BOPA nº 87, pag. 5177 de la VII Legislatura (10/11/2004)


En cumplimiento del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, los archivos pdf anteriores cumplen el estándar ISO 19005-1:2005 o el ISO 32000-1:2008.

Puede obtener un lector pdf compatible con dichos estándares en: https://pdfreaders.org; donde no se facilita un programa en exclusiva además de seguir la recomendación de la Unión Europea de usar software libre.



7-04/PL-000009, Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2005
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas a la
totalidad con propuesta de devolución presentadas por los GG.PP.
Andalucista, Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de 9
de noviembre de 2004
Orden de publicación de 9 de noviembre de 2004
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 111 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005 presentado por el Gobierno ofrece numerosas dudas e
incertidumbres, además de plantear un grave déficit relacionado con la
falta de soporte financiero en partidas de indudable entidad.
Pese a las reiteradas declaraciones de los miembros del Consejo de
Gobierno señalando la convergencia de los principales vectores de la
economía andaluza con los del conjunto del Estado, la realidad es que las
diferencias de Andalucía con el conjunto de España en magnitudes
económicas fundamentales, según ofrecen informes solventes de diferentes
entidades, ponen de manifiesto que Andalucía continúa ocupando los últimos
lugares del conjunto del Estado.
Ese atraso en cuanto a infraestructuras y volúmenes de renta en términos
de Productos Interior Bruto que ofrecen las provincias andaluzas se
acentúa como consecuencia de las graves diferencias internas que nos
presenta la propia Andalucía. Unas diferencias que ofrecen una llamativa
perspectiva ante la provincialización de los recursos presupuestarios cuya
inversión está prevista en el Proyecto de Presupuesto. Así, por ejemplo,
frente a una media inversora de 420 euros por habitante, cinco de las ocho
provincias andaluzas se encuentran por debajo de esa media, a la vez que
la diferencia de inversiones de la provincia con más inversión per cápita
llega casi a duplicar a aquella en que la inversión es más baja.
Los Presupuestos aparecen gravemente hinchados, según ha reconocido alguno
de los propios integrantes del Ejecutivo andaluz, lo que pone de
manifiesto su falta de realismo para acometer políticas eficaces. Una
muestra significativa la encontramos en el hecho de que, pese a no existir
cuantificación alguna en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 de la denominada "deuda histórica", importantes partidas del presente
Proyecto de Presupuestos están consignadas con cargo a dicho fondo
presupuestario. A tan grave incongruencia ha de unirse el hecho de que,
frente a reivindicaciones de años anteriores que llegaron incluso al
planteamiento de recursos de inconstitucionalidad para los Presupuestos
del Estado, en el presente ejercicio el Ejecutivo andaluz ha hecho pública
su intención de no reclamar la ausencia de dicha partida presupuestaria.
Por otra parte, se contempla en el Presupuesto un planteamiento optimista
de la coyuntura económica en un marco de desaceleración, cuyas últimas
consecuencias, a causa del espectacular incremento del valor de los
productos energéticos, fundamentalmente los derivados del petróleo, no
estamos en condiciones de discernir en cuanto a su magnitud, pero que
tendrán una gran repercusión negativa y señalan una situación de
estancamiento e incluso de recesión para algunas de las economías de mayor
influencia en el conjunto de la economía española en general y de la
andaluza en particular.
Se prevén ingresos presupuestarios cuya posibilidad de materializarse va
mucho más allá de la duda razonable, lo cual va a significar un
endeudamiento superior al previsto. Por otra parte, la no disponibilidad
material de los 2.500 millones, la liquidación a la baja, con pérdida de
un 40% equivalente a más de 1.600 millones de euros por la liquidación del
sistema de financiación autonómica correspondiente a los ejercicios
1997-2001, hace plantear graves dudas en torno a la verdadera realidad
presupuestaria.
Se plantea, así mismo, una grave falta de transparencia al no estar
reflejados los presupuestos correspondientes a más del 60% de las empresas
públicas, poniendo de manifiesto unos niveles de opacidad preocupantes.
La existencia de partidas presupuestarias relacionadas con proyectos y
programas que la propia Junta de Andalucía ha suspendido mediante órdenes
publicadas en el BOJA, tales como las ayudas al empleo, manifiestan,
igualmente, la irrealidad del Presupuesto.
También el hecho de que reivindicaciones planteadas en legislaturas
anteriores al Gobierno central como una reclamación irrenunciable para
Andalucía aparezcan ahora, con cargo al Proyecto de Presupuesto de
Andalucía para el año 2005 como es el caso, por solo citar un ejemplo, de
los 22 millones de euros destinados a la supresión del peaje entre Cádiz y
Jerez, ponen de relieve el cambio de discurso político, cuyas
consecuencias tienen graves repercusiones económicas para Andalucía.
La inversiones presupuestadas en materia de vivienda constituyen un
verdadero fiasco ante las expectativas despertadas entre la ciudadanía
andaluza para hacer frente a uno de los problemas más graves que aquejan a
las familias andaluzas. La escasez de esas partidas presupuestarias ponen
de manifiesto la falta de compromiso social. La realidad presupuestaria es
que los recursos destinados a vivienda decrecen respecto a las cantidades
presupuestadas en el ejercicio 2004. Un descenso que también se aprecia en
las políticas de Bienestar Social.
Continúan siendo escasas las partidas presupuestarias destinadas a la
financiación de las Corporaciones Locales, obligadas, por otra parte, a
hacer frente a políticas que por ley corresponde ejecutar a la Junta de
Andalucía, lo que ha llevado a situaciones de grave dificultad económica a
numerosas Corporaciones Locales.
Por todo ello, el Grupo Andalucista propone la devolución al Gobierno del
Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2005, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
Parlamento de Andalucía, 5 de noviembre de 2004.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
El G.P. Popular de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 130 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2005 es
la expresión contable de una política económica equivocada,
autocomplaciente y conformista que sigue sin conseguir situar a nuestra
Comunidad en el puesto que merece en términos de convergencia, ya que
Andalucía crece, pero no crece lo suficiente con respecto a otras
regiones. El problema de Andalucía no es que sea más pobre, sino que las
Comunidades más ricas amplían con su mayor crecimiento la brecha de la
desigualdad con respecto a nuestra tierra por no haber aplicado una
política económica correcta.
Se vuelve a plantear como principal objetivo el desarrollo de la "segunda
modernización", cuando los andaluces no perciben realmente, si cabe, que
haya acabado todavía la primera. Lejos de romper con la inercia de otros
años, este Gobierno se atiene a un guión preestablecido, sabiendo de
antemano el vacío de la propuesta y el riesgo de creer que existe
contenido donde sólo hay montaje y propaganda. Ello lleva a plantear que
"este proyecto debe permitir que Andalucía se sitúe entre las regiones más
avanzadas y competitivas de Europa", como si tal propósito fuese un
intento novedoso después de más de veinte años gobernando la Comunidad con
mayor tasa de paro de España, desequilibrada económica, social y
territorialmente, y alejada de los valores medios en términos de renta per
cápita de España y la UE.
El Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005 es desequilibrado e irreal, ya que el escenario
macroeconómico que ha servido de base para encuadrar el Presupuesto se
fundamenta en una previsión de crecimiento del PIB en términos reales del
3,1%. La incertidumbre sobre el deterioro del sector exterior y la
evolución de los precios del petróleo, que ronda los 50 dólares/barril, no
se ha trasladado a esa previsión, con las consecuencias que para la
creación de empleo y el déficit tendrá para Andalucía.
Todos los organismos nacionales e internacionales rebajan las previsiones
de crecimiento del Gobierno para España en 2005 entre dos y cinco décimas,
llegando a situarla el propio Ministro de Economía y Hacienda entre el
2,3% y el 2,8%, en lugar del 3% previsto para 2005. Este desfase en las
previsiones afectará sin duda también a Andalucía, poniendo en entredicho
su crecimiento del 3,1% previsto, la creación de 71.800 empleos (2%), muy
lejos de lo necesario para el pleno empleo (la tasa de paro andaluza se
sitúa en el tercer trimestre de 2004 en el 17,23%, la más alta de España;
más del 40% de los nuevos parados en septiembre son andaluces), y el
cumplimiento del equilibrio presupuestario.
El Proyecto de Presupuesto evidencia la esquizofrenia intervencionista de
un Gobierno que insiste de forma contumaz en reforzar su presencia en la
sociedad, no reparando en las dificultades que con ello plantea a la
actividad empresarial. Así, y tal y como pone de manifiesto el
recientemente publicado informe sobre mortalidad empresarial elaborado por
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén, una de cada tres empresas
andaluzas no dura más de tres años debido a la falta de formación, el
exceso de burocracia y las elevadas cargas tributarias que soportan.
Es un Presupuesto que no genera confianza en la sociedad porque el
incremento del gasto no puede servir de justificación a la parálisis y la
falta de proyecto para crear las condiciones necesarias que generen más y
mejores empresas y, por tanto, más empleo. La política de gasto mantiene
el gasto corriente y el escaso apoyo a la regulación económica de los
sectores productivos, además de incrementar un sector público excesivo,
intervencionista y poco transparente.
Igual que los anteriores, este Presupuesto adolece de la transparencia
necesaria, no reconociendo la carga que para el equilibrio presupuestario
tiene el aplazamiento de gastos devengados en ejercicios pasados,
incumpliendo así principios contables públicos y normas europeas de
contabilidad para la determinación del déficit presupuestario.
Por otro lado, la dificultad del análisis de este Presupuesto afecta
también al capítulo de transferencias, ya que éstas no aparecen
diferenciadas de las subvenciones. Además, se mantiene una indefinición
conceptual clara con las transferencias de capital, lo que provoca que el
gasto corriente sea contabilizado como transferencias de capital, inflando
excesivamente estas últimas, que, por otra parte, vienen creciendo
constantemente a costa de las inversiones reales. Esta falta de
transparencia se agrava aún más cuando los propios Consejeros mantienen en
su explicación provincializada cifras de inversión que no se corresponden
con la realidad.
En este ámbito, se ha perdido la oportunidad de no aprovechar las
posibilidades que ofrecen los 2.500 millones de euros recibidos en
concepto de liquidación del Sistema de Financiación 1997-2001 para
aumentar inversiones que garanticen un crecimiento a largo plazo. Hay una
falta absoluta de ambición de transformar la sociedad andaluza, no
planteándose objetivos valientes a corto plazo.
Ante la manifestación de que se continúa aplicando el compromiso con la
estabilidad presupuestaria, cabe afirmar que este compromiso, en el marco
de lo que determina la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no se ha
venido cumpliendo en los últimos años de los que tenemos información, ya
que el superávit o déficit hay que determinarlo en términos de necesidad o
capacidad de financiación según la contabilidad nacional y no en términos
presupuestarios.
El Proyecto de Ley del Presupuesto de 2005 sigue poniendo en duda el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, ya que el texto
articulado mantiene la posibilidad de que el Gobierno modifique el Estado
de Ingresos y Gastos durante el ejercicio. Así, un año más, las
previsiones iniciales de Créditos aprobadas por el Parlamento y su
ejecución real al final del ejercicio diferirán de manera notable, sobre
todo con el apoyo de prácticas contables más que discutibles.
En este sentido, sigue siendo cuestionable el cumplimiento del Presupuesto
aprobado en esta Cámara y difícil su seguimiento, pues existe una notable
carencia de información sobre la ejecución efectiva del mismo a lo largo
del ejercicio, lo que pone en duda la credibilidad de la política
económica y va en detrimento de la transparencia y la rigurosidad.
El Estado de Ingresos contempla 120,2 millones de euros de dudoso cobro en
el Servicio 07, con cargo a la Disposición Adicional Segunda, ya que
carece de contrapartida en los Presupuestos Generales del Estado para 2005
y cuyos importes se destinan a inversiones en todas las universidades,
actuaciones en materia de vivienda, infraestructuras y transportes,
adecuación edificaciones, mapa de enseñanzas infantil, primaria,
secundaria y formación profesional, centros de drogodependientes,
servicios sociales especializados, centros de menores, actuaciones en
materia hidráulica y atención sanitaria. La renuncia a solicitar esta
cantidad a cuenta de la "deuda histórica" en los Presupuestos Generales
del Estado hace imposibles tales inversiones anunciadas.
En el Estado de Gastos, su estructura sigue poniendo de manifiesto la
incapacidad de reducir el gasto corriente, que crece más que el PIB, en
detrimento de las Operaciones de Capital, que se incrementan con parte de
la Liquidación del Sistema de Financiación Autonómica 1997-2001 y
recurriendo al artificio contable de incluir partidas que, por su propia
naturaleza, deberían figurar en el Capítulo de Gastos de Bienes Corrientes
y Servicios.
Resulta especialmente preocupante la apuesta decidida del Consejo de
Gobierno por continuar fortaleciendo el sector público empresarial en
detrimento de la iniciativa privada, así como el fomento de la llamada
administración paralela, mediante los cada vez más frecuentes encargos de
gestión y ejecución. La mejora de nuestra competitividad depende también
de la transparencia y de la eficacia de este sector publico.
Las transferencias a las 21 empresas públicas que aparecen reflejadas en
el Proyecto de Ley suman un total de 1.210 millones de euros, sin contar
los consorcios, incrementándose 240 millones de euros con respecto a 2004,
un 24,8% más en un solo ejercicio, 14,5 puntos porcentuales más de lo que
crece el total del Presupuesto; empresas públicas que, según el último
Informe de la Cámara de Cuentas 2002, arrojaron unas pérdidas de 634
millones de euros.
Por otro lado, es un Presupuesto que persiste en el antimunicipalismo, ya
que no contempla las aspiraciones de la FAMP y las propuestas aprobadas en
el Parlamento de Andalucía de dotar al Plan de Cooperación Municipal con
el cinco por ciento del Presupuesto, es decir, 1.222 millones de euros. El
Proyecto de Ley del Presupuesto para 2005 consigna 928,7 millones de
euros, lo que significa 294 millones menos de los solicitados por los
ayuntamientos de Andalucía.
Se vuelve a incumplir la financiación incondicionada de las Corporaciones
Locales a través del Fondo de Nivelación de Servicios, que recoge 80
millones de euros, muy lejos de los 120 millones propuestos por la FAMP y,
sobre todo, de las necesidades reales de los ayuntamientos, que además
tienen que gestionar los servicios públicos que el Gobierno no presta a
pesar de ser de su competencia. El Pacto Local se ha quedado también fuera
del Presupuesto.
Asimismo, los agentes sociales siguen sin ver reflejadas en el Proyecto de
Ley las promesas presupuestarias firmadas con el Gobierno andaluz en
servicios como educación, sanidad, igualdad y asuntos sociales.
El Presupuesto de gastos fiscales excluye a las familias y no apoya ni a
la empresa familiar ni a los emprendedores. Las deducciones fiscales
previstas son tan escasas y su aplicación tan limitada, que resultan
ridículas. En cualquier caso, al no adjuntarse al Proyecto la Memoria
Económica y Explicativa de las medidas fiscales que contiene, resulta
imposible cuantificar el alcance de sus efectos.
Conclusión, el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de 2005 no favorece la creación de empleo suficiente para
alcanzar el pleno empleo y desaprovecha la oportunidad para incrementar la
capacidad competitiva regional, incorporando nuevas ideas y reforzando el
compromiso con los agentes económicos, partiendo de nuevos proyectos, más
sectores y empresas y una mayor vocación exportadora; no limita los fallos
del sector público ni mejora la eficiencia de los servicios prestados y,
en cuanto al bienestar social, no corrige aspectos negativos en el terreno
de equidad y la eficacia. Plantear que este "proyecto debe permitir que
Andalucía se sitúe entre las regiones más avanzadas y competitivas de
Europa" no deja de ser un ejercicio de retórica recurrente de un Gobierno
instalado en una cultura de la satisfacción que nos aleja de la realidad y
acerca a lo imposible.
Parlamento de Andalucía, 6 de noviembre de 2004.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 111 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005 es el primero de la presente legislatura. Esta
circunstancia y el nuevo Gobierno de España, apoyado por el mismo partido
político ganador de las últimas elecciones generales que sustenta con
mayoría absoluta al Gobierno andaluz, han generado una razonable
expectativa política que debe traducirse en términos presupuestarios.
En la literatura que presenta el Proyecto de Presupuesto de la Junta de
Andalucía para el 2005 (PPJA-2005) se habla de un cambio de modelo
económico basado en el crecimiento de la productividad por la vía del
fortalecimiento del factor humano, del factor físico y del factor
tecnológico, y no por la vía de la permanente reducción de los costes
laborales. Esta expectativa se ve frustrada en el carácter continuista de
la estrategia económica desplegada por el desarrollo de la ley
presupuestaria.
Este PPJA-2005 se inscribe en la estrategia económica de instalar a
Andalucía en la directriz de conseguir un mayor crecimiento económico que
han dictado los centros de decisión globalizados. Pero es un diagnóstico
equivocado, porque se basa en un modelo de desarrollo insostenible: el
crecimiento de los países desarrollados, de los industrializados y de los
emergentes genera el incremento de las desigualdades y de mayores
desequilibrios, que a su vez inician la necesidad estructural de más
instrumentos de defensa de estos países privilegiados frente a las
guerras, al terrorismo, frente a la inmigración masiva, el tráfico de
droga, de esclavos y mano de obra barata, frente a la depredación del
medio ambiente y del planeta. Este modelo económico tiene sus límites,
aparte de no tener en cuenta de modo suficiente los límites ambientales,
sociales, culturales, etc., como la inestabilidad generada por la
hegemonía agresiva de la globalización neoliberal, el precio del barril de
petróleo al servicio de un modelo de desigualdades, la inestabilidad
financiera que generan los movimientos especulativos y la bolsa, el
endeudamiento de las familias y la inevitabilidad del crecimiento de la
inflación.
Leer las cifras macroeconómicas con una perspectiva neoliberal conduce al
PPJA-2005 a establecer una filosofía de fondo y unas líneas de continuidad
del proyecto autonómico del crecimiento para la convergencia erróneas.
Llevamos más de dos décadas de autonomía y de gobiernos que se dicen de
izquierdas, pero Andalucía no ha avanzado en la reducción de los
diferenciales con respecto a España y a Europa, ni ha resuelto el problema
número uno de nuestra economía que es la dependencia:
Las importaciones empiezan a ser mayores que las exportaciones,
especialmente porque el petróleo se lleva el 40% de nuestras
importaciones, con una tendencia creciente;
Andalucía es una de las Comunidades Autónomas de más escasa autonomía
financiera, que más transferencias sigue necesitando;
el IRPF crece menos en Andalucía que en otras Comunidades, aunque este
PPJA-2005 crezca coyunturalmente por las liquidaciones de los pagos a
cuenta de los ejercicios 2002 y 2003;
el PIB andaluz es el 14'3% del PIB estatal cuando la población es el 18%.
La llamada "segunda modernización" mantendrá a Andalucía en la órbita de
la globalización neoliberal, y por tanto no va a resolver los auténticos
problemas de Andalucía, pese a los esfuerzos por integrar en nuestros
procesos productivos nuevas tecnologías y apostar por la sociedad del
conocimiento. Es preciso proyectar nuestra economía desde una óptica de
izquierdas, mirando lo global desde lo local, con la perspectiva de un
proyecto andaluz, tanto en la estrategia política general como en la
planificación económica plurianual, que hay que realizar con rigor, como
en las cifras presupuestarias. Así pues, seguir apostando por el déficit
cero, por la supremacía de la dependencia de los ingresos transferidos
desde el Estado mediante las cifras del Proyecto presupuestario para el
2005, es recorrer el mismo camino anterior, y por tanto el fracaso social
y económico está garantizado.
Hasta ahora la llamada "primera modernización" de Andalucía ha asentado la
productividad de nuestro modelo actual sobre dos factores: los bajos
salarios y la permanente reducción de los costes salariales, y la
productividad aparente consistente en un diferencial negativo entre un
crecimiento del empleo 0'4% menor que el crecimiento del PIB. En efecto,
el crecimiento interanual de los costes laborales en Andalucía en el
segundo trimestre del 2004 ha sido el 2% trabajador y mes, el más bajo
desde 2001, y mucho más bajo que el 3'2% de la media nacional. De otra
parte, el concepto de la productividad aparente encierra una cierta
resignación ante el hecho de que desde 2001 nuestro modelo económico es
incapaz de incrementar el empleo al mismo ritmo que crece la riqueza.
Si analizamos el Proyecto de Presupuesto a la luz de la coyuntura, veremos
que el año 2005 presenta signos continuistas en cuanto a la correlación de
fuerzas internacional y a las expectativas de leve recuperación para la
economía mundial, y menos para la europea. En cambio, dentro de la
eurozona, España presenta signos de una recuperación mayor que la media
europea, y Andalucía aún más. Todos los sectores económicos contribuyen al
saldo positivo del crecimiento del PIB andaluz, destacando el de la
construcción. Pero este dato genérico no debe llamarnos a engaño. La
economía andaluza sigue dependiente del vigor de la construcción y de los
servicios, especialmente el turismo, con la incidencia medioambiental y
territorial negativa en muchos aspectos que ello conlleva, en los modos
hasta ahora habituales de proceder, y la inestabilidad que comporta. Los
costes laborales han bajado, incluso por debajo de la media estatal, los
indicadores de renta, servicios esenciales para el bienestar de los
andaluces y andaluzas como la educación, la salud, el acceso a la
vivienda, la atención a mayores, mujeres maltratadas, minusválidos y
excluidos arrojan déficit que indican la necesidad de orientar el futuro
Presupuesto desde la prioridad del gasto social.
Los ingresos siguen dependiendo en buena parte de las transferencias del
Estado. Pero el Gobierno andaluz no ha sabido, o no ha querido, negociar
con el nuevo Gobierno de España con la firmeza suficiente como para
corregir los métodos de cálculo del Fondo de Compensación Interterritorial
y del Fondo de Suficiencia, y para incluir en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) la llamada "deuda histórica", que sigue sin aparecer en
los PGE para el 2005. Aparte de eso, de los 2.500 millones de euros
aportados por el Estado como consecuencia del pago de la deuda contraída
con Andalucía por la liquidación del nuevo sistema de financiación de los
ejercicios de 1997 al 2001, sólo se incluyen en el PPJA 650 millones,
cuando deberían aportarse como ingresos los 2.500 millones, en función de
las necesidades de inversiones extraordinarias que tiene nuestra Comunidad.
Hasta ahora, los anteriores Presupuestos de Andalucía habían sostenido la
prioridad del gasto social por encima de otros gastos. En este Presupuesto
del 2005 sin embargo se sustituye dicha prioridad por la del crecimiento
de la productividad. De esta forma los gastos en educación, salud,
bienestar social, vivienda crecen por debajo de la media de crecimiento de
las cifras globales del Proyecto de Presupuesto. Pero dentro de las
inversiones que prioriza, la investigación y desarrollo sigue recibiendo
una partida aún escasa, con la que globalmente nuestra inversión en I+D+i
no llega siquiera al 0'3%, y las inversiones en infraestructuras se
centran en la alta velocidad, olvidando la necesidad de construir una red
andaluza de ferrocarril convencional que cree las condiciones de una
comunicación más rentable desde el punto de vista social, ecológico,
eficaz y eficiente.
Los objetivos de la creación de empleo para el 2005 son muy timoratos y
denotan la falta de confianza que tiene este PPJA en la capacidad de crear
empleo del modelo económico implementado. Pero si lo vemos desde el punto
de vista de la calidad en el empleo, las previsiones presupuestarias son
aún más insatisfactorias. Los datos pasan de puntillas sobre los problemas
de la precariedad y la rotación laboral, oculta los datos absolutos y
relativos de la mala calidad de nuestro empleo y del descontrol de la
contratación, que crea condiciones desiguales e injustas para el trabajo y
la calidad de vida de colectivos como los jóvenes, los inmigrantes, los
parados de larga duración y las mujeres, que son las primeras en sufrir
las bajas en el mercado laboral en momentos difíciles.
El Estatuto de Andalucía establece la obligación de los poderes públicos
de intervenir en la economía andaluza para erradicar las desigualdades
sociales y territoriales. En la misma medida en que estas desigualdades
siguen existiendo, hemos de urgir al Gobierno andaluz al cumplimiento de
esta obligación contemplada en nuestro Estatuto.
Por todo ello, el G.P. de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía propone la devolución de este Proyecto de Ley por cuanto no se
corresponden con las necesidades sociales y con la necesaria
revitalización y reorientación del desarrollo sostenible de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 6 de noviembre de 2004.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.