El vicepresidente y los consejeros de Justicia y Hacienda comparecen en comisión

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos presentó el Informe Anual de esta institución

Fecha

15/03/2018

• El Parlamento de Andalucía ha celebrado esta mañana sesiones de las comisiones de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; de Justicia e Interior, y de Hacienda y Administración Pública. Por la tarde se reunió la Comisión de Fomento y Vivienda y el Grupo de Trabajo para la reforma de la Ley Electoral.
• En la Comisión de Justicia, la consejera del ramo, Rosa Aguilar, ha anunciado un aumento de al menos un 11% las retribuciones de abogados y procuradores que prestan el turno de oficio de asistencia jurídica gratuita, una medida que se incluye en la orden aprobada el pasado mes de febrero por su departamento, en la que se establecen los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por profesionales de la abogacía y la procuraduría en Andalucía. Esta nueva orden, según la consejera, tiene como objetivo no solo incrementar las cuantías que perciben abogados y procuradores para compensar la reducción de sus emolumentos fijada en 2012 a causa de la grave crisis económica, sino también redefinir determinados módulos de los pagos que hace la Junta para ajustarlos al nuevo marco procesal y a la labor que desempeñan quienes prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita.
• María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, ha afirmado en comisión parlamentaria que la Junta abona sus facturas 17,2 días antes que la Administración central, y ha destacado que Andalucía ha vuelto a ser en diciembre la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a sus proveedores. Asimismo ha indicado que Andalucía es también la comunidad que abona antes las facturas del sector sanitario y paga 17,24 días antes incluso de que comience a contar el periodo medio de pagos (PMP). La media regional en este ámbito es de 13,80 días, lo que significa que la Junta paga 30 días antes (31,04) que el promedio de las comunidades. Durante su intervención, se ha referido a la “intensa labor de reordenación y mejora” llevada a cabo por su departamento en el área de la Tesorería “para dotarnos de un modelo más moderno y ágil, que avanza en la eficacia en los pagos y en la eficiencia en la gestión de los recursos”.
• Montero, en otra de sus comparecencias, ha pedido al Gobierno central una armonización fiscal en materia de tributos cedidos que evite “carreras fiscales” entre comunidades autónomas. La consejera se ha quejado de las asimetrías fiscales entre comunidades, por lo que ha solicitado al Gobierno que acometa la armonización fiscal para evitar diferencias de tributación entre territorios.
• La Comisión de Presidencia ha comenzado con la intervención de Manuel Medina, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, para presentar el Informe Anual de actuación del Consejo correspondiente al año 2017. En el informe presentado por Medina ante la comisión, se contempla que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró el pasado 2017 un total de 767 asuntos (495 reclamaciones de derecho de acceso a la información pública y 272 denuncias sobre publicidad activa), lo que supone más que duplicar las cifras de 2016, año en el que se inscribieron 300 asuntos. Por lo que respecta a las resoluciones dictadas por el órgano de control, tanto de reclamaciones de derecho de acceso a información como de denuncias de publicidad activa, alcanzaron un total de 198, frente a las 154 del pasado ejercicio, experimentando un incremento cercano al 30%.
• Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado que la Junta va a poner en marcha una nueva línea de subvenciones para rehabilitar de sedes y edificios municipales de entidades locales de entre 1.500 y 20.000 habitantes, similar al que ya convoca, desde hace cuatro años, para municipios con menos de 1.500 habitantes. En una de sus intervenciones en la Comisión de Presidencia, el vicepresidente ha explicado que se ha decidido poner en marcha esta actuación ante los “positivos resultados” de dicho programa “que ha permitido dotar de dependencias adecuadas a gran parte de los municipios y entidades locales autónomas con menor rango de población”.
• En otra de sus intervenciones, Manuel Jiménez Barrios, ha instado al Gobierno central a que elimine las restricciones al gasto del superávit de los ayuntamientos, a que redefina el concepto de inversiones financieramente sostenibles y a que amplíe el destino del gasto a actuaciones de impulso y desarrollo del empleo y de la actividad empresarial.
• Por su parte, la Comisión de Fomento y Vivienda aprobó el Dictamen al Proyecto de Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Además, se reunió el Grupo de Trabajo para llevar a cabo la reforma de la Ley Electoral para la presentación de documentos de trabajo elaborados.