BOPA nº 216, pag. 13648 de la VII Legislatura (10/06/2005)


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7-05/PL-000002, Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo
Enmienda a la totalidad formulada por el G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 9 de junio de 2005
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 111 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente enmienda a la totalidad con propuesta de
devolución al Proyecto de Ley 7-05/PL-000002, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo.
JUSTIFICACIÓN
Las dificultades de acceso a la vivienda, fundamentalmente por su
carestía, han convertido a ésta en una de las principales preocupaciones
de los andaluces y andaluzas.
Como dice Alberto Magnahi: "Desde hace tiempo ya nadie construye la
ciudad, ya que la construcción de la periferia metropolitana no es un
proyecto urbanístico ni social: es un automatismo del mercado, de la
mercancía, de la producción."
Desde hace tiempo, nadie duda de que la carestía de la vivienda está
motivada fundamentalmente por una insaciable especulación urbanística.
Pero, en los últimos tiempos, en Andalucía, se ha producido una importante
alarma social a partir de lo que se va conociendo del llamado caso
"Ballena Blanca", que no viene más que a confirmar lo que de manera
generalizada se venía intuyendo: la explícita relación en muchos casos
entre la carestía y la especulación, el blanqueo de dinero y la presencia
de determinados tipos de mafia.
Resulta paradójico en primera instancia -e intentando evitar análisis
simplistas- el brutal incremento del precio de la vivienda en Andalucía,
si se considera el gran número de viviendas construidas y la significativa
cantidad de viviendas vacías. En Andalucía no se puede, al menos desde el
punto de vista cuantitativo, hablar de un parque residencial insuficiente.
Pero a pesar de esta suficiencia del parque residencial, la actividad
constructiva y la consiguiente ocupación de suelo y destrucción de
territorio por usos urbanos no paran de crecer. Y al mismo tiempo un buen
número de andaluces y andaluzas no tienen satisfechas sus necesidades de
vivienda. Ello nos lleva a que sea necesario distinguir con claridad entre
los conceptos de demanda y necesidad de vivienda.
Así, la demanda de vivienda en Andalucía puede subdividirse a grandes
rasgos en tres grandes grupos:
1. Demanda nacional y foránea de segundas residencias, a la que se une
una, cada vez más creciente, demanda europea de residencia habitual. Es
una demanda con un poder adquisitivo de medio a alto y con predilección
por el modelo urbanístico asociado a la baja densidad.
2. Demanda de especuladores o inversores que no contemplan la vivienda
como un bien de uso, sino como una inversión de carácter financiero,
"segura" y de elevada rentabilidad.
3. Demanda de primera residencia por clases o grupos sociales (excluidos,
familias con ingresos bajos, jóvenes, nuevas familias monoparentales,
población inmigrante de países empobrecidos, etc.) con un poder
adquisitivo bajo, especialmente si se pone en relación con los precios de
las viviendas. Realmente, éste es el único grupo en el que demanda y
necesidad de vivienda coinciden.
La respuesta del sector inmobiliario a esta composición de la demanda se
dirige, no a dar solución a las necesidades de vivienda, sino a obtener
los mayores beneficios al menor plazo posible. De esto modo la oferta
inmobiliaria se concentra en "satisfacer" a demandantes de segundas
residencias y primeras residencias de "lujo", así como la demanda de
vivienda como inversión financiera, especulativa e incluso, como ha venido
a poner de manifiesto la actual operación policial y judicial que se está
llevando a cabo en Marbella, delictiva. Por el contrario, no presta
atención al sector de la demanda con necesidades reales de vivienda.
En esto hay una importante cuota de responsabilidad en unas políticas de
ordenación del territorio que en lugar de dirigirse a planificar el
territorio para lograr su vertebración, cohesión y equilibrio, lo que
hacen realmente es legalizar situaciones de hecho que vienen determinadas
por los intereses del mercado.
Además hay que añadir que los Ayuntamientos carecen de los recursos
suficientes para asumir un desarrollo aceptable de las competencias que
tienen atribuidas. En este contexto, los propios Ayuntamientos suelen
utilizar sus competencias urbanísticas cómo método relativamente fácil de
obtener recursos financieros a corto plazo, contribuyendo a distorsionar y
encarecer el mercado al renunciar como administraciones a utilizar el
patrimonio público de suelo para resolver la satisfacción de un bien de
primera necesidad y un derecho reconocido constitucionalmente, como es el
acceder a una vivienda digna.
Sobre lo anterior, planean también otras dos cuestiones:
- el nefasto modelo urbanístico que se abre paso con fuerza en nuestra
Comunidad Autónoma, con la excesiva proliferación de viviendas
unifamiliares asociadas a jardines y piscinas privados y campos de golf:
modelo que despilfarra y encarece el limitado recurso suelo y que, por si
fuera poco, tiene una incidencia que no es baladí en el derroche de
recursos hídricos, y
- la falta de planeamiento, reconocida por la Consejería, que ha
contribuido necesariamente a un desorden urbanístico generalizado y a una
más que evidente descoordinación entre los planeamientos de municipios
equivalentes o cercanos, lógicamente llamados a la complementariedad.
El escándalo del caso "Ballena Blanca" -aunque se presentó como limitado a
un espacio determinado ya conocido, fundamentalmente la Costa del Sol-
permitió poner de manifiesto que la especulación, y lo que conlleva que
describíamos más arriba, se extendía en Andalucía como una mancha de
aceite. Prácticamente colmatado el litoral andaluz, su voracidad avanzaba
hacia el interior, apuntando especialmente a los entornos de los parques
naturales y zonas de interés paisajístico y forestal y a las grandes
ciudades. Se había destapado que más de veinte años de gobierno socialista
no habían sido capaces de evitar la situación descrita e, incluso en
muchos casos, habían sido cómplices, al menos por omisión, de tal estado
de cosas.
La presión social y política llevó al Presidente de la Junta de Andalucía
a anunciar sorpresivamente una serie de medidas y cambios legislativos
para facilitar el acceso a la vivienda de todos los andaluces y andaluzas
y para luchar contra la especulación. Fruto de ese anuncio, se presenta
tramitándolo por urgencia este Proyecto de Ley.
¿Responde este Proyecto de Ley a los objetivos propuestos y a las
expectativas generadas? ¿Servirá esta futura Ley para abaratar la vivienda
y luchar contra la especulación y los indeseables fenómenos que lleva
aparejada?
La respuesta en ambos casos es negativa. La Ley propuesta añade muy pocas
cosas nuevas a las ya existentes; incluso puede decirse que, en la mayoría
de los casos, existen ya mecanismos legales para llevar a cabo lo que
ahora se anuncia que se pretende. Más bien parece una cortina de humo para
tapar la ineficacia de los planes y, paradójicamente, concreta muy poco y
remitiendo -otra vez- a futuros planes y reglamentos que, si no fuera por
la indolencia y falta de eficacia en la gestión, podían haberse
desarrollado ya, en unos casos, y mejor, en otros.
Antes de nada, hay que decir que se ha perdido una oportunidad magnífica
de elaborar una auténtica y completa "Ley de Vivienda de Andalucía". En
efecto, aunque el Proyecto de Ley pretende regular y facilitar el acceso a
la vivienda a los colectivos con recursos económicos bajos, no constituye
propiamente el desarrollo del derecho a una vivienda digna y adecuada,
reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española. Es una expresión
del mismo, pero no tiene vocación de establecer un completo régimen de la
vivienda protegida; simplemente pretende sistematizar y dar solución a
determinadas situaciones, no a todas las que podrían presentarse. Tampoco
se ha aprovechado para regular otras cuestiones importantes, como las que
pueden afectar a los derechos de los ciudadanos a la hora de adquirir o a
alquilar una vivienda, las obligaciones de los promotores en relación a
los estándares de calidad, la publicidad, el tratamiento de las viviendas
vacías, las obligaciones relativas al mantenimiento y conservación por
parte de la propiedad, el tratamiento particularizado de determinados
colectivos como las familias numerosas, las monoparentales, los mayores,
los jóvenes menores de treinta y cinco años, etc.
En el Proyecto de Ley presentado, por lo que se refiere a la vivienda
protegida, se tocan fundamentalmente algunas cuestiones relativas a la
vigilancia de los fines y gestión de la VPO. Si bien estos temas son
importantes, hay que decir que no están tan directamente relacionados con
la carestía de la vivienda y la especulación como se quiere hacer creer en
la Ley. No se aporta nada nuevo fundamental a los mecanismos existentes
que, insistimos, no se han aplicado por falta de voluntad política de los
gobiernos de la Junta.
La regulación que este Proyecto de Ley establece en su título primero está
tan escasamente definida que crea una inseguridad jurídica inasumible en
un tema de tanta trascendencia como es el de la vivienda protegida. Se
dejan demasiadas cuestiones pendientes de un desarrollo posterior, no sólo
ya en el ámbito del futuro o los futuros reglamentos que emanen de esta
futura Ley, sino incluso al albur de lo que determinen los diferentes
programas que integren los planes de vivienda y suelo. Igualmente se hacen
depender demasiadas cuestiones pendientes de otras disposiciones de
posible aplicación, con lo que resulta una regulación dispersa y confusa.
Incluso el propio concepto de lo que se entiende por vivienda protegida no
queda bien definido, al dejarse su concreción sobre la base de una serie
de características "establecidas en esta Ley", las cuales, en sus
artículos correspondientes, se hacen depender de posteriores desarrollos
reglamentarios o de otro tipo, así como a partir de "las demás
disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por
la Consejería competente en materia de vivienda". Resulta, por lo tanto,
sorprendente e indebido que quede indefinido el concepto de vivienda
protegida y se pretenda después articular una serie de determinaciones
para regular la materia.
Hay también otros aspectos de importancia en relación a la vivienda
protegida que no quedan suficientemente definidos en el Proyecto de Ley y
que no se ve claro que necesariamente vayan a tener una incidencia
positiva en mover los precios a la baja. Concretamente:
- Los sujetos destinatarios de las viviendas protegidas, entre los que
flagrantemente se ha ignorado a los inmigrantes.
- Las excepciones al destino que debe darse a las viviendas protegidas.
- El valor del suelo destinado a vivienda protegida.
- El derecho de adquisición preferente por parte de la Administración de
la Junta de Andalucía.
Por lo que respecta a la extensión a todos los municipios de la obligación
de reservar un 30% del suelo residencial a viviendas protegidas, si bien
hemos de saludarla como positiva, hemos de señalar, sin embargo, que la
posibilidad que establece el artículo 23, de que sectores o áreas con una
densidad inferior a 15 viviendas por hectárea (normalmente esta tipología
urbana responderá a demandas de sectores sociales con elevados niveles de
renta) puedan ser eximidos de esa obligación, no parece ayudar mucho a los
necesarios procesos de integración urbana, tanto desde el punto de vista
social como urbanístico, por mucho que después se prevea de forma muy
inconcreta la necesidad de compensación en otras áreas y de la
distribución equilibrada de este tipo de viviendas.
Sobre las sanciones en los casos de comisión de infracciones, se echa en
falta una mayor decisión y severidad en la implantación de las mismas.
Nada garantiza que la sanción sea inferior a la plusvalía o beneficio
extra logrado con el incumplimiento, con lo que una vez más hay que decir
que la Ley no asegura el efecto disuasorio y ejemplarizante que se supone
a las sanciones.
En otro orden de cosas, el presente Proyecto de Ley adolece de dos graves
defectos que, impregnándolo con carácter general, justificarían por sí
mismos la devolución: la incapacidad para resolver unas relaciones
objetivas y eficaces con otras administraciones, sobre todo la municipal,
y la introducción de fuertes elementos de inseguridad jurídica para
Ayuntamientos y particulares.
Por lo que respecta a las relaciones con los Ayuntamientos, a las que este
Proyecto de Ley aporta tensión añadida, sin por ello mejorar
sustancialmente en la protección de la legalidad urbanística en aquellos
casos en que se incumpla, podrían ponerse varios ejemplos, pero, quizás,
lo más significativo es lo referente a la agresiva invasión de algunas
competencias que son, según el cuerpo legal existente, exclusivas de los
Ayuntamientos. Nos referimos en concreto al artículo 24, donde se
establece que "la Consejería competente en materia de urbanismo podrá
establecerse como administración actuante para la formulación, tramitación
y aprobación de los instrumentos de planeamiento, así como para la
ejecución de los mismos" en la reserva de terrenos para el Patrimonio
Autonómico de Suelo. Falta una regulación objetiva de la participación del
Ayuntamiento afectado en estos casos. Regulación que consideramos
imprescindible para evitar que se extienda al tema residencial la
situación planteada en otros ámbitos con la declaración de "suelos de
interés autonómico" donde se minimiza o ignora la opinión de los
Ayuntamientos afectados.
En lo referente a la inseguridad jurídica, en su dictamen, el Consejo
Económico y Social (CES) "advierte de la necesidad de precisar en el
Anteproyecto los términos del ejercicio de la potestad reglamentaria, al
objeto de no dejar un excesivo ámbito al Ejecutivo para que pueda regular
materias que, en principio, están reservadas a la ley. Aunque se comprende
que en este campo de la vivienda protegida debe estarse en no pocas
cuestiones a las políticas sectoriales contenidas en los Programas y
Planes de Viviendas, tampoco puede perderse de vista el necesario respeto
a los derechos individuales y a la seguridad jurídica..." Asimismo, más
concretamente cabe citar, entre otros ejemplos, la falta de definición
sobre cuáles serían las circunstancias para considerar como graves los
incumplimientos por los municipios en materia de legalidad urbanística.
Hay también dos cuestiones de carácter organizativo que surgen de
planteamientos contenidos en el propio Proyecto de Ley y que al no
desarrollarse ponen en duda su eficacia práctica e, incluso, su
viabilidad. Nos referiremos en primer lugar a los excesivos deberes
formales de información y comunicación, que van a suponer un exceso de
burocracia. El Proyecto establece una carga muy importante de documentos
que la administración tiene que recibir, tratar, archivar y custodiar, lo
que va a suponer unas obligaciones desmedidas, para las que hoy por hoy no
está preparada, que pueden conducir al colapso y a la ralentización
innecesaria e improductiva de numerosos proyectos. Asimismo, cabe destacar
la escasa referencia a algo tan importante como la creación del cuerpo de
inspección de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (disposición
adicional quinta), cuya entidad obligaría a una regulación mucho más
específica.
Y, finalmente, la cuestión económica. Los contenidos de este Proyecto de
Ley (expropiaciones con fijación estricta de plazos, derecho de retracto,
desarrollos de planeamiento y ejecución del patrimonio público de suelo,
creación del cuerpo de inspectores, etc.) obligan a un importante esfuerzo
económico cuya dotación presupuestaria, siendo imprescindible, no está
garantizada. Se echa en falta un estudio o memoria económica que
establezca la viabilidad económica de todas las medidas propuestas con
certeza razonable pues su falta de ejecución afectaría vitalmente a los
propósitos y objetivos que se persiguen.
En definitiva, por todo lo ya expresado, se deduce que el Proyecto
presentado no responde a las necesidades de los andaluces y andaluzas y no
contribuye significativamente a garantizar el cumplimiento del artículo 47
de la Constitución Española, relativo al derecho al acceso a una vivienda
digna, y tampoco aprovecha con eficacia las competencias que el artículo
13.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía solicita la devolución de este Proyecto de Ley.
Parlamento de Andalucía, 6 de junio de 2005.
La Portavoz del G.P: Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.