en este concepto el depósito
temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos
fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante deposito en vertedero.
2. Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los
residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
3. Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido
después de su cierre.
4. Materia prima secundaria: los objetos o sustancias residuales de un
proceso de producción, transformación o consumo, que se utilicen de forma
directa como producto o materia prima en un proceso que no sea de
valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos y sin
poner en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente.
5. Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda
o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse,
perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el Anexo de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta
consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos. No tendrán
la consideración de residuo los objetos o sustancias que se obtengan tras
la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo,
así como las materias primas secundarias.
6. Tratamiento: operación que a través de una serie de procesos físicos,
químicos o biológicos aplicados a los residuos persigue la reducción o
anulación de sus efectos nocivos o la recuperación de los recursos que
contienen.
7. Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
8. Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de
residuos en la superficie o bajo tierra.
Artículo 97. Tratamiento de residuos.
La gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
como prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la
reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general, el destino
final de los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la
recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y
considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable
únicamente cuando no existan otras alternativas viables. Para ello:
a) Reglamentariamente se aprobará el catálogo de residuos de Andalucía, en
el que se determinarán los distintos tratamientos que deben recibir en
función de la categoría a la que pertenezcan.
b) El traslado de residuos peligrosos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía será objeto de comunicación a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, a efectos de seguimiento y
control.
c) El traslado de residuos peligrosos fuera de Andalucía estará sometido a
autorización expresa de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, para cuyo otorgamiento se tendrán en cuenta los principios de
precaución, proximidad y eficacia, así como los objetivos marcados en el
instrumento de planificación autonómica para este tipo de residuos.
Artículo 98. Competencias en materia de residuos.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) Fomentar la minimización de la producción de residuos, su reutilización
y reciclaje y, en último caso, la valorización de los mismos, previo a su
eliminación.
b) La elaboración de los planes autonómicos de gestión de residuos.
c) La colaboración con las Administraciones locales para el ejercicio de
sus competencias de gestión de residuos urbanos o municipales.
d) La autorización, registro, vigilancia e inspección de las actividades
de producción y gestión de residuos, requiriendo para ello, en su caso, la
información pertinente sobre el origen, características, cantidad y
gestión de los residuos a los poseedores, productores y gestores que
estarán obligados a facilitarla.
e) La autorización de los sistemas integrados de gestión de residuos,
previa audiencia de consumidores y usuarios, en la forma
reglamentariamente establecida.
f) La ejecución de actuaciones en materia de prevención, reutilización y
reciclado de envases y residuos de envases, así como el desarrollo de las
actuaciones necesarias para recabar de los agentes económicos información
suficiente para comprobar si se cumplen los objetivos de la normativa de
envases y residuos de envases.
g) La autorización del traslado de residuos peligrosos a otras Comunidades
Autónomas, así como la autorización del traslado de residuos desde o hacia
países de la Unión Europea y la inspección y sanción derivada de los
citados regímenes de traslados.
h) La autorización de la eliminación directa de residuos peligrosos en
vertedero.
i) El registro administrativo de las operaciones de los importadores y
adquirentes intracomunitarios, así como de los agentes comerciales e
intermediarios que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el
mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen
cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional
comercial, lo que deberán notificar previamente con la antelación y en los
términos que se determinen reglamentariamente.
j) Promover la participación de los agentes económicos y sociales en la
gestión de residuos.
k) El ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus
competencias.
2. Los Entes locales serán competentes para la gestión de los residuos
urbanos de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, así como en la
normativa aplicable en la materia. Particularmente, corresponde a los
municipios:
a) La prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, en
su caso, la eliminación de los residuos urbanos en la forma que se
establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los objetivos
establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía en los
instrumentos de planificación.
b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad
con los planes autonómicos de gestión de residuos.
c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias.
SECCIÓN 2ª PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Artículo 99. Autorización para las actividades productoras de residuos
peligrosos.
1. Queda sometida a autorización administrativa de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con la normativa
vigente, la instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de
las industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, así como
de aquellas otras industrias o actividades productoras de residuos que no
tengan tal consideración y que sean identificadas reglamentariamente por
razón de las excepcionales dificultades que pudiera plantear su gestión.
Así mismo tales actividades de producción deberán inscribirse en el
registro previsto en el artículo 18 de esta ley.
2. Estarán exentas de esta autorización las industrias o actividades que
no superen los límites de producción de residuos que se especifiquen
reglamentariamente, aunque serán objeto de inscripción registral.
3. En aquellos casos en los que no estén suficientemente acreditadas las
operaciones a realizar con los residuos o cuando la gestión prevista para
los mismos no se ajuste a lo dispuesto en los planes autonómicos de
residuos, se procederá a denegar la autorización.
4. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este artículo deberá
comunicarse a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a
efectos de la previa comprobación de que las instalaciones y las
actividades que en ellas se realizan cumplen con lo regulado en la
presente ley y en sus normas de desarrollo.5. La resolución de
autorización determinará el plazo de vigencia de ésta, así como la
exigencia de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar
lugar las actividades.
6. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis
meses a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud.
Artículo 100. Obligaciones de los productores de residuos peligrosos.
Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a:
a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos.
b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos
en la forma que reglamentariamente se determine.
c) Poner los residuos peligrosos generados a disposición de una empresa
autorizada para la gestión de los mismos.
d) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y
del destino de los mismos.
e) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de
residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y
eliminación.
f) Presentar un informe anual a la Consejería competente en materia de
medio ambiente en el que deberán especificar, como mínimo, la cantidad de
residuos peligrosos producidos o importados, la naturaleza de los mismos y
su destino final.
g) Informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio
ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
SECCIÓN 3ª GESTIÓN DE RESIDUOS
Artículo 101. Autorización de las actividades de gestión de residuos.
1. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa las
actividades de gestión de residuos.
2. Estarán exentas de esta autorización las actividades de gestión de
residuos urbanos realizadas directamente por las Entidades locales salvo
que estén sometidas a autorización ambiental integrada.
3. Asimismo, queda exenta de autorización la actividad de transporte de
residuos cuando el transportista no sea titular del mismo porque preste
servicio a un productor o gestor autorizado que asuma dicha titularidad.
4. El transporte de los residuos deberá llevarse a cabo con la mayor
celeridad posible, no debiéndose, salvo en casos excepcionales y
convenientemente justificados, superar el plazo de veinticuatro horas
entre la carga y la descarga de los mismos. Para su control la Consejería
competente en materia de medio ambiente habilitará los medios necesarios.
5. Reglamentariamente podrá establecerse, para cada tipo de actividad, las
operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos
realizadas por los productores en sus propios centros de producción que
puedan quedar exentas de autorización administrativa. En este caso,
deberán fijarse los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en
las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización, así como
la forma en la que deberán quedar registradas.
6. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este artículo estará
sujeta a la previa comprobación de que las actividades y las instalaciones
donde se realizan cumplen con lo regulado en esta ley y en sus normas de
desarrollo.
7. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis
meses a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud.
Artículo 102. Obligaciones de los titulares de actividades de gestión de
residuos.
Los titulares de actividades de gestión de residuos estarán obligados a:
a) Cumplir las obligaciones establecidas en la correspondiente
autorización de gestión.
b) Llevar un registro documental, en el caso de actividades autorizadas
por la Consejería competente en materia de medio ambiente, en el que
figuren la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida,
medio de transporte y método de valorización o eliminación de los residuos
gestionados. Esta documentación estará a disposición de la Consejería, a
petición de la misma, y la referida a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.
c) Comunicar la actividad a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, cuando dicha actividad no haya de ser autorizada por la
Consejería en el supuesto previsto en el artículo 101.2 de esta ley.
d) Establecer medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia
interior para prevención de riesgos, para todas las actividades propias de
la gestión de residuos peligrosos.
e) Disponer de un documento específico de identificación de los residuos
con indicación del origen y destino del mismo, en el caso de transporte de
residuos peligrosos, así como un sistema de seguimiento en continuo en la
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio
del cumplimiento de la normativa aplicable sobre el transporte de
mercancías peligrosas.
f) Cualesquiera otras obligaciones establecidas reglamentariamente.
Artículo 103. Puntos limpios.
1. En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión de
residuos urbanos, los municipios estarán obligados a disponer de puntos
limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que
serán gestionados directamente o a través de órganos mancomunados,
consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en la
legislación de régimen local.
2. La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos limpios
se incluirá en los instrumentos de planeamiento urbanístico en los
términos previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos.
3. Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes
deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación
corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos.
4. Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas
necesarias para facilitar la recogida selectiva de todos los residuos
generados en la actividad del establecimiento, incluyendo las salas de
ventas y las dependencias auxiliares como oficinas y zonas comunes.
SECCIÓN 4ª GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Artículo 104. Producción de residuos de construcción y demolición.
1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la
estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por
tipos en origen.
2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia
municipal de obra a la constitución por parte del productor de residuos de
construcción y demolición de una fianza o garantía financiera equivalente,
que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al
productor cuando acredite el destino de los mismos.
3. Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación
domiciliaria deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los
mismos en los términos previstos en sus ordenanzas.
4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de
residuos, establecerán mediante ordenanza las condiciones a las que
deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso,
el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las
formas y cuantía de la garantía financiera prevista en el apartado 2 de
este artículo. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá
tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será
preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras
formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en
vertedero.
SECCIÓN 5ª GESTIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS
Artículo 105. Normas generales.
1. Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos
en vertederos deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la
presente ley y demás normativa aplicable.
2. El programa de vigilancia y control de las operaciones de vertido será
exigible durante toda la fase de explotación del vertedero.
3. La vigilancia y control del vertedero será exigible, además de durante
toda la fase de explotación, durante las fases de clausura y postclausura
del mismo.
Artículo 106. Clases de vertederos.
1. Los vertederos se clasificarán en alguna de las categorías siguientes:
vertedero para residuos peligrosos, vertedero para residuos no peligrosos,
vertedero para residuos inertes.
2. Un vertedero podrá ser clasificado en más de una de las categorías
fijadas en el apartado anterior, siempre que disponga de celdas
independientes que cumplan los requisitos establecidos para cada clase de
vertedero.
Artículo 107. Admisión de los residuos en las distintas clases de
vertederos.
1. Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero deberán cumplir
con los criterios de admisión para cada tipo de vertedero, previstos en la
normativa aplicable.
2. La eliminación de los residuos en vertedero será objeto de gravamen en
la cuantía y con el procedimiento determinado en la normativa sobre
fiscalidad ecológica.
3. Sólo podrán depositarse en un vertedero aquellos residuos que hayan
sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos
cuyo tratamiento no contribuya a la protección del medio ambiente o la
salud humana.
4. Los residuos peligrosos que se gestionen en Andalucía, susceptibles de
valorización, no podrán ser depositados en vertedero.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar
el depósito en vertedero de los residuos peligrosos que no sean
susceptibles de valorización o quede acreditado que ésta es inviable.
Artículo 108. Condiciones de explotación.
1. Las entidades explotadoras de los vertederos serán responsables del
programa de vigilancia y control de las operaciones de vertido durante
toda la fase de explotación del vertedero.
2. Asimismo, la entidad explotadora del vertedero será responsable de la
vigilancia y control del mismo durante las fases de explotación, clausura
y postclausura de acuerdo con las condiciones exigidas en la normativa
aplicable.
3. Si la gestión de los vertederos se efectuara de forma indirecta de
acuerdo con la legislación vigente, se entenderá como entidad explotadora
en los modelos de concesión o concierto aquella que sea la titular del
contrato de explotación.
SECCIÓN 6ª SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Artículo 109. Objeto, composición y funciones.
1. El productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o
intermediario, o cualquier otra persona o entidad responsable de la puesta
en el mercado de productos generadores de residuos podrá dar cumplimiento
a las obligaciones impuestas por la normativa vigente en relación con
dichos residuos, mediante la participación en un sistema integrado de
gestión, que requerirá de autorización para su puesta en funcionamiento.
2. Los agentes económicos indicados en el apartado anterior participarán
obligatoriamente en un sistema integrado de gestión, en el supuesto de no
acogerse a otros sistemas o procedimientos previstos en la normativa
vigente, para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. El sistema integrado de gestión, constituido como asociación o
agrupación de interés económico sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, deberá hacerse cargo directamente de la gestión de los
residuos generados por los productos que ponen en el mercado los agentes
económicos integrados en el sistema o contribuir económicamente a cubrir
los costes adicionales atribuibles a dicha gestión en los sistemas
públicos de gestión de residuos.
4. Reglamentariamente se establecerán las modalidades de los sistemas
integrados de gestión que sean necesarios para distintos sectores de
producción, especificando, como mínimo, el sistema según los agentes
económicos implicados, el tipo de residuos incluidos y las condiciones
exigibles a su gestión, los requisitos para el funcionamiento del sistema
incluyendo la forma de aportación de la financiación al mismo y, en su
caso, la regulación de los mecanismos de contribución económica a los
sistemas públicos de gestión de residuos. Asimismo, se indicará el sistema
o procedimiento obligatorio para los agentes económicos que no participen
en un sistema integrado de gestión.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la
participación de las Entidades locales, de los consumidores y usuarios y
de las asociaciones de vecinos en el seguimiento y control de los sistemas
integrados de gestión.Asimismo, establecerá procedimientos con las
Entidades locales que no participen en un sistema integrado de gestión,
para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de gestión respecto de
los residuos generados en su ámbito territorial.
SECCIÓN 7ª ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
Artículo 110. Prevención, reutilización y reciclado.
La Consejería competente en materia de medio ambiente impulsará las
actuaciones de investigación en el diseño y proceso de fabricación de los
envases, tendentes a fomentar la prevención en origen de la producción de
residuos.
Asimismo establecerá medidas de carácter económico y financiero que sean
necesarias, con la finalidad de favorecer la reutilización y el reciclado
de los envases.
TÍTULO V
INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS PARA LA MEJORA AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Acuerdos voluntarios
Artículo 111. Promoción.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá la
celebración de acuerdos voluntarios que tengan por objeto la mejora de las
condiciones legalmente establecidas en materia de medio ambiente.
2. Los acuerdos voluntarios podrán ser:
a) Acuerdos celebrados entre los agentes económicos y sociales y la
Consejería competente en materia de medio ambiente u otros órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía.
b) Compromisos del sector industrial con alguno de los órganos que
integran la Administración de la Junta de Andalucía, previo informe
favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
c) Acuerdos que tengan como objeto la protección del medio ambiente
celebrados entre personas físicas o jurídicas y la Consejería competente
en materia de medio ambiente u otros órganos de la Administración de la
Junta de Andalucía.
3. Los acuerdos serán vinculantes para las partes que los suscriban.
4. En el supuesto de celebración de acuerdos voluntarios por empresas,
éstas informarán a la representación legal de los trabajadores sobre el
objeto y contenido de los acuerdos voluntarios, con carácter previo a la
celebración de los mismos.
Artículo 112. Publicidad.
La Consejería competente en materia de medio ambiente creará un registro
público de acuerdos voluntarios donde cualquier interesado pueda conocer
el contenido de los suscritos.
CAPÍTULO II
Controles voluntarios y distintivos de calidad ambiental
SECCIÓN 1ª CONTROLES VOLUNTARIOS
Artículo 113. Tipología.
Los controles voluntarios podrán llevarse a cabo a través de la adhesión a
cualquiera de los siguientes instrumentos:
a) Sistemas de gestión medioambiental previstos en la normativa vigente
sobre organizaciones que se adhieran, con carácter voluntario, a un
sistema de gestión y auditoria medioambientales.
b) Sistema de gestión medioambiental regulado por normas técnicas
internacionales ISO o UNE.
c) Etiquetado ecológico.
Artículo 114. Controles voluntarios en organizaciones y pequeñas y
medianas empresas.
Para fomentar la adhesión de las organizaciones y de las pequeñas y
medianas empresas a cualquiera de los métodos de control voluntario
enunciados en el artículo anterior, la Consejería competente en materia de
medio ambiente podrá conceder ayudas económicas.
SECCIÓN 2ª DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
Artículo 115. Distintivo de calidad ambiental de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Se crea el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la
Junta de Andalucía otorgado por la Consejería competente en materia de
medio ambiente, para las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan instalaciones en Andalucía y fabriquen, vendan productos o
presten servicios en la misma.
b) Que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión
en su actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos
productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o
servicios que ponen en el mercado, tales como:
1.º Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo.
2.º Adhesión a instrumentos de control voluntario como los regulados en el
artículo 111 de esta ley.
3.º Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus
procesos productivos.
4.º Publicación de informes rigurosos y auditados sobre su aportación a la
consecución de objetivos de desarrollo sostenible.
Artículo 116. Objetivos.
El distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de
Andalucía tiene como objetivos:
a) Fomentar la inversión de las empresas en la promoción, el diseño, la
producción y comercialización, el uso y el consumo eficiente de aquellos
productos y servicios que:
1.º Favorezcan la minimización en la generación de residuos o la
recuperación y reutilización de los posibles subproductos, materias y
sustancias contenidos en los mismos.
2.º Sean producidos con subproductos, materias o sustancias reutilizadas o
recicladas y que comporten un ahorro de recursos, especialmente de agua y
energía.
b) Proporcionar a los usuarios y a los consumidores una información fiable
de las empresas sobre su aportación a la consecución de objetivos de
desarrollo sostenible, así como sobre la calidad de los productos y
servicios que ponen en el mercado en relación con su interacción en el
medio ambiente.
Artículo 117. Ámbito de aplicación.
Se establecerán reglamentariamente las categorías en que podrá
clasificarse este distintivo, los criterios para su otorgamiento, las
condiciones de utilización, el procedimiento de concesión y los supuestos
de revisión y revocación.
Artículo 118. Registro y publicidad.
1. Se creará un registro de las empresas que ostenten el distintivo de
calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía que estará
adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. El otorgamiento del distintivo de calidad ambiental se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Tanto la empresa que ostente el
distintivo como la Consejería competente en materia de medio ambiente
podrán publicitar dicho distintivo al objeto de informar a los ciudadanos.
TÍTULO VI
INCENTIVOS ECONÓMICOS
Artículo 119. Tipos de incentivos.
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá otorgar
incentivos para la inversión e incentivos para medidas horizontales de
apoyo.
Artículo 120. Incentivos para la inversión.
1. El objetivo de los incentivos para la inversión es fomentar todas
aquellas actividades que faciliten directamente la mejora de la calidad
del medio ambiente.2. La Consejería competente en materia de medio
ambiente podrá conceder, entre otros, los siguientes incentivos para la
inversión:
a) Incentivos para superar de modo significativo los objetivos fijados por
obligaciones establecidas en la normativa ambiental.
b) Incentivos para alcanzar los objetivos ambientales establecidos en
acuerdos voluntarios regulados en el capítulo I del título V de esta ley,
siempre que se trate de acuerdos para superar los objetivos ambientales
establecidos en la normativa ambiental vigente.
c) Incentivos para la utilización de las mejores técnicas disponibles en
los procesos de producción industrial y sus procedimientos de control.
Artículo 121. Incentivos para medidas horizontales de apoyo.
1. El objetivo de los incentivos para medidas horizontales de apoyo es
fomentar todas aquellas actividades que indirectamente faciliten la mejora
gradual de la calidad del medio ambiente.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá conceder, entre otros,
los siguientes incentivos para medidas horizontales de apoyo:
a) Incentivos para la investigación, desarrollo e innovación en materia de
medio ambiente.
b) Incentivos para la formación técnica, servicios de asesoramiento y
prácticas medioambientales.
c) Incentivos para fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso y consumo
del agua, la energía, así como de otros recursos naturales y otras
materias primas.
d) Incentivos para la instalación de equipos de medición en continuo en
las instalaciones industriales.
e) Incentivos para la implantación de sistemas de gestión medioambiental y
elaboración de estudios de riesgos ambientales.
f) Incentivos para la instalación de equipos para el seguimiento y control
de los condicionantes impuestos en las autorizaciones, fundamentalmente en
los de la autorización ambiental unificada.
TÍTULO VII
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Artículo 122. Ámbito de aplicación.
1. Las prescripciones recogidas en el presente Título serán de aplicación
a los daños ambientales y a las amenazas inminentes de tales daños,
causados por actividades económicas y profesionales.
2. A los efectos previstos en este Título, se entiende por actividad
profesional toda aquella realizada con ocasión de una actividad económica,
un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o
privado y de que tenga o no fines lucrativos.
3. No será aplicable el régimen de responsabilidad ambiental en los
supuestos exceptuados en la legislación básica en la materia.
Artículo 123. Prevención y reparación de daños ambientales.
1. Sin perjuicio de las condiciones impuestas en las autorizaciones
administrativas concedidas, los titulares de las actividades profesionales
indicadas en el artículo 122 de esta ley estarán obligados a adoptar todas
las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales. Ante una
amenaza inminente de daño causada por cualquier actividad profesional, el
operador de dicha actividad tendrá la obligación de ponerlo en
conocimiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias para reparar
los daños ambientales ocasionados los titulares de las actividades
establecidas en el Anexo III de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales o en la legislación básica en materia
de responsabilidad ambiental, y los titulares de las actividades
profesionales distintas a las establecidas en dicho Anexo, siempre que
haya existido culpa o negligencia por parte del titular responsable.
Artículo 124. Obligaciones y garantías financieras.
Los titulares de las actividades establecidas en el Anexo III de la
Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, deberán:
a) Elaborar un informe de evaluación de riesgos medioambientales, donde se
recogerán tanto los riesgos susceptibles de generar algún daño ambiental,
como todas las medidas y procesos necesarios para prevenir los mismos, así
como su coste estimado o probable.
b) Disponer de alguna de las garantías financieras establecidas en la
normativa vigente tendentes a prevenir, evitar y reparar los daños
ambientales, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2004/35/CE, de
21 de abril de 2004, en la forma, plazo y cuantía determinados
reglamentariamente.
TÍTULO VIII
DISCIPLINA AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 125. Objeto y fines.
Constituye el régimen de disciplina ambiental, la tipificación de
infracciones administrativas y el conjunto de actuaciones de vigilancia,
inspección y control ambiental, medidas cautelares, coercitivas y
sancionadoras que pueden ser llevadas a cabo por los órganos competentes
de la Junta de Andalucía o por los Entes locales, con la finalidad de
proteger, conservar y restaurar el medio ambiente.
Artículo 126. Colaboración con los entes locales.
Se podrán establecer instrumentos de colaboración sobre disciplina
ambiental entre la Consejería competente en materia de medio ambiente y
los entes locales, de conformidad con la normativa reguladora del régimen
local. Tales instrumentos podrán establecer planes de inspección y control.
CAPÍTULO II
Vigilancia e inspección y control ambiental
Artículo 127. Actividades sujetas a vigilancia, inspección y control.
Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental todas las
actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que se encuentren dentro del ámbito de
aplicación de esta ley.
Artículo 128. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el
ejercicio de la función de vigilancia, inspección y control de aquellas
actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar negativamente
al medio ambiente, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones
en sus respectivos ámbitos de competencias.
Artículo 129. Entidades colaboradoras.
1. Son entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de
medio ambiente aquellas personas jurídicas, públicas o privadas,
debidamente autorizadas por la misma, conforme a la normativa aplicable.
2. Las entidades colaboradoras actuarán a petición de los titulares de
actividades o instalaciones, en cumplimiento de una exigencia normativa o
por mandato expreso de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
3. Las entidades colaboradoras podrán actuar en los siguientes ámbitos:
a) Prevención y control ambiental.
b) Calidad del medio ambiente atmosférico.
c) Calidad del medio hídrico.
d) Calidad del suelo.
e) Residuos.
Artículo 130. Inspecciones.
1. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes
de la autoridad todas aquellas personas que realicen las tareas de
vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria con
la Administración de la Junta de Andalucía u otras Administraciones.
2. En toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los
hechos y en especial de los que pudieran ser constitutivos de infracción
administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el
responsable de la actividad o instalación. Las actas levantadas gozarán de
la presunción de veracidad de los hechos que en la misma se constaten.
3. En el ejercicio de la función inspectora se podrá requerir toda la
información que sea necesaria para realizar la misma.
4. Los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones
deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir
la entrada en las instalaciones a quienes realicen las actuaciones de
vigilancia, inspección y control.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar
planes de inspección ambiental con la finalidad de programar las
inspecciones ambientales que se realicen.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
SECCIÓN 1ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
Artículo 131. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o
el traslado de las actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por
esta ley a autorización ambiental integrada o autorización ambiental
unificada, sin haberla obtenido.
b) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización
ambiental integrada o en la autorización ambiental unificada, siempre que
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales
previstas en el artículo 162 de esta ley.
d) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y
registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de
conformidad con la disposición final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de
las personas.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
Artículo 132. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización
ambiental integrada o en la autorización ambiental unificada, siempre que
no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
b) Realizar la puesta en marcha de las actividades sometidas a
autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada, sin
haber trasladado a la Consejería competente en materia de medio ambiente
la preceptiva certificación del técnico director de la actuación,
acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado y al condicionado de la autorización.
c) La falsedad, ocultación, alteración o manipulación maliciosa de datos
en los procedimientos de autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada.
d) Transmitir la titularidad de la actuación sometida a autorización
ambiental integrada o de la autorización ambiental unificada, sin
comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
e) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente
las modificaciones de carácter no sustancial que se lleven a cabo en las
instalaciones y actividades sometidas a autorización ambiental integrada o
autorización ambiental unificada.
f) No informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de
medio ambiente de cualquier incidente o accidente ocurrido en actividades
sometidas a autorización ambiental unificada o autorización ambiental
integrada, que afecte de forma significativa al medio ambiente.
g) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y control.
h) La puesta en marcha y funcionamiento de la instalación sin que la
Consejería competente en materia de medio ambiente haya llevado a cabo la
comprobación previa exigida por la autorización ambiental integrada o la
autorización ambiental unificada.
i) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y
registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de
conformidad con la disposición final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, siempre que se haya producido un daño o deterioro para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas,
que en ninguno de los dos casos tenga la consideración de grave.
2. La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con
multa desde 24.051 hasta 240.400 euros.
Artículo 133. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en la
autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada,
cuando no estén tipificadas como muy graves o graves.
b) Incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos
solicitados por la Administración en el ejercicio de las funciones de
inspección y control.
c) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y
registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de
conformidad con la disposición final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, sin que se haya producido ningún tipo de daño o deterioro para el
medio ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las
personas.
2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con
multa de hasta 24.050 euros.
SECCIÓN 2ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Artículo 134. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Es infracción muy grave el inicio, la ejecución parcial o total o la
modificación sustancial de las actuaciones sometidas por esta ley a
calificación ambiental, sin el cumplimiento de dicho requisito.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 6.001 hasta 30.000 euros.
Artículo 135. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La puesta en marcha de las actividades sometidas a calificación
ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento la certificación del
técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha llevado a
cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación
ambiental.
b) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en
la calificación ambiental, cuando produzca daños o deterioro para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
c) El incumplimiento de las ordenes de suspensión o clausura o de las
medidas correctoras complementarias o protectoras impuestas a las
actuaciones sometidas a calificación ambiental.
d) La falsedad, ocultación o manipulación maliciosa de datos en el
procedimiento de calificación ambiental.
2. La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con
multa desde 1.001 hasta 6.000 euros.
Artículo 136. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Constituye infracción leve el incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones establecidas en la calificación ambiental, cuando no
produzcan daños o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en
peligro la seguridad o salud de las personas.
2. La comisión de infracciones administrativas leves se sancionará con
multa de hasta 1.000 euros.
SECCIÓN 3ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CALIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
Artículo 137. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El funcionamiento de instalaciones sometidas a autorización de
emisiones a la atmósfera, sin haberla obtenido.
b) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias
contaminantes de naturaleza química, en mediciones continuas o
discontinuas, cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.
c) Incumplir las medidas establecidas por la Consejería competente en
materia de medio ambiente en los supuestos previstos en el artículo 53.1
d) de la presente ley, cuando dicho incumplimiento pueda provocar un daño
o deterioro grave para el medio ambiente o se pueda poner en peligro grave
la seguridad o salud de las personas.
d) Alterar el funcionamiento normal del proceso productivo con objeto de
falsear los resultados de una inspección de emisiones.
e) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos
en zonas de protección acústica especial y en zonas de situación acústica
especial.
f) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos,
cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
g) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de adopción de
medidas correctoras o controladoras en materia de contaminación acústica,
incluidos los sistemas de medición y de limitación o la manipulación de
los mismos, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de
las personas.
h) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a
la protección de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya puesto
en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de
medidas provisionales establecidas en el artículo 162 de esta ley.
j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación del carácter,
el funcionamiento o el tamaño de la instalación, establecida en el
artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, siempre que suponga
alteraciones significativas en los datos de emisiones o requiera cambios
en la metodología aplicable para cumplir las obligaciones de seguimiento
previstas en el artículo 4.2 d) de la misma.
k) No presentar el informe anual verificado exigido en el artículo 22 de
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, ni aportar la información necesaria para el
procedimiento de verificación.
l) Incumplir la obligación de entregar derechos de emisión exigida en el
artículo 27.2 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
m) Impedir el acceso del verificador a los emplazamientos de la
instalación en los supuestos en los que esté facultado por el Anexo IV de
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y su normativa de desarrollo.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 60.001 hasta 1.200.000 euros, excepto si están referidas a
contaminación acústica, que será desde 12.001 hasta 300.000 euros, o
afecten a emisión de gases de efecto invernadero, que será desde 60.001
hasta 2 millones de euros.
Artículo 138. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias
contaminantes de naturaleza química, en mediciones continuas o
discontinuas, cuando no se produzca un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud
de las personas.
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas para las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
c) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de
emisión de contaminantes, químicos o físicos, o no instalar los accesos y
dispositivos que permitan la realización de dichas mediciones.
d) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos,
cuando no se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
e) El incumplimiento o la no adopción de medidas correctoras en materia de
contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de
limitación, o la manipulación de los mismos, cuando no se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en
peligro grave la salud o seguridad de las personas.
f) La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la
contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos de
autorizaciones o licencias relacionadas con esta materia.
g) El incumplimiento de las restricciones y limitaciones de uso en materia
de contaminación lumínica.
h) El impedimento o la obstrucción a la actividad inspectora o de control
de las Administraciones públicas.
i) Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los
artículos 5, 6 y 11 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación de la
identidad o el domicilio del titular establecida en el artículo 6 de la
Ley 1/2005, de 9 de marzo.
k) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas
en la autorización cuando de dicho incumplimiento se deriven alteraciones
en los datos de emisiones.
l) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados,
siempre que implique alteración de los datos de emisiones.
2. La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará
con multa desde 30.001 hasta 60.000 euros, excepto si están referidas a
contaminación acústica que será desde 601 hasta 12.000 euros.
Artículo 139. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) La superación de los valores límites establecidos de emisión de
contaminantes de naturaleza química en una sola medición.
b) Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en la
autorización de emisiones a la atmósfera cuando no esté tipificada como
muy grave o grave.
c) La no comunicación a la Administración competente de los datos
requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.
d) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar
la información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea
exigible conforme a la normativa aplicable.
e) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas
en la autorización, cuando de dicho incumplimiento no se deriven
alteraciones en los datos de emisiones.
f) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados,
siempre que no implique alteración de los datos de emisiones.
2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con
multa de hasta 30.000 euros, excepto si están referidas a contaminación
acústica que será de hasta 600 euros.
SECCIÓN 4ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CALIDAD
DEL MEDIO HÍDRICO
Artículo 140. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La realización de vertidos directos o indirectos a cualquier bien del
dominio público hidráulico o desde tierra a cualquier bien del dominio
público marítimo terrestre, cualquiera que sea su naturaleza y estado
físico, que no cuenten con la correspondiente autorización administrativa,
cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas.
b) El incumplimiento de órdenes de suspensión y de medidas correctoras o
preventivas dictadas al amparo del artículo 162 de esta ley.
c) La superación de los valores límites de emisión recogidos en la
autorización de vertido siempre que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la
seguridad o salud de las personas.
2. La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará
con multa desde 300.506,62 hasta 601.012,10 euros.
Artículo 141. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La realización de vertidos directos o indirectos a cualquier bien del
dominio público hidráulico o desde tierra a cualquier bien del dominio
público marítimo terrestre, cualquiera que sea su naturaleza y estado
físico, que no cuenten con la correspondiente autorización administrativa,
cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las
personas.
b) La superación de los valores límites de emisión establecidos en la
autorización de vertido siempre que se superen los valores límites
establecidos en la normativa aplicable y no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave
la seguridad o salud de las personas.c) El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los programas de actuación para prevenir la
contaminación por nitratos de origen agrario y otros contaminantes de
origen difuso, cuando se haya producido daño o deterioro para el medio
ambiente.
d) El incumplimiento de las condiciones de calidad del medio receptor
establecidas en la autorización de vertido.
e) La falta de comunicación, a la Consejería competente en materia de
medio ambiente, de una situación de emergencia o de peligro derivada de
cualquier irregularidad en la emisión de un vertido.
f) La dilución sin autorización de los vertidos, con el fin de cumplir los
límites establecidos en la autorización de vertido.
g) La ocultación de datos o el falseamiento en la documentación a
presentar en el procedimiento de autorización de vertido.
h) El incumplimiento del plazo fijado en la autorización de vertido para
la iniciación o terminación de las obras e instalaciones que soportan el
vertido.
2. La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará
con multa desde 6.010,13 hasta 300.506,61 euros.
Artículo 142. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la
autorización de vertido sin que se superen los valores límites
establecidos en la normativa aplicable.
b) El incumplimiento de los planes de mantenimiento y calibración de los
equipos de control automático de la calidad de los efluentes impuestos en
la autorización de vertido.
c) El incumplimiento de la obligación de mantener en buen estado las obras
e instalaciones que soportan el vertido.
d) El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en
la autorización de vertido.
e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los programas de
actuación para prevenir la contaminación por nitratos de origen agrario y
otros contaminantes de origen difuso, cuando no se haya producido daño o
deterioro para el medio ambiente.
2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con
multa de hasta 6.010,12 euros.
SECCIÓN 5ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA
DE CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO
Artículo 143. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación, cuando
un suelo haya sido declarado como contaminado o el incumplimiento, en su
caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos voluntarios o convenios de
colaboración.
b) Destinar el suelo contaminado a usos distintos a los determinados en la
resolución de declaración de suelo contaminado.
c) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas
provisionales previstas en el artículo 162 de esta ley.
d) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los
expedientes administrativos relacionados con la calidad ambiental del
suelo.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 300.508 hasta 1.202.025 euros.
Artículo 144. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento del plazo de ejecución y demás condiciones exigidas
para las operaciones de limpieza y recuperación establecidas en la
resolución de declaración de suelo contaminado.
b) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de los órganos
competentes de las Administraciones de la Comunidad Autónoma.
c) El incumplimiento, por los titulares de actividades potencialmente
contaminantes del suelo, de la obligación de remitir a la Consejería
competente en materia de medio ambiente el informe de situación regulado
en el artículo 91 de la presente ley.
d) El cambio de uso o la instalación de una nueva actividad en suelos en
los que se hayan desarrollado actividades potencialmente contaminantes del
suelo, sin informe favorable de la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la
ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable en
materia de calidad ambiental del suelo.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde
6.012 hasta 300.507 euros.
Artículo 145. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) La no presentación en plazo por los titulares de actividades
potencialmente contaminantes del suelo, del informe de situación regulado
en el artículo 91 de esta ley.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en la
resolución de declaración de suelo contaminado o en la normativa vigente,
que no esté tipificado como de mayor gravedad.
c) El retraso en el suministro de la documentación que haya que
proporcionar a la Administración, de acuerdo con lo establecido por la
normativa aplicable en materia de calidad ambiental del suelo.
2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta
6.011 euros.
SECCIÓN 6ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE RESIDUOS
Artículo 146. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV
de la presente ley y demás normativa aplicable, sin la preceptiva
autorización o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento
de las obligaciones impuestas en dicha autorización, siempre que se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya
puesto en peligro grave la salud de las personas.
b) El incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia
de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica
en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
c) El depósito en vertedero de residuos peligrosos susceptibles de
valorización, sin la autorización de la Consejería competente en materia
de medio ambiente.
d) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.
e) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de
cualquier otro tipo de residuos, siempre que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave
la salud de las personas.
f) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los
expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos
o licencias relacionadas con el ejercicio de actividades reguladas en el
capítulo V del título IV de esta ley y demás normativa aplicable.
g) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí
o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
h) La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o
jurídicas distintas de las señaladas en el capítulo V del título IV de
esta ley y demás normativa aplicable, así como la aceptación de los mismos
en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes
autorizaciones o en las normas establecidas en esta ley.
i) La omisión, en el caso de residuos peligrosos, de los necesarios planes
de seguridad y previsión de accidentes establecidos en la legislación
aplicable, así como de los planes de emergencia interior y exterior de las
instalaciones.
j) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas
provisionales previstas en el artículo 162 de esta ley.
k) La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos
con sustancias o preparados prohibidos, por la peligrosidad de los
residuos que generan.
l) La elaboración de productos o la utilización de envases, por los
agentes económicos a que se refiere el párrafo a) del artículo 7.1 de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, respecto de los que se haya adoptado alguna
de las medidas enumeradas en el mismo y, en su caso, en el artículo 8 de
la citada Ley, incumpliendo las obligaciones indicadas en los mencionados
preceptos y en su normativa de desarrollo, cuando como consecuencia de
ello se perturbe gravemente la protección del medio ambiente, la salud e
higiene públicas o la seguridad de los consumidores.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 30.052 hasta 1.202.025 euros, excepto si están referidas a residuos
peligrosos, que será desde 300.508 hasta 1.202.025 de euros.
Artículo 147. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV
de esta ley y demás normativa aplicable, sin la preceptiva autorización o
con ella caducada o suspendida y el incumplimiento de las obligaciones
impuestas en las autorizaciones, así como la actuación de forma contraria
a lo establecido en esta ley, cuando la actividad no esté sujeta a
autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la
salud de las personas.
b) El depósito en vertedero de residuos peligrosos no susceptibles de
valorización, sin la autorización de la Consejería competente en materia
de medio ambiente.
c) La eliminación en vertedero de residuos sin tratamiento previo, con la
salvedad de lo regulado en el artículo 107 de esta ley.
d) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de
cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas.
e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la
ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o
por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el
incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha
documentación.
f) La falta de constitución de fianzas o garantías o de su renovación,
cuando sean obligatorias.
g) El incumplimiento, por los agentes económicos señalados en los
artículos 7.1 y 11.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de las
obligaciones derivadas de los acuerdos voluntarios o convenios de
colaboración que suscriban.
h) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de los órganos
competentes de las Administraciones de la Comunidad Autónoma.
i) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los
envases que contengan residuos peligrosos.
j) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí
o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello no se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
k) La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas
o jurídicas distintas de las señaladas en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que
aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas
establecidas en dicha ley.
l) La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro
Estado miembro de la Comunidad Europea o de un país tercero, así como la
salida de residuos hacia los citados lugares, sin cumplimentar la
notificación o sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la
legislación comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los
que España sea parte.
m) La elaboración o utilización de productos respecto de los que se haya
adoptado alguna de las medidas enumeradas en el párrafo a) del artículo
7.1 y, en su caso, en el artículo 8 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
incumpliendo las obligaciones indicadas en los mencionados preceptos y en
su normativa de desarrollo, cuando como consecuencia de ello no se
perturbe gravemente la protección del medio ambiente, la salud e higiene
públicas o la seguridad de los consumidores.
n) No elaborar los planes empresariales de prevención o de minimización de
residuos o no atender los requerimientos efectuados por la Consejería
competente en materia de medio ambiente para que sean modificados o
completados con carácter previo a su aprobación, cuando así se haya
establecido de acuerdo con el artículo 7.1 y, en su caso, con el artículo
8 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, y en su normativa de desarrollo.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde
603 hasta 30.051 euros, excepto si están referidas a los residuos
peligrosos, que será desde 6.012 hasta 300.507 euros.
Artículo 148. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV
de la presente ley y demás normativa aplicable sin que se haya efectuado,
en su caso, el correspondiente registro administrativo o la preceptiva
notificación.
b) El retraso en el suministro de la documentación que se deba de
proporcionar a la Administración de acuerdo con lo establecido por la
normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las
autorizaciones.
2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta
602 euros, excepto si están referidas a residuos peligrosos, que será de
hasta 6.011 euros.
SECCIÓN 7ª INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA
ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Artículo 149. Tipificación y sanción de infracciones muy graves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras
son infracciones muy graves:
a) La ocultación maliciosa o el falseamiento de datos en la emisión de
dictámenes, elaboración de actas de inspección, expedición de
certificaciones, toma de muestras o realización de controles.
b) No efectuar por su personal las comprobaciones directas en la sede
física de la empresa inspeccionada o controlada, necesarias para la toma
de datos.
c) Incumplir el deber de confidencialidad sobre las informaciones
obtenidas.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa
desde 60.001 hasta 300.000 euros.
Artículo 150. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras
son infracciones graves:
a) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente
cualquier modificación de los requisitos que justificaron su autorización
como entidad colaboradora de la misma, así como la no aportación del
informe o certificado de la entidad de acreditación sobre los cambios
producidos.
b) Obstruir o dificultar la labor inspectora de la Administración en
cualquier aspecto relativo a su autorización o sobre sus actuaciones.
c) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente el
inicio o la finalización de cualquier actuación como entidad colaboradora.
d) No realizar la actuación en la fecha comunicada a la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
e) La no correspondencia fiel entre las actuaciones comunicadas y la
actuación realizada como entidad colaboradora.
f) No facilitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente
cuantos datos e informes le sean solicitados en relación con sus
actuaciones.
g) No disponer de libro registro.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde
30.001 hasta 60.000 euros.
Artículo 151. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras
son infracciones leves:
a) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente,
con la antelación exigida o comunicarla con deficiencias de datos, el
inicio y la finalización prevista de cualquier actuación como entidad
colaboradora.
b) Omitir o falsear algún dato en el libro registro.
c) No notificar a la Consejería competente en materia de medio ambiente
las tarifas que se propone aplicar con desglose de las partidas que las
componen.
2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta
30.000 euros.
SECCIÓN 8ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE DISTINTIVO
DE CALIDAD AMBIENTAL
Artículo 152. Tipificación y sanción de infracción grave.
1. Se considera infracción grave el uso fraudulento del distintivo de
calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa desde 6.001
hasta 15.000 euros.
Artículo 153. Tipificación y sanción de infracción leve.
1. Se considera infracción leve la omisión o falseamiento malicioso de
alguno de los datos aportados para el otorgamiento del distintivo de
calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía
2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa de hasta 6.000
euros.
SECCIÓN 9ª DISPOSICIONES COMUNES A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 154. Infracciones leves.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley o en las
normas que la desarrollen que no estén tipificadas en las secciones
anteriores como graves o muy graves, se calificarán como infracciones
leves y se sancionarán conforme al régimen previsto en cada sección en
función de la materia.
Artículo 155. Sanciones por infracciones muy graves.
Sin perjuicio de las multas previstas en esta ley, la comisión de las
infracciones muy graves tipificadas en la misma podrá llevar aparejada la
imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo
no inferior a dos años ni superior a cinco años.
c) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no
inferior a un año ni superior a dos, salvo para las infracciones muy
graves tipificadas en la sección 6ª, para las que el periodo no será
inferior a un año ni superior a diez.
d) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no
inferior a un año y un día ni superior a cinco.
e) El precintado temporal o definitivo de equipos o máquinas.
f) Imposibilidad de obtención durante tres años de préstamos, subvenciones
o ayudas públicas en materia de medio ambiente.
g) Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, de las
sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía
administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres,
apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o
jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.
h) La prohibición, temporal o definitiva, del desarrollo de actividades.
Artículo 156. Sanciones por infracciones graves.
Sin perjuicio de las multas previstas en esta ley, la comisión de las
infracciones graves tipificadas en la misma podrá llevar aparejada la
imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo
máximo de dos años.
b) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo
de un año.
c) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo
máximo de un año.
d) Imposibilidad de obtención durante un año de préstamos, subvenciones o
ayudas públicas en materia de medio ambiente.
e) Imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la
Administración de la Junta de Andalucía por un periodo mínimo de dos años
y máximo de cinco años.
Artículo 157. Graduación de las sanciones.
1. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la
sanción aplicada, considerando los criterios que a continuación se
relacionan como circunstancias atenuantes o agravantes para la graduación
de la sanción:
a) Repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño producido.
b) Ánimo de lucro o beneficio ilícito obtenido.
c) Concurrencia o no de varias infracciones o que unas hayan servido para
encubrir otras posibles.
d) Grado de participación.
e) Intencionalidad.
f) Falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o en las
precauciones precisas en el ejercicio de la actividad.
g) Magnitud del riesgo objetivo producido sobre la calidad del recurso o
sobre el bien protegido.
h) Riesgo de accidente o de deterioro irreversible o catastrófico.
i) Incidencia en la salud humana, recursos naturales y medio ambiente.
j) Grado de superación de los límites establecidos.
k) Capacidad de retroalimentación y regeneración del ecosistema.
l) Coste de la restitución.
m) La ejecución del hecho aprovechando circunstancias de lugar, tiempo o
auxilio de otra persona o personas que faciliten la impunidad.
n) La cantidad y características de los residuos peligrosos implicados.
ñ) La ejecución del hecho afectando a un espacio natural protegido de la
Comunidad Autónoma o a otros espacios naturales cuya protección se haya
declarado de conformidad con la normativa comunitaria o en tratados o
convenios internacionales.
o) La capacidad económica del infractor.
p) La adopción de medidas correctoras por parte del infractor con
anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
q) La reparación espontánea por parte del infractor del daño causado.
2. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido
con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el
importe en que se haya beneficiado el infractor.
3. En caso de reincidencia en un periodo de dos años, la multa
correspondiente se impondrá en su cuantía máxima.
4. Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más de una infracción
de las previstas en esta ley, se impondrá la multa que corresponda a la de
mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en su cuantía máxima
si es reincidente.
5. Por razón de la escasa o nula trascendencia del hecho sancionado o por
resultar claramente desproporcionada la sanción prevista respecto a las
circunstancias concurrentes, podrá aplicarse la sanción establecida para
la infracción inmediatamente inferior.
Artículo 158. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el
ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de la que, por razón
de la cuantía de la sanción a imponer, corresponde al Consejo de Gobierno
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, en relación con las
infracciones establecidas en las siguientes secciones de este capítulo:
a) La sección 1ª.
b) La sección 3ª, en los siguientes supuestos:
1.ª Infracciones en materia de contaminación atmosférica cuando se trate
de actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización
ambiental unificada, autorización de emisiones a la atmósfera, así como
aquellas que emitan compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real
Decreto 117/2003, de 31 de enero.
2.ª Infracciones en materia de contaminación lumínica.
3.ª Infracciones en materia de contaminación acústica, cuando se trate de
actuaciones sujetas a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada.
c) La sección 4ª, a excepción de las previstas en los artículos 141 c) y
142 e) que corresponderán a la Consejería competente en materia de
agricultura.
d) La sección 5ª.
e) La sección 6ª.
f) La sección 7ª.
g) La sección 8ª.
2. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de la potestad
sancionadora en relación con las infracciones establecidas en las
siguientes secciones de este capítulo:
a) La sección 2ª.
b) La sección 3ª, en los siguientes supuestos:
1.ª Infracciones en materia de contaminación atmosférica en los supuestos
no previstos en la letra b) 1ª del apartado anterior.
2.ª Infracciones en materia de contaminación acústica en los supuestos no
previstos en la letra b) 3ª del apartado anterior.
Artículo 159. Órganos competentes.
1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley le
corresponde a:a) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería competente en materia de medio ambiente, hasta 60.000
euros.
b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la
materia, desde 60.001 hasta 150.250 euros.
c) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, desde 150.251 hasta 300.500 euros.
d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros.
2. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la
Consejería competente en materia de medio ambiente, la iniciación de los
procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de
las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería.
3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea competencia de la
Administración local, la imposición de la sanción corresponderá al órgano
competente que determine la legislación local.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad por infracciones y normas comunes
al procedimiento sancionador
Artículo 160. Sujetos responsables.
1. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de responsables de
las infracciones previstas en la misma:
a) Las personas físicas o jurídicas que directamente realicen la acción
infractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o
titulares de la actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio
o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso responderán estos,
salvo que acrediten la diligencia debida.
b) Las personas físicas o jurídicas que sean propietarios, titulares de
terrenos o titulares o promotores de la actividad o proyecto del que se
derive la infracción.
2. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las
distintas personas que hubieren intervenido en la realización de la
infracción, la responsabilidad será solidaria.
Artículo 161. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cinco años
las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves.
2. Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán desde el
día en que la infracción se hubiese cometido, o desde que pudo ser
detectado el daño producido al medio ambiente si los efectos de éste no
fuesen manifiestamente perceptibles, desde el día en que se realizó la
última infracción en los supuestos de infracción continuada y desde que se
eliminó la situación ilícita en los supuestos de infracción permanente.
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las
impuestas por infracciones leves al año.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se imponga
la sanción.
Artículo 162. Medidas de carácter provisional.
1. En cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, el
órgano competente para resolverlo podrá acordar, entre otras, alguna o
algunas de las siguientes medidas provisionales:
a) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
b) Suspensión temporal de las autorizaciones ambientales para el ejercicio
de la actividad.
c) Parada de las instalaciones.
d) Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos, equipos,
vehículos, materiales y utensilios.
e) Retirada o decomiso de productos, medios, materiales, herramientas,
maquinarias, instrumentos, artes y utensilios.
f) Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control que impidan la
continuación en la producción del riesgo o del daño.
g) Prestación de fianza.
2. Las medidas establecidas en el apartado anterior podrán igualmente
adoptarse antes de la iniciación del procedimiento sancionador en los
casos de urgencia, existencia de un riesgo grave e inminente para el medio
ambiente, seguridad y salud de las personas y para la protección
provisional de los intereses implicados.3. Cuando existan razones de
urgencia inaplazable, las medidas provisionales previstas en los apartados
anteriores que resulten necesarias podrán ser adoptadas por el órgano
competente para iniciar el procedimiento o por el órgano instructor. Se
entenderá que concurren circunstancias de urgencia inaplazable siempre que
puedan producirse daños de carácter irreparable en el medio ambiente.
Artículo 163. Remisión a la jurisdicción penal.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de
delito o falta, la Administración dará cuenta de los hechos al Ministerio
Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador hasta que
recaiga resolución judicial firme, en los supuestos de identidad de
sujeto, hecho y fundamento.
Artículo 164. Ejecución subsidiaria.
1. Si el infractor no cumpliera sus obligaciones de restauración del daño
al medio ambiente conforme al capítulo V del presente título, habiendo
sido requerido a tal fin por el órgano sancionador, éste ordenará la
ejecución subsidiaria.
2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo
inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación
pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio
ambiente.
3. Los fondos necesarios para llevar a efecto la ejecución subsidiaria se
exigirán de forma cautelar antes de la misma.
4. La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin
perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás indemnizaciones a que
hubiera lugar.
Artículo 165. Multas coercitivas.
1. Cuando el infractor no proceda al cumplimiento de la sanción, una vez
finalizado el procedimiento administrativo, así como si éste no
procediera, en su caso, a la reparación o restitución exigida conforme al
capítulo V del presente Título, el órgano competente para sancionar podrá
acordar la imposición de multas coercitivas, previo requerimiento al
infractor. La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de
la multa fijada para la infracción cometida.
2. Antes de la imposición de las multas coercitivas establecidas en el
apartado anterior se requerirá al infractor fijándole un plazo para la
ejecución voluntaria de lo ordenado, cuya duración será fijada por el
órgano sancionador atendidas las circunstancias y que, en todo caso, será
suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.
Artículo 166. Vía de apremio.
Podrán ser exigidos por la vía de apremio tanto los importes de las
sanciones pecuniarias, como los gastos de la ejecución subsidiaria e
indemnización por daños y perjuicios.
CAPÍTULO V
Restauración del daño al medio ambiente
Artículo 167. Reparación e indemnizaciones.
1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los autores o responsables
de las infracciones previstas en esta ley estarán obligados tanto a
reparar el daño causado como a indemnizar los daños y perjuicios derivados
del mismo.
2. El órgano competente para imponer la sanción lo será para exigir la
reparación del daño causado. En la resolución administrativa
correspondiente se especificará el plazo en el que el responsable debe de
llevar a cabo la reparación y, en su caso, la forma en que se debe hacer
efectiva la misma.
3. La exigencia de restituir las cosas a su primitivo estado obligará al
infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras
ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, en la
forma y condiciones que fije el órgano sancionador competente.
4. Cuando la imposición al infractor de la obligación de reparar el daño
causado tenga que ejecutarse en bienes inmuebles, podrá ser objeto de nota
marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano
sancionador competente.
5. A los efectos previstos en el apartado anterior la solicitud de
anotación se acompañará de certificación administrativa acreditativa de la
resolución recaída en el procedimiento sancionador, en la que conste la
firmeza de la resolución recaída y el trámite o los trámites de audiencia
practicados a los responsables. Cumplida la obligación de reparación podrá
solicitarse la expedición de certificación acreditativa a efectos de
cancelación de la anotación registral.
Artículo 168. Daños irreparables.
1. Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo
elemento o en el mismo punto geográfico, el órgano competente podrá
ordenar una reparación equivalente.
2. La imposibilidad de reparar el daño causado implicará la compensación
del mismo mediante el abono de indemnizaciones por parte del responsable y
éstas se destinarán a la realización de medidas que permitan mejorar y
compensar el bien dañado.
Disposición adicional primera. Adaptación de ordenanzas municipales.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los
municipios procederán a adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto en ésta.
Disposición adicional segunda. Actualización de la cuantía de las multas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las
multas establecidas en la presente ley, de acuerdo con el índice de
precios al consumo o sistema que lo sustituya.
Disposición adicional tercera. Inexigibilidad de la garantía financiera
obligatoria a las personas jurídicas públicas.
El artículo 124 no es de aplicación a la Administración de la Junta de
Andalucía ni a los organismos públicos vinculados o dependientes de
aquella. Tampoco será de aplicación a las entidades locales, ni a los
organismos autónomos ni a las entidades de derecho público dependientes de
las mismas.
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Uno. El apartado 2 del artículo 65 queda redactado en los siguientes
términos:
"2. Las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones podrán:
a) Acceder y entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso,
en todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a inspección y a
permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del
domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su
presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que
considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus
funciones.
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o
prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones
legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones,
obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y
planos, siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo
casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con
posterioridad."
Dos. El apartado 13 del artículo 78 queda redactado en los siguientes
términos:
"13. Cazar desde aeronaves, embarcaciones y vehículos o cualquier otro
medio de locomoción terrestre."
Disposición adicional quinta. Riesgos ambientales emergentes.
1. Se crea el Comité Científico para los riesgos ambientales emergentes,
que tendrá entre sus cometidos la emisión de dictámenes sobre riesgos
ambientales que pudieran derivarse de los campos electromagnéticos
originados por instalaciones radioeléctricas, de los organismos
modificados genéticamente y de la nanotecnología, sin perjuicio de las
competencias ya atribuidas a otros órganos en materia de
telecomunicaciones, salud pública, seguridad de los consumidores o
agricultura.
2. Reglamentariamente se establecerá su composición, funciones y régimen
de funcionamiento.
Disposición adicional sexta. Actividades que usan disolventes orgánicos.
Los titulares de las instalaciones previstas en el Real Decreto 117/2003,
de 31 de diciembre, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, que
no estén sometidas a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada, deberán solicitar, con carácter previo a su puesta en
marcha, a la Consejería competente en materia de medio ambiente, su
inscripción en el registro previsto en el artículo 18 de esta ley, a los
efectos de control, y cumplir los valores límites de emisión y demás
obligaciones establecidas en el citado real decreto.
Disposición adicional séptima. Medios materiales y personales.
El Gobierno de Andalucía dotará a la Consejería o Consejerías competentes
de todos los medios materiales y personales necesarios y suficientes para
la correcta y eficaz aplicación de la presente ley. Así mismo la
adecuación o ampliación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería competente a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, en el
plazo de un año.
Disposición transitoria primera. Expedientes sancionadores en tramitación.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en
vigor de esta ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la
legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo
que las disposiciones sancionadoras de la presente ley favorezcan al
presunto infractor.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos en curso.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley para la aprobación, autorización o evaluación ambiental de las
actuaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma
continuarán su tramitación conforme a la normativa que les era de
aplicación en el momento de su iniciación, salvo que el interesado
solicite su tramitación conforme a lo dispuesto en esta ley y la situación
procedimental del expediente así lo permita.
Disposición transitoria tercera. Régimen de regularización de los vertidos
existentes.
Los vertidos existentes a la entrada en vigor de la presente ley deberán
adaptarse a lo dispuesto en la misma en el plazo de un año desde su
entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Evaluación ambiental de los instrumentos
de planeamiento urbanístico.
Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico será
de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Disposición transitoria quinta. Polígonos industriales existentes.
1. Los polígonos industriales que estén funcionando a la entrada en vigor
de esta ley deberán disponer de la infraestructura mínima de un punto
limpio, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la misma, antes de
la finalización del año 2010.
2. En aquellos suelos industriales en donde se constate la imposibilidad
física de ubicar dicha infraestructura, los administradores del polígono y
las empresas radicadas en éstos deberán presentar ante la Consejería
competente en materia de medio ambiente, en el plazo previsto en el
apartado anterior, un programa de recogida de los residuos que generen,
realizado por una empresa gestora de residuos, que cubra las necesidades
de las instalaciones industriales allí situadas.
Disposición transitoria sexta. Actuaciones existentes.
1. Las actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada que a la
entrada en vigor de la presente ley estén legalmente en funcionamiento, se
entenderá que cuentan con la misma.
Aquellas actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada que a la
entrada en vigor de la presente ley cuenten con declaración de impacto
ambiental, informe ambiental o calificación ambiental y no estén
ejecutadas o en funcionamiento, se entenderá que cuentan con autorización
ambiental unificada a todos los efectos, sin perjuicio de la necesidad de
obtener aquellas otras autorizaciones de carácter ambiental exigibles a la
actuación por la normativa sectorial aplicable.
2. Los titulares de las instalaciones de combustión de potencia térmica
igual o superior a 20 MW sometidas a autorización de emisiones a la
atmósfera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la presente
ley, que estén funcionando a la entrada en vigor de la misma, deberán
obtener dicha autorización en un plazo de nueve meses.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo establecido en la presente ley, y en particular:
a) La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
b) El Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
cuarta.
c) El Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental.
d) Los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.
e) Los artículos 13,14, 23 y 25 del Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por
el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones de
vertido al dominio público marítimo terrestre y de uso en zona de
servidumbre.
2. Quedan sin efecto, respecto de las actuaciones sometidas a autorización
ambiental integrada o autorización ambiental unificada, las normas
procedimentales previstas en la legislación sectorial aplicable a las
autorizaciones ambientales de carácter previo que de acuerdo con esta ley
se integren en los citados instrumentos de prevención y control ambiental.
Disposición final primera. Conformidad con normativa básica.
El contenido de los siguientes artículos está redactado de conformidad con
los preceptos de aplicación general de la normativa básica relacionada a
continuación:
a) Los artículos 6, 7, 8 y 10, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
b) Los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrado de la contaminación.
c) Los artículos 36, 37, 38 y 39, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
d) Los artículos 49, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, de conformidad con
lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
e) Los artículos 78, 79, 140, 141 y 142, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
f) Los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 143, 144 y 145, de conformidad
con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, y con
lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
g) Los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 146, 147 y 148,
de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.
h) Los artículos 105, 106, 107 y 108, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
i) El artículo 110, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y con lo dispuesto en el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla la citada
Ley.
j) Los artículos 131, 132 y 133, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la
contaminación, y con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
k) Los artículos 59, 137.1 j), k), l), m) y 138.1 i), j), k), l), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo y
modificación de los anexos.
Se habilita al Consejo de Gobierno y a la persona titular de la Consejería
competente en materia de medio ambiente en sus respectivos ámbitos
competenciales para dictar las disposiciones que fueran precisas para el
desarrollo y ejecución de esta ley, así mismo se habilita al Consejo de
Gobierno para modificar los Anexos de la misma.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor en el plazo de seis meses desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
ANEXO I
CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL AMBIENTAL
INSTRUMENTOS: Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización
Ambiental Unificada (AAU), Evaluación Ambiental (EA), Calificación
Ambiental (CA)
* Posibilidad de resolver procedimiento de AAU en 6 meses
CAT.; ACTUACIÓN; INS.
; Industria extractiva.
; Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo
abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las
secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de
Minas y normativa complementaria, así como aquellas prórrogas en las que
se plantee un aumento de la superficie de explotación, delimitada en el
proyecto aprobado, excluyéndose las que no impliquen ampliación de la
misma.; AAU
; Minería subterránea. ; AAU
; Extracción de petróleo y gas natural. ; AAU
; Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón,
petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.; AAU
; Dragados:
Dragados marinos para la obtención de arena cuando el volumen de arena a
extraer sea superior
a 3.000.000 de metros cúbicos/año.
Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 100.000
metros cúbicos/año.; AAU
; Perforaciones profundas geotérmicas, petrolíferas o para el
almacenamiento de residuos nucleares. ; AAU
; ; Instalaciones energéticas.
; Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.; AAI
; Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas
natural y gases licuados del petróleo.; AAI
; Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón.; AAI
; Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión
superior a 50 MW:
Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en
régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles
fósiles, residuos o biomasa.
Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos generadores de vapor o
cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una
industria, sea ésta o no su actividad principal.; AAI
; Instalaciones industriales de la categoría 2.4 con potencia térmica
inferior.; CA
; Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica,
en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2
hectáreas.; AAU
*
; Instalaciones de la categoría 2.6, en suelo no urbanizable, no incluidas
en ella.; CA
; Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el
desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con
exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y
transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima
no supere 1 KW de carga térmica continua). ; AAU
; Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.; AAU
; Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:
La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta
actividad.El depósito final del combustible nuclear irradiado.
Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de
residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.
Instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de residuos
radiactivos no incluidos en los categorías anteriores.; AAU
; Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.; AAU
; Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua
caliente, con excepción de las internas de las industrias.; AAU
; Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 10 kilómetros excepto los
que transcurran por suelo urbano o urbanizable.; AAU
; Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 1 kilómetro no incluidos
en la categoría 2.13 construídos en suelo no urbanizable.; CA
; Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de
longitud superior a 3.000 metros. Se exceptúan las sustituciones que no se
desvíen de la traza más de 100 m.; AAU
; Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos de
capacidad superior a 100.000 toneladas.; AAU
*
2.17; Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía
eléctrica de longitud inferior a 3000 m. Se exceptúan las sustituciones
que no se desvíen de la traza más de 100 m.; CA
2.18; Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con
capacidad unitaria superior a 200 toneladas.; AAU
*
2.19; Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con
capacidad superior a 100 metros cúbicos.; AAU
2.20; Parques eólicos. ; AAU
*
2.21; Las actuaciones recogidas en las categorías 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18
por debajo de los umbrales señalados en ellas. Se exceptúan los
almacenamientos domésticos y los de uso no industrial.; CA
; Producción y transformación de metales
; Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a
partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias
mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.; AAI
; Instalaciones de fundición o de producción de aceros brutos (fusión
primaria o secundaria) incluidas las correspondientes instalaciones de
fundición continua de una capacidad de más de 2'5 toneladas por hora.; AAI
; Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se
realice alguna de las siguientes actividades:
Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en
bruto por hora.
Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios
por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de
tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.; AAI
; Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más
de 20 toneladas por día.; AAI
; Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no
ferrosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, moldeado en
fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para
el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por
día.; AAI
; Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y
materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el
volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea superior a 30
metros cúbicos.; AAI
; Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6
por debajo de los umbrales señalados en ellas, siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6
no incluidas en ellas ni en la categoría 3.7.; CA
; Astilleros.; AAU
; Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus
motores.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y
fabricación de motores para vehículos.; AAU
*
; Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.; AAU
; Industria del mineral.
; Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación
del amianto y para la fabricación de los productos que se basan en el
amianto.; AAI
; Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker en hornos
rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 toneladas
diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas al día.; AAI
; Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker no incluidas en
la categoría 4.2, siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos con una
capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.; AAI
; Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos no incluidas
en la categoría 4.4 siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de
vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.; AAI
; Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio
no incluidas en la categoría 4.6 siempre que se den de forma simultánea
las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de
áridos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la
obtención de productos (como yeso, perlita expandida o similares) para la
construcción y otros usos siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la
producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a
20 toneladas por día.; AAI
; Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción
de fibras minerales incluidas las artificiales, no incluidas en la
categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante
horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios,
azulejos, productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una
capacidad de producción superior a 75 toneladas por día o,
alternativamente, una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y
más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por horno.; AAI
; Instalaciones definidas en la categoría 4.12, no incluidas en ella, con
una capacidad de producción superior a 25 toneladas por día.; AAU
*
; Las instalaciones definidas en las categorías 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11 y 4.13 no incluidas en ellas.; CA
; Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos,
incluido el mineral sulfuroso.; AAI
; Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y
de lignito.; AAU
*
; Coquerías.; AAI
; Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos.; AAU
*
; Instalaciones para la, formulación y el envasado de materiales
minerales, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin
transformación química de los mismos.; CA
; Industria química y petroquímica.
; Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos
orgánicos de base, en particular:
Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados,
alifáticos o aromáticos).
Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
Hidrocarburos sulfurados.
Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos
nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
Hidrocarburos fosforados.
Hidrocarburos halogenados.
Compuestos órgano-metálicos.
Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de
celulosa).
Cauchos sintéticos.
Colorantes y pigmentos.
Tensoactivos y agentes de superficie.; AAI
; Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos
inorgánicos de base como:
Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno,
el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de
azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el
dicloruro de carbonilo.
Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido
fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el
ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el
hidróxido sódico.
Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato
argéntico.
No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el
carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.; AAI
; Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de
fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).;
AAI
; Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base
fitofarmacéuticos y de biocidas.; AAI
; Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico
para la fabricación de medicamentos de base.; AAI
; Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.; AAI
; Instalaciones para el tratamiento y fabricación de productos químicos
intermedios.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de peróxidos, pesticidas, productos
farmacéuticos, pinturas y barnices.; AAU
*
; Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos,
farmacéuticos, pinturas y barnices, entendiendo como formulación la mezcla
de materiales sin transformación química de los mismos.; CA
; Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos basados
en ellos.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de biocombustibles.; AAU
*
; Tuberías para el transporte de productos químicos, con excepción de las
internas de las instalaciones industriales.; AAU
; Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos
y químicos.; AAU
*
;
; Industria textil, papelera y del cuero.
; Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel a partir
de madera o de otras materias fibrosas similares.; AAI
; Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón con una
capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.; AAI
; Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado,
blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles
cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.; AAI
; Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de
tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.; AAI
; Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad
de producción superior a 20 toneladas diarias.; AAI
; Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de
los umbrales de producción señalados en ellos, siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de
los umbrales de producción señalados en ellos y no incluidas en la 6.6.; CA
;
; Proyectos de infraestructuras.
; Carreteras:
Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras
convencionales de nuevos trazados.
Actuaciones de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de
autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales
preexistentes.
Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en
autopista, autovía o carretera de doble calzada.
Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya
superficie de tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya
longitud sea superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura
de talud sea superior a 15 metros.; AAU
; Construcción de líneas de ferrocarril, líneas de transportes
ferroviarios suburbanos, instalaciones de transbordo intermodal y de
terminales intermodales.; AAU
; Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas
suspendidas o líneas similares.; AAU
; Construcción de aeropuertos y aeródromos.; AAU
; Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial.
Puertos comerciales, puertos pesqueros y puertos deportivos.
Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra, que
admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas.; AAU
; Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que
puedan alterar la costa o la dinámica litoral , excluidos el mantenimiento
y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una
profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva
equinoccial.; AAU
; Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de
arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la
construcción de diques o espigones.; AAU
; Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras
de encauzamiento y proyectos de defensa y limpieza de cauces y márgenes
cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros.
Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en
zona urbana. ; AAU
; Áreas de transporte de mercancías.; AAU
*
; Caminos de nuevo trazado que transcurran por superficie forestal o
tengan una pendiente superior al 40% a lo largo del 20% o más de su
trazado.; AAU
; Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría 7.10 y
13.7.; CA; Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor.; AAU
*
;
; Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
; Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla,
siempre que se de alguno de los siguientes supuestos:
Presas y embalses.
Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el
apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional,
superior a 200.000 metros cúbicos.; AAU
; Extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos,
si el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000
de metros cúbicos. ; AAU
*
; Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre
subcuencas cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000
de metros cúbicos. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería
o la reutilización directa de aguas depuradas.; AAU
; Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a
10.000 habitantes equivalentes. ; AAU
*
; Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a
10.000 habitantes equivalentes.; CA
; Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas.; CA
; Construcción de emisarios submarinos.; AAU
; Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo
o adicional superior a 3.000 metros cúbicos/día.; AAU
*
; Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea mayor de 40
kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros
cúbicos/segundo. ; AAU
;
; Agricultura, selvicultura y acuicultura.
; Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves
transformaciones ecológicas negativas.; AAU
; Corta de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del
suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una
superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta
de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.; AAU
; Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la
cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a
superficies superiores a 100 hectáreas, siempre que no haya sido evaluado
ambientalmente dentro de un planeamiento urbanístico. ; AAU
; Transformaciones de uso del suelo en terrenos forestales arbolados con
especies sometidas a turno inferior a 50 años que afecten a superficies
superiores a 50 hectáreas.; AAU
; Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con
inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando
afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los
proyectos de consolidación y mejora de regadíos.; AAU
; Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola
intensiva.; AAU
; Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos
incultos que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 100
hectáreas o de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente
media sea igual o superior al 20 por ciento.; AAU
; Proyectos de concentraciones parcelarias.; AAU
*
; Instalaciones para la acuicultura que tenga una capacidad de producción
superior a 500 toneladas.; AAU
;
; Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
; Instalaciones para el sacrificio de animales con una capacidad de
producción de canales superior a 50 toneladas por día.; AAI
; Instalaciones para el sacrificio de animales no incluidas en la
categoría 10.1.; CA
; Instalaciones para el tratamiento y transformación de las siguientes
materias primas, con destino a la fabricación de productos alimenticios:
Animal (excepto la leche): de una capacidad de producción de productos
acabados superior a 75 toneladas/día.
Vegetal: de una capacidad de producción de productos acabados superior a
300 toneladas/día (valor medio trimestral).
Leche: cuando la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200
toneladas/día (valor medio anual).; AAI
; Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las
siguientes materias primas:
Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos
acabados superior a 75 toneladas/día (valor medio trimestral).
Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a
300 toneladas/día (valor medio trimestral).; AAU
*
; Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales
señalados en ella.; CA
; Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o
desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10
toneladas/día.; AAI
; Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o
desechos de animales no destinados al consumo humano no incluidas en la
categoría 10.6.; AAU
; Instalaciones de cría intensiva que superen las siguientes capacidades4:
40.000 plazas para gallinas ponedoras o el número equivalente para otras
orientaciones productivas de aves.
2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.
750 plazas para cerdas reproductoras.
530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.; AAI
; Instalaciones de ganadería o cría intensiva que superen las siguientes
capacidades.
55.000 plazas para pollos.
2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
300 plazas para ganado vacuno de leche.
600 plazas para vacuno de cebo.
20.000 plazas para conejos.
Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.; AAU
*
; Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales
señalados en ella.; CA
; Industria azucarera no incluidas en la categoría 10.3.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros
productos derivados de la aceituna no incluidas en la categoría 10.3.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la
transformación de grasas y aceites vegetales y animales no incluidas en
las categorías 10.3 y 10.12. siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no
incluidas en la categoría 10.3. siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares
no incluidas en la categoría 10.3. siempre que se den de forma simultánea
las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas
en la categoría 10.3. siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus
derivados no incluidas en la categoría 10.3. siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no
incluidas en la categoría 10.3. siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones de las categorías 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18
y 10.19 no incluidas en ellas.; CA
; Fabricación de vinos y licores.; CA
; Centrales hortofrutícolas.; CA
; Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y
excedentes agrícolas.; CA
;
; Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
; Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la
gestión de aceites usados, o para su eliminación en lugares distintos de
los vertederos, de una capacidad superior a 10 toneladas/día. ; AAI
; Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la
categoría 11.1.; AAU
*
; Instalaciones para la eliminación de residuos urbanos, asimilables a
urbanos y no peligrosos en general, en lugares distintos de los vertederos
de una capacidad superior a 50 toneladas/día.; AAI
; Instalaciones para la incineración de los residuos urbanos, asimilables
a urbanos y no peligrosos en general con una capacidad superior a 3
toneladas/hora.; AAI
; Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en
ella.; AAU
*
; Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en
lugares distintos de los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a
urbanos y no peligrosos en general, no incluidas en la categoría 11.3,
11.4 y 11.5.; AAU
*
; Vertederos de residuos, excluidos los de inertes, que reciban más de 10
toneladas/día o de una capacidad total de más de 25.000 toneladas.; AAI
; Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7.; AAU
*
; Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías
anteriores.; CA
;
; Planes y programas.
; Planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización
de proyectos enumerados en este Anexo sobre las siguientes materias:
agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía,
industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo.; EA
; Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la
normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.; EA
; Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones
que afecten al suelo no urbanizable.; EA
; Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones.; EA
; Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable.; EA
12.6; Planes de sectorización.; EA
12.7; Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando
este último no haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental.; EA
12.8; Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no
sometidos a evaluación de impacto ambiental.; EA
;
13.; Otras actuaciones.
; Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, objetos
o productos con disolventes orgánicos de todo tipo capaz de consumir más
de 150 kg./h. de disolvente o más de 200 toneladas/año.; AAI
; Instalaciones para el tratamiento superficial con disolventes orgánicos
de todo tipo de materiales no incluidas en la categoría 13.1.; CA
; Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito
por combustión o grafitación.; AAI
; Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o
caravanas y complejos hoteleros, en suelo no urbanizable.; AAU
*
; Recuperación de tierras al mar.; AAU
*
; Campos de golf.; AAU
; Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres,
de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección o en humedales incluidos en la lista del
Convenio de Ramsar:
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta
vegetal.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con
inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando
afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o proyectos de
consolidación y mejora de regadíos de más de 100 Has.
Caminos de nuevo trazado.
Líneas aéreas y subterráneas para el transporte de energía eléctrica.
Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus
márgenes.
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud
sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea
superior a 5 metros cúbicos/segundo.
Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.
Dragados marinos para la obtención de arena.
Dragados fluviales.; AAU
; Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora.; AAU
*
; Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.; AAU
*
; Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias
explosivas.; AAU
*
; Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.; AAU
; Parques temáticos siempre que se de alguna de las circunstancias
siguientes:
Que esté situada en suelo no urbanizable.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 5 hectáreas, excluida la zona de
aparcamientos.; AAU
*
; Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas.;
AAU
; Explotación de salinas.; AAU
; Instalaciones de almacenamiento de chatarra e instalaciones de desguace
en general y descontaminación de vehículos al final de su vida útil
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería
en general y construcción de estructuras metálicas siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situada fuera de polígonos industriales.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.; AAU
*
; Construcción de grandes establecimientos comerciales así definidos de
acuerdo con la normativa vigente en materia de comercio interior, siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Que esté situado en suelo no urbanizable.
Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupe una superficie superior a 3 hectáreas.; AAU
*
; Instalaciones de las categorías 13.15, 13.16, 13.17, 13.18 y 13.19, no
incluidas en ellas.; CA
; Supermercados, autoservicios y grandes establecimientos comerciales no
incluidos en la categoría 13.19.; CA
; Doma de animales y picaderos. ; CA
; Lavanderías.; CA
; Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. ; CA
; Almacenes al por mayor de plaguicidas.; CA
; Almacenamiento y venta de artículos de droguería y perfumería.; CA
; Aparcamientos de uso público de interés metropolitano.; AAU
; Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27. ; CA
; Estaciones de autobuses de interés metropolitano.; AAU
; Estaciones de autobuses no incluidas en la categoría 13.29.; CA
; Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso
turístico en régimen de aprovechamiento por turno en suelo urbano o
urbanizable. ; CA
; Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.; CA
; Discotecas y salas de fiesta.; CA
; Salones recreativos. Salas de bingo.; CA
; Cines y teatros.; CA
; Gimnasios.; CA
; Academias de baile y danza.; CA
; Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores
artesanales.; CA
; Estudios de rodaje y grabación.; CA
; Carnicerías. Almacenes o venta de carnes.; CA
; Pescaderías. Almacenes o venta de pescado.; CA
; Panaderías u obradores de confitería.; CA
; Almacenes o venta de congelados.; CA
; Almacenes o venta de frutas o verduras.; CA
; Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.; CA
; Almacenes de abonos y piensos.; CA
; Talleres de carpintería metálica y cerrajería.; CA
; Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general.;
CA
; Lavado y engrase de vehículos a motor.; CA
; Talleres de reparaciones eléctricas.; CA
; Talleres de carpintería de madera.; CA
; Almacenes y venta de productos farmacéuticos.; CA
; Talleres de orfebrería.; CA
; Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros
combustibles.; CA
; Establecimientos de venta de animales.; CA
Notas:
1. El fraccionamiento de proyectos de igual categoría de un mismo titular
en el mismo emplazamiento, o de distintos titulares en la misma
instalación, no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en
este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de
cada uno de los proyectos considerados.
2. Se entenderá incluida cualquier modificación o extensión de una
actuación contemplada en el presente anexo, cuando cumpla por sí sola los
posibles umbrales establecidos en el mismo.
ANEXO II
A.1) Documentación para el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente
información:
1. Descripción del proyecto y sus acciones.
Se deberá analizar, en particular, la definición, características y
ubicación del proyecto; las exigencias previsibles en relación con la
utilización del suelo y de otros recursos naturales en las distintas fases
del proyecto, las principales características de los procedimientos de
fabricación o construcción, así como los residuos vertidos y emisiones de
materia o energía resultantes.
2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de
la solución adoptada, abordando el análisis de los potenciales impactos de
cada una de ellas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y
ambientales claves.
Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la fauna, la flora, el
suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales y
el patrimonio cultural, el paisaje, así como la interacción entre los
factores citados.
4. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.
Se analizarán, principalmente, los efectos que el proyecto es susceptible
de producir sobre el medio ambiente, por: la existencia del proyecto, la
utilización de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la
generación de residuos. Asimismo, se tendrán que indicar los métodos de
previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente.
5. Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
Se realizará una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir
y, si fuera necesario, compensar los efectos negativos significativos del
proyecto en el medio ambiente.
6. Programa de vigilancia ambiental.
En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y
correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental.
7. Documento de síntesis.
Se aportará un resumen no técnico de las conclusiones relativas al
proyecto en cuestión y al contenido del estudio de impacto ambiental
presentado, redactado en términos asequibles a la comprensión general.
A.2) Documentación para el estudio de impacto ambiental de las actuaciones
sometidas al procedimiento abreviado de autorización ambiental unificada.
1. Identificación de la actuación.
a) Objeto y características generales de la actuación.
b) Plano del perímetro ocupado a escala adecuada.
2. Descripción de las características básicas de la actuación y su
previsible incidencia ambiental, haciendo referencia, en su caso, a las
diferentes alternativas estudiadas.
Esta descripción deberá aportar, al menos, datos relativos a:
a) Localización.
1.º Plano de situación a escala adecuada, indicando las distancias a
edificios e instalaciones y recursos que pueden verse afectados por la
actuación.
2.º Optativamente, fotografías aéreas o colección fotográfica del
emplazamiento y el entorno.
b) Afecciones derivadas de la actuación:
Excavaciones, desmontes, rellenos, obra civil, materiales de préstamos,
vertederos, consumo de materias primas, afectación a recursos naturales y
cualquier otra afección relacionada con la ejecución y funcionamiento de
la actividad.
c) Análisis de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento
derivado de la actuación, tanto en la fase de ejecución como en la de
operación.
3. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación,
con descripción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para
minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las
distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida.
Esta descripción deberá considerar, como mínimo, la incidencia sobre:
a) El ser humano, la fauna y la flora.
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
4. Cumplimiento de la normativa vigente.
Se deberá establecer y justificar el cumplimiento de la legislación
relativa a:
a) Medio ambiente.
b) Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y de
planeamiento territorial o urbanístico.
5. Programa de seguimiento y control.
6. Otros requisitos.
Como complemento y resumen de lo anteriormente indicado deberá aportarse:
a) Resumen no técnico de la información aportada.
b) Identificación y titulación de los responsables de la elaboración del
proyecto.
B) Estudio de impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la
siguiente información:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y
ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e
infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión
del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio,
incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y
ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis
de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades
ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de
conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identificación y valoración de impactos:
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas.
Justificación de la alternativa elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las
determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial
atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de
las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos
naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos) y al
modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento.
Seguridad ambiental.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del
planeamiento.
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y
el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento.
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las
medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las
actuaciones de desarrollo del planeamiento.
6. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del
planeamiento.
C) Contenido del informe de sostenibilidad ambiental de planes y programas.
El informe de sostenibilidad ambiental contendrá, al menos, la siguiente
información:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas conexos.
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa.
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa.
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el
plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con
cualquier zona de especial importancia medioambiental.
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario, Estatal y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que guarden relación con el plan o programa y la manera en que
tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna,
la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes
materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico
y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Se
deberán analizar de forma específica los efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos.
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio
ambiente.
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la
evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta
de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora
de recabar la información requerida.
9. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control
de los efectos significativos de la aplicación de los planes y programas.
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en
virtud de los párrafos precedentes.
11. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del
plan o programa.
ANEXO III
1. Partículas.
2. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre.
3. Monóxido de carbono.
4. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.
5. Compuestos orgánicos volátiles.
6. Metales y sus compuestos.
7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).
8. Cloro y sus compuestos.
9. Flúor y sus compuestos.
10. Arsénico y sus compuestos.
11. Cianuros.
12. Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que
poseen propiedades cancerígenas, mutágenas y puedan afectar a la
reproducción a través del aire.
13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos.
??
Pág. núm. 37.658 Andalucía, 28 de junio de 2007 BOPA núm. 693
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía


Detalle inferior de una columna del patio del Recibimiento
Enlaces Relacionados
 
 

Facebook Parlamento de Andalucía Twitter Parlamento de Andalucía Youtube Parlamento de Andalucía Flickr Parlamento de Andalucía Instagram Parlamento de Andalucía Telegram Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía
c\ San Juan de Ribera, s/n
41009 Sevilla. Teléfono: 954592100
© Todos los derechos reservados 2004

Revisado y conformado CSS 2.0 | WAI AA WCAG 1.0