BOPA nº 196, pag. 12276 de la VII Legislatura (12/05/2005)


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7-04/PL-000003, Proyecto de Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Dictamen de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública
Sesión celebrada el día 26 de abril de 2005
Orden de publicación de 9 de mayo de 2005
DICTAMEN
PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución Española, en su artículo 34.1, reconoce el derecho de
fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Por otra
parte, en su artículo 53.1, nuestra Carta Magna señala que sólo por ley,
que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
de su Título Primero, entre los que se encuentra, precisamente, el derecho
de fundación.
Tras la Constitución, y antes de citar la norma legal que regula
específicamente la figura de las fundaciones, es de rigor mencionar otra
norma que contiene preceptos de aplicación general, que no son exclusivos
de la considerada figura, pero sí aplicables a la misma.
Así, el Código Civil menciona en algunos de sus preceptos a las
fundaciones, en aspectos tales como la nacionalidad (artículo 28),
personalidad jurídica (artículo 35), regulación de la capacidad civil
(artículos 37 y 38), extinción y destino de sus bienes (artículo 39),
domicilio (artículo 41) y actuación en la aceptación o repudiación de
herencias (artículo 993).
El Código Civil, por tanto, regula las fundaciones desde su perspectiva de
persona jurídica, al igual que se hace en el Derecho comparado europeo en
general. Regula así el nacimiento y extinción de las mismas. La naturaleza
dual del derecho de fundación, con aspectos tanto públicos como privados,
hace que estemos ante unas entidades jurídicas de derecho privado, pero
destinadas a la consecución de un interés general o público, cual es la
satisfacción de determinadas necesidades, que bien pudieran ser de
carácter docente, artístico, benéfico, laboral, asistencial, cultural y
similares. Esto las convierte en colaboradoras de los poderes públicos en
el ejercicio de sus actividades de interés general.
Consecuencia obligada de lo anterior es el sometimiento de las fundaciones
a la tutela y protección de los poderes públicos, precisamente como
garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, plasmada en una
finalidad de interés general. Es por esto por lo que la normativa que las
regule en su conjunto deba ser, no únicamente de carácter civil, sino
también de carácter administrativo.
Así es como se llegó a la aprobación por el Estado de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general. Esta Ley ha sido
derogada, casi en su totalidad, por otras dos: la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones. Esta segunda Ley, en su disposición final
primera, establece que diversos de sus preceptos son de aplicación
general, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, reglas 1ª, 6ª y
8ª, siendo el resto de sus preceptos de aplicación a las fundaciones de
competencia estatal.II
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su
artículo 13.25 que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de fundaciones y asociaciones de carácter docente,
cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares, que desarrollen
principalmente sus funciones en Andalucía. Asimismo, según el artículo
41.2 del propio Estatuto, en el ejercicio de las competencias exclusivas
de Andalucía corresponden al Parlamento la potestad legislativa y al
Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
En el ejercicio de sus competencias, hasta el momento actual, la Comunidad
Autónoma de Andalucía no había aprobado norma alguna que, de manera
integral, regulase las fundaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en Andalucía. Sin embargo, sí ha efectuado una regulación
parcial en distintas normas sectoriales que, de una forma u otra, afectan,
aún de forma tangencial, a esta institución.Así, por Decreto 89/1985, de 2
de mayo, se creó el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades análogas, y por Orden de 3 de julio
de 1985, del Consejero de Cultura, se reguló su funcionamiento.
Por otra parte, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía, establece en su artículo 17.10 que corresponde a la
Administración autonómica el ejercicio del protectorado sobre las
fundaciones de carácter social en el ámbito de competencia de dicha Ley.
La Ley 8/1997, de 23 de diciembre, introdujo en la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, un nuevo artículo 6 bis, en el que se regula el régimen
económico de las fundaciones en las que sea mayoritaria la representación,
directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, y se
establece que para su creación y extinción, así como para la adquisición o
pérdida de la representación mayoritaria, se requerirá autorización del
Consejo de Gobierno. El artículo 106 de esta misma Ley 5/1983, introducido
por la Ley 7/1996, de 31 de julio, establece que las fundaciones bajo
protectorado de la Administración de la Junta de Andalucía podrán ser
consideradas entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones o
ayudas.
Más recientemente, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo,
establece en su artículo 34.1 e) que las asociaciones, fundaciones y entes
cuya finalidad esencial sea el fomento del turismo se inscribirán en el
Registro de Turismo de Andalucía.
De mayor importancia en la materia sería la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. Según su artículo 2, las
Cajas de Ahorro domiciliadas en Andalucía, con o sin Monte de Piedad, son
entidades de crédito de naturaleza fundacional y de carácter social, sin
ánimo de lucro, que orientan su actividad a la consecución de fines de
interés público. Además, en cuanto a su régimen jurídico, se les aplicará,
con carácter supletorio y en lo que proceda, la normativa propia de las
fundaciones. Esta Ley crea, en su Título III, el Registro de Cajas de
Ahorros de Andalucía, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, el
cual consta de tres secciones, inscribiéndose en la tercera de ellas las
fundaciones de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía, que
gestionen total o parcialmente la obra social. Lo cual no es obstáculo
para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía, previsto
en esta Ley.
En este sentido, y para concluir la exposición de la normativa esencial
que, en materia de fundaciones, ha dictado la Comunidad Autónoma de
Andalucía, debe recordarse también que por Decreto 279/2003, de 7 de
octubre, se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía y se aprueba su
reglamento de organización y funcionamiento.
III
Con todo lo anterior, y dada la importancia que tiene en la vida social el
ejercicio del derecho de fundación del artículo 34 de la Constitución,
considera oportuno el legislador andaluz proceder a la aprobación de una
Ley propia de la Comunidad Autónoma en la materia, en consonancia con lo
que ya han realizado algunas Comunidades Autónomas de nuestro Estado.
Es, por tanto, una de las pretensiones de la presente Ley dotar a la
Comunidad Autónoma de Andalucía de una normativa propia que responda a la
realidad sociológica actual y demandas existentes. Otro de sus objetivos,
dado el dinamismo y vitalidad de la sociedad civil andaluza, es ofrecer un
marco regulador, inspirado fundamentalmente en la libertad, desde una
perspectiva de protección, promoción y estímulo de estas instituciones no
lucrativas reconocidas constitucionalmente.
Con estricto respeto al marco constitucional, estatutario y legal
anteriormente reseñado, la presente Ley pretende regular las fundaciones
de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de
potenciar la creación de estas entidades y su desarrollo y, por tanto, la
consecución en su territorio de los fines de interés general que
constituyen el objeto fundacional.
Resaltamos con ello la institución de las fundaciones, como instrumento
idóneo de participación de la sociedad andaluza en la acción cultural,
científica, de bienestar social y otros ámbitos, manifestándose como una
expresión creativa del ánimo altruista y solidario de sus miembros. Son,
por tanto, entidades no lucrativas con un papel propio que cumplir en el
marco del Estado social y democrático de Derecho. Así, se reconoce la
vital importancia de las fundaciones en el campo de la acción social, como
medio fundamental de coparticipación de los ciudadanos en el sector
público, mediante actividades de interés general.
IV
La presente Ley se estructura en diez CAPÍTULOS, que constan de cincuenta
y siete artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El CAPÍTULO I regula las disposiciones generales de la Ley, entre las que
podemos citar cuestiones tales como su objeto y su ámbito de aplicación,
el régimen jurídico de las fundaciones, sus fines y beneficiarios,
domicilio y personalidad jurídica, así como las fundaciones extranjeras
que actúen en Andalucía.
Por su parte, la constitución de las fundaciones es el contenido del
CAPÍTULO II, regulándose aspectos tales como la capacidad para fundar, la
constitución de fundaciones por personas jurídico-públicas, los modos de
constitución de las fundaciones, y el acto fundacional mortis causa, y
figuras tales como la escritura pública de constitución, los Estatutos de
la fundación, las fundaciones en proceso de formación y la dotación
económica o patrimonial de la fundación.
El CAPÍTULO III se dedica al gobierno de las fundaciones. Se regula así el
Patronato, como tal órgano de gobierno, su composición y cargos, la forma
de aceptación del cargo de patrono, la gratuidad del mismo, la delegación
de sus facultades o la gerencia u otros órganos de asistencia, la forma de
adopción de los acuerdos, las actas y las obligaciones y responsabilidad
de los patronos, así como su cese, sustitución y suspensión.
El régimen económico de las fundaciones reviste una gran importancia y a
ello se dedica el contenido del CAPÍTULO IV de la Ley. Se regula así la
titularidad de los bienes y derechos de la fundación, la administración
del patrimonio de la misma y su disposición, la enajenación y gravamen de
los bienes de la fundación, y la posibilidad de adquirir bienes por
herencia o donación.
En el CAPÍTULO V se regula el funcionamiento y actividad de las
fundaciones, estableciéndose sus principios de actuación y refiriéndose a
la obtención y destino de sus ingresos, sus actividades económicas, su
contabilidad y presupuestos, aprobación y presentación de cuentas, así
como a las figuras de la auditoría y la autocontratación.
Una vez creada una fundación, la vida de ésta puede sufrir ciertas
vicisitudes que provoquen cambios relevantes en la misma, incluso su
propia extinción y liquidación. Estas circunstancias, como las posibles
fusiones, deben manifestarse, en su caso, en una modificación de los
Estatutos. Todo esto se recoge en el CAPÍTULO VI de la Ley.
Por su parte, los CAPÍTULOS VII, VIII y IX de la Ley regulan tres figuras
de gran importancia, como son el Protectorado de las Fundaciones
Andaluzas, el Registro de Fundaciones de Andalucía y el Consejo de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente.
Por último, el CAPÍTULO X establece determinadas previsiones específicas
para las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que serán aquellas en las que exista una representación
mayoritaria, ya sea ésta económica o en los órganos de la fundación,
directa o indirecta, de la Junta de Andalucía.
Finalmente, en las DISPOSICIONES ADICIONALES se enumeran, en primer lugar,
los preceptos de esta Ley que se han redactado conforme a la normativa de
aplicación general de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Asimismo, se abordan determinados aspectos relativos a las fundaciones de
las Cajas de Ahorros y Universidades; se regula la posibilidad de requerir
del Registro de Fundaciones de competencia estatal o de los Protectorados
del mismo ámbito la documentación e información relativas a las
fundaciones domiciliadas en Andalucía, así como ciertas obligaciones de
los fedatarios públicos. En las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, de una parte,
se establece un plazo de tres años, desde la entrada en vigor de esta Ley,
para que las fundaciones preexistentes adapten a la misma sus Estatutos y,
de otro lado, se regula el régimen transitorio de los Protectorados
actualmente existentes y la adaptación a esta Ley de los Estatutos de las
fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
plazo de un año desde su entrada en vigor.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía.
2. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro y
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.
3. Se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley
las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía,
entendiéndose por tales aquellas fundaciones cuya actividad, sin perjuicio
del establecimiento de relaciones instrumentales con terceros en diferente
ámbito territorial, sea desarrollada en Andalucía, y así se disponga en
sus Estatutos.
Asimismo, estarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las
delegaciones de las fundaciones extranjeras que desarrollen principalmente
sus actividades en Andalucía.
Artículo 2. Régimen jurídico de las fundaciones.
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos
y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3. Fines y beneficiarios.
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general como pueden
ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas
del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social,
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios,
laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el
desarrollo, de promoción del voluntariado y de respaldo a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, o cualesquiera otros de análoga
naturaleza, de promoción de la acción social, de defensa del medio
ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a
las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o
culturales, de promoción de los valores constitucionales y estatutarios y
de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de
desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica
y desarrollo tecnológico.
2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de
personas. Tendrán esta consideración los colectivos de trabajadores de una
o varias empresas y sus familiares.
3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad
principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus
cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus
parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas
singularizadas que no persigan fines de interés general.
4. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad
exclusiva o principal sea la conservación y restauración de bienes del
patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias tanto de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como de
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en
particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de
dichos bienes.
Artículo 4. Personalidad jurídica.
1. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de
la escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de
Andalucía. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura
no se ajuste a las prescripciones de la Ley.
2. Las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado
anterior podrán utilizar la denominación de Fundación Andaluza.
Artículo 5. Denominación.
1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a) Deberá figurar la palabra "fundación", y no podrá coincidir o
asemejarse de manera que pueda crear confusión con ninguna otra
previamente inscrita en los Registros de Fundaciones.
b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a
las leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de
organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como internacionales,
salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.
d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la
denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador
deberá contar con su consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz, con
el de su representante legal.
e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades
que no se correspondan con los fines fundacionales, o induzcan a error o
confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.
f) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en
la legislación vigente.
2. No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las
reglas establecidas en el apartado anterior, o conste que coincide o se
asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro
público, o con una denominación protegida o reservada a otras entidades
públicas o privadas por su legislación específica.
Artículo 6. Domicilio.
1. Deberán estar domiciliadas en Andalucía las fundaciones que desarrollen
principalmente su actividad dentro del territorio andaluz.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se
encuentre la sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen
principalmente sus actividades.
Las fundaciones que se inscriban en el Registro previsto en la presente
Ley para desarrollar una actividad principal en el extranjero tendrán su
domicilio estatutario en la sede de su Patronato en Andalucía.
Artículo 7. Fundaciones extranjeras.
1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de
forma estable y desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía
deberán mantener una delegación en territorio andaluz, que constituirá su
domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.
2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar
ante el citado Registro que ha sido válidamente constituida con arreglo a
su ley personal.
La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia
señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de
interés general con arreglo al ordenamiento español.
3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos
en este artículo no podrán utilizar la denominación de "fundación".
4. Las delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras quedarán
sometidas al Protectorado previsto en el Capítulo VII de la presente Ley,
siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones
andaluzas.
CAPÍTULO II
De la constitución de las fundaciones
Artículo 8. Capacidad para fundar.
1. Podrán constituir fundaciones tanto las personas físicas como las
personas jurídicas, ya sean éstas públicas o privadas.
2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer
gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que
consista la dotación.
3. Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el
acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus
bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte
aplicable. Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su
órgano rector.
4. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir
fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.
Artículo 9. Modalidades de constitución.
1. La fundación podrá constituirse por actos inter vivos o mortis causa.
2. La constitución de la fundación por acto inter vivos se realizará
mediante escritura pública con el contenido que determina el artículo 11
de la presente Ley.
Artículo 10. Acto fundacional mortis causa.
1. La constitución de la fundación por acto mortis causa se realizará
testamentariamente, cumpliéndose en el testamento los requisitos
establecidos en el artículo siguiente para la escritura pública de
constitución.
2. Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa el
testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una
fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la
escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por
la ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los
herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o
incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el
Protectorado, previa autorización judicial.
Artículo 11. Escritura pública de constitución.
La escritura pública de constitución de una fundación deberá contener, al
menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si
son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas
jurídicas, y en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de
identificación fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las
previsiones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el Patronato así como su
aceptación, si la misma se efectúa en el momento fundacional.
f) La certificación del Registro de Fundaciones de Andalucía que acredite
que la denominación pretendida no coincide o se asemeja, de manera que
pudiera crear confusión, con la de alguna otra fundación previamente
inscrita o con alguna denominación sobre cuya utilización exista reserva
temporal. Para emitir dicha certificación, el Registro de Fundaciones de
Andalucía consultará previamente con la sección de denominaciones del
Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Artículo 12. Estatutos de la fundación.
1. En los Estatutos de las fundaciones se hará constar:
a) La denominación de la entidad.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de
desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento
de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.
e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y
sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la
forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador
o los fundadores tengan a bien establecer.
2. Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la
voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no puesta,
salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último
caso, no procederá la inscripción de la fundación en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.
Artículo 13. Fundaciones en proceso de formación.
1. Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía, el Patronato de la
fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción,
únicamente aquellos otros que resulten indispensables para la conservación
de su patrimonio y los que no admitan demora, sin perjuicio para la
fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta
cuando obtenga personalidad jurídica.
2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública
fundacional sin que los patronos hubiesen instado la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía, el Protectorado procederá a cesar a
los patronos, quienes responderán solidariamente de las obligaciones
contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que ocasione la
falta de inscripción.
Asimismo, el Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa
autorización judicial, que asumirán la obligación de inscribir la
fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 14. Dotación de la fundación.
1. La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier
clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines
fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico
alcance los treinta mil euros.
En cualquier caso, el fundador deberá justificar la adecuación de la
dotación a los fines fundacionales mediante la presentación del primer
programa de actuación, junto con un estudio económico que acredite su
viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En
tal caso, el desembolso inicial será, al menos, del veinticinco por ciento
de la cuantía establecida, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo
no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura
pública de constitución de la fundación.
Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de
constitución tasación realizada por un experto independiente.
En uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las
aportaciones ante el notario autorizante, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3. Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros,
siempre que dicha obligación conste en títulos de los que llevan aparejada
ejecución.
4. Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de
contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten
en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten
por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5. En ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar
donativos.
CAPÍTULO III
Del gobierno de las fundaciones
Artículo 15. Patronato de la fundación.
1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un
órgano de gobierno y representación de la misma.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar
con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 16. Composición del Patronato.
1. El Patronato es un órgano colegiado que ha de estar integrado, como
mínimo, por tres personas físicas o jurídicas, ya sean éstas públicas o
privadas, que se denominarán patronos y tendrán las obligaciones previstas
en el artículo 24 de la presente Ley.
2. Las personas físicas, que deberán poseer plena capacidad de obrar y no
podrán estar inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos, pueden
ser designadas directamente o por razón de su cargo. Cuando la cualidad de
patrono sea atribuida a la persona titular de un cargo, podrá actuar en su
nombre la persona que legalmente lo sustituya. Excepto tal previsión, los
patronos personas físicas no pueden delegar la representación, debiendo
ejercer su cargo de patrono personalmente.
No obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por
él designado. Esta actuación será siempre para actos concretos y deberá
ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por
escrito.
3. Las personas jurídicas integrantes del Patronato han de estar
representadas en el mismo, de una manera estable, por la persona física
que tenga su representación de acuerdo con las normas que la regulen, o
por alguna otra persona física designada con esta finalidad por el órgano
competente. Si la persona física designada lo es por razón de su cargo, es
aplicable lo que establece el apartado anterior por lo que respecta a la
posibilidad de sustitución.
4. El nombramiento de patronos se ha de inscribir en el Registro de
Fundaciones de Andalucía. En el caso de personas jurídicas, también se ha
de inscribir el nombre de la persona que tiene la representación.
Artículo 17. Cargos.
1. El Patronato deberá elegir, de entre sus miembros, a un Presidente,
salvo que su designación estuviera ya prevista de alguna otra manera en la
escritura de constitución o en los Estatutos.
2. El Patronato elegirá también a un Secretario, a quien le
corresponderán, además de las tareas que aquél le asigne, la de
certificación de los acuerdos adoptados por el propio Patronato. El cargo
de Secretario podrá recaer tanto en un patrono como en otra persona
distinta, si bien en este último supuesto el Secretario tendrá voz, pero
no voto.
Artículo 18. Aceptación del cargo de patrono.
1. Los patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber
aceptado de manera expresa el cargo, ya sea en documento público, en
documento privado con firma legitimada notarialmente, o mediante
comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
Igualmente, la aceptación del cargo de patrono podrá llevarse a cabo ante
el Patronato, acreditándose a través de certificación expedida por el
Secretario, con firma legitimada notarialmente.
2. En todo caso, la aceptación de los patronos será inscrita en el
Registro de Fundaciones de Andalucía y notificada formalmente al
Protectorado.
Artículo 19. Gratuidad del cargo de patrono.
1. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan percibir
retribución alguna, ni en dinero ni en especie, por el desempeño de su
función. No obstante, sí tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos,
debidamente justificados, que el desempeño de su función les ocasione,
salvo disposición en contra del fundador.
2. Pese a lo establecido en el apartado anterior, y salvo que el fundador
hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar una retribución
adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les
corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del
Protectorado.
Artículo 20. Delegación de facultades y apoderamientos.
1. Salvo prohibición expresa de los Estatutos, el Patronato podrá delegar
sus facultades en uno o más de sus miembros, con funciones y
responsabilidades mancomunadas o solidarias, según se determine. No serán
delegables, en ningún caso, los siguientes actos:
a) La aprobación de las cuentas y del plan de actuación.
b) La modificación de los Estatutos.
c) La fusión, extinción o liquidación de la fundación.
d) Los actos de constitución de otra persona jurídica, los de
participación o venta de participaciones en otras personas jurídicas cuyo
importe supere el veinte por ciento del activo de la fundación, el aumento
o la disminución de la dotación, y también los de fusión, de escisión, de
cesión global de todos o de parte de los activos y los pasivos, o los de
disolución de sociedades u otras personas jurídicas.
e) Todos aquellos otros actos que requieran la autorización del
Protectorado.
2. Igualmente, el Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y
especiales, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario.
3. Tanto las delegaciones permanentes como los apoderamientos, que no sean
para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritos en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 21. Gerencia.
1. En los Estatutos se podrá encomendar el ejercicio de la gestión
ordinaria o administrativa de las actividades de la fundación a un gerente
o cargo similar, que podrá ser persona física o jurídica, pero siempre con
acreditada solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada a
las funciones desempeñadas.
2. Su nombramiento, cese, condiciones contractuales y remuneración anual
pactada por todos los conceptos, deberán notificarse al Protectorado de
las Fundaciones Andaluzas.
Su nombramiento y cese serán objeto de inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.
3. Igualmente, también en los Estatutos se podrá prever la existencia de
otros órganos de asistencia al Patronato, sin perjuicio de lo establecido
anteriormente.
Artículo 22. Adopción de acuerdos.
1. Para que el Patronato pueda adoptar acuerdos deberá estar válidamente
constituido conforme a las reglas que establezcan los Estatutos respecto
al quórum necesario, que nunca podrá ser inferior a la mitad más uno de
los patronos.
2. El Patronato adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos
establecidos en los Estatutos.
3. En el supuesto de producirse conflicto de intereses o derechos entre la
fundación y alguno de sus patronos, los afectados no participarán en la
decisión que deba adoptar el Patronato, que es el órgano competente para
determinar, por mayoría simple de los asistentes, si concurre o no dicho
conflicto.
Artículo 23. Actas.
Las fundaciones deben llevar un libro de actas, que ha de reunir las actas
de las reuniones del Patronato y demás órganos de la fundación,
autenticadas en la forma que establezcan los Estatutos o, en su defecto,
con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente.
Artículo 24. Obligaciones de los patronos.
Los patronos tienen, además de las obligaciones que los Estatutos pudieran
establecer, las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales, de acuerdo
con lo dispuesto en esta Ley, en la legislación estatal aplicable y en los
Estatutos.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación, manteniendo plenamente el rendimiento, utilidad y productividad
de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los
acuerdos que en él se adopten.
d) Realizar los actos necesarios para la inscripción de la fundación en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 25. Responsabilidad de los patronos.
1. Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un
representante leal.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los
daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los
Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben
desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan
votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o,
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al
menos, se opusieron expresamente a aquél.
3. La acción de responsabilidad se entablará ante la autoridad judicial, y
en nombre de la fundación:
a) Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo
motivado, en cuya adopción no participará el patrono afectado.
b) Por el Protectorado, en los términos establecidos en el artículo 45.2
de la presente Ley.
c) Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado
anterior, así como por el fundador cuando no fuere patrono.
Artículo 26. Cese de los patronos.
1. El cese de los patronos de una fundación se producirá en los siguientes
supuestos:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por la extinción de
la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo
que establezca la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del
Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el artículo
25.1 de la presente Ley, si así se declara en resolución judicial.
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los
actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior.
f) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la
escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
g) Por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados por un
determinado tiempo.
h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y
mediante los trámites previstos para la aceptación.
i) Por las causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos.
2. El cese de los patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
Artículo 27. Sustitución y suspensión de los patronos.
1. La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los
Estatutos. Cuando ello no fuera posible, se procederá de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, quedando facultado el
Protectorado de las Fundaciones Andaluzas, hasta que la modificación
estatutaria se produzca, para la designación de la persona o personas que
integren provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la
fundación.
2. Si el número de patronos fuese en algún momento inferior a tres, los
subsistentes, en un plazo de treinta días, deberán comunicarlo al
Protectorado, que podrá ejercer cualquiera de las siguientes opciones:
a) Completar por sí mismo el número mínimo de patronos.
b) Instar la disolución de la fundación, sólo si apreciase que la misma no
es viable.
3. Si en algún momento en la vida de la fundación faltaren todos los
miembros del Patronato, cualquiera que fuera la causa, el Protectorado,
cuando tenga conocimiento de ello, deberá designar nuevos patronos o bien
instar la disolución de la fundación.
4. La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente por el
juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.
5. La sustitución y la suspensión de los patronos se inscribirán en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
CAPÍTULO IV
Del régimen económico de las fundaciones
Artículo 28. Titularidad de bienes y derechos.
1. El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes,
derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren
la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con
posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2. Su administración y disposición corresponderá al Patronato, en la forma
establecida en los Estatutos y con sujeción a la presente Ley.
3. La fundación figurará como titular de cuantos bienes o derechos
integren su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario
anual, realizado conforme a la normativa de contabilidad aplicable a las
entidades sin ánimo de lucro.
4. El órgano de gobierno de la fundación promoverá, bajo su
responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de ésta en el Registro de Fundaciones
de Andalucía y demás Registros públicos correspondientes.
Artículo 29. Herencias y donaciones.
1. La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha
siempre a beneficio de inventario. Los patronos serán responsables frente
a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a
que se refiere el artículo 1024 del Código Civil.
2. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o
remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin
cargas serán comunicadas por el Patronato al Protectorado en el plazo
máximo de los diez días hábiles siguientes, pudiendo éste ejercer las
acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos, si los
actos del Patronato fueran lesivos para la fundación, según las
atribuciones previstas en el artículo 45.1 g) de la presente Ley.
Artículo 30. Enajenación y gravamen.
1. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación, constituyan o no dotación, serán a título oneroso, debiendo
estar justificada en todo caso la necesidad o conveniencia de tales actos
así como la inversión prevista de la contraprestación, salvo que se trate
de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional.
2. Requerirá la previa autorización del Protectorado la enajenación o
gravamen de los siguientes elementos del patrimonio de la fundación:
a) Bienes o derechos que formen parte de la dotación.
b) Bienes o derechos que, sin formar parte de la dotación, estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales.
c) Bienes o derechos que, con independencia de su objeto, representen un
valor superior al veinte por ciento del activo de la fundación que resulte
de su último balance anual aprobado.
Se entenderá, a los efectos de la letra b), que los bienes y derechos de
la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración
de voluntad expresa, ya sea del fundador o del Patronato de la fundación,
o de la persona física o jurídica, pública o privada, que realice una
aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y
derechos aportados. Igualmente, tal vinculación podrá realizarse por
resolución motivada del Protectorado o de la autoridad judicial.
3. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos de la
fundación, distintos de los referidos en el apartado anterior, incluida la
transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales y bienes de interés cultural
deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado, en el plazo
máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.
El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas podrá ejercer las acciones de
responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos
del Patronato fueran lesivos para la fundación según las atribuciones
previstas en el artículo 45.1 g) de la presente Ley.
4. Se harán constar anualmente, en el Registro de Fundaciones de Andalucía
y al término de cada ejercicio económico, las enajenaciones o gravámenes
referidos en los apartados anteriores y, además, todos aquellos que
supongan una alteración superior al diez por ciento del activo de la
fundación.
Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el
Registro público que corresponda por razón del objeto, y se reflejarán en
el Libro Inventario de la fundación.
CAPÍTULO V
Del funcionamiento y actividad de las fundaciones
Artículo 31. Principios de actuación.
Las fundaciones están obligadas a:
a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la
Ley y sus Estatutos, a los fines fundacionales.
b) Actuar con criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no
discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
c) Informar de manera generalizada de sus fines y actividades para el
conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
Artículo 32. Obtención de ingresos.
Las fundaciones podrán obtener ingresos por las actividades que
desarrollen o los servicios que presten a sus beneficiarios, siempre que
ello no sea contrario a la voluntad fundacional, no implique una
limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios y no
desvirtúe el interés general de la finalidad de la fundación ni el
carácter no lucrativo de la entidad.
Artículo 33. Actividades económicas.
1. Las fundaciones podrán realizar, por sí mismas, actividades económicas,
cuando éstas estén directamente relacionadas con el fin fundacional o sean
necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional, con
sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través
de su participación en sociedades, de acuerdo con lo previsto en los
siguientes apartados.
2. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades
mercantiles o civiles en las que haya que responder personalmente por las
deudas sociales.3. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien
como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior, alguna
participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las
deudas sociales, deberá enajenar dicha participación, salvo que en el
plazo máximo de un año se produzca la transformación de tales sociedades
en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
4. Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que
no se responda personalmente de las deudas sociales. Cuando esta
participación sea mayoritaria, deberán dar cuenta inmediata de dicha
circunstancia al Protectorado.
Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más del
cincuenta por ciento del capital social o de los derechos de voto,
computándose a estos efectos tanto las participaciones mayoritarias que se
adquieran en un solo acto, como las adquisiciones sucesivas de
participaciones minoritarias, cuya acumulación dé lugar a que la fundación
ostente una posición dominante en la sociedad de que se trate.
5. En todo caso, el resultado neto de las actividades mercantiles deberá
destinarse al cumplimiento de los fines de la fundación.
Artículo 34. Contabilidad.
1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a
su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones
realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro
de Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Patronato de la Fundación confeccionará, en referencia al anterior
ejercicio económico, las cuentas anuales, que comprenden el balance de
situación, la cuenta de resultados y la memoria. Los citados documentos
forman una unidad, debiendo ser redactados con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la fundación.
En el balance de situación se expresarán los bienes y derechos que
constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos
propios que forman el pasivo.
La cuenta de resultados comprenderá los ingresos y los gastos del
ejercicio y, por diferencia, el resultado del mismo.
La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el
balance de situación y en la cuenta de resultados. Además de ello,
incluirá las actividades fundacionales y la gestión económica, el cuadro
de financiación, el exacto grado de cumplimiento del plan de actuación y
los fines de la entidad, indicando los recursos empleados, su procedencia
y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones
realizadas, así como los convenios que, en su caso, se hayan llevado a
cabo con otras entidades para estos fines. Asimismo, incluirá las
variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de gobierno,
dirección y representación de la fundación.
3. Además de las cuentas anuales a que se refiere el apartado anterior, el
Patronato de la Fundación deberá confeccionar, también en cada anualidad y
referido al anterior ejercicio económico, el inventario de los elementos
patrimoniales, donde conste la valoración de los bienes y derechos de la
fundación integrantes de su balance, distinguiendo los distintos bienes,
derechos y obligaciones y demás partidas que lo componen; así como la
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
4. Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos
abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las
sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de
negocios establecida en la legislación mercantil se entenderá realizada al
importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, si
procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
5. En los términos que se determine reglamentariamente se podrá establecer
un modelo simplificado para la contabilidad de aquellas fundaciones cuyo
activo al cierre del ejercicio no supere los ciento cincuenta mil euros.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el
Código de Comercio, cuando realicen actividades económicas, debiendo
formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en
cualquiera de los supuestos previstos en el citado Código para la sociedad
dominante.
Artículo 35. Auditoría.
1. Se someterán a auditoría externa las cuentas anuales de las fundaciones
en las que concurran, en la fecha de cierre del ejercicio y durante dos
años consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de su patrimonio supere los dos millones cuatrocientos mil
euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad
propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad
mercantil sea superior a dos millones cuatrocientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea
superior a treinta.
d) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de
la fundación realizados durante el ejercicio económico supere el cincuenta
por ciento del valor total de su patrimonio.
e) Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo
39 de esta Ley suponga más del quince por ciento de los gastos totales del
ejercicio.
2. También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio
del Patronato de la fundación o del Protectorado, presenten especiales
circunstancias que así lo aconsejen, en relación con la cuantía del
patrimonio o con el volumen de gestión.
3. La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, disponiendo los
auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les
fueran entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe
de auditoría.
Artículo 36. Aprobación y presentación de cuentas.
1. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato, dentro de los seis
meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio, y serán firmadas por
el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
2. Dichas cuentas anuales se presentarán al Protectorado en el plazo de
veinte días hábiles, a contar desde su aprobación por el Patronato. En su
caso, se acompañarán del informe de auditoría.
3. No podrán percibir subvenciones ni ayudas públicas de la Administración
de la Junta de Andalucía aquellas fundaciones que no hayan cumplido con la
obligación de presentar las cuentas al Protectorado en el plazo
establecido para ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que,
conforme a la Ley, pudieran incurrir.
4. El Protectorado, una vez examinadas las cuentas anuales y comprobada su
adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 37. Plan de actuación.
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en el último trimestre
de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los
objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio
siguiente.
Artículo 38. Destino de ingresos.
1. Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos
el setenta por ciento de las rentas e ingresos obtenidos de las
explotaciones económicas que se desarrollen o que se obtengan por
cualquier concepto, previa deducción de los gastos realizados para la
obtención de tales rentas e ingresos.
2. Para el cálculo de los gastos realizados para la obtención de las
rentas e ingresos a los que se refiere el apartado anterior podrá
deducirse, en su caso, la parte proporcional de los gastos por servicios
exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los
gastos financieros y de tributos, excluyendo de dicho cálculo los gastos
realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios.
3. Deberá destinarse a incrementar la dotación o las reservas, según
acuerdo del Patronato, el resto de rentas e ingresos que no deban
dedicarse a cumplir la obligación establecida en el apartado 1 de este
artículo, una vez deducidos los gastos de administración, cuya cuantía
máxima se determinará reglamentariamente.
Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados a los
órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, y los que los patronos tienen
derecho a rembolsarse por el desempeño de su cargo, según lo dispuesto en
el artículo 19 de la presente Ley.
4. Para el cálculo de las rentas e ingresos a los que se refiere el
apartado 1 de este artículo no serán computables las aportaciones
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, incluidos los donativos y
los ingresos extraordinarios obtenidos por enajenaciones de bienes
inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su
objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada
transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha
circunstancia, ya sea en el momento de la constitución de la fundación o
en otro posterior.
5. El plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en el apartado
1 de este artículo será el comprendido entre el inicio del ejercicio en
que se hayan obtenido dichos ingresos y los tres años siguientes al cierre
del ejercicio.
Artículo 39. Autocontratación.
Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o
de un tercero, previa autorización del Protectorado, que se extenderá, en
su caso, a los representantes de los patronos.
CAPÍTULO VI
De la modificación, fusión, extinción y liquidación
de las fundaciones
Artículo 40. Modificación de los Estatutos.
1. El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la
fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma, salvo
que el fundador lo haya prohibido.
2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la
fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar
satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá
acordar la modificación de los mismos, salvo que para este supuesto el
fundador haya previsto la extinción de la fundación.
3. Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado
anterior, el Protectorado le requerirá para que lo cumpla, solicitando en
caso contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia
de la modificación de Estatutos requerida.
4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el
Patronato deberá ser comunicada al Protectorado, quien podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de
tres meses a contar desde la notificación del correspondiente acuerdo del
Patronato.
5. La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura
pública e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 41. Fusión.
1. Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán
fusionarse previo acuerdo de los respectivos Patronatos, que se comunicará
al Protectorado.
2. El acuerdo de fusión de las fundaciones interesadas deberá ser
razonado. El Protectorado podrá oponerse a la fusión por razones de
legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las
fundaciones interesadas.
3. La fusión podrá realizarse por la absorción de una fundación a otra u
otras que se extinguen, o bien mediante la creación de una nueva fundación
a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las fusionadas que
se extinguen.
4. La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía. La escritura
pública contendrá los Estatutos de la fundación resultante de la fusión,
así como la identificación de los miembros de su primer Patronato.
5. Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines, el
Protectorado podrá requerirla para que se fusione con otra de análogos
fines que haya manifestado ante el Protectorado su voluntad favorable a
dicha fusión, siempre que el fundador no lo hubiera prohibido.
Frente a la oposición de aquélla, el Protectorado podrá solicitar de la
autoridad judicial que ordene la referida fusión.
Artículo 42. Causas y formas de extinción.
1. La fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la presente Ley.
d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o
en los Estatutos.
f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
2. En el supuesto de la letra a) del apartado anterior, la fundación se
extinguirá de pleno derecho.
En los supuestos contemplados en las letras b), c) y e) del apartado
anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del Patronato
ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patronato, o
éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación
requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el
Protectorado o por el Patronato, según los casos.
3. En el supuesto de la letra f) del apartado 1 de este artículo, se
requerirá resolución judicial motivada.
4. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se
inscribirán en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 43. Liquidación.
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar
como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento
de liquidación, que se realizará por el Patronato bajo el control del
Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar
créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de
ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean
necesarias para la liquidación.
Terminadas las citadas operaciones, se formará el oportuno balance de
liquidación, que deberá ser aprobado por el Patronato y sometido a la
ratificación por el Protectorado.
2. Concluida la liquidación conforme a las reglas expuestas, se hará
constar en el Registro de Fundaciones de Andalucía su baja, a solicitud
del Patronato, por un escrito dirigido al considerado Registro, al que se
acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de
liquidación, la ratificación del mismo por el Protectorado y una copia de
los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se
refiere el apartado siguiente. No obstante la baja de la fundación en el
Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización,
deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
3. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de
interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto
de su disolución, a la consecución de aquéllos, que hayan sido designados
en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida, y
que desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía. En su
defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga
reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad,
corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones
podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y
derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades
públicas de naturaleza no fundacional, siempre que persigan fines de
interés general.
5. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán
prever en sus Estatutos que los bienes y derechos resultantes de la
liquidación reviertan a su fundador.
CAPÍTULO VII
Del Protectorado de las Fundaciones Andaluzas
Artículo 44. Protectorado.
1. El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas es el órgano
administrativo de asesoramiento y apoyo técnico de las fundaciones, que
velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la
legalidad de la constitución y funcionamiento de aquéllas.
2. El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas será ejercido por la
Consejería competente en materia de fundaciones, en la forma que se
determine reglamentariamente.
3. El Protectorado ejerce las funciones que le atribuye la presente Ley y
demás legislación aplicable, respecto de las entidades inscritas en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 45. Funciones.
1. Al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas le corresponden las
siguientes funciones:
a) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución
sobre la normativa aplicable a dicho proceso, y a las fundaciones ya
inscritas sobre aquellas cuestiones que se refieran tanto a su régimen
jurídico, económico-financiero y contable como a las actividades a
realizar en cumplimiento de sus fines.b) Informar sobre la adecuación y
suficiencia de la dotación y sobre la idoneidad de los fines de las
fundaciones en proceso de constitución.
c) Velar por el cumplimiento adecuado de los fines fundacionales de
acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo en cuenta la consecución
del interés general, así como interpretar, suplir e integrar la voluntad
del fundador cuando fuere necesario, conforme a esta Ley.
d) Velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio
fundacional y verificar si los recursos económicos de las fundaciones han
sido aplicados al cumplimiento de los fines fundacionales, en los términos
previstos en los Estatutos y en la Ley, pudiendo solicitar del Patronato
la información que a tal efecto resulte necesaria.
e) Difundir la existencia y actividades de las fundaciones.
f) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la
fundación si por cualquier motivo faltasen todas las personas llamadas a
integrarlo, designar nuevos patronos o, en los casos indicados por la Ley,
instar la disolución de la fundación.
g) Ejercitar la acción de responsabilidad de los patronos en los supuestos
contemplados en la presente Ley.
h) Garantizar la legalidad de las modificaciones de Estatutos, fusiones y
extinciones de las fundaciones, instando, en su caso, las correspondientes
acciones judiciales.
i) Controlar el proceso de liquidación de las fundaciones.
j) Procurar la efectiva y adecuada utilización de la denominación
"fundación", denunciando, en su caso, ante la autoridad competente, su
utilización por otra clase de entidades.
k) Resolver las solicitudes de autorización o aprobación que, conforme a
lo dispuesto en esta Ley, la precisen, entre ellas la de autorizar la
constitución por la fundación de otra persona jurídica.
l) Clasificar a las fundaciones en función de los fines que persiguen.
m) Cuantas otras funciones le confieran las leyes.
2. En todo caso, el Protectorado está legitimado para ejercitar la
correspondiente acción de responsabilidad por los actos relacionados en el
artículo 25.2 de la presente Ley y para instar el cese de los patronos en
el supuesto contemplado en la letra d) del artículo 26.1 de la misma.
Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato
que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se
rige la fundación.
3. Cuando el Protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud penal
en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano
jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la fundación
interesada.
Artículo 46. Régimen jurídico de los actos del Protectorado.
1. La tramitación de las autorizaciones a que hace referencia la presente
Ley se regirá por lo prescrito en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el plazo de resolución y notificación de tres
meses.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución expresa,
podrán entenderse estimadas las solicitudes, sin perjuicio de la
resolución que debe dictarse en los términos del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
2. El plazo para resolver y notificar se suspenderá cuando la solicitud no
reúna los requisitos necesarios o no se presenten debidamente documentados
y el Protectorado de las Fundaciones Andaluzas así lo estime mediante acto
motivado que notificará al Patronato, por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el
destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
Artículo 47. Intervención temporal.
1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión
económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación, o una
desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada,
requerirá del Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas que
estime pertinentes para la corrección de aquéllas.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese
atendido en el plazo que al efecto se señale, el Protectorado podrá
solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del
Patronato, la intervención temporal de la fundación.
Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado
asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato
durante el tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada al
expirar el plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla mediante
una nueva resolución judicial.3. La resolución judicial que acuerde la
intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de Andalucía. Asimismo, será objeto de inscripción la demanda
que se interponga solicitando aquélla.
Artículo 48. Recursos jurisdiccionales.
1. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán
impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Las resoluciones dictadas en los recursos contra la calificación del
Registro de Fundaciones de Andalucía ponen fin a la vía administrativa y
podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
3. Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la
fundación conocer, de acuerdo con los trámites del proceso declarativo que
corresponda, de las pretensiones a las que se refieren los artículos 10.2,
13.2, 25.2, 26.1 d), 27.4, 40.3, 41.5, 42.1 f), 42.2, 42.3, 45.2 y 47.2 de
la presente Ley.
CAPÍTULO VIII
Del Registro de Fundaciones de Andalucía
Artículo 49. El Registro de Fundaciones de Andalucía.
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía, adscrito a la Consejería
competente en materia de fundaciones, tendrá por objeto la inscripción de
las mismas y de los actos que con arreglo a las leyes sean inscribibles.
2. La inscripción de las fundaciones, que deberá contener los extremos
indicados en el artículo 11 de esta Ley, requerirá, en todo caso, el
informe favorable del Protectorado, en cuanto a la idoneidad de los fines
de interés general y a la determinación de la suficiencia de la dotación.
3. La estructura y funcionamiento del Registro, así como los plazos de
inscripción, se determinarán reglamentariamente.
Artículo 50. Funciones.
Son funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía:
a) La inscripción de las fundaciones, así como los demás actos
inscribibles, con arreglo a esta Ley y sus normas reglamentarias.
b) El depósito y archivo de los documentos a que se refiere la presente
Ley y sus normas reglamentarias.
c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones
reguladas en la presente Ley.
d) Dar traslado al Registro de Fundaciones de competencia estatal, para
constancia y publicidad general, de las inscripciones de constitución de
fundaciones o, en su caso, de extinción de las mismas.
e) Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.
Artículo 51. Principios registrales.
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía será único y surtirá efectos
constitutivos y de publicidad formal y material frente a terceros. Ésta se
hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por
el responsable del Registro o simple nota informativa o copia compulsada
de los asientos y de los documentos depositados en el Registro.
2. Los actos inscritos en el Registro se presumen válidos. Respecto de los
documentos depositados que no hayan causado inscripción, tan solo se
presumirá su regularidad formal.
3. Los actos sujetos a inscripción y no inscritos no perjudicarán a
terceros de buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no se
pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa
reguladora de otros Registros públicos existentes.
Artículo 52. Régimen jurídico de los actos del Registro
1. La tramitación de los procedimientos de inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa que regule su organización y
funcionamiento en todo lo que no contravenga a esta Ley.
2. La solicitud de primera inscripción de constitución de una fundación se
resolverá en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a su
recepción en el órgano competente para resolver, entendiéndose desestimada
si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa.
3. El cómputo del plazo para notificar la resolución expresa se suspenderá:
a) Por el tiempo que medie entre la petición del preceptivo informe que
sobre idoneidad de fines y suficiencia dotacional ha de emitir el
Protectorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de esta Ley y
su efectiva recepción, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses.
b) Cuando se requiera a los interesados para la subsanación de
deficiencias, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, el transcurso
del plazo concedido.
CAPÍTULO IX
Del Consejo de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Artículo 53. Creación.
1. El Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un
órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en
materia de fundaciones.
2. Reglamentariamente se regularán la estructura y composición del Consejo
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que estarán
representadas la Administración de la Junta de Andalucía y las
fundaciones, atendiendo a la existencia de asociaciones de fundaciones con
implantación en Andalucía.
Artículo 54. Funciones.
Son funciones del Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se solicite, sobre
cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a las
fundaciones.
b) Elevar las propuestas que estime pertinentes a la Consejería competente
en materia de fundaciones.
c) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y
fomento de las fundaciones.
d) Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.
CAPÍTULO X
Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 55. Concepto.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público
de la Comunidad Autónoma de Andalucía tanto aquellas que se constituyan
con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración
de la Junta de Andalucía, sus organismos públicos o demás entidades o
empresas de la Junta de Andalucía, como aquellas que su patrimonio
fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un
cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas
entidades.
2. Asimismo, serán consideradas fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía aquellas en las que la Administración de
la Junta de Andalucía tenga una representación mayoritaria. Se entenderá
que existe ésta cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de
administración, dirección o vigilancia de la fundación sean nombrados por
la Junta de Andalucía, a través de cualquiera de sus instituciones,
entidades, órganos, organismos autónomos o empresas.
Artículo 56. Creación y extinción.
1. La creación y extinción de fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la adquisición y pérdida de la
representación mayoritaria, así como la modificación de sus fines
fundacionales, deberán ser autorizadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, que determinará las condiciones generales que
deben cumplir todos estos actos y designará a la persona que haya de
actuar por ella en el acto de constitución y, en su caso, a su
representante o representantes en el Patronato.
2. En el procedimiento de autorización deberá incluirse una memoria, que
deberá ser informada por la Consejería competente en materia de
organización de la Junta de Andalucía, en la que se justifiquen
suficientemente las razones por las que se considera que existirá una
mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a través de
una fundación, que mediante otras formas jurídicas contempladas en la
normativa vigente.
3. Deberá presentarse, igualmente, una memoria económica, que requerirá
informe de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
en la que se justificará la suficiencia de la dotación inicialmente
prevista para el comienzo de la actividad de la fundación y, en su caso,
los compromisos futuros que garanticen su continuidad.
Artículo 57. Régimen jurídico.
1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía no podrán ejercer potestades públicas, ni comportar el
establecimiento de servicios públicos. Además, podrán realizar únicamente
actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades
fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de los fines de las
mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las
competencias de éstas, salvo previsión legal expresa.
2. El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá por la Consejería
competente en materia de fundaciones. Igualmente sucederá con las
fundaciones que estén constituidas por una o más personas
jurídico-públicas, cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación
de las mismas, siempre que desempeñen su actividad principalmente en
Andalucía, las cuales estarán sujetas a lo previsto en esta Ley y en la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, las
fundaciones previstas en este capítulo se regirán por lo dispuesto en la
Ley citada en el apartado anterior.
Las fundaciones reguladas en este capítulo remitirán a la Intervención
General de la Junta de Andalucía sus cuentas anuales una vez aprobadas. En
el supuesto de que exista obligación de someter a auditoría externa las
cuentas anuales de estas fundaciones, su realización corresponderá al
órgano citado anteriormente.
4. La selección del personal de las fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía deberá realizarse, en todo caso, con
sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en
la correspondiente convocatoria.
Asimismo, su contratación deberá ajustarse a la normativa básica estatal
en la materia y a la que corresponda aprobar a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
5. Cuando se realicen actividades que supongan la disposición dineraria de
fondos, sin contraprestación directa de los beneficiarios, para la
ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se
ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad,
siempre que tales recursos provengan del sector público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
6. En los aspectos no regulados específicamente en este Capítulo, las
fundaciones en él reguladas se regirán, con carácter general, por lo
dispuesto en la presente Ley.
Disposición adicional primera. Conformidad con la normativa estatal de
aplicación general en materia de fundaciones.
El contenido de los artículos 1.2; 2 a 7; 8; 9; 10; 11, letras a), b), c),
d) y f); 12 a 15; 22.2, 24 c); 25; 26; 27, apartados 1, 4 y 5; 28.1; 29;
30.3, segundo párrafo; 40, apartados 1, 2, 3 y 5; 41, apartados 1, 4 y 5;
42; 44.1, in fine; 45.2; 47; 48 y 51.4 de la presente Ley está redactado
de conformidad con los preceptos de aplicación general de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Disposición adicional segunda. Fundaciones que gestionan la obra social de
las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía.
1. El Protectorado de las fundaciones que gestionen obra social de las
Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía se ejercerá por la
Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería
competente en materia de Cajas de Ahorros, a cuyo titular corresponderán
las funciones y facultades propias de aquél.
2. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a las fundaciones
mencionadas en el apartado anterior en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de
Andalucía; en el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto
138/2002, de 30 de abril, y demás disposiciones específicas de aplicación
a las mismas.
Disposición adicional tercera. Registro de Fundaciones de competencia
estatal.
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá requerir del Registro de
Fundaciones de competencia estatal o de los Protectorados de idéntico
ámbito competencial la documentación e información relativa a las
fundaciones domiciliadas en Andalucía, al objeto de determinar su ámbito
territorial de actividad.
Disposición adicional cuarta. Fundaciones de las Universidades andaluzas.
A los efectos previstos en el artículo 1 de esta Ley, se entenderá que las
fundaciones constituidas por las Universidades públicas andaluzas
desarrollan principalmente sus actividades en Andalucía.
Disposición adicional quinta. Obligaciones de fedatarios públicos.
Los Notarios que, dentro de su competencia, autoricen documentos de los
que, conforme a la presente Ley, tenga que quedar constancia en el
Registro de Fundaciones de Andalucía deberán dar cuenta de su otorgamiento
al Protectorado.
Disposición adicional sexta. Adaptación al Plan General de Contabilidad.
Serán aplicables a las fundaciones reguladas en esta Ley las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad en las entidades sin ánimo de
lucro y las normas de elaboración del plan de actuación de dichas
entidades.
Disposición transitoria primera. Adaptación de los Estatutos de las
fundaciones preexistentes a esta Ley.
1. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las fundaciones ya constituidas y que se encuentren en el ámbito de
aplicación de la misma deberán adaptar, en su caso, sus Estatutos a lo
dispuesto en ella, excepto en lo relativo a su dotación, y presentarlos en
el Registro de Fundaciones de Andalucía.
De manera excepcional, el Protectorado podrá prorrogar hasta un máximo de
un año más dicho plazo, previa solicitud razonada del Patronato y cuando
consten acreditadas circunstancias que objetivamente lo justifiquen.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haberse
producido la adaptación de Estatutos, cuando la misma sea necesaria, no se
inscribirá documento alguno de la fundación en el Registro de Fundaciones
de Andalucía hasta que la adaptación se haya verificado, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.3 de esta Ley.
3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta disposición
transitoria por alguna fundación provocará que la misma no pueda obtener
subvenciones o ayudas públicas de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
las responsabilidades en que, conforme a la Ley, pudiera incurrir.
Disposición transitoria segunda. Protectorado de fundaciones.
Hasta tanto se apruebe la regulación reglamentaria del Protectorado de las
Fundaciones Andaluzas previsto en el Capítulo VII de esta Ley, las
fundaciones sometidas a su ámbito de aplicación continuarán adscritas a
los Protectorados actualmente existentes.
Disposición transitoria tercera. Fundaciones preexistentes del sector
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
ya constituidas deberán, en su caso, adaptar sus Estatutos a lo dispuesto
en el Capítulo X de la presente Ley, en el plazo de un año a contar desde
la fecha de su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, de igual o inferior rango,
que se opongan o contradigan a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.