BOPA nº 103, pag. 6200 de la VII Legislatura (09/12/2004)


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7-04/PPL-000004, Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza y de
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
Calificación favorable, admisión a trámite y remisión al Consejo de
Gobierno, de acuerdo con el artículo 124.2
La Mesa propone a la Junta de Portavoces la adopción de acuerdo para la
tramitación directa y en lectura única ante el Pleno (art. 136.1)
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 9 de diciembre de 2004
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía y Andalucista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124
del Reglamento de la Cámara, presentan, para su tramitación directa y en
lectura única ante el Pleno (art. 136 del Reglamento), la siguiente:
PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES
DE ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y DE DECLARACIÓN DE
ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE ALTOS CARGOS Y OTROS CARGOS PÚBLICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 36.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de conformidad
con el artículo 148.1.1 de la Constitución Española, prescribe: "El
régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de
sus miembros serán regulados por Ley del Parlamento Andaluz, que
determinará las causas de incompatibilidad de aquellos. El Presidente y
los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o
empresarial alguna".
Cumpliendo este mandato estatutario, el Parlamento de Andalucía aprobó la
Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, en cuyo
articulado se regulan las incompatibilidades del Presidente y los
Consejeros de la Junta de Andalucía, en el sentido de que el cargo de
Presidente de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra
función o actividad pública que no derive de aquél, salvo la de Diputado
en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de
toda actividad laboral, profesional o empresarial.
Por otra parte, respecto de los Consejeros se establece que están
sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el Presidente de la
Junta de Andalucía.
La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin embargo, no regulaba las incompatibilidades de los restantes altos
cargos de la Administración andaluza, por lo que se aprobó la Ley 5/1984,
de 23 de abril, regulando tal cuestión, siendo modificada posteriormente
por las Leyes 4/1990, de 23 de abril, y 3/1994, de 5 de abril.
Se hace preciso una nueva regulación en materia de incompatibilidades de
los altos cargos por dos razones esenciales. En primer lugar, porque la
sociedad demanda, en términos generales, una mayor transparencia en la
actividad pública y, por tanto, es preciso que se regulen medidas
encaminadas a ese objetivo que afecten a los altos cargos de la
Administración andaluza. Y en segundo lugar, porque resulta conveniente
regular de modo más estricto el régimen de incompatibilidades de los
citados cargos a fin de reforzar su independencia, imparcialidad y
dedicación exclusiva a los asuntos públicos, evitando cualquier
interferencia en los intereses públicos de otros intereses.
Por las razones expuestas, esta nueva Ley, estructurada en cuatro
capítulos, incorpora novedades sustanciales respecto a la regulación
anterior.
En lo que respecta al régimen de incompatibilidades de los altos cargos,
se amplía el ámbito subjetivo, se hace más estricto el ámbito objetivo y
se establece un completo régimen sancionador, inexistente en la anterior
regulación, para quienes infrinjan la Ley.
Por otra parte, se establece un nuevo régimen de declaraciones sobre
actividades, bienes e intereses, no sólo para los altos cargos, sino
también para otros cargos públicos. El contenido de dichas declaraciones
será objeto de una publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y, además, estará disponible en internet para todos los
ciudadanos. Con ello se persigue alcanzar la máxima transparencia en esta
materia.
Por último, se regula detalladamente el régimen sancionador derivado de la
inobservancia de la Ley tanto en materia de incompatibilidades como en la
de la declaración de las actividades, bienes e intereses. En este sentido,
se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, pudiendo
conllevar éstas el cese inmediato del infractor y la imposibilidad de ser
nombrado para el desempeño de alto cargo por un período de tiempo de hasta
diez años.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
La presente Ley regula el régimen de incompatibilidades de altos cargos de
la Administración de la Junta de Andalucía, así como la declaración de
actividades, bienes e intereses de los altos cargos y de otros cargos
públicos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran altos cargos el Presidente de
la Junta de Andalucía, el Vicepresidente o Vicepresidentes, los Consejeros
y todos aquellos empleos de libre designación por el Consejo de Gobierno
que implican especial confianza o responsabilidad y, particularmente, los
siguientes:
a) Los Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y
Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías y asimilados.
b) Los miembros del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
c) Los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.
d) El Presidente, los Consejeros electivos que desempeñen sus funciones
con carácter exclusivo y a tiempo completo y el Secretario General del
Consejo Consultivo de Andalucía.
e) Los Presidentes, Consejeros Delegados y/o quienes ejerzan la función
ejecutiva de máximo nivel de las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, o de las
sociedades mercantiles con participación directa de la Administración de
la Junta de Andalucía o de sus Organismos Autónomos y demás entidades de
derechos público, superior al cincuenta por ciento, tanto si son nombrados
por el Consejo de Gobierno o si son nombrados por los propios órganos de
gobierno de dichas entidades y sociedades.
f) Los Delegados del Consejo de Gobierno en las entidades y empresas
aludidas en el párrafo anterior.
g) Los Presidentes, Directores y asimilados de los Organismos Autónomos de
la Junta de Andalucía.
h) Los Presidentes, Directores y/o quienes ejerzan la función ejecutiva de
máximo nivel de las demás entidades de la Administración de la Junta de
Andalucía, y de las fundaciones y consorcios con participación directa de
la Junta de Andalucía superior al 50 por 100, tanto si son nombrados por
el Consejo de Gobierno como si son nombrados por los propios órganos de
gobierno de las mismas.
i) Los Delegados Provinciales de las Consejerías, Directores Provinciales
de los Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía o asimilados.
j) Cualquier cargo nombrado por Decreto o Acuerdo del Consejo de Gobierno
con rango igual o superior a Director General.
k) Los demás altos cargos de libre designación que reglamentariamente sean
calificados como tales.
2. A los efectos de esta Ley, se consideran otros cargos públicos.
a) Los Rectores de las Universidades andaluzas.
b) Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía que
desempeñen sus funciones sin exclusividad.
c) El Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
d) Los representantes de la Junta de Andalucía en las Cajas de Ahorro y
demás entidades de carácter financiero, siempre que desempeñen funciones
ejecutivas.
CAPÍTULO II
Incompatibilidades de altos cargos
Artículo 3. Régimen de dedicación
1. El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en régimen de
dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con el desarrollo por
sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad,
públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante
sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, incluida
la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios,
cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas.
2. No obstante, los altos cargos podrán compatibilizar su cargo con el de
parlamentario en los supuestos establecidos en la legislación electoral;
sin embargo, en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de
cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera corresponderles por su
condición de diputado.
3. En consecuencia con lo previsto en el apartado 1, no podrá percibirse
más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas, ni de los organismos y empresas de ellos
dependientes o con cargo a los órganos constitucionales.
Artículo 4. Compatibilidad con actividad representativa.
1. Los titulares de altos cargos podrán formar parte de los órganos
colegiados o de otra naturaleza de las Administraciones Públicas cuando
les corresponda con carácter institucional o para los que fuesen
designados en función del cargo.
2. Igualmente, los titulares de altos cargos podrán representar a la
Administración en los órganos de gobierno o consejos de administración de
empresas con capital público.
3. Las cantidades que devenguen por cualquier concepto, incluidas las
indemnizaciones por asistencia, serán ingresadas directamente por el
organismo o empresa en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Artículo 5. Compatibilidad con la administración del patrimonio personal o
familiar.
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio
personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 3,
salvo el supuesto de participación superior al 10 por 100 entre el
interesado, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente
Registro, hijos menores y personas tuteladas en el capital de sociedades
que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con
el sector público estatal, autonómico o local.
Artículo 6. Incompatibilidades
Conforme a lo previsto en el artículo 3, los altos cargos son
incompatibles entre sí y en particular:
a) Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las
administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier
actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, así como las
funciones públicas retribuidas mediante arancel, participación o cualquier
otra forma especial.
b) Con el desempeño por sí o de persona interpuesta de cargos de todo
orden, funciones de dirección o de representación, así como de
asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias,
empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o
con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la
configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el
artículo 5.
c) Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que
lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de
toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de
fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos
ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o
empresas públicas.
d) Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o mediante
sustitución de la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes
pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o
científicas efectuadas de forma no continuada.
e) Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier
régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
f) Con el ejercicio de toda clase de actividades en instituciones
culturales o benéficas, salvo autorización del órgano que los nombró o que
fueran anejas al cargo.
g) Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos
particulares ajenos, cuando por la índole de las operaciones de los
asuntos competa a las Administraciones Públicas resolverlos o quede
implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público.
h) Con figurar en cualquier forma de promoción de empresas o actividades
profesionales privadas.
i) Con el ejercicio de funciones de dirección en cámaras, colegios
profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.
Artículo 7. Inhibición y abstención.
1. Los altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o
sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen
tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el
correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado
civil.
2. Igualmente se abstendrán de desarrollar actividades privadas
directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado
resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la
fecha de su cese en el desempeño de dicho alto cargo.
Artículo 8. Consecuencias de las situaciones de incompatibilidad.
1. La incompatibilidad a que se refiere el apartado a) del artículo 6
determinará el pase a la situación administrativa que en cada caso
corresponda.
2. La incompatibilidad a que alude el apartado b) del artículo 6 implica:
a) la suspensión en el ejercicio de los cargos previstos en el mismo, y
b) la prohibición de obtenerlos mientras ejerzan los que son causa de
incompatibilidad y durante dos años después de su cese, salvo cuando
fueren designados para los mismos en representación de las
Administraciones Públicas, o cuando los estuvieren ejerciendo y hubieren
cesado por razón de su nombramiento.
3. Los afectados por el apartado c) del artículo indicado suspenderán
también toda actuación o actividad propia de los cargos comprendidos en el
mismo, por todo el tiempo que sirvan los que dan causa a la
incompatibilidad, durante cuyo término de servicio tampoco podrán obtener
nuevos cargos de los comprendidos en el expresado apartado c); si bien al
cesar en aquellos podrán reintegrarse al ejercicio de éstos, sin
restricción alguna de plazo.
4. Los que lo fueran en el apartado d) deberán cesar igualmente en el
ejercicio profesional activo mediante sustitución, mientras sirvan al
cargo.
5. La aceptación del cargo en el supuesto del apartado e) del mismo
artículo 6 supondrá que las pensiones a que se refiere dicho artículo, que
se perciban, se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
6. La incompatibilidad señalada en el apartado g) del artículo 6 conlleva
la prohibición de las actividades referidas durante el ejercicio del cargo
y hasta dos años después de su cese, en lo que compete a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 9. Acreditación de no incompatibilidad en licitaciones públicas.
Las empresas o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas,
contraten o hayan de encargarse de la gestión de cualquier servicio
público, ya sea prestado directamente por la Administración o a través de
sus entes instrumentales, deberán acreditar, mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o representación
competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración
persona alguna a los que se refiere esta disposición, desechándose
aquellas proposiciones que no acompañen dicha certificación, junto a los
documentos requeridos en cada caso.
Artículo 10. Obligación de declarar sobre causas de incompatibilidad y
plazo para efectuar la declaración.
Los altos cargos a los que se refiere la presente Ley estarán obligados a
declarar sobre las causas de posible incompatibilidad con arreglo al
modelo que aprobará la Consejería competente por razón de la materia.
Dicha declaración se efectuará en el plazo que se determine
reglamentariamente.
CAPÍTULO III
Declaración de actividades, bienes e intereses
Artículo 11. Obligación de declaración de actividades, bienes e intereses.
Los altos cargos y otros cargos públicos estarán obligados, conforme se
establezca reglamentariamente, a formular declaración de sus actividades,
bienes e intereses.
Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración.
1. La declaración a que se refiere el presente Capítulo se efectuará en el
momento de la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias
de hecho, en el plazo que se determine reglamentariamente.
2. Los altos cargos y otros cargos públicos deberán aportar copia de la
declaración del IRPF y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio de
cada ejercicio económico, que no serán objeto de la publicidad establecida
en el artículo 14, al Registro de Actividades, Bienes e Intereses, durante
el mes siguiente al de la finalización del plazo en que aquéllas deban
presentarse ante la Administración Tributaria.
Artículo 13. Registro de actividades, bienes e intereses.
Las declaraciones a las que se refiere el presente Capítulo y el artículo
10 se inscribirán en el Registro de Actividades, Bienes e Intereses
constituido en la Consejería competente por razón de la materia.
Artículo 14. Publicidad del registro.
1. El Registro de Actividades, Bienes e Intereses al que se alude en el
artículo anterior será público.
2. El contenido de las declaraciones inscritas en el citado Registro se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y estará
disponible en internet.
CAPÍTULO IV
Potestad sancionadora
Artículo 15. Infracciones.
1. A efectos de esta Ley, se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, y sobre
abstención e inhibición a que se refieren los artículos 3 y 7,
respectivamente, de la presente Ley, cuando se haya producido daño
manifiesto a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La falsedad de los datos y documentos que deben ser presentados
conforme a lo establecido en esta Ley.
c) La omisión de datos y documentos que sean relevantes por su importancia
o trascendencia social, y que deban ser presentados conforme a lo
establecido en esta Ley.
2. Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento, por los altos cargos, de las normas sobre
incompatibilidades, y sobre abstención e inhibición a que se refieren los
artículos 3 y 7, respectivamente, de la presente Ley.
b) La omisión de los datos y documentos que deben ser presentados conforme
a lo establecido en esta Ley.
c) La no declaración de actividades, bienes e intereses, en el
correspondiente registro, tras el apercibimiento para ello.
d) La comisión de dos infracciones leves en el período de un año.
3. Se considera infracción leve:
La no declaración de actividades, bienes e intereses en el correspondiente
registro, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el
requerimiento que se formule al efecto.
Artículo 16. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la
declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta
declaración en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación por
incumplimiento de esta Ley.
3. Con independencia de las sanciones por infracciones muy graves y graves
que les sean impuestas, los infractores deberán, en su caso, restituir las
cantidades percibidas indebidamente por el desempeño de actividades
públicas incompatibles o que por razón de indemnización tras el cese
tengan derecho, de la forma que se establezca reglamentariamente.
4. Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de la
exigencia de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. A estos
efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará
el ejercicio de las acciones que correspondan.
Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la
Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional
competente, y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras por la
autoridad judicial no se dicte resolución poniendo fin al proceso penal.
Artículo 17. Imposibilidad de ocupar altos cargos.
1. Quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción muy
grave de las tipificadas en esta Ley serán, en su caso, cesados y no
podrán ser nombrados para ocupar cargos de los relacionados en el artículo
2, por un período de entre tres y diez años.
2. Quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción
grave de las tipificadas en esta Ley serán, en su caso, cesados y no
podrán ser nombrados para ocupar cargos de los relacionados en el artículo
2, por un período de hasta tres años.
3. En la graduación de las medidas previstas en este artículo se valorará
la existencia de perjuicios para el interés público si no se hubiera
tenido en cuenta para tipificar la infracción, el tiempo transcurrido en
situación de incompatibilidad, la repercusión de la conducta en los
administrados y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el
desempeño de actividades públicas incompatibles.
Artículo 18. Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en las
peculiaridades específicas del mismo.
Artículo 19. Medidas de carácter provisional.
El órgano competente para resolver el procedimiento podrá acordar
motivadamente, como medida de carácter provisional, la suspensión de
empleo y sueldo con los efectos previstos en la legislación en materia de
función pública, así como de cualquier autorización de libramientos a
quienes estén incurso en un procedimiento sancionador por infracción de lo
establecido en la presente Ley.
Artículo 20. Prescripción de infracciones y sanciones.
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en
esta Ley será el establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 21. Órganos competentes del procedimiento sancionador.
1. El órgano competente para la incoación será el Consejo de Gobierno
cuando los altos cargos sean miembros del Consejo de Gobierno, y el
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública en los demás
casos.
2. La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por
quien designe el Consejo de Gobierno cuando los posibles infractores sean
miembros del Consejo de Gobierno y por el titular de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en los demás casos.
3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones por
infracciones muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la
condición de miembro del Consejo de Gobierno. La imposición de sanciones
por infracciones graves o leves corresponderá al titular de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
Disposición transitoria única.
Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la presente Ley, se
mantiene el Registro de Intereses y Bienes creado al amparo de lo previsto
en la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Administración Andaluza.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Administración Andaluza.
Disposición final única.
1. El Consejo de Gobierno aprobará el Reglamento de desarrollo de la
presente Ley en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor
de la misma.
2. Los altos cargos y otros cargos públicos a los que se refiere la
presente Ley estarán obligados a efectuar las declaraciones reguladas en
los artículos 10 y 11, en el plazo de dos meses desde la aprobación del
citado Reglamento.
Sevilla, 9 diciembre de 2004.
Los Portavoces del los GG.PP. Socialista,
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y Andalucista.
Manuel Gracia Navarro,
Concepción Caballero Cubillo y
José Calvo Poyato.