BOPA nº 206, pag. 12690 de la VII Legislatura (27/05/2005)


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7-05/PL-000002, Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo
Envío a la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Tramitación por el procedimiento de urgencia, según lo previsto en el
artículo 99 del Reglamento de la Cámara
Apertura del plazo de ocho días hábiles, a partir de su publicación, para
la presentación de enmiendas a la totalidad, según lo previsto en los
artículos 100 y 111 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 25 de mayo de 2005
Orden de publicación de 25 de mayo de 2005
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y EL SUELO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1
Uno de los principales fines de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, es hacer efectivo el mandato
constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución, en orden a
garantizar el acceso a una vivienda digna. Para ello, desde el
entendimiento del urbanismo como una función pública, se avanzó en los
mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo, mediante la
regulación de diversos instrumentos a fin de facilitar la disponibilidad
de suelo para las políticas públicas de vivienda y de agilizar los
procesos de transformación del suelo.
Entre estos mecanismos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
recoge no sólo la necesidad de que los Planes de Ordenación Urbanística de
todos los municipios contengan las disposiciones que garanticen el suelo
suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, exigiendo para los municipios de relevancia
territorial una reserva de, al menos, el treinta por ciento del
aprovechamiento objetivo en suelo residencial, sino que, con el objetivo
de dotar a las Administraciones de suelo para desarrollar las políticas
urbanísticas públicas, regula, entre las finalidades de los Patrimonios
Públicos de Suelo, la de garantizar una oferta suficiente con destino a la
ejecución de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, y fija en el máximo permitido por la legislación
estatal la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por
la acción urbanística, mediante la cesión de suelo correspondiente al diez
por ciento del aprovechamiento ya urbanizado.
Asimismo, la vigente normativa, integrada tanto por el Decreto 149/2003,
de 10 de junio, que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007
y regula las actuaciones contenidas en el mismo, modificado por el Decreto
463/2004, de 27 de julio, como por el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y creación de nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas,
modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, ha venido a
incidir positivamente en orden a facilitar el acceso a una vivienda digna.
2
No obstante, para reforzar y ampliar este esfuerzo de las
Administraciones, y en el ejercicio de las competencias que el artículo
13.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a esta Comunidad Autónoma en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, se ha
considerado necesaria la aprobación del presente texto legal de medidas
para la vivienda protegida y el suelo, con el objetivo principal de
vincular la construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo
enfocando ésta, fundamentalmente, a aumentar la oferta de la primera.
Para que dicha intervención pública en el mercado de suelo logre alcanzar
su finalidad fundamental, que no es otra que regular, en defensa del
interés general, los precios del suelo en el mercado, se considera como
uno de los objetivos principales de esta Ley el necesario
perfeccionamiento, mejora y fortalecimiento de los instrumentos
anteriormente mencionados. De este modo, en ejercicio de la competencia
urbanística, se procede a modificar y completar determinados aspectos de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la finalidad de
garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de
viviendas protegidas, no sólo en los municipios de relevancia territorial
sino en todos los municipios andaluces.
Se aborda por primera vez en la Comunidad Autónoma, con rango de ley, el
régimen jurídico de la vivienda protegida con el fin de reforzar la acción
pública para garantizar su función social. En este sentido, se establecen
los mecanismos de calificación de la vivienda protegida, recogiendo con el
nuevo rango la adjudicación de estas viviendas, en la que la selección de
las personas adquirentes o arrendatarias deberá realizarse, con carácter
general, bajo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Se
establecen las condiciones para la titularidad de la propiedad de manera
que la duración del régimen de protección se establecerá
reglamentariamente para cada figura o programa de vivienda protegida, a la
vez que los precios máximos de venta y renta quedan establecidos de forma
reglamentaria y deberán servir de referencia para determinar el valor del
suelo destinado a vivienda protegida.
Otro aspecto importante del conjunto de medidas consideradas en la Ley
viene referido a la facultad de disponer de la vivienda protegida, con dos
intervenciones importantes. De una parte, se establece el derecho de
adquisición preferente de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas
protegidas de promoción privada, incluso aquéllas que, tras el
correspondiente procedimiento de adjudicación, queden vacantes. De otra
parte, las segundas o posteriores ventas estarán sujetas al derecho de
tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma.
Y, por último, debe destacarse que la Ley contempla una serie de medidas
enfocadas a reforzar el cumplimiento de la función social de la vivienda
protegida, regulando con carácter inmediato una tipificación de
infracciones y sus correspondientes sanciones que serán complementadas y
ampliadas en la futura Ley de Calidad en la Vivienda en Andalucía, en fase
de elaboración.
3
La Ley se estructura en un Título Preliminar y dos títulos, que integran
veintiséis artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una derogatoria y una final.
El Título Preliminar, que consta de un único artículo, establece como
objeto y finalidad de la Ley la definición del régimen jurídico de
determinadas actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y el
establecimiento de medidas específicas para la producción de suelo, con
destino a vivienda protegida y otros fines de interés social y para el
control y prevención del fraude.
El Título I de la presente Ley, bajo la rúbrica de "Viviendas protegidas",
consta de veintidós artículos distribuidos en tres capítulos.
El Capítulo I regula el régimen jurídico de las viviendas protegidas.
Define el concepto de las mismas y quienes pueden ser las personas
titulares y destinatarias de ellas, fijando que el destino de las
viviendas es constituir el domicilio habitual y permanente de dichas
personas. Asimismo establece prohibiciones y limitaciones a la facultad de
disponer de las viviendas protegidas y la sujeción, durante todo el
período de protección, a limitaciones en el precio de venta y renta de las
mismas.
En el Capítulo II se regulan los derechos y las prerrogativas de la
Administración en materia de vivienda protegida. Entre estas prerrogativas
se regulan el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas
protegidas de promoción privada por la Administración de la Junta de
Andalucía, o bien el Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados
por ella; los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración
de la Junta de Andalucía; la expropiación forzosa para los casos de
incumplimiento de la función social de las viviendas protegidas, y las
causas que motivan el desahucio administrativo y el procedimiento para
ejercitar el mismo.
El Capítulo III, en cumplimiento del principio de reserva de ley, tipifica
determinadas conductas como infracciones al régimen de viviendas
protegidas, graduándose en graves y muy graves y fijando las
correspondientes sanciones y medidas complementarias.
El Título II de la presente Ley, bajo la rúbrica "Medidas en materia de
suelo residencial", consta de cuatro artículos, en cada uno de los cuales
figuran los aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que
son completados o modificados para la consecución de los objetivos
establecidos.
Así, en el artículo 23 se modifican diversos preceptos a fin de fomentar
la disposición de suelo para la construcción de vivienda protegida. En
particular, se extiende a todos los municipios la obligación de reservar
al menos el treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada
área o sector con uso residencial para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública. Con esta nueva
regulación se pretende obtener una doble consecuencia: de una parte, que
la reserva suficiente de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública venga objetivada en función de los nuevos aprovechamientos
residenciales que se prevean en cada municipio, con independencia de que
sea o no de relevancia territorial, y, de otra, clarificar los cálculos
previstos en la norma y así facilitar su aplicación en la gestión
urbanística. De igual manera, se acota la posibilidad de que el Plan
General de Ordenación Urbanística pueda excepcionar esta obligación por
circunstancias de densidad y tipología de vivienda, si bien con la
necesidad de compensarlo en el resto de áreas y sectores, de forma que se
asegure una distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad de este
tipo de viviendas, a fin de favorecer la cohesión social y evitar la
segregación territorial de los ciudadanos por razón de su nivel de vida.
Asimismo, se recoge la obligación de localizar concretamente en cada área
y sector las reservas de terrenos para viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, en el instrumento de planeamiento
que contenga la ordenación detallada. En todo caso, como mecanismo
necesario para asegurar la efectiva materialización de las reservas para
la construcción de viviendas de protección pública, se prevé la necesidad
de que la ordenación detallada de las áreas o sectores que contengan
reservas de terrenos con este destino recoja los plazos de inicio y
terminación de dichas viviendas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la
expropiación de los terrenos por parte de la Administración.
Por último, para reforzar la seguridad jurídica de los agentes públicos y
privados se establece que necesariamente sean el Plan General de
Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal
o el Plan de Sectorización los que recojan los coeficientes correctores,
al objeto de compensar a quienes tengan la propiedad de suelos destinados
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Las modificaciones que se contienen en el artículo 24 tienen por objeto
reforzar las medidas previstas en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía para garantizar la reversión a la colectividad de las plusvalías
derivadas de la actividad urbanística e incrementar los medios de
intervención directa de las Administraciones públicas en el mercado del
suelo.
A fin de dotar de mecanismos a la Administración para mejorar la política
de vivienda, se prevé expresamente la posibilidad de que mediante convenio
urbanístico se acuerde la sustitución de los terrenos que hayan de ser
cedidos en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la actividad urbanística, por otros terrenos situados en
distintos ámbitos del suelo urbano o urbanizable que sean aptos para la
construcción de viviendas protegidas.
De otro lado, se amplía a la Administración instrumental la posibilidad de
ser titulares de los Patrimonios Públicos de Suelo, introduciéndose, a su
vez, una serie de medidas que por la vía del control y la fiscalización
vienen a garantizar la correcta utilización de éstos, haciendo
responsables de ello a órganos concretos de las Administraciones públicas
titulares de los mismos.
De igual forma, para la efectiva intervención de las Administraciones
públicas en el mercado de suelo, la Ley introduce diversos mecanismos a
fin de agilizar los procedimientos de incorporación al proceso urbanizador
de los suelos previstos por el Plan General de Ordenación Urbanística para
su desarrollo urbano, que son objeto de reserva para los Patrimonios
Públicos de Suelo, incluso posibilitando en estos casos que la Comunidad
Autónoma sea Administración actuante. En esta misma posición se coloca a
la Comunidad Autónoma respecto a la gestión de los suelos integrantes de
reservas para el Patrimonio Autonómico de Suelo sobre suelo no urbanizable
cuyo destino sea contribuir a la conservación de las características del
mismo o cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o
vertebración territorial.
Con el objetivo general de facilitar y garantizar la efectiva ejecución de
los instrumentos de planeamiento urbanístico, el artículo 25 de esta Ley
recoge una serie de medidas tendentes a agilizar dicha ejecución, por
medio de la iniciativa privada y mediante la habilitación de mecanismos de
ejecución directa de organismos o entidades públicas.
Por último, en el artículo 26 se modifican diversos preceptos que
pretenden completar y mejorar la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía en aquellos aspectos relativos a la protección de la legalidad
urbanística, la aclaración de supuestos de vulneración del ordenamiento
jurídico urbanístico y la incidencia en la regulación del procedimiento
para la adopción de las órdenes de suspensión de obras y el procedimiento
de reposición de la realidad física alterada, ya que, en su aplicación
práctica, se ha puesto de relieve la necesidad de su reforma y aclaración.
Asimismo, hay que destacar en este artículo 26 el nuevo apartado 4 que se
introduce en el artículo 31 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. En él se posibilita que, ante el grave incumplimiento por parte
de algún municipio en el ejercicio de competencias urbanísticas, se
atribuya el ejercicio de las competencias de planeamiento a la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, siempre
que dicho grave incumplimiento afecte de forma manifiesta las competencias
de la Comunidad Autónoma sobre estas materias. Este grave incumplimiento
supone la desaparición de la función pública del urbanismo, con
vulneración del mandato constitucional exigido por el artículo 47 de la
Constitución Española y generando incluso alarma social, y situaciones
excepcionales que pudieran ser calificadas como "de descontrol
urbanístico". Así, dichas situaciones afectan tanto a intereses
urbanísticos supramunicipales (a la ordenación proyectada en los terrenos
clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, a parques,
jardines, espacios libres o demás reservas para dotaciones...), como a la
ordenación territorial que para esos ámbitos municipales se pretenda
establecer por la Administración autonómica, en el ejercicio de las
competencias que se atribuyen en el artículo 13.8 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Dicha asunción de competencias deberá ser
acordada por el Consejo de Gobierno, previa apreciación del mismo por el
Parlamento de Andalucía mediante informe favorable.
Igualmente, es necesario, para evitar que este instrumento excepcional
quede sin efecto, que el Acuerdo del Consejo de Gobierno se pronuncie
sobre la suspensión de la facultad de los municipios para la firma de los
convenios urbanísticos que en materia de planeamiento se prevén en el
artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la
atribuya, sólo para la consecución del fin propuesto, a la Administración
autonómica.
En las disposiciones adicionales se establece la titularidad del
Patrimonio Autonómico de Suelo, se reunifican los conceptos de vivienda
protegida con los de vivienda de protección oficial u otros regímenes de
protección pública y se permite la aplicación del vigente Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo en diversos aspectos cuya regulación difiere la presente
Ley al desarrollo reglamentario.
Asimismo, en la disposición adicional quinta se crea el Cuerpo de
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, en el seno
de la Función Pública andaluza. Siendo la Administración de la Junta de
Andalucía la que ha de garantizar la ordenación territorial y urbanística
de Andalucía, así como velar por el cumplimiento de la normativa en
materia de vivienda y su ejecución, ha de dotarse de los medios e
instrumentos necesarios para conseguir dicha finalidad, y ante la
complejidad técnico-jurídica de unas disciplinas como éstas, y la
extensión geográfica sobre la que se proyecta, se considera imprescindible
la creación de este Cuerpo de funcionarios, que se integra en el Grupo A,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
Y, por último, se introduce una disposición transitoria única referida a
la reserva de terrenos con destino a las viviendas protegidas, con
independencia de la situación en que se encuentre la adaptación del
planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO ÚNICO
Disposición general
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas actuaciones
públicas en materia de vivienda protegida y suelo con la finalidad de
facilitar el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos andaluces a una
vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el artículo 47 de la
Constitución, estableciendo medidas específicas para la producción de
suelo con destino a vivienda protegida y otros fines de interés social, y
para el control y prevención del fraude en materia de vivienda protegida y
suelo.
TÍTULO I
VIVIENDAS PROTEGIDAS
CAPÍTULO I
Régimen jurídico
Artículo 2. Concepto.
1. Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la presente Ley, la
que cumpla las condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o
alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en esta Ley y en
las demás disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como
tales por la Consejería competente en materia de vivienda.
2. También tendrán esta consideración los alojamientos que, de acuerdo con
lo establecido reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la
Consejería competente en materia de vivienda, que se integren en conjuntos
que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la
residencia colectiva, en los términos en que se establezca. La cesión de
estas viviendas, que pueden vincularse con dotaciones y servicios comunes,
podrá realizarse de manera independiente entre ellas.
Artículo 3. Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con recursos
económicos limitados que reúnan los requisitos que, tanto para la
composición de la unidad familiar como para la cuantía y determinación de
los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que
integran los planes de vivienda y suelo.
2. En los citados programas se atenderán de manera especial las
necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales
dificultades para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes,
mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales, los
procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de
la violencia de género y emigrantes retornados.
3. La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas
protegidas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad
y concurrencia, de acuerdo con las normas de desarrollo de la presente Ley.
4. Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las promociones en
las que por su naturaleza no pueda existir concurrencia, como aquellas
adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración
social, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 4. Destino y titularidad.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y
permanente.
2. No podrán adquirir o promover para uso propio una vivienda protegida
quienes sean titulares del pleno dominio de alguna otra vivienda protegida
o libre o estén en posesión de la misma en virtud de un derecho real de
goce o disfrute vitalicio.
3. No obstante, por razones de movilidad laboral y con el fin de atender
situaciones transitorias, podrán establecerse reglamentariamente
excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 5. Duración del régimen de protección.
1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para
venta, uso propio o arrendamiento, se determinará para cada programa en el
correspondiente plan de vivienda y suelo.
2. En los citados programas se podrá prever la reducción motivada del
plazo fijado inicialmente para determinados supuestos o promociones
específicas.
Artículo 6. Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda protegida.
1. Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición,
arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un
precio o renta máximos que serán fijados para cada ámbito territorial en
los correspondientes planes de vivienda y suelo.
2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o
cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a quien compre o sea
arrendatario de una vivienda protegida, sin que pueda justificarse la
misma por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.
3. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán
nulas las cláusulas o estipulaciones que establezcan precios superiores a
los máximos autorizados en la normativa aplicable, debiendo entenderse
tales estipulaciones hechas al precio o renta máximos legales que resulten
de aplicación.
Artículo 7. Valor del suelo destinado a vivienda protegida.
1. El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas
protegidas, sumado el coste de las obras de urbanización necesarias, no
podrá exceder del quince por ciento del importe que resulte de multiplicar
el precio máximo de venta del metro cuadrado por la superficie de las
referidas viviendas, en la forma y con las determinaciones que se
establezcan reglamentariamente.
2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o
cantidad distinta a la que corresponda satisfacer por la adquisición de
suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas, de acuerdo
con lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 8. Condición resolutoria.
Todo contrato o acto de disposición sobre suelos destinados a la promoción
de viviendas protegidas estará sujeto a condición resolutoria para el caso
de que se incumpla tal destino, debiéndose contener tal determinación en
los documentos que a tal efecto se suscriban.
Artículo 9. Acceso registral de las prohibiciones y limitaciones a la
facultad de disponer.
Las prohibiciones y las limitaciones a la facultad de disponer que
resulten de la calificación como vivienda protegida de acuerdo con la
normativa aplicable deberán constar en la correspondiente escritura
pública y tendrán reflejo en el Registro de la Propiedad en el respectivo
asiento registral.
Artículo 10. Obligación de las personas promotoras y de las compañías
suministradoras de servicios.
1. Las personas públicas o privadas promotoras de viviendas protegidas
están obligadas a comunicar al Ayuntamiento, al solicitar la
correspondiente licencia de ocupación, el carácter de viviendas protegidas
de la promoción.
2. Las compañías suministradoras de los servicios de agua, gas,
electricidad y telecomunicaciones deberán comunicar a la Consejería
competente en materia de vivienda los cambios de titularidad que se
realicen en los contratos para el suministro de tales servicios en las
viviendas protegidas.
CAPÍTULO II
Derechos y prerrogativas de la Administración
Artículo 11. Derecho de adquisición preferente.
1. La Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, el
Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por aquélla, podrán
ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas
protegidas de promoción privada.
2. El ejercicio del derecho de adquisición preferente se iniciará a partir
de la solicitud de calificación provisional en la forma y plazo que se
determinen en las normas de desarrollo de la presente Ley.
3. Este derecho se aplicará también a aquellas viviendas que, cumplido el
correspondiente procedimiento para su adjudicación, quedaran vacantes.
4. El derecho de adquisición preferente se ejercerá por un precio máximo
igual al vigente para las viviendas protegidas de la tipología de que se
trate en el correspondiente ámbito territorial en la fecha en que se
pretenda la enajenación.
5. El derecho de adquisición preferente supondrá la subrogación de la
Administración o de la entidad pública que lo ejercite, en la posición del
promotor, adjudicando las viviendas conforme a lo dispuesto en el artículo
3.
Artículo 12. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos de la titularidad
del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso y
disfrute sobre las viviendas protegidas estarán sujetas a los derechos de
tanteo y retracto legal en favor de la Administración de la Junta de
Andalucía, o del Ayuntamiento o entidad pública que sean designados por
aquélla.
2. Sin perjuicio de la autorización que requiera la transmisión del
derecho sobre la vivienda protegida, los/las titulares de viviendas
protegidas comunicarán al órgano competente previsto en el apartado
anterior la decisión de trasmitir, e indicarán el precio, la forma de pago
y las demás condiciones de la transmisión.
Al mismo tiempo, la persona interesada en la adquisición deberá comunicar
al citado órgano competente sus datos e ingresos económicos anuales, así
como los del resto de los miembros integrantes de su unidad familiar.
El derecho de tanteo habrá de ejercitarse en el plazo de sesenta días
naturales a partir del siguiente a aquél en que se haya producido la
última de las comunicaciones anteriores; si transcurrido ese plazo no se
hubiera ejercitado el tanteo, podrá llevarse a efecto la transmisión
comunicada en sus mismos términos.
3. La persona adquirente deberá comunicar a dicho órgano competente, en el
plazo de los treinta días naturales siguientes a la transmisión, las
condiciones en las que se ha producido la venta, así como una copia de la
escritura o documento donde la venta se haya formalizado.
4. En el caso de que quienes transmitan o adquieran no hubieran realizado
las comunicaciones a las que se refiere el apartado 2, de que las
comunicaciones fueran incompletas o defectuosas, o de que la transmisión
se haya producido antes del transcurso del plazo señalado para el
ejercicio del derecho de tanteo, o en condiciones distintas a las
anunciadas, el órgano competente podrá ejercer el derecho de retracto en
el plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente a la
comunicación de la transmisión, o de que ésta hubiere llegado a su
conocimiento, fehacientemente, por cualquier otro medio.
5. Los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de
comunicaciones a los que se refiere el presente artículo, deberán constar
expresamente en la correspondiente escritura pública y tendrán su reflejo
en la respectiva inscripción registral.
6. El derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio máximo igual al
vigente para las viviendas protegidas de la tipología de que se trate en
el correspondiente ámbito territorial en la fecha en que se pretenda la
enajenación.
El derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión, que no
podrá superar el máximo vigente para las viviendas protegidas a que se
refiere el párrafo anterior.
7. La fijación de tanteos y retractos convencionales en las promociones de
viviendas protegidas deberá respetar el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto legal a los que se refiere este artículo.
8. En el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, sus titulares
podrán designar a quién se adjudica la vivienda protegida, que se
subrogará en la posición de aquellos.
La selección de dicha persona adjudicataria se realizará en la forma
prevista en el artículo 3.
Artículo 13. Elevación a escritura pública, inscripción en el Registro de
la Propiedad y otras garantías.
1. Las Notarias y los Notarios, para elevar a escritura pública la
transmisión de la titularidad o, en su caso, de los derechos reales de uso
y disfrute vitalicio de viviendas protegidas sujetas a los derechos de
tanteo y retracto, exigirán que se acrediten por las respectivas personas
transmitentes y adquirentes las comunicaciones al órgano competente
respecto de la oferta de venta con los requisitos señalados en el apartado
2 del artículo 12, así como el vencimiento del plazo establecido para el
ejercicio del derecho de tanteo, circunstancias que deberán testimoniarse
en las correspondientes escrituras.
2. Igualmente deberán comunicar a la Consejería competente en materia de
vivienda la transmisión, mediante remisión por el procedimiento que se
determine de copia simple de la escritura pública en la que se hubiera
instrumentado la venta de una vivienda protegida.
3. Para inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones
efectuadas sobre las viviendas protegidas, deberá acreditarse el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12 y en el
apartado 2 del presente artículo, con los requisitos exigidos en los
mismos.
Artículo 14. Expropiación de viviendas protegidas.
1. Con independencia de las sanciones que procedan, existirá causa de
utilidad pública o interés social, a efectos de la expropiación forzosa
por incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas
protegidas, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Dedicar la vivienda a usos no autorizados, o alterar el régimen de uso
de la misma, establecido en el documento de calificación definitiva.
b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla
deshabitada por un plazo superior a tres meses, fuera de los casos
establecidos en las normas de aplicación.
c) Utilizar los/las adquirentes otra vivienda construida con financiación
pública u objeto de actuación protegida fuera de los casos establecidos en
las normas de aplicación.
d) Incurrir los/las adquirentes en falsedad de cualquier hecho que fuese
determinante de la adjudicación en las declaraciones y documentación
exigidas para el acceso a la vivienda.
e) Incumplir las obligaciones, condiciones y requisitos establecidos para
la enajenación en primera o posteriores transmisiones u otros actos de
disposición.
2. El justiprecio de la vivienda será determinado por la Consejería
competente en materia de vivienda en base al precio en que fue adquirida,
del cual se descontarán las cantidades aplazadas no satisfechas por
quienes fueron adjudicatarios/as, con los intereses devengados, en su
caso, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas a la persona
adquirente como ayudas económicas directas. La cifra resultante se
corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para las segundas
transmisiones de viviendas protegidas previstos en sus normas específicas.
3. Podrá ser beneficiaria de las expropiaciones la entidad pública que
designe la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 15. Desahucio administrativo.
1. Procederá el desahucio administrativo contra las personas
beneficiarias, arrendatarias u ocupantes de las viviendas protegidas, o de
sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, que sean de
titularidad pública por las causas que se establecen en el apartado
siguiente.
2. Serán causas de desahucio administrativo las siguientes:
a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento
o de las cantidades a que esté obligada la persona adjudicataria en el
acceso diferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean
exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otras establecidas
en la legislación vigente.
b) Haber sido sancionado mediante resolución firme por infracción grave o
muy grave de las tipificadas en la presente Ley.
c) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber
obtenido la preceptiva autorización administrativa.
d) La cesión total o parcial de la vivienda, local o edificación bajo
cualquier título.
e) Destinar la vivienda, local o edificación complementaria a un uso
indebido o no autorizado.
f) Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación
complementaria sin título legal para ello.
Artículo 16. Procedimiento de desahucio administrativo.
1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se
ajustará a lo dispuesto por la normativa de procedimiento administrativo
que resulte de aplicación, sin perjuicio de las especialidades previstas
en este artículo.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra a)
del apartado 2 del artículo anterior, se requerirá a la persona
arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de
quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un
recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este
recargo se multiplicará por el número de veces que dichas personas haya
dado lugar a iniciar el procedimiento de desahucio.
Expirado dicho plazo sin que se hubiere abonado en su totalidad la
cantidad adeudada, se dictará resolución de desahucio, que se notificará
concediendo un nuevo plazo de quince días para que haga efectivo el pago y
el recargo aplicable, con apercibimiento de que, en caso contrario, deberá
entregar las llaves de la vivienda, y de que, de no hacerlo, se procederá
a su lanzamiento de la misma, así como de cuantas personas, mobiliario o
enseres hubieren en ella.
En el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desahucio por
falta de pago contra una misma persona adjudicataria en un período de tres
años consecutivos, en la última resolución que se dicte no cabrá la
enervación de un nuevo lanzamiento mediante el abono de la deuda
contraída, ejecutándose el mismo en todo caso.
3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de causas previstas en el
apartado 2 del artículo 15 de la presente Ley, se notificará a la persona
interesada la causa en la que se encuentra incurso y se le concederá un
plazo de quince días para que formule alegaciones, presente la
documentación que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere
pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por un plazo de quince
días, el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución.
En las resoluciones que acuerden el desahucio, se concederá un plazo de
quince días para que la persona arrendataria o adjudicataria entregue las
llaves de la vivienda, apercibiéndole que, en caso contrario, se procederá
a su lanzamiento de la misma, así como de cuantas personas, mobiliario o
enseres hubieren en ella.
4. Si fuese necesario entrar en el domicilio del sujeto afectado, la
Administración Pública deberá obtener la preceptiva autorización judicial.
5. No podrá iniciarse procedimiento de desahucio o se suspenderá el que
estuviere en curso, en tanto no se resuelva la solicitud de subrogación
formulada por personas que formaran parte de la unidad familiar.
6. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo
15.2, letra c), el órgano competente para resolver podrá acordar el
precinto cautelar de la vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Sección primera
Disposición general
Artículo 17. Sujetos responsables.
1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones
administrativas a que se refiere el presente Capítulo las personas físicas
y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de
simple inobservancia.
2. Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pueden ser
considerados también como responsables las personas que integren sus
organismos rectores o de dirección, en el caso de que así se establezca en
las disposiciones reguladoras del régimen jurídico de cada forma de
personificación.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
disposiciones legales en las materias a que se refiere la presente Ley
corresponda a varias personas físicas y/o jurídicas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se
cometan y de las sanciones que se impongan.
Sección segunda
Infracciones
Artículo 18. Infracciones.
En relación con la finalidad de la presente Ley, sin perjuicio del régimen
sancionador que con carácter general resulte de aplicación a las viviendas
protegidas, tendrán la consideración de infracciones graves y muy graves
las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas como tales en el
presente Capítulo.
Artículo 19. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento, por quienes promuevan o tengan las viviendas en
propiedad, de la obligación de hacer constar en la escritura pública las
prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer resultantes de
actuaciones protegidas.
b) El suministro por las compañías de agua, gas, electricidad y
telecomunicaciones a usuarios de viviendas sin la previa presentación de
la cédula de calificación o declaración definitiva de viviendas protegidas
o declaradas protegidas por la Administración.
c) No exponer, cuando legalmente proceda, en sitio visible durante el
periodo de construcción, el cartel, según modelo oficial, indicativo de
que la construcción está acogida al régimen de viviendas protegidas.
d) En la publicidad para la venta o arrendamiento de viviendas protegidas,
la vulneración de los principios de veracidad y de objetividad y la
inducción a confusión, conforme a la normativa vigente en materia de
publicidad y concurrencia que resulte de aplicación.
e) La falta de ocupación de la vivienda protegida en los plazos
reglamentariamente establecidos.
f) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las
funciones de información, vigilancia o inspección que practique la
Administración de la Junta de Andalucía.
g) La falta de comunicación al Ayuntamiento de la condición de vivienda
protegida, por parte de la persona promotora, al solicitar la licencia de
ocupación.
Artículo 20. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a) La percepción por la persona promotora de viviendas protegidas, durante
el periodo de construcción, de cantidades a cuenta del precio sin cumplir
los requisitos legales exigidos por la normativa de aplicación.
b) La cesión de la titularidad de la promoción de viviendas protegidas,
durante la tramitación del expediente de protección, sin la obtención
previa de la autorización expresa de la Administración competente.
c) La inexactitud de los documentos o certificaciones que resulten
fundamentales para obtener la resolución administrativa con el
reconocimiento de los derechos económicos, de protección o habitabilidad
solicitados, expedidos por los titulares de las promociones o la dirección
facultativa de las obras de viviendas, así como por quienes actúan como
personas colaboradoras de la Administración.
d) La omisión en la publicidad de venta de las viviendas protegidas de los
requisitos establecidos al efecto en las normas de aplicación.
e) No destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas
sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas
protegidas, y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el
régimen de uso de las mismas.
f) La falsedad de cualquier dato que sea determinante de la adjudicación,
en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso o uso de las
viviendas protegidas.
g) La omisión de la debida presentación a visado por la Administración de
la Junta de Andalucía de los contratos de compraventa y de arrendamiento
de viviendas protegidas, conforme a la normativa que resulte de aplicación.
h) El incumplimiento de la normativa de aplicación en la selección de las
personas adquirentes o adjudicatarias de las viviendas protegidas.
i) La percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la
que corresponda satisfacer a la persona que compre o arriende una vivienda
protegida en concepto de precio máximo de venta o de alquiler.
j) La falsedad en la declaración de solicitud de los requisitos exigidos
para la obtención de financiación protegida en la promoción o adquisición
de viviendas.k) La falta de comunicación a la Administración de la
enajenación de la vivienda protegida a los efectos de ejercicio de los
derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto u otra facultad
análoga sobre viviendas protegidas previstas en las normas de aplicación.
Sección tercera
Sanciones
Artículo 21. Multas y su graduación.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con
multas en las siguientes cuantías:
a) Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 30.000 euros.
b) Las infracciones muy graves, con multa desde 30.001 hasta 120.000 euros.
2. Si el beneficio que resultara de la comisión de una infracción fuera
superior al de la multa que corresponde, deberá ser ésta incrementada
hasta alcanzar la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
3. En la graduación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en
cuenta el daño producido, el enriquecimiento injusto, la existencia de
intencionalidad o reiteración y la reincidencia en el plazo de un año por
la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarada por resolución firme en vía administrativa.
4. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas aunque pertenezcan a
la misma promoción, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones se
hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea
individualizada en relación con viviendas concretas.
Artículo 22. Sanciones accesorias.
A quienes incurran en infracciones graves o muy graves previstas en la
presente Ley, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones
accesorias:
a) La pérdida y devolución con los intereses legales de las ayudas
económicas percibidas, en caso de infracciones al régimen de financiación
protegida en la promoción y adquisición de viviendas.
b) La inhabilitación de la persona infractora para promover o participar
en promociones de viviendas protegidas o actuaciones protegidas por la
Comunidad Autónoma durante el plazo máximo de tres años, para las
infracciones graves, o de seis años, para las infracciones muy graves.
c) La pérdida de la condición de Agencia de Fomento del Alquiler.
TÍTULO II
MEDIDAS EN MATERIA DE SUELO RESIDENCIAL
Artículo 23. Disponibilidad de suelo para la vivienda protegida y
aseguramiento de su ejecución.
Para fomentar la disposición de suelo para la construcción de vivienda
protegida se modifican los artículos 10, 17, 18, 61 y 160 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los
siguientes términos:
A) La letra b) del apartado 1.A) del artículo 10 queda con la siguiente
redacción:
"b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los
terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública. El Plan
General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de
esta obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad
inferior a 15 viviendas por hectáreas y que por su tipología no se
consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan
deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores,
asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el
conjunto de la ciudad.
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración
social, reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la
concentración excesiva de este tipo de viviendas."
B) Se suprime el contenido de la letra a) del apartado 1.B) del artículo
10.
C) En el artículo 17, su actual apartado 7 queda con el siguiente
contenido:
"7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la
ordenación detallada localizarán en el área y sector las reservas de
terrenos para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública que, de conformidad con esta Ley, estuvieren obligados
a realizar."
D) El actual apartado 7 del artículo 17 pasa a ser el nuevo apartado 8.
E) El artículo 18 incorpora una letra c) al apartado 3, con la siguiente
redacción:
"c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública,
el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento
de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los
plazos para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán
contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de
vivienda."
F) En el artículo 61, el apartado 4 queda con el siguiente contenido:
"4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de
Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo,
establecer coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a
aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés
social."
G) El apartado 5 del artículo 61 queda con el siguiente contenido:
"5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada
precisa para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá
concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan General
de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias
resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado.
No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por
el planeamiento general."
H) Las letras D) y E) del artículo 160.1 quedan con la siguiente redacción:
"D) La realización de actos de parcelación o reparcelación, uso de suelo o
edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave.
E) Por incumplimiento de la función social de la propiedad, en los
siguientes supuestos:
a) Inobservancia de los plazos fijados para la formulación o tramitación
del instrumento de planeamiento o para la ejecución total de éste o de
alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
b) Transcurso del plazo previsto en el instrumento de planeamiento para el
inicio o la terminación de las viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública que hayan sido reservadas en la
correspondiente área o sector.c) Inobservancia de los deberes legalmente
exigibles de conservación y rehabilitación de los inmuebles."
I) Las actuales letras E), F), G), H) e I) del artículo 160 pasan a ser
las nuevas letras F), G), H), I) y J), respectivamente.
J) El apartado 2 del artículo 160 queda con la siguiente redacción:
"2. La delimitación de la unidad de ejecución, o de las zonas o áreas en
los supuestos previstos en las letras B), D) y E), así como la relación de
titulares y descripción concreta e individualizada de los bienes y
derechos objeto de expropiación en los restantes supuestos enumerados en
el apartado 1 anterior, determinan la declaración de la necesidad de
ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios."
Artículo 24. Reversión a la colectividad de las plusvalías y mecanismos de
intervención directa en el mercado del suelo.
Para aumentar tanto la reversión a la colectividad de las plusvalías
derivadas de la actividad urbanística como los medios de intervención
directa de las Administraciones públicas en el mercado del suelo, se
modifican los artículos 30, 36, 69, 71, 72, 73, 74 y 77 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los
siguientes términos:
A) La regla 2ª del apartado 2 del artículo 30 queda con la siguiente
redacción:
"2ª) La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración urbanística se integrará en el respectivo patrimonio
público de suelo.
En los casos previstos en esta Ley en los que la cesión del
aprovechamiento urbanístico se realice mediante permuta o por el pago de
cantidad sustitutoria en metálico, el convenio incluirá la valoración de
estos aprovechamientos realizada por los servicios de la Administración."
B) En el artículo 36.2 a) se incorpora un nuevo párrafo a la regla 2ª,
quedando ésta con el siguiente contenido:
"2ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines,
dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen
terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto
al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya
alcanzada entre unas y otro.
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones
públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo,
será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin,
previo informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la
materia, y prever su destino básicamente a otros usos públicos o de
interés social.
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados
sea el residencial, el destino de dichos suelos será el previsto en el
artículo 75.1 a) de esta Ley."
C) La regla 2ª del artículo 36.2 c) queda con el siguiente contenido:
"2ª) Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar
terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1 A) b) de esta Ley,
requerirán el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía."
D) El apartado 1 del artículo 69 queda con la siguiente redacción:
"1. La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante
organismos y entidades de Derecho Público, deben constituir y ejercer la
titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo y los Patrimonios
Municipales de Suelo, respectivamente, con las siguientes finalidades:
a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública."
E) El apartado 2 del artículo 71 queda con el siguiente contenido:
"2. Cada Administración pública titular de un patrimonio público de suelo
podrá gestionarlo por sí misma o atribuir su gestión a entidades de ellas
dependientes que podrán adoptar la forma de organismo o entidad de derecho
público o de sociedad mercantil cuyo capital social deberá ser
íntegramente de titularidad pública En este último caso, la atribución de
la gestión no podrá incluir funciones que requieran el ejercicio de
autoridad."
F) El apartado 3 del artículo 71 queda con la siguiente redacción:
"3. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de
los patrimonios públicos de suelo velarán por la correcta gestión de los
bienes y recursos que los integran. En tal sentido, la cuenta de
liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en
los presupuestos de la Administración pública titular del mismo."
G) El actual apartado 3 del artículo 71 pasa a ser el nuevo apartado 4.
H) La letra c) del artículo 72 queda con el contenido siguiente:
"c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales
cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley."
I) El artículo 73 queda con la siguiente redacción:
"Artículo 73. Reservas de terrenos.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de
planificación de la Junta de Andalucía que tengan la consideración de
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de
Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo
reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o
ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
2. El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de
los suelos, el siguiente:
a) En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una
oferta de suelo e inmuebles suficientes con destino a la ejecución o
rehabilitación de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, así como los equipamientos que correspondieren.
b) En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado, la consecución de
cualesquiera de los fines establecidos en el artículo 69 de esta Ley, para
usos residenciales, industriales, terciarios y de equipamientos. En caso
de uso residencial, el destino predominante de los terrenos reservados
será el de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones
públicas de viviendas en aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de
la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios
o turísticos, salvo que la finalidad de la reserva sea la de contribuir a
la protección o preservación de las características del suelo no
urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación
o vertebración territorial.
3. En ausencia de los Planes a que se refiere el apartado 1 o de previsión
en los mismos de las reservas de terrenos para los patrimonios públicos de
suelo, podrán proceder a su delimitación:
a) Los municipios, en cualquier clase de suelo y por el procedimiento
previsto para la delimitación de las unidades de ejecución.
b) La Consejería competente en materia de urbanismo, en suelo no
urbanizable, mediante la aprobación al efecto de un Plan Especial; y en
suelo urbanizable, mediante el procedimiento de delimitación de reservas
de terrenos, previa información pública, audiencia del municipio o
municipios y propietarios afectados por plazo común de veinte días, y
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. Por el mismo procedimiento establecido en la letra b) del apartado
anterior, y en cualquier clase de suelo, la Consejería competente en
materia de urbanismo podrá delimitar reservas de terrenos en caso de
desafectación del destino público de terrenos y edificaciones propiedad de
las Administraciones públicas.
5. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la
finalidad expresada en los apartados anteriores comporta:
a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa
por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros
dos, debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del
referido plazo. La prórroga deberá fundarse en causa justificada y
acordarse por la Administración competente, previa información pública y
audiencia a los propietarios afectados por plazo común de veinte días,
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En
suelo urbano o urbanizable sectorizado, implicará además, en su caso, la
sustitución o fijación del sistema de actuación previsto para la ejecución
de la unidad de ejecución por expropiación.
b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas
de terrenos a los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley en
favor de la Administración que proceda.
6. Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración
de la Junta de Andalucía podrán acordar la gestión concertada de las
reservas de suelo, pudiendo adquirirse bienes en reservas delimitadas por
cualquiera de estas Administraciones."
J) El artículo 74 queda con el siguiente contenido:
"Artículo 74. Incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto
de reserva para los patrimonios públicos de suelo.
1. La incorporación al proceso urbanizador y la realización de
cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones
adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas conforme
al artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes
instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en esta Ley. Para la
incorporación de las reservas en suelo no urbanizable será suficiente la
revisión parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener
ésta como objeto dicha previsión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la reserva de
terrenos se haya establecido con la expresa finalidad de contribuir a la
protección o preservación de las características del suelo no urbanizable
o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o
vertebración territorial, el instrumento de planeamiento que ordene los
terrenos deberá mantener su clasificación como suelo no urbanizable, con
la categoría que les deba corresponder.
2. En las delimitaciones de reserva de terrenos para el Patrimonio
Autonómico de Suelo sobre suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no
urbanizable cuando se haya establecido con la finalidad expresada en el
párrafo segundo del apartado anterior, la Consejería competente en materia
de urbanismo podrá establecerse como Administración actuante para la
formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento,
así como para la ejecución de los mismos.
3. Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las
Administraciones públicas competentes para la delimitación de la reserva
de terrenos podrán proponer a la Consejería competente en materia de
urbanismo la reducción de los plazos previstos en esta Ley para la
tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento, por
el procedimiento de urgencia que se determine reglamentariamente."
K) Se incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 77, del siguiente tenor
literal:"4. El procedimiento de constitución del derecho de superficie
sobre suelos pertenecientes a los patrimonios públicos de suelo se regirá
por lo dispuesto en el artículo anterior para los diversos supuestos."
Artículo 25. Efectiva ejecución de los instrumentos de planeamiento y
mecanismos para su ejecución directa.
Para facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y habilitar mecanismos para su ejecución de forma directa por
medio de organismos o entidades públicas, se modifican los artículos 89,
96, 108, 109,116 y 123 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en los siguientes términos:
A) El artículo 89 queda con el siguiente contenido:
"Artículo 89. Incumplimiento de los plazos.
1. Una vez establecido el sistema de actuación conforme a lo dispuesto en
el artículo 108 de esta Ley, el incumplimiento de los plazos previstos
legitimará a la Administración actuante:
a) En el sistema de compensación, para su sustitución por un sistema
público de actuación, según se dispone en los artículos 109 y 110.
b) En los sistemas públicos gestionados de forma indirecta, para la
resolución del convenio regulador de la actuación urbanística.
2. El transcurso del plazo establecido para la edificación o
rehabilitación habilitará al Ayuntamiento para su ejecución por
sustitución, salvo que se acuerde la expropiación."
B) Se incorpora un nuevo apartado 2 al artículo 96, con la siguiente
redacción:
"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el suelo
urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, a los efectos del
establecimiento del sistema de actuación, podrán efectuarse los actos
jurídicos de ejecución necesarios, siempre que la unidad de ejecución haya
sido delimitada y se haya procedido a la elección del sistema de
actuación."
C) El actual apartado 2 del artículo 96 pasa a ser el nuevo apartado 3.
D) El artículo 108 queda con el siguiente contenido:
"Artículo 108. Elección y establecimiento del sistema de actuación.
1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación
que la Administración actuante elija motivadamente atendiendo a las
prioridades y necesidades del desarrollo del proceso urbanizador, la
capacidad de gestión y los medios económico-financieros con que
efectivamente cuente la Administración y la iniciativa privada interesada
en asumir la actividad de ejecución o, en su caso, participar en ella.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración
actuante podrá acordar con los propietarios que representen más del
cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, mediante
convenio urbanístico, el sistema de actuación y su forma de gestión.
2. El sistema de actuación quedará establecido:
a) En el sistema de expropiación, con la aprobación de la relación de
propietarios y descripción de bienes y derechos que se consideren de
necesaria expropiación o con la resolución aprobatoria del expediente de
tasación conjunta, o, en su caso, con la adjudicación de la concesión al
agente urbanizador.
b) En el sistema de cooperación, con el acuerdo de iniciación del sistema.
c) En el sistema de compensación, con la aprobación de la iniciativa
formulada por el propietario único, la suscripción del convenio
urbanístico con la totalidad de los propietarios o con el otorgamiento de
la escritura de constitución de la Junta de Compensación."
E) Se incorpora un nuevo apartado 1 al artículo 109 con la siguiente
redacción:
"1. Cuando el sistema no haya quedado aún establecido y no exista
iniciativa para su establecimiento, el municipio podrá sustituir el
sistema de forma motivada mediante el procedimiento de delimitación de
unidades de ejecución."
F) Los actuales apartados 1, 2 y 3 del artículo 109 pasan a ser los nuevos
apartados 2, 3 y 4, respectivamente, introduciéndose en los apartados 2 y
4 las siguientes modificaciones:
a) El apartado 2 queda con la siguiente redacción:
"2. La sustitución del sistema de actuación de compensación, una vez haya
quedado éste establecido, por cualquiera de los sistemas de actuación
pública se acordará, de oficio o a instancia de cualquier persona
interesada, en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las
obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la
declaración de dicho incumplimiento y en el que habrá de oírse a todos los
propietarios afectados."
b) Del apartado 4 se elimina la letra b).
G) El artículo 116 queda con el contenido siguiente:
"Artículo 116. Formas de gestión del sistema.
La Administración actuante podrá optar en el sistema de actuación por
expropiación entre:
a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través de cualquiera de
las fórmulas previstas en el artículo 90.2 de esta Ley, o contratando la
ejecución material de las obras a contratista o contratistas seleccionados
por los procedimientos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas
b) La gestión indirecta, en la que concede la actividad de ejecución al
agente urbanizador mediante la convocatoria del correspondiente concurso,
con arreglo a lo dispuesto en esta Ley."
H) La letra B) del artículo 123 queda con el siguiente contenido:
"B) La Administración actuante asume íntegramente la actividad de
ejecución, pudiendo optar para su desarrollo entre:
a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través de cualquiera de
las fórmulas previstas en el artículo 90.2 de esta Ley, o contratando la
ejecución material de las obras a contratista o contratistas seleccionados
por los procedimientos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas
b) La gestión indirecta, en la que concede la actividad de ejecución al
agente urbanizador mediante la convocatoria del correspondiente concurso,
con arreglo a lo dispuesto en esta Ley."
Artículo 26. Protección de la legalidad urbanística.
Para completar y mejorar la regulación de la protección de la legalidad
urbanística, y hacer efectiva la intervención de la Administración de la
Junta de Andalucía en los supuestos de mayor gravedad, se modifican los
artículos 31, 169, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 195, 207, 208 y 210
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en los siguientes términos:
A) Se añade un apartado 4 al artículo 31, con el siguiente texto:
"4. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el
ejercicio de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta
afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al
municipio afectado, dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previo
informe favorable del Parlamento de Andalucía, podrá atribuir a la
Consejería competente en estas materias el ejercicio de la potestad de
planeamiento que corresponde a los municipios conforme al apartado 1 de
este artículo.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno delimitará el ejercicio de dicha
potestad necesario para restablecer y garantizar las competencias
afectadas, las condiciones para llevarlo a cabo, con la intervención del
municipio en los procedimientos que se tramiten en la forma que se prevea
en el mismo Acuerdo, y el plazo de atribución, que en ningún caso será
superior a cinco años desde su adopción. Dicho Acuerdo se pronunciará
sobre la suspensión de la facultad de los municipios de firmar convenios
de planeamiento a los que se refiere el artículo 30 de la presente Ley,
atribuyendo la misma a la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo."
B) Al artículo 169 se incorpora un nuevo apartado 5 con el siguiente
contenido:
"5. Serán nulas de pleno derecho las licencias, órdenes de ejecución o los
acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado anterior, que
se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística cuando
tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados en el
artículo 185.2 de esta Ley."
C) En el artículo 179.4, la letra e) queda con la siguiente redacción:
"e) Colaborar con las Administraciones competentes, así como hacer cumplir
efectivamente las medidas cautelares y definitivas que, para el
cumplimiento de la ordenación urbanística, aquéllas hayan acordado."
D) El apartado 2 del artículo 181 queda con el siguiente contenido:
"2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse,
indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su
defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución,
realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la
notificación, podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o
uso.
De la orden de suspensión, se dará traslado a las empresas suministradoras
de servicios públicos, con objeto de que interrumpan la prestación de
dichos servicios."
E) El apartado 4 del artículo 181 queda con el siguiente contenido:
"4. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se
traslade a las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar,
mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por
períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de
600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio
Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda."
F) El apartado 2 del artículo 182 queda con la siguiente redacción:
"2. Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación
urbanística vigente, al suspenderse el acto o el uso o, en el supuesto en
que uno u otro estuviera terminado, al apreciarse la concurrencia de
alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, se
requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo de dos
meses, ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses en
atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al
título habilitante en el plazo previsto en el mismo."
G) El apartado 1 del artículo 183 queda con el siguiente contenido:
"1. Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física
alterada cuando:
a) las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística,
b) se inste la legalización y ésta haya sido denegada,
c) se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de
las actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulte la
improcedencia legal de dicha legalización por disconformidad de los actos
con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística
aplicables."
H) Se incorpora un nuevo apartado 2 al artículo 183, con la siguiente
redacción:"2. Las propuestas de resolución que se formulen en los
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de
reposición de la realidad física alterada deberán incluir, cuando proceda,
las disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas
para la reposición, a costa del interesado, de las cosas al estado
inmediatamente anterior a la apreciación de las circunstancias a que se
refieren los artículos 181.1 y 182.1 de esta Ley, incluida la demolición o
en su caso reconstrucción."
I) Los actuales apartados 2 y 3 del artículo 183 pasan a ser los nuevos
apartados 3 y 4, respectivamente.
J) El apartado 2 del artículo 184 queda con el siguiente contenido:
"2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso,
se haya señalado en la resolución de los procedimientos de
restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la
realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas
órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución
subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá procederse en todo
caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa
coercitiva."
K) El artículo 188 queda con la siguiente redacción:
"1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución,
la Consejería con competencias en materia de urbanismo, transcurridos
cinco días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que
adopte el pertinente acuerdo municipal sin que se haya procedido a la
efectiva suspensión de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas
cautelares de suspensión previstas en el artículo 181.1 cuando los actos o
los usos correspondientes:
a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de
planeamiento preciso para su legitimación.
b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable.
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las afecciones previstas
en el artículo 185.2, b) de esta Ley.
2. La Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista en el
apartado anterior lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra
Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
3. Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos previstos en el
apartado 1, la Consejería con competencias en materia de urbanismo,
transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al
Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar
las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización,
mediante licencia, de los actos y usos, cuando proceda.
4. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1 y 3, sin que sea
atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas
responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven
legalmente."
L) Al artículo 189 se incorpora un nuevo apartado 4 con la siguiente
redacción:
"4. La suspensión administrativa de la eficacia de las licencias
conllevará la suspensión de la tramitación de las de ocupación o primera
utilización, así como de la prestación de los servicios que, con carácter
provisional, hayan sido contratados con las empresas suministradoras, a
las que deberá darse traslado de dicho acuerdo."
M) El apartado 1 del artículo 195 queda con la siguiente redacción:
"1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores corresponde:
a) Al Alcalde del correspondiente municipio o al concejal en quien delegue.
b) A la Consejería competente en materia de urbanismo cuando el acto o uso
origen del expediente sea de los contemplados en los párrafos a), b) o c)
del artículo 188.1 de esta Ley, previo requerimiento al Alcalde para que
en el plazo máximo de quince días inicie el correspondiente procedimiento
sancionador, sin que dicho requerimiento hubiera sido atendido, o,
directamente, cuando la citada Consejería hubiese adoptado la medida
cautelar de suspensión de conformidad con lo previsto en el artículo 188
de esta Ley.
El transcurso del citado plazo de quince días, sin ser atendido, dará
lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles, administrativas y
penales se deriven legalmente.
Asimismo, le corresponderá la competencia cuando los actos constitutivos
de la infracción se realicen al amparo de licencia o, en su caso, en
virtud de orden de ejecución, que hayan sido anuladas a instancia de la
Administración Autonómica."
N) Al artículo 207.3 se incorpora una nueva letra d) con el siguiente
contenido:"d) La ejecución, realización o desarrollo de actos de
parcelación, urbanización, construcción o edificación e instalación, o
cualquier otro de transformación del uso del suelo, que sean contrarios a
la ordenación territorial o urbanística."
Ñ) En el artículo 207.4. C), la letra a) queda con el siguiente contenido:
"a) Suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona
de influencia del litoral."
O) El apartado 1 del artículo 208 queda con el siguiente contenido:
"1. Las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas son las
multas que para cada tipo específico se prevén en el Capítulo III de este
mismo Título o, cuando la conducta infractora no sea objeto de
tipificación específica, la establecida en el apartado 3 de este artículo
para los tipos básicos descritos en el artículo 207 según la clase de
infracción de que se trate, teniendo en cuenta, en ambos casos, las reglas
establecidas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la
aplicación de las sanciones."
P) El apartado 3 del artículo 208 queda con el siguiente contenido:
"3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior
y salvo que la infracción constituya uno de los tipos específicos del
Capítulo III de este Título, las infracciones urbanísticas serán
sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999 euros.
b) Infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 6.000 euros hasta 120.000 euros."
Q) El apartado 1 del artículo 210 queda con el siguiente contenido:
"1. El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas comenzará a
computarse desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su
caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este
último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento
sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que
permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción, y nunca antes
de la completa terminación de los actos.
En los supuestos de actos constitutivos de una infracción urbanística que
se realicen al amparo de aprobación, licencia preceptiva u orden de
ejecución, el plazo de prescripción empezará a computarse desde el momento
de la anulación del título administrativo que los ampare."
Disposición adicional primera. Titularidad del Patrimonio Autonómico de
Suelo.
La titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo corresponderá, a todos
los efectos, a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Viviendas de protección oficial de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
Las referencias que se contienen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública se han de entender hechas a la
denominación y concepto de vivienda protegida que se regula en la presente
Ley.
Disposición adicional tercera. Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.
Las referencias que se contienen en la presente Ley a la regulación por
los correspondiente planes de vivienda y suelo se entenderán hechas al
actual Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 aprobado por Decreto
149/2003, de 10 de junio, modificado por el Decreto 463/2004, de 10 de
junio, o Plan que lo sustituya.
Disposición adicional cuarta. Actualización de las sanciones en materia de
vivienda protegida.
Se habilita al Consejo de Gobierno para actualizar el importe de las
sanciones económicas establecidas en el artículo 21 de la presente Ley.
Disposición adicional quinta. Creación del Cuerpo de Inspección de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
1. Se crea, dentro del Grupo A configurado en la disposición adicional
quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Cuerpo de Inspección de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía para ejercer
las funciones de inspección de ordenación del territorio, urbanismo y de
vivienda que sean competencia de la Administración de la Junta de
Andalucía, en los términos que se le atribuyan reglamentariamente.
2. El ingreso en el referido Cuerpo será por oposición entre Doctores,
Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o equivalentes.
Excepcionalmente, la primera convocatoria se podrá cubrir por concurso de
méritos entre funcionarios pertenecientes a Cuerpos, Escalas, Clases o
Categorías integrados en el Grupo A de las distintas Administraciones
Públicas.
3. Los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de
la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la
consideración de agentes de la autoridad, con las facultades y protección
que les confiere la normativa vigente.
El personal inspector estará provisto de la correspondiente acreditación,
con la que se identificará en el desempeño de sus funciones.
Cuando lo consideren preciso, los inspectores de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía podrán recabar,
en el ejercicio de sus funciones, el apoyo, concurso, auxilio y protección
que necesiten de otras Administraciones Públicas.
Disposición transitoria única. Aplicación del artículo 10.1.A b) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
1. La localización de las reservas de terrenos con destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública a las que hace
referencia el artículo 10.1.A) b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
será exigible desde la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos y
forma establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos
sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado.
2. Esta determinación será igualmente de aplicación a los Planes Parciales
de Ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos
de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con
posterioridad al 20 de enero de 2007.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, el Decreto
202/2003, de 8 de julio, por el que se define el concepto de vivienda
protegida a los efectos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Disposición final única. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias
para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
??
Pág. núm. 12.2 Andalucía, 27 de mayo de 2005 BOPA núm. 206
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
Pág. núm. 5588 Andalucía, de febrero de 2001 BOPA núm. 15
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía