BOPA nº 291, pag. 16938 de la VII Legislatura (03/10/2005)


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7-05/PL-000002, Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas al articulado
presentadas por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, Andalucista, Popular de Andalucía y Socialista
Sesión de la Mesa de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda del día 23 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 26 de septiembre de 2005
A LA MESA DE LA COMISIÓN de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al amparo
de lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas:
Enmienda núm. 1, de modificación
Exposición de Motivos 2, párrafo antepenúltimo
Donde dice:
" ... la duración del régimen de protección se establecerá
reglamentariamente para cada figura o programa de vivienda protegida, a la
vez que los precios ..."
Debe decir:
" ... la duración del régimen de protección se extenderá a toda la vida
útil de la vivienda, a la vez que los precios ..."
Enmienda núm. 2, de adición
Exposición de Motivos 2, párrafo penúltimo bis, nuevo
Añadir los siguientes párrafos nuevos:
"La Ley contempla la creación de un Registro andaluz de demandantes de
viviendas protegidas con la finalidad de facilitar la adjudicación de
dichas viviendas, así como conocer las necesidades en nuestra Comunidad y
ajustar las políticas de vivienda pública a dicha demanda en cada
municipio.
La Ley, al mismo tiempo, define el concepto de vivienda desocupada con el
fin de facilitar políticas fiscales que graven las mismas. De igual manera
se prevé la creación de Registros de Viviendas Desocupadas que ayuden a la
ejecución de las políticas públicas para incentivar su incorporación al
mercado de alquiler".
Enmienda núm. 3, de modificación
Exposición de Motivos 3, párrafo séptimo
Donde dice al inicio de este párrafo:
"... bajo la rúbrica 'Medidas en materia de suelo residencial', consta
de...",
Debe decir:
"... bajo la rúbrica 'Medidas en materia de suelo', consta de..."
Enmienda núm. 4, de modificación
Exposición de Motivos 3, párrafo octavo, hacia el inicio
Donde, hacia el inicio, dice:
"... la obligación de reservar al menos el treinta por ciento de la
edificabilidad residencial ..."
Debe decir:
" ... la obligación de reservar al menos el setenta y cinco por ciento de
la edificabilidad residencial ..."
Enmienda núm. 5, de modificación
Exposición de Motivos 3, párrafo octavo, hacia el final
Donde, hacia el final, dice:
"... pueda excepcionar esta obligación por circunstancias de densidad y
tipología de vivienda, si bien con la necesidad de compensarlo en el resto
de áreas y sectores, ..."
Debe decir:
" ... pueda exceptuar de esta obligación en suelo urbano y, así pues,
podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a áreas concretas
situadas en suelo urbano en los que por sus dimensiones u otra
circunstancia no sea posible su cumplimiento. El Plan deberá prever su
compensación en el resto de las áreas o sectores asegurando la
distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de la
ciudad. Sin embargo, deberá compensarse en el resto de áreas y sectores,
..."
Enmienda núm. 6, de adición
Exposición de Motivos 3, párrafo penúltimo bis, nuevo
Añadir los siguientes párrafos nuevos:
"En la disposición adicional sexta se contempla la creación del Instituto
Andaluz de Realojamiento e Integración Social, a fin de garantizar una
vivienda digna y adecuada a aquellos colectivos con necesidades
perentorias de vivienda protegida, así como necesitadas de actuaciones de
intervención social.
De modo similar, por la disposición adicional séptima se dispone la
creación de las Juntas Arbitrales de Vivienda, para la intervención y la
aportación de vías de solución en los conflictos existentes en materia de
vivienda entre los consumidores y los agentes intervinientes en la
edificación, así como con las agencias de fomento del alquiler."
Enmienda núm. 7, de adición
Artículo 1
Añadir al final:
"así como medidas para la puesta en el mercado de alquiler de las
viviendas desocupadas".
Enmienda núm. 8, de adición
Artículo 3.1
Añadir al final de este punto lo que sigue:
"Se considerarán también posibles destinatarios de viviendas protegidas
aquellas familias que precisen cambiar por razones de movilidad laboral o
que precisen una vivienda de mayor superficie por incremento del número de
personas de la unidad familiar."
Enmienda núm. 9, de adición
Artículo 3.1 bis, nuevo
Añadir este punto nuevo dentro del artículo 3, detrás del que en el
proyecto es el primero:
"3.1 bis. Con carácter urgente y prioritario se atenderá, mediante
programas de manera específica, las necesidades de vivienda de aquellas
familias y colectivos actualmente residentes en núcleos chabolistas de
Andalucía."
Enmienda núm. 10, de adición
Artículo 3.2
Añadir, hacia el final, las expresiones ", familias numerosas,
inmigrantes", quedando redactado así:
"... víctimas de la violencia de género, familias numerosas, inmigrantes y
emigrantes retornados."
Enmienda núm. 11, de modificación
Artículo 5
Sustituir el texto del proyecto por la siguiente redacción:
"El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para venta,
uso propio o arrendamiento, se extiende a toda la vida útil de la misma."
Justificación
Con la finalidad de multiplicar los efectos de satisfacción de necesidades
de viviendas protegidas, en relación a sus destinatarios, se propone que
el régimen de protección se extienda a toda la vida útil de la misma, de
tal manera que satisfará tantas necesidades como el cociente resultante de
dividir la totalidad de la vida útil por el tiempo que se limita.
Enmienda núm. 12, de adición
Artículo 10 bis, nuevo
Añadir este nuevo artículo al final del Capítulo I:
"Artículo 10 bis. Registro andaluz de demandantes de viviendas protegidas
A efectos de determinar la demanda existente, así como para facilitar los
procedimientos de selección de adjudicatarios de viviendas, se creará un
Registro andaluz de demandantes de viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública cuyo contenido y alcance se determinará
reglamentariamente."
Enmienda núm. 13, de adición
Artículo 11.2
Añadir, al final:
"... desarrollo de la presente Ley, debiendo en todo caso ejercitarse en
un plazo máximo de 120 días."
Enmienda núm. 14, de adición
Artículo 16 bis, nuevo
Añadir este nuevo artículo al final del Capítulo II:
"Artículo 16 bis. Viviendas desocupadas
1. Se considera desocupada la vivienda cuando la ausencia de sus
adquirentes u ocupantes legítimos no sea transitoria, intermitente o
provisional.
2. A efectos de prueba de la falta de ocupación de la vivienda, podrán
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
a) Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad.
b) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
c) Utilización habitual de otros lugares para comunicaciones telefónicas e
informática de tipo domiciliario.
d) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
e) Declaraciones y comprobaciones de agentes de la autoridad y del cuerpo
de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
f) Declaraciones de los vecinos del inmueble o de inmuebles cercanos.
g) La negativa injustificada del titular de la vivienda a facilitar
comprobaciones de la Administración, cuando no se aprecie ninguna causa
verosímil que pudiera fundarla y consten también otros indicios de falta
de ocupación.
3. La Consejería competente del Gobierno andaluz colaborará con los
Ayuntamientos para determinar las viviendas vacías susceptibles de
gravamen tributario por tal causa.
Esta colaboración podrá adoptar, entre otras, las siguientes modalidades:
a) Actuaciones de control e inspección por parte del cuerpo de Inspección
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
b) Intercambio de datos e informaciones.
c) Convenios de asistencia económica y técnica para la elaboración de
Registros de viviendas desocupadas."
Enmienda núm. 15, de adición
Artículo 19 h), punto nuevo
Añadir este nuevo punto:
"h) La falta de comunicación, por parte de las suministradoras, del cambio
de titularidad en los contratos de suministros a la Administración
competente."
Enmienda núm. 16, de modificación
Artículo 21.3
Modificar el redactado del proyecto conforme se indica.
Donde dice:
"en el plazo de un año"
Debe decir:
"en el plazo de cinco años".
Enmienda núm. 17, de modificación
Denominación del TÍTULO II
Donde dice:
"TÍTULO II. MEDIDAS EN MATERIA DE SUELO RESIDENCIAL"
Debe decir:
"TÍTULO II. MEDIDAS EN MATERIA DE SUELO"
Justificación
El desarrollo del título afecta a otros tipos de suelo y no sólo al
residencial.Enmienda núm. 18, de modificación
Artículo 23 A) (referida a la modificación propuesta del art. 10. 1 A) b)
de la LOUA)
Sustituir el texto del proyecto por la siguiente redacción:
"A) La letra b) del apartado 1. A) del artículo 10 queda con la siguiente
redacción:
"b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de terrenos
equivalentes, al menos, al setenta y cinco por ciento de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública. El Plan General de
Ordenación Urbanística motivadamente podrá eximir total o parcialmente de
esta obligación a áreas concretas situadas en suelo urbano en los que por
sus dimensiones u otra circunstancia no sea posible su cumplimiento. El
Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores
asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el
conjunto de la ciudad.
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración
social, reglamentariamente podrán establecerse parámetros que propicien la
diversidad de los distintos regímenes de viviendas de protección pública".
Justificación
1. Se trata de dar respuesta a las necesidades de vivienda de los
andaluces en función de su real nivel de renta, mediante una limitación al
precio de la nuevas Viviendas de Protección Pública (VPP).
2. Parece que con el precio actual que alcanza la vivienda libre y las
rentas netas medias, con el 30% fijado actualmente en la Ley, no es
posible garantizar mínimamente el ejercicio al derecho constitucional a
una vivienda a un alto porcentaje de personas.
3. Hay que tener en cuenta lo que en realidad necesita (dinero-hipoteca y
tiempo, esfuerzo familiar) una persona joven para poder disponer de
vivienda.
4. Ya existe un parque de viviendas desocupadas y disponibles. La norma se
refiere a los nuevos crecimientos del parque de viviendas.
5. Limitando el precio de las viviendas nuevas se actúa además en los
precios de los alquileres de viviendas, que tiene una clara relación con
el precio de las viviendas nuevas.
Enmienda núm. 19, de adición
Artículo 23 B) bis (referida a la modificación que se propone del art.
17.1 de la LOUA)
Añadir el siguiente apartado con texto nuevo:
"B) bis. El artículo 17.1 queda con el siguiente contenido:
Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores.
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el
Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y,
en su caso, los Planes Especiales deberán cumplir las reglas sustantivas y
los estándares de ordenación siguientes:
1ª. La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes
con el modelo adoptado de ordenación, general y por sectores, y por tanto
proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del
artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso
característico residencial, industrial o terciario.
Cuando se refiera al uso característico residencial, la densidad no podrá
ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será
asimismo de aplicación a los usos industriales y terciarios.
2ª. Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros
docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial,
cultural o social, y aparcamientos, deberán localizarse de forma
congruente con los criterios establecidos en el apartado F) del artículo 9
y establecerse con características y proporciones adecuadas a las
necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los
siguientes estándares:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con
uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y
nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán
destinarse a parques y jardines, y además, entre 0'5 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el
catorce y el veinte por ciento de la superficie del sector, debiendo
destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además,
entre 0'5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados
de techo edificable."
Justificación
Se pretende evitar que en la tramitación del planeamiento se produzcan
abusos de este tipo de suelo, para dedicarlo a la construcción de segundas
residencias con la consiguiente exención de la obligación de destinar el
30% del aprovechamiento urbanístico a la construcción de VPP.
Por otra parte, ello determina que las dotaciones, equipamientos, etc., en
estos sectores adopten unos estándares diferentes a los que se determinan
para el suelo de uso residencial.
Esto, que en principio, al "surgir" estas zonas con vocación, más que
turística, de acoger segundas residencias, la dinámica futura,
probablemente, acabe convirtiendo muchas de éstas de sectores destinados
preferentemente al uso residencial, con lo que sufrirán un déficit
dotacional e infraestructural de muy difícil solución al haber sido
ocupado el suelo de todo el sector.
Por otra parte, estamos asistiendo en la actualidad a un proceso
importante de reconversión de plazas hoteleras en plazas residenciales, lo
que incidiría aun más en el problema antes citado. Indudablemente estas
son cuestiones a las que habría que aportar soluciones, pero el
acotamiento de suelo para uso característico turístico, más que facilitar
estas soluciones, presenta una gran incertidumbre en torno a problemas
futuros a los que podría dar lugar esta caracterización.
Enmienda núm. 20, de supresión
Artículo 24. I) (referida a la modificación propuesta del art. 73.1 de la
LOUA)
Suprimir del texto la siguiente frase:
"las actividades de planificación de la Junta de Andalucía que tengan la
consideración de Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio."
Enmienda núm. 21, de supresión
Artículo 24. I) (referida a la modificación propuesta del art. 73.2 c de
la LOUA)
Suprimir del texto la siguiente frase:
"o para otros usos industriales, terciarios o turísticos."
Enmienda núm. 22, de adición
Artículo 24. J) (referida a la modificación propuesta del art. 74.2 de la
LOUA)
Añadir al final de este apartado el texto siguiente:
"... así como para la ejecución de los mismos, previa comunicación y
audiencia del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados."
Enmienda núm. 23, de modificación
Artículo 24. J) (referida a la modificación propuesta del art. 74.3 de la
LOUA)
Sustituir la redacción del proyecto, quedando el texto como sigue:
"3. Las Administraciones públicas competentes para la delimitación de la
reserva de terrenos podrán proponer a la Consejería competente en materia
de urbanismo la reducción de los plazos previstos en esta Ley para la
tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento, por
el procedimiento de urgencia que se determine reglamentariamente.
Las circunstancias necesarias para la reducción de los plazos citados en
el párrafo anterior serán también determinadas reglamentariamente."
Enmienda núm. 24, de adición
Disposición adicional cuarta
Añadir al final de esta disposición adicional el siguiente texto:
"el cual, en cualquier caso, quedará automáticamente actualizado
anualmente de acuerdo con el incremento del IPC."
Enmienda núm. 25, de modificación
Disposición adicional quinta, punto 3
Sustituir el apartado 3 de esta disposición por el siguiente texto, que
incluye varios puntos y apartados:
"3. Los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de
la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la
condición de agentes de la autoridad, pueden solicitar el apoyo necesario
de cualquier otra autoridad en su correspondiente ámbito competencial,
especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las
Policías Locales, y están autorizados para entrar y permanecer libremente
y en cualquier momento en inmuebles, construcciones y demás lugares
sujetos a su actuación inspectora, respetando, en todo caso, los derechos
a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de
los interesados. Los inspectores deberán acreditar en todo caso su
condición con la correspondiente credencial.
Cuando para el ejercicio de esas funciones inspectoras fuera precisa la
entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización judicial
salvo consentimiento del afectado. Cuando sea precisa la autorización
judicial, en la solicitud de autorización se deberá identificar de la
forma más precisa posible el local o recinto que se pretenda inspeccionar,
justificando los indicios que hagan sospechar de la comisión de una
infracción administrativa e identificando al funcionario que dirigirá la
inspección, así como el número de personas que hayan de acompañarle. Una
vez realizada la inspección, se levantará acta de las actuaciones
realizadas y se elevará copia auténtica al órgano judicial que haya
otorgado la autorización de la entrada.
4. Los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
podrán recabar la exhibición de la documentación relevante que obre en
poder del interesado o de cualquier organismo público o privado para el
adecuado ejercicio de la función inspectora. Los titulares, representantes
legales o encargados de las fincas, construcciones y demás lugares sujetos
a la actividad inspectora están obligados a facilitar a los inspectores el
examen de las dependencias y el análisis de cualquier documento relativo a
la acción inspectora.
5. Se considerará obstrucción de la actividad de inspección, realizando el
inspector la oportuna advertencia de las posibles consecuencias legales y
procediendo, si es preciso, al levantamiento del acta correspondiente:
a) La negativa injustificada a permitir el acceso a un inspector
debidamente acreditado, salvo en los casos en que sea exigible la
autorización judicial y no se haya obtenido ésta.
b) La negativa a efectuar la exhibición de la documentación a que se
refiere el apartado anterior.
c) La incomparecencia injustificada en el lugar y fecha señalado por la
inspección a efectos de la acción inspectora.
6. Acerca de las actas de la inspección:
1. Las actas y diligencias extendidas por los inspectores tienen la
naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que
motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. A efectos de
la fe pública a que se refiere este apartado, se entiende por inspector de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda el funcionario público o
persona al servicio de la Administración cuya relación contractual
comporte similares garantías de imparcialidad y cualificación, que tenga
entre sus funciones la realización de labores de inspección establecidas
en la ley.
2. En las actas de inspección habrán de incluirse, como mínimo, el lugar,
fecha y hora de la inspección, la descripción detallada de las presuntas
infracciones y las circunstancias en las que se realizó su observación, la
identidad del funcionario o funcionarios o personal al servicio de la
Administración que participaron en la inspección y cualesquiera otras
circunstancias fácticas que, a juicio del inspector, resulten relevantes,
incluida, en su caso, la identificación de las personas presentes. Podrán
incluirse también, a criterio del inspector, la calificación jurídica
provisional de la o las posibles infracciones, con indicación del precepto
legal o reglamentario presuntamente infringido, y la propuesta de medidas
provisionales o definitivas que fuesen convenientes para la protección de
la legalidad.
3. Las actas que carezcan de un requisito formal relevante conforme a la
legislación del procedimiento administrativo común o no procedan de un
inspector o funcionario dotado de fe pública se considerarán como
denuncias y darán lugar a las actuaciones correspondientes.
7. Funciones de la inspección:
1. Corresponde a los inspectores, sin perjuicio de otras que le sean
asignadas en virtud de ley o reglamento, el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) La investigación y comprobación del cumplimiento de las leyes en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y sus
disposiciones de desarrollo practicando cuantas mediciones y pruebas sean
necesarias a tal fin.
b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas para
asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, incluidas las de
protección y restauración de la legalidad.
c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores y medidas de
protección y restablecimiento de la legalidad que procedan.
2. Las funciones inspectoras no podrán comportar ninguna disminución de
las obligaciones que correspondan a los interesados conforme a la
legislación vigente."
Enmienda núm. 26, de adición
Disposición adicional sexta, nueva
Añadir la siguiente disposición:
"Disposición adicional sexta. Instituto Andaluz de Realojamiento e
Integración Social
En un plazo de seis meses, a contar desde la publicación de la presente
Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presentará al
Parlamento un proyecto de ley para la creación del Instituto Andaluz de
Realojamiento e Integración Social.
Dicho Instituto se creará para la intervención integral en aquellas
localidades en las que existan familias o núcleos de población viviendo en
chabolas, infraviviendas o construcciones y alojamientos provisionales con
objeto de proporcionarles una vivienda digna y adecuada, así como para
facilitar su plena integración social y laboral.
Los objetivos de dicho Instituto serán:
1. Proporcionar viviendas a aquellas personas que habiten en chabolas,
edificaciones o alojamientos provisionales e infraviviendas.
2. Facilitar la integración social de dichas personas y familias, así como
de aquellas que ya han accedido a una vivienda social y continúan
requiriendo intervención social.
Tal integración social ha de lograrse promoviendo la integración escolar
de los menores y jóvenes, la inserción laboral, la adquisición de hábitos
saludables, la participación en redes sociales y asociaciones, así como
facilitando el acceso de la población atendida a los derechos y recursos
asistenciales, con especial atención a los problemas derivados del tráfico
y consumo de drogas, e impulsando programas de desarrollo comunitario con
los distintos Ayuntamientos, entre otras medidas, hasta alcanzar tasas de
integración similares a las del entorno.
3. Lograr una distribución territorial lo más equitativa posible de
familias y personas realojadas en vivienda pública en cada municipio y
distrito evitando la concentración de las mismas en edificios, barrios y
distritos.
4. Coordinarse con organismos autónomos, entes, empresas y servicios de la
Administración autonómica, provincial y local en relación con las
actuaciones tendentes a la prevención y erradicación del chabolismo y la
infravivienda, así como a la integración de las personas y colectivos
excluidos en la vida social y laboral.
5. Evitar el uso fraudulento e inadecuado de las viviendas, garantizando
el buen fin de los recursos para remediar situaciones reales de exclusión
social."
Enmienda núm. 27, de adición
Disposición adicional séptima, nueva
Añadir la siguiente disposición:
"Disposición adicional séptima. Juntas Arbitrales de Vivienda
En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley,
el Consejo de Gobierno presentará al Parlamento de Andalucia un proyecto
de ley para la creación de las Juntas Arbitrales de Vivienda, cuyo
objetivo fundamental sería la intervención y aportación de vías de
solución en los conflictos existentes en materia de vivienda entre los
consumidores y los agentes intervinientes en la edificación, así como con
las agencias de fomento del alquiler."
Enmienda núm. 28, de adición
Disposición transitoria segunda, nueva
Añadir la siguiente disposición:
"Disposición transitoria segunda. Plazo para normas imprescindibles
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley,
estarán publicadas y vigentes las disposiciones de desarrollo de la misma,
así como las que quedan pendientes aún de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía."
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
A LA MESA DE LA COMISIÓN de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
El G.P. Andalucista, al amparo de lo previsto en Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 29, de modificación
Artículo 2.2
Donde dice:
"También tendrán esta consideración..."
Debe decir:
"Excepcionalmente podrán tener esta consideración..."
Enmienda núm. 30, de modificación
Artículo. 3.2
Donde dice:
"...víctimas de la violencia de género y emigrantes retornados."
Debe decir:
"...víctimas de la violencia de género, emigrantes retornados, personas
desempleadas de larga duración e inmigrantes."
Enmienda núm. 31, de modificación
Artículo 3.4
Donde dice:"...programas específicos de integración social, en los
términos que se determinen reglamentariamente."
Debe decir:"...programas específicos de integración social, realojos
urbanísticos y las promociones realizadas por promotores para uso propio
promovidas por cooperativas de viviendas, en los términos que se
determinen reglamentariamente."
Enmienda núm. 32, de modificación
Artículo 4.2
"No podrán adquirir o promover para uso propio una vivienda protegida
quienes sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute sobre otra vivienda sujeta a regímenes de protección pública,
salvo en el caso de ocupación temporal de la vivienda por motivo de
realojamiento bajo control de organismos públicos. Tampoco podrán adquirir
o promover para uso propio una vivienda protegida quienes sen titulares de
una vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo con la
normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40%
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida. Este valor se elevará al 60% en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas que necesitaran adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de
su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de las víctimas de la violencia de género o del terrorismo".
Enmienda núm. 33, de modificación
Artículo 5.1
Donde dice:
"...se determinará para cada programa en el correspondiente plan de
vivienda y suelo."
Debe decir:
"...se determinará para cada programa en el correspondiente plan de
vivienda y suelo con una duración mínima de veinte años."
Enmienda núm. 34, de modificación
Artículo 10.1
Donde dice:
"...la correspondiente licencia de ocupación, el carácter..."
Debe decir:
"...las correspondientes licencias municipales, el carácter..."
Enmienda núm. 35, de modificación
Artículo 13.2
Donde dice:
"...a la Consejería compete en materia de vivienda, la transmisión ..."
Debe decir:
"...a la Consejería compete en materia de vivienda, o al Ayuntamiento en
su caso, la transmisión..."
Enmienda núm. 36, de modificación
Artículo 18
Donde dice:
"...tendrán la consideración de infracciones graves y muy graves..."
Debe decir:
"...tendrán la consideración de infracciones leves, graves y muy graves..."
Enmienda núm. 37, de adición
Artículo 20
Añadir un nuevo apartado, que sería el l.
"l) Que el titular o titulares de una vivienda protegida en arrendamiento
adquiera una vivienda en propiedad y no lo comunique a la Administración
titular de dicha vivienda protegida. Ello con independencia del motivo del
desahucio administrativo."
Enmienda núm. 38, de modificación
Artículo 21.2
Donde dice:
"...deberá ser ésta incrementada hasta alcanzar la cuantía equivalente al
beneficio obtenido."
Debe decir:
"...deberá ser ésta incrementada hasta alcanzar la cuantía equivalente al
doble del beneficio obtenido."
Enmienda núm. 39, de adición
Artículo 22
Añadir un nuevo apartado, que sería el d.
"d) Restitución de la obra, en su caso, al estado originario, y/o,
restablecimiento del orden jurídico perturbado."
Enmienda núm. 40, de modificación
Artículo 23, apartado G)
Nueva redacción para el apartado 5 del artículo 61:
"En ningún caso las cesiones de aprovechamientos que corresponden a la
Administración actuante por su participación en las plusvalías generadas
por la ordenación urbanística serán inferiores a las que resultarían de
aplicar el aprovechamiento otorgado por el planteamiento general."
Enmienda núm. 41, de modificación
Artículo 24, apartado C)
Añadir al final de la regla 2ª del artículo 36.2 C)
"...dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Excepto
aquellas cuyo destino sea la construcción de viviendas protegidas en suelo
urbano consolidado."
Enmienda núm. 42, de adición
Artículo 24, apartado D)
Añadir un nuevo apartado al apartado 1 del artículo 69, que sería el e)
"e) Inversiones en infraestructuras que posibiliten la puesta en
funcionamiento de estos suelos."
Enmienda núm. 43, de supresión
Artículo 24, apartado I)
I) Artículo 73, apartado 4: Supresión de este apartado.
Enmienda núm. 44, de supresión
Artículo 24, apartado J)
J) Artículo 74, apartado 2: Supresión de este apartado.
Enmienda núm. 45, de adición
Artículo 26, apartado J)
J) El apartado 2 del artículo 184. Añadir un nuevo punto, que sería el 3.
"3 El importe de las multas coercitivas impuestas en el procedimiento de
protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico
perturbado, quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere
efectivamente la ejecución subsidiaria de las órdenes incumplidas, a los
que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras."
Enmienda núm. 46, de modificación
Disposición adicional primera
Quedaría redactada de la siguiente forma:
"La gestión del Patrimonio Autonómico del Suelo corresponderá a la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía, bajo el control de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que es la única titular."
Parlamento de Andalucía, 15 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.
A LA MESA DE LA COMISIÓN de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al amparo
de lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda:
Enmienda núm. 47, de adición
Artículo 24 bis, nuevo
Añadir el siguiente artículo:
"Artículo 24 bis. Parcelación urbanística.
Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que quedaría como sigue:
"3. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia
urbanística o, en su caso, de declaración de innecesariedad. En todo caso,
para la constitución de pro indivisos voluntarios y de divisiones de
propiedad horizontal siempre será necesaria la obtención de licencia
municipal o declaración de innecesariedad.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se
contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia,
o de la declaración de su innecesariedad, que los notarios deberán
testimoniar en la escritura correspondiente."
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 48, de modificación
Título I
Se propone un nuevo enunciado del Título
ACTUACIONES PROTEGIDAS
Justificación
Tal y como establece el artículo 1 del Proyecto de Ley y la propia
exposición de motivos, el objeto de la Ley son determinadas actuaciones
protegidas en materia de Vivienda y Suelo, no sólo la regulación de la
vivienda. Para dar coherencia a la enmienda que se introduce al artículo
2, primero de este Título, y que abordará el concepto de "actuaciones
protegidas".
Enmienda núm. 49, de modificación
Artículo 2
Se propone un nuevo enunciado del Capítulo.
Concepto de Vivienda Protegida.
Justificación
Concretar a qué se refiere, ya que se pretende introducir vía enmienda un
artículo nuevo relativo a las actuaciones protegidas.
Enmienda núm. 50, de adición
Artículo 2 bis
"Artículo 2 bis. Concepto de actuaciones protegidas.
Se consideran actuaciones protegidas en materia de vivienda, entre otras
que se determinen reglamentariamente:
a) La adquisición, promoción y urbanización de suelo destinada a albergar
viviendas protegidas.
b) La promoción de viviendas protegidas para uso propio, venta y
arrendamiento.
c) La rehabilitación de viviendas o edificios y sus obras complementarias
o de urbanización, así como la adquisición de inmuebles para su
rehabilitación, o para su demolición con fines vinculados a la obtención
de espacios libres y dotacionales.
d) La adquisición, arrendamiento y adjudicación de viviendas usadas en
actuaciones o programas impulsados por la Administración.
e) La compraventa de viviendas usadas siempre que su precio no exceda del
precio equivalente al del metro cuadrado de vivienda protegida en el
momento de la compraventa."
Justificación
Definir algunas de las actuaciones protegidas objeto de esta Ley.
Enmienda núm. 51, de modificación
Artículo 3, apartado 2
"2. En los citados programas se atenderán de manera especial las
necesidades de los grupos sociales con especiales dificultades para el
acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes, mayores, personas con
discapacidad, familias monoparentales, los procedentes de situaciones de
rupturas de unidades familiares, víctimas de terrorismo, de la violencia
de género y emigrantes retornados."
Justificación
Suprimir la referencia a soluciones habitacionales por entender que acota
y reduce el problema, y ampliar entre los destinatarios a las víctimas de
terrorismo.
Enmienda núm. 52, de modificación
Artículo 3, apartado 4
"4. Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las promociones en
las que por su naturaleza no pueda existir concurrencia, como aquellas
adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración
social o de realojos urbanísticos, en los términos que se determinen
reglamentariamente."
Justificación
Ampliar la excepción para las personas afectadas por los realojos
derivados de la reordenación de ámbitos urbanos.
Enmienda núm. 53, de modificación
Artículo 4, apartado 2
"2. No podrán adquirir o promover para uso propio una vivienda protegida
quienes sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso y
disfrute sobre otra vivienda sujeta a regímenes de protección pública,
salvo en el caso de ocupación temporal de vivienda por motivos de realojo
bajo el control de la Administración Pública, ni sobre una vivienda libre
cuando el valor de esta última, determinado de acuerdo con la normativa
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40% del precio
máximo de venta de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero,
objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso de familias
numerosas, o de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de las víctimas de violencia de género o de terrorismo."
Justificación
Dar salida a situaciones que no pueden considerarse como de "vivienda
digna", por causa de ser o haberse quedado pequeña con relación a sus
ocupantes, entre otros motivos ya regulados por el ordenamiento jurídico
vigente. Asimismo, adaptar el Proyecto de Ley a lo regulado en el artículo
17.2 y 3 del RD 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
Enmienda núm. 54, de modificación
Artículo 4, apartado 3
"3. No obstante, por razones de movilidad laboral, entre otras que se
determinen reglamentariamente, se establecerán excepciones a lo dispuesto
en el apartado anterior con el fin de atender situaciones transitorias."
Justificación
Las excepciones se deben recoger en la Ley o en el Reglamento que la
desarrolle y no dejarlas al arbitrio de los planes, con el fin de dotar de
seguridad jurídica y certeza a la materia. Por ello se obliga a que sea
esta vía de forma preceptiva y no potestativa.
Enmienda núm. 55, de modificación
Artículo 5, apartado 1
"1. El plazo de duración del régimen legal de protección de las viviendas
destinadas a la venta será de treinta años a partir de la fecha de la
calificación definitiva. La descalificación anticipada y voluntaria sólo
tendrá lugar en los supuestos que se regulen en la normativa de desarrollo
de la presente Ley."
Justificación
Fijar el periodo de descalificación sin dejarlo al arbitrio de los
diferentes planes y programas de vivienda. Asimismo, tasar mediante la
normativa de desarrollo los supuestos de descalificación voluntaria y
anticipada de la vivienda protegida.
Enmienda núm. 56, de adición
Artículo 5, apartado 1 bis
"2. La duración del régimen legal de las viviendas protegidas destinadas
al alquiler, computada a partir de la fecha de su calificación definitiva,
será de 20 años cuando se trate de viviendas protegidas del régimen
especial, y de 15 años cuando se trate de otros tipos de viviendas
protegidas."
Justificación
Establecer el periodo de descalificación de las viviendas destinadas al
alquiler.
Enmienda núm. 57, de modificación
Artículo 5, apartado 2
"2. La reducción de los plazos expresados en el número anterior se
establecerá en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley."
Justificación
Establecer las reducciones mediante el Reglamento de desarrollo de la Ley
y no en los diferentes programas, al objeto de dotar de mayor seguridad
jurídica a la ya profusa normativa de vivienda.
Enmienda núm. 58, de modificación
Artículo 8
"Todo contrato o acto de disposición sobre suelos destinados a la
promoción de viviendas protegidas estará sujeto a condición resolutoria
para el caso de que se incumpla tal destino, debiendo constar tal
determinación en los documentos que a tal efecto se suscriban y en el
Registro de la Propiedad."
Justificación
Inscribir la condición resolutoria en el Registro de la Propiedad en aras
de mayor garantía.
Enmienda núm. 59, de adición
Artículo 12, apartado 1, párrafo nuevo
"Los compradores de viviendas protegidas no podrán transmitirlas inter
vivos ni ceder su uso por ningún título, durante el plazo mínimo de diez
años desde la fecha de formalización de la adquisición."
Justificación
Adaptarse al artículo 13.2 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
Enmienda núm. 60, de modificación
Artículo 12, apartado 3
"3. La persona adquirente deberá comunicar a dicho órgano competente, en
el plazo de los sesenta días naturales siguientes a la transmisión, las
condiciones en las que se ha producido la venta, así como una copia de la
escritura o documento donde la venta se haya formalizado."
Justificación
Equiparar el plazo de la comunicación con lo dispuesto en los números 2 y
4 del mismo artículo.
Enmienda núm. 61, de modificación
Artículo 23, apartado a), que modifica la letra b) del apartado 1.A) del
artículo 10 de la LOUA, párrafo 1
"b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los
terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública. Motivadamente,
el Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o
parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que no se
consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan
deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores,
asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el
conjunto de la ciudad."
Justificación
Una vez que se compensa la exención con la ejecución en el resto de áreas
o sectores, y de forma motivada por el Plan, no se deben tasar los motivos
en esta Ley, dejándolo por tanto a criterio y autonomía de los
Ayuntamientos.
Enmienda núm. 62, de modificación
Artículo 23, apartado b), que modifica el apartado 5, párrafo 2 del art.
61 de la LOUA
"En ningún caso las cesiones de aprovechamiento que corresponden a la
Administración actuante por su participación en las plusvalías generadas
por la ordenación urbanística serán inferiores a las que resultarían de
aplicar el aprovechamiento otorgado por el planeamiento general."
Justificación
Expresar de un modo más claro la intención de hacer corresponder a la
Administración actuante el aprovechamiento que le corresponde y no menos.
Enmienda núm. 63, de modificación
Artículo 24, apartado I), que da nueva redacción al artículo 73.1 LOUA,
párrafo 1
"1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y el
Plan General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier
clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la
constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo."
Justificación
Concretar que se trata de planes de carácter subregional e impedir que las
actividades de planificación de la Junta de Andalucía puedan realizar esta
reserva sin que el Plan Subregional lo contemple.
Enmienda núm. 64, de modificación
Artículo 24, apartado I), que da nueva redacción al artículo 73.2, letra
c) LOUA"c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para
actuaciones públicas de viviendas en aquellas zonas donde se prevea el
crecimiento de la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, o para otros usos
industriales, terciarios o turísticos, salvo que la finalidad de la
reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las
características del suelo no urbanizable."
Justificación
Suprimir el inciso final de esta letra c) referida a determinadas
funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial, por ser
un concepto jurídico indeterminado.
Enmienda núm. 65, de modificación
Artículo 23, apartado E), que incorpora una letra c), nueva, al apartado 3
del art. 18 de la LOUA
"c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública,
el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento
de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará el
ámbito temporal de ejecución de las viviendas, contando el inicio del
plazo a partir de la concesión de la licencia de urbanización o de
edificación, o de ambas a la vez en el caso de simultaneidad de las
mismas."
Justificación
Suprimir el informe de la Consejería y el establecimiento rígido de plazos
por tratarse de competencias propias y tradicionales de la planificación
urbanística.Enmienda núm. 66, de adición
Artículo 19, letra c), nueva
"c) La falta de comunicación por parte de las compañías suministradoras
del cambio de titularidad en los contratos de suministros a la
Administración competente."
Justificación
Incluir este incumplimiento de las compañías suministradoras entre las
integrantes de las infracciones graves.
Enmienda núm. 67, de adición
Artículo 24, apartado D), que da nueva redacción al apartado 1 del art. 69
de la LOUA, letra e), nueva
"e) Inversiones en infraestructuras que posibiliten la puesta en carga de
estos suelos."
Justificación
Incluir las inversiones en infraestructuras de entre las finalidades del
Patrimonio Público del Suelo al efecto de dar rango legal a una realidad
que además puede ser considerada como una forma más de reversión de las
plusvalías a la Comunidad.
Enmienda núm. 68, de modificación
Disposición adicional primera
"Disposición adicional primera. Titularidad del Patrimonio Autonómico de
Suelo.
La titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo corresponderá a todos
los efectos a la Junta de Andalucía, con independencia de la encomienda de
gestión que ésta disponga."
Justificación
Acrecentar la finalidad patrimonial de suelo de la Administración al
servicio de las políticas públicas de vivienda.
Enmienda núm. 69, de adición
Disposición adicional quinta (bis)
"Disposición adicional quinta (nueva II). Creación de las Juntas
Arbitrales de Vivienda
Se crean las Juntas Arbitrales de Vivienda como órganos desconcentrados de
ámbito provincial de la Junta de Andalucía para el conocimiento y
resolución de los conflictos entre los consumidores y los agentes
intervinientes en la edificación y con las agencias de fomento de alquiler.
La composición y funcionamiento de la Juntas Arbitrales se determinará en
el reglamento de desarrollo de la presente Ley."
Justificación
Crear un órgano independiente y especializado que entienda de estos
conflictos.
Enmienda núm. 70, de modificación
Artículo 23, apartado H), que modifica el art. 160.1 de la LOUA, letra E)
b)
Se suprime la siguiente letra:
"b) Transcurso del plazo previsto en el instrumento de planeamiento para
el inicio o la terminación de las viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública que hayan sido reservadas en la
correspondiente área o sector."
Justificación
Al suprimirse en una enmienda anterior la obligación de fijar una fecha de
finalización de las viviendas, se elimina, en coherencia, de este artículo
la misma referencia.
Enmienda núm. 71, de supresión
Artículo 24, apartado F), que modifica el apartado 3 del art. 71 de la LOUA
Se suprime la siguiente letra:
"3. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de
los patrimonios públicos de suelo velarán por la correcta gestión de los
bienes y recursos que los integran. En tal sentido, la cuenta de
liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en
los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo."
Justificación
No es consecuente con la realidad de muchos municipios que cuentan con
algún organismo como las Gerencias urbanísticas, que ya cuentan con
presupuestos separados, además de la aplicación del principio de caja
única para el resto.
Enmienda núm. 72, de supresión
Artículo 24, apartado J), que modifica el art. 74 de la LOUA
Se propone la supresión del apartado 2 de esta nueva redacción del
artículo 74.
Se suprime el siguiente número:
"2. En las delimitaciones de reserva de terrenos para el Patrimonio
Autonómico de Suelo sobre suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no
urbanizable cuando se haya establecido con la finalidad expresada en el
párrafo segundo del apartado anterior, la Consejería competente en materia
de urbanismo podrá establecerse como Administración actuante para la
formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento,
así como para la ejecución de los mismos."
Justificación
Por invasión de competencias estrictamente municipales.
Enmienda núm. 73, de modificación
Artículo 24, apartado J), que modifica el art. 74 de la LOUA
Se propone la modificación del apartado 1, párrafo 1º de esta nueva
redacción del artículo 74.
"1. La incorporación al proceso urbanizador y la realización de
cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones
adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas conforme
al artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes
instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en esta Ley. Para la
incorporación de las reservas en suelo no urbanizable se precisará la
innovación del instrumento de planeamiento general."
Justificación
Evitar una cómoda y fácil intervención en el suelo no urbanizable a través
de modificaciones puntuales y cotidianas realizadas por cualquier
instrumento de desarrollo urbanístico.
Enmienda núm. 74, de supresión
Artículo 26, apartado A), por el que se añade un apartado 4, nuevo, al
art. 31 de la LOUA
Se propone la supresión de este apartado.
Se suprime el siguiente apartado:
"4. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el
ejercicio de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta
afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al
municipio afectado, dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previo
informe favorable del Parlamento de Andalucía, podrá atribuir a la
Consejería competente en estas materias el ejercicio de la potestad de
planeamiento que corresponde a los municipios conforme al apartado 1 de
este artículo.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno delimitará el ejercicio de dicha
potestad necesario para restablecer y garantizar las competencias
afectadas, las condiciones para llevarlo a cabo, con la intervención del
municipio en los procedimientos que se tramiten en la forma que se prevea
en el mismo Acuerdo, y el plazo de atribución, que en ningún caso será
superior a cinco años desde su adopción. Dicho Acuerdo se pronunciará
sobre la suspensión de la facultad de los municipios de firmar convenios
de planeamiento a los que se refiere el artículo 30 de la presente Ley,
atribuyendo la misma a la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo."
Justificación
Por el claro atentado que supone a la autonomía municipal.
Enmienda núm. 75, de adición
Artículo 26, apartado J), en relación al art. 184.2 LOUA
Se propone añadir un párrafo nuevo al apartado 2 que propone el Proyecto
de Ley."El importe de las multas coercitivas impuestas en el procedimiento
de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico
perturbado al que se alude en el párrafo anterior quedará afectado a la
cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria
de las órdenes incumplidas, a los que habrá que sumar los intereses y los
gastos de gestión de las obras."
Justificación
Afectar la recaudación de las multas al pago de la ejecución subsidiaria.
Enmienda núm. 76, de supresión
Artículo 26, apartado K), que modifica el art. 188 de la LOUA
Se propone la supresión de esta letra del Proyecto de Ley.
"1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución,
la Consejería con competencias en materia de urbanismo, transcurridos
cinco días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que
adopte el pertinente acuerdo municipal sin que se haya procedido a la
efectiva suspensión de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas
cautelares de suspensión previstas en el artículo 181.1 cuando los actos o
los usos correspondientes:
a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de
planeamiento preciso para su legitimación.
b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable.
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las afecciones previstas
en el artículo 185.2 b) de esta Ley.
2. La Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista en el
apartado anterior lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra
Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
3. Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos previstos en el
apartado 1, la Consejería con competencias en materia de urbanismo,
transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al
Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar
las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización,
mediante licencia, de los actos y usos, cuando proceda.
4. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1 y 3, sin que sea
atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas
responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven
legalmente."
Justificación
Se trata de una restricción más de la autonomía local, por lo que se
propone dejar la redacción originaria de este artículo en la LOUA por ser
además acorde con la Ley de Bases de Régimen Local en estas cuestiones.
Enmienda núm. 77, de supresión
Artículo 26, apartado M), que modifica el art. 195 de la LOUA
Se propone la supresión de esta letra del Proyecto de Ley y dejar el
artículo 195 de la LOUA tal y como está redactado en la actualidad.
"1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores corresponde:
a) Al Alcalde del correspondiente municipio o al concejal en quien delegue.
b) A la Consejería competente en materia de urbanismo cuando el acto o uso
origen del expediente sea de los contemplados en los párrafos a), b) o c)
del artículo 188.1 de esta Ley, previo requerimiento al Alcalde para que
en el plazo máximo de quince días inicie el correspondiente procedimiento
sancionador, sin que dicho requerimiento hubiera sido atendido, o,
directamente, cuando la citada Consejería hubiese adoptado la medida
cautelar de suspensión de conformidad con lo previsto en el artículo 188
de esta Ley.
El transcurso del citado plazo de quince días, sin ser atendido, dará
lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles, administrativas y
penales se deriven legalmente.
Asimismo, le corresponderá la competencia cuando los actos constitutivos
de la infracción se realicen al amparo de licencia o, en su caso, en
virtud de orden de ejecución, que hayan sido anuladas a instancia de la
Administración autonómica."
Justificación
Por suponer la letra b) de este artículo un menoscabo de la autonomía
local. Para mantener la coherencia entre los diversos artículos de la LOUA
con los que está conectado se propone suprimir la letra en su integridad.
Enmienda núm. 78, de modificación
Artículo 21, apartado 1, letras a) y b)
"1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con
multas en las siguientes cuantías:
a) Las infracciones graves, desde 6.001 hasta 60.000 euros.
b) Las infracciones muy graves, con multa desde 60.001 hasta 240.000
euros."
Justificación
Incrementar la cuantía de las multas para afianzar el carácter disuasorio
de las mismas.
Enmienda núm. 79, de adición
Disposición adicional quinta (nueva I)
"La Junta de Andalucía, en aras de una gestión más ágil, eficaz y directa
de las políticas públicas de vivienda protegida, delegará el ejercicio de
las competencias en materia de vivienda a los Ayuntamientos que las
soliciten, transfiriendo a tal efecto los medios materiales y económicos
necesarios.
La delegación de las competencias, siempre y, en todo caso, a instancia de
los Ayuntamientos interesados, se realizará mediante Decreto de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, que determinará el alcance y
la forma de la delegación."
Justificación
Residenciar las competencias y su gestión en la Administración local.
Enmienda núm. 80, de modificación
Disposición final única
"Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley, que deberá
tramitarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de ésta."
Justificación
Obligar al Consejo de Gobierno a desarrollar la Ley en el plazo fijado
para no dejar sin efecto determinados aspectos de la Ley.
Enmienda núm. 81, de adición
Disposición adicional quinta (nueva III)
"La puesta en carga de los suelos y su rápida transformación son factores
básicos para las políticas de vivienda protegida. Por tanto, y con el
objeto de facilitar y agilizar la ejecución de los instrumentos de
planeamiento, se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones necesarias para desarrollar la regulación de la figura del
Agente Urbanizador, así como los Reglamentos de Gestión y Planeamiento
Urbanístico, para la aplicación y desarrollo efectivo de los objetivos de
esta Ley.
Dichos Reglamentos de Desarrollo deberán tramitarse en el plazo de un año
a partir de la entrada en vigor de esta Ley."
Justificación
Desarrollar una figura que es clave en la rápida ejecución de los
instrumentos de planeamiento, al igual que desarrollar los reglamentos de
gestión y planeamiento, exigidos por todos los agentes que operan en este
sector.
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes enmiendas:
Enmienda núm. 82, de modificación
Artículo 1
Se propone modificar el artículo 1.
Donde dice:
"1. La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas actuaciones
públicas en materia de vivienda protegida y suelo con la finalidad de
facilitar el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos andaluces a una
vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el artículo 47 de la
Constitución, estableciendo medidas específicas para la producción de
suelo con destino a vivienda protegida y otros fines de interés social, y
para el control y prevención del fraude en materia de vivienda protegida y
suelo."
Debe decir:
"1. La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas actuaciones
públicas en materia de vivienda protegida y suelo con la finalidad de
facilitar el acceso de las vecinas y los vecinos de Andalucía a una
vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el artículo 47 de la
Constitución, estableciendo medidas específicas para la producción de
suelo con destino a vivienda protegida y otros fines de interés social, y
para el control y prevención del fraude en materia de vivienda protegida y
suelo."
Enmienda núm. 83, de modificación
Artículo 3, apartado 2
Donde dice:
"2. En los citados programas se atenderán de manera especial las
necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales
dificultades para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes,
mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales, los
procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de
la violencia de género y emigrantes retornados."
Debe decir:
"2. En los citados programas se atenderán de manera especial las
necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales
dificultades para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes,
mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias
monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de unidades
familiares, víctimas de la violencia de género y emigrantes retornados."
Enmienda núm. 84, de modificación
Artículo 5, apartado 1
Modificar el apartado 1 del artículo 5:
Donde dice:
"1.El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para
venta, uso propio o arrendamiento, se determinará para cada programa en el
correspondiente plan de vivienda y suelo."
Debe decir:
"1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para
venta, uso propio o arrendamiento, se determinará para cada programa en el
correspondiente plan de vivienda y suelo, o, en todo caso, por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía."
Enmienda núm. 85, de adición
Artículo 13, apartado 4, nuevo
Añadir un nuevo apartado 4 al artículo 13:
"4. Serán nulas de pleno derecho las transmisiones en las que las partes
no hayan efectuado, en la forma y plazos previstos, las comunicaciones
previstas en el artículo 12 en relación con los derechos de tanteo y
retracto."
Enmienda núm. 86, de modificación
Artículo 21, apartado 2
Modificar el apartado 2 del artículo 21:
Donde dice:
"2. Si el beneficio que resultara de la comisión de una infracción fuera
superior al de la multa que corresponda, deberá ser ésta incrementada
hasta alcanzar la cuantía equivalente al beneficio obtenido."
Debe decir:
"2. Si el beneficio que resultara de la comisión de una infracción fuera
superior al de la multa que corresponda, deberá ser ésta incrementada
hasta alcanzar la cuantía equivalente al doble del beneficio obtenido."
Enmienda núm. 87, de modificación
Artículo 23, letra A)
Modificar la letra A) del artículo 23:
Donde dice:
"A) La letra b) del apartado 1 A) del artículo 10 queda con la siguiente
redacción:
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública. El Plan General de
Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta
obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a
15 viviendas por hectáreas y que por su tipología no se consideren aptas
para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su
compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando la
distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de la
ciudad."
Debe decir:
"A) La letra b) del apartado 1 A) del artículo 10 queda con la siguiente
redacción:
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública."
Enmienda núm. 88, de modificación
Artículo 23, letra C)
Modificar la letra C) del artículo 23:
Donde dice:
"C) En el artículo 17 su actual apartado 7 queda con el siguiente
contenido:
"Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación
detallada localizaran en el área y sector las reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública
que, de conformidad con esta Ley, estuvieran obligados a realizar."
Debe decir:
"C) En el artículo 17 su actual apartado 7 queda con el siguiente
contenido:
"Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación
detallada localizaran en el área y sector las reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública
que, de conformidad con esta Ley, estuvieran obligados a realizar.
El cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean en los suelos
donde se localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio
del área de reparto a favor del Ayuntamiento habrán de destinarse a los
grupos con menor índice de renta que se determinen en los correspondientes
planes y programas de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública."
Enmienda núm. 89, de modificación
Artículo 23, letra E)
Modificar la letra E) del artículo 23:
Donde dice:
"E) El artículo 18 incorpora una letra c) al apartado 3, con la siguiente
redacción:
"c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública,
el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento
de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los
plazos para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán
contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de
vivienda."
Debe decir:
"E) El artículo 18 incorpora una letra c) al apartado 3, con la siguiente
redacción:
"c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública,
el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento
de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los
plazos para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán
contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de
vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido el cual se entenderá
aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento."
Enmienda núm. 90, de modificación
Artículo 24
Modificar el artículo 24, quedando como sigue:
"Artículo 24. Reversión a la colectividad de las plusvalías y mecanismos
de intervención directa en el mercado del suelo.
Para aumentar tanto la reversión a la colectividad de las plusvalías
derivadas de la actividad urbanística como los medios de intervención
directa de las Administraciones públicas en el mercado del suelo se
modifican los artículos 30, 36, 69, 71, 72, 73, 74, 75 y 77 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los
siguientes términos:
A) La regla 2ª del apartado 2 del artículo 30 queda con la siguiente
redacción:
"2ª) La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración urbanística, se integrará en el respectivo patrimonio
público de suelo.
En los casos previstos en esta Ley en los que la cesión del
aprovechamiento urbanístico se realice mediante permuta o por el pago de
cantidad sustitutoria en metálico, el convenio incluirá la valoración de
estos aprovechamientos realizada por los servicios de la Administración."
B) En el apartado 2 del artículo 30 se incorpora una nueva regla 3ª con la
siguiente redacción:
"3ª. Cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del
convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán,
igualmente, integrarse en el patrimonio público de suelo de la
Administración que lo perciba."
C) La actual regla 3ª pasa a ser la regla 4ª.
D) Se incorpora un nuevo apartado 3 en el artículo 30 con la siguiente
redacción:
"3. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus
estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad
económica se estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:
1ª) Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos
donde se localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la
Administración en concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías urbanísticas, ésta no podrá exigirse ni efectuarse hasta la
aprobación del instrumento de planeamiento en el que se justifique dicha
sustitución en metálico.
2ª) Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto
sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios,
estás no podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento
que contenga la ordenación detallada y haya quedado delimitada la
correspondiente unidad de ejecución.
3ª) Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las
aprobaciones referidas, tendrán la consideración de depósitos constituidos
ante la caja de la Administración actuante .
Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de dichos convenios, no
pudiendo disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del
correspondiente instrumento de planeamiento o de la delimitación de la
unidad de ejecución."
E) El actual apartado 3 del artículo 30 pasa a ser el apartado 4.
F) En el artículo 36.2 a) se incorpora un nuevo párrafo a la regla 2ª,
quedando ésta con el siguiente contenido:
"2ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines,
dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen
terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto
al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya
alcanzada entre unas y otro.
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones
públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo,
será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin,
previo informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la
materia, y prever su destino básicamente a otros usos públicos o de
interés social.
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados
sea el residencial, el destino de dichos suelos será el previsto en el
artículo 75.1 a) de esta Ley."
G) Se añade una regla 5ª al apartado 2 a) del artículo 36 de la Ley
7/2002, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con la siguiente
redacción:
"5ª) Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o
inmueble para su destino a uso residencial, habrá de contemplar la
implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o
equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que
ésta prevea y de los nuevos servicios que demande."
H) El apartado 1 del artículo 69 queda con la siguiente redacción:
"1. La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante
organismos y entidades de Derecho Público, deben constituir y ejercer la
titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo y los Patrimonios
Municipales de Suelo, respectivamente, con las siguientes finalidades:
a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública."
I) El apartado 2 del artículo 71 queda con el siguiente contenido:
"2. Cada Administración Pública titular de un patrimonio público de suelo
podrá gestionarlo por sí misma o atribuir su gestión a entidades de ellas
dependientes que podrán adoptar la forma de organismo o entidad de derecho
público o de sociedad mercantil cuyo capital social deberá ser
íntegramente de titularidad pública. En este último caso la atribución de
la gestión no podrá incluir funciones que requieran el ejercicio de
autoridad."
J) El apartado 3 del artículo 71 queda con la siguiente redacción:
"3. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de
los patrimonios públicos de suelo velarán por la correcta gestión de los
bienes y recursos que los integran. En tal sentido, la cuenta de
liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en
los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo."
K) El actual apartado 3 del artículo 71 pasa a ser el nuevo apartado 4.
L) La letra c) del artículo 72 queda con el contenido siguiente:
"c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales
cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley."
M) El artículo 73 queda con la siguiente redacción:
"Artículo 73. Reservas de terrenos.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de
planificación de la Junta de Andalucía que tengan la consideración de
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de
Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo
reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o
ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
2. El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de
los suelos, el siguiente:
a) En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una
oferta de suelo e inmuebles suficientes con destino a la ejecución o
rehabilitación de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, así como los equipamientos que correspondieren.
b) En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado, la consecución de
cualesquiera de los fines establecidos en el artículo 69 de esta Ley, para
usos residenciales, industriales, terciarios y de equipamientos. En caso
de uso residencial, el destino predominante de los terrenos reservados
será el de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones
públicas de viviendas en aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de
la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios
o turísticos, salvo que la finalidad de la reserva sea la de contribuir a
la protección o preservación de las características del suelo no
urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación
o vertebración territorial.
3. En ausencia de los Planes a que se refiere el apartado 1 o de previsión
en los mismos de las reservas de terrenos para los patrimonios públicos de
suelo, podrán proceder a su delimitación:
a) Los municipios, en cualquier clase de suelo y por el procedimiento
previsto para la delimitación de las unidades de ejecución.
b) La Consejería competente en materia de urbanismo, en suelo no
urbanizable, mediante la aprobación al efecto de un Plan Especial; y en
suelo urbanizable mediante el procedimiento de delimitación de reservas de
terrenos, previa información pública, audiencia del municipio o municipios
y propietarios afectados por plazo común de veinte días, y publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. Por el mismo procedimiento establecido en la letra b) del apartado
anterior, y en cualquier clase de suelo, la Consejería competente en
materia de urbanismo podrá delimitar reservas de terrenos en caso de
desafectación del destino público de terrenos y edificaciones propiedad de
las Administraciones públicas.
5. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la
finalidad expresada en los apartados anteriores comporta:
a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa
por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros
dos; debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del
referido plazo. La prórroga deberá fundarse en causa justificada y
acordarse por la Administración competente, previa información pública y
audiencia a los propietarios afectados por plazo común de veinte días,
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En
suelo urbano o urbanizable sectorizado, implicará además, en su caso, la
sustitución o fijación del sistema de actuación previsto para la ejecución
de la unidad de ejecución por expropiación.
b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas
de terrenos a los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley en
favor de la Administración que proceda.
6. Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración
de la Junta de Andalucía podrán acordar la gestión concertada de las
reservas de suelo, pudiendo adquirirse bienes en reservas delimitadas por
cualquiera de estas Administraciones."
N) El artículo 74 queda con el siguiente contenido:
"Artículo 74. Incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto
de reserva para los patrimonios públicos de suelo.
1. La incorporación al proceso urbanizador y la realización de
cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones
adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas conforme
al artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes
instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en esta Ley. Para la
incorporación de las reservas en suelo no urbanizable será suficiente la
revisión parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener
ésta como objeto dicha previsión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la reserva de
terrenos se haya establecido con la expresa finalidad de contribuir a la
protección o preservación de las características del suelo no urbanizable
o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o
vertebración territorial, el instrumento de planeamiento que ordene los
terrenos deberá mantener su clasificación como suelo no urbanizable, con
la categoría que les deba corresponder.
2. En las delimitaciones de reserva de terrenos para el Patrimonio
Autonómico de Suelo sobre suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no
urbanizable cuando se haya establecido con la finalidad expresada en el
párrafo segundo del apartado anterior, la Consejería competente en materia
de urbanismo, podrá establecerse como Administración actuante para la
formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento,
así como para la ejecución de los mismos.
3. Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las
Administraciones públicas competentes para la delimitación de la reserva
de terrenos podrán proponer a la Consejería competente en materia de
urbanismo la reducción de los plazos previstos en esta Ley para la
tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento, por
el procedimiento de urgencia que se determine reglamentariamente."
Ñ) La letra d) del apartado 2 del artículo 75, queda con el siguiente
contenido:"d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de
actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora,
conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la
ciudad consolidada.
El Plan General de Ordenación Urbanística precisará el porcentaje máximo
de los ingresos que puedan aplicarse a estos destinos, que en ningún caso
será superior al veinticinco por ciento del balance de la cuenta anual de
los bienes y recursos del correspondiente patrimonio público de suelo. "
O) Se incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 77, del siguiente tenor
literal:"4. El procedimiento de constitución del derecho de superficie
sobre suelos pertenecientes a los patrimonios públicos de suelo, se regirá
por lo dispuesto en el artículo anterior para los diversos supuestos.""
Enmienda núm. 91, de adición
Artículo 26, letra J), nueva
Añadir una nueva letra J) del artículo 26:
J) Se añade nuevo apartado 5 al artículo 183 con la siguiente redacción:
"5. El Ayuntamiento o la Consejería con competencias en materia de
urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de
suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones
de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatible con la
ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo
máximo de un mes."
Enmienda núm. 92, de modificación
Artículo 26, letra K)
Modificar la letra K) del artículo 26:
Donde dice:
K) El artículo 188 queda con la siguiente redacción:
"1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución,
la Consejería con competencias en materia de urbanismo, transcurridos diez
días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que adopte el
pertinente acuerdo municipal sin que se haya procedido a la efectiva
suspensión de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas cautelares de
suspensión previstas en el artículo 181.1 cuando los actos o los usos
correspondientes:
a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de
planeamiento preciso para su legitimación.
b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable.
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las afecciones previstas
en el artículo 185.2 b) de esta Ley.
2. La Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista en el
apartado anterior lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra
Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
3. Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos previstos en el
apartado 1, la Consejería con competencias en materia de urbanismo,
transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al
Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar
las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización,
mediante licencia, de los actos y usos, cuando proceda.
4. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1 y 3, sin que sea
atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas
responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven
legalmente."
Debe decir:
K) El artículo 188 queda con la siguiente redacción:
"1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución,
la Consejería con competencias en materia de urbanismo, transcurridos
cinco días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que
adopte la pertinente resolución municipal sin que se haya procedido a la
efectiva suspensión de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas
cautelares de suspensión previstas en el artículo 181.1 cuando los actos o
los usos correspondientes:
a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de
planeamiento preciso para su legitimación.
b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable.
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las afecciones previstas
en el artículo 185.2, b) de esta Ley.
2. La Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista en el
apartado anterior lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra
Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
3. Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos previstos en el
apartado 1, la Consejería con competencias en materia de urbanismo,
transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al
Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar
las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización,
mediante licencia, de los actos y usos, cuando proceda.
4. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1 y 3, sin que sea
atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas
responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven
legalmente."
Enmienda núm. 93, de adición
Disposición adicional sexta, nueva
Añadir una nueva disposición adicional:
"Disposición adicional sexta. Juntas Arbitrales de Vivienda.
1. El Consejo de Gobierno creará las Juntas Arbitrales de Vivienda como
órganos especializados para la resolución de las controversias que surjan
en el cumplimiento de los contratos de arrendamientos, así como en el
cumplimiento de otros contratos en materia de vivienda que
reglamentariamente se determinen.
Podrá atribuir a las citadas Juntas Arbitrales otras funciones que,
atendiendo a la naturaleza de estos órganos, considere convenientes.
2. Las Juntas Arbitrales de Vivienda resolverán de acuerdo con los efectos
previstos en la legislación general de arbitraje las controversias que las
partes intervinientes en los contratos referidos acuerden someter a su
conocimiento.
3. El ámbito territorial de actuación de cada una de las Juntas Arbitrales
de Vivienda, así como la composición, organización y funciones se
establecerán reglamentariamente. En todo caso quedará garantizada la
presencia de las asociaciones que representen los intereses de las partes
intervinientes en los contratos a los que se refiere el apartado 1.
4. Igualmente por disposición reglamentaria se regulará el procedimiento
de tramitación y resolución de las controversias que se sometan al
arbitraje, debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por
la no exigencia de formalidades especiales."
Enmienda núm. 94, de adición
Disposición adicional séptima, nueva
Añadir nueva disposición adicional:
"Disposición adicional séptima.
Se incorpora nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía con el siguiente
contenido:
"Disposición adicional octava. Contenido del informe de incidencia
territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
En la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, el
informe que ha de emitir el órgano competente en materia de ordenación del
territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1 regla 2ª
de esta Ley, analizará las previsiones que las citadas figuras
planeamiento deben contener según lo dispuesto en la disposición adicional
segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, de 11
de enero, así como su repercusión en el sistema de asentamientos.""
Enmienda núm. 95, de adición
Disposición adicional octava, nueva
Añadir una nueva disposición adicional:
"Disposición adicional octava.
1. Se añade nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con el siguiente
contenido:
"Disposición adicional novena. Adecuación y proporcionalidad de las
infraestructuras, dotaciones y servicios al efectivo uso del suelo.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, el uso global turístico es
aquél que habilita la implantación, de forma mayoritaria en relación a la
edificabilidad total del área o sector, de los alojamientos que se regulan
en la legislación turística en los que concurran los principios de uso
exclusivo y unidad de explotación tales como hoteles y
hoteles-apartamentos, con independencia de que el Plan General de
Ordenación Urbanística prevea su compatibilidad con otros usos.
2. A idénticos efectos, los restantes alojamientos turísticos que se
definen en la legislación turística en los que no concurran los citados
principios de uso exclusivo y unidad de explotación serán considerados
como de uso residencial, sin perjuicio de que su singularidad sea tenida
en cuenta por el instrumento de planeamiento en la regulación del uso
pormenorizado y la tipología.
3. En todo caso, las viviendas de segunda residencia, sean o no habituales
o estacionales, serán consideradas como de uso residencial.
4. El cambio del uso turístico de un alojamiento a los que se refiere al
apartado 1 por otro uso, sólo podrá efectuarse previa innovación del
instrumento de planeamiento que habilite dicho cambio de calificación,
teniendo en cuenta el régimen de innovaciones de los instrumentos de
planeamiento que se contiene en esta Ley.
Tiene la consideración de acto de trasformación de uso del suelo contrario
a la ordenación urbanística, la atribución de un uso individualizado de
una parte del inmueble sin la previa innovación a la que se refiere el
párrafo anterior, siendo indicio de dicha trasformación los actos de
divisiones horizontales o de asignación de cuotas en pro indiviso del
inmueble o de una acción o participación social de la entidad titular."
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que queda con la
siguiente redacción:"1. Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención
singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o
interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en
suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y
no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación
en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos,
así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos,
pero en ningún caso usos residenciales.""
Enmienda núm. 96, de adición
Disposición adicional novena, nueva
Añadir nueva disposición adicional:
"Disposición adicional novena. Modificación de la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre, de Medidas fiscales y administrativas.
Se modifica la letra b) del artículo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre, de Medidas fiscales y administrativas, que queda con la
siguiente redacción:
"b) La promoción de edificaciones en ejecución de actuaciones urbanísticas
de la empresa y, en particular, la ejecución de actuaciones que tengan por
objeto el desarrollo de los suelos residenciales de manera integrada con
la urbanización y la construcción de los equipamientos básicos. Cada una
de estas actuaciones residenciales integradas tendrá consideración
unitaria en cuanto a su objeto o finalidad, sin perjuicio del faseado de
los contratos de obra que a tal efecto se celebraran.""
Enmienda núm. 97, de adición
Disposición adicional décima, nueva
Añadir nueva disposición adicional:
"Disposición adicional décima. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía.
1. Se modifica el artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, con la siguiente redacción:
"Artículo 36. Solicitudes, documentación y subsanación.
1. El promotor o promotores de un gran establecimiento comercial dirigirán
la solicitud de la licencia comercial a la Consejería competente en
materia de comercio interior acompañada, al menos, de la siguiente
documentación:
a) La acreditativa de la personalidad del solicitante y de la
representación acompañando, en caso de persona jurídica, además de esta
última, la documentación constitutiva y los estatutos.
b) La justificativa de la solvencia económica y financiera del promotor,
que podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.
- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por el promotor en el curso
de los tres últimos ejercicios.
Si por razones justificadas un promotor no pudiera acreditar su solvencia
económica y financiera por ninguno de los medios señalados anteriormente,
ésta podrá acreditarse mediante cualquier otra documentación considerada
como suficiente por la Administración.
c) Memoria descriptiva del proyecto, nombre comercial y, cuando exista un
gran establecimiento comercial, de carácter individual, cadena a la que
pertenece.
d) Proyecto técnico oportuno con cuadros de superficies generales,
especificando superficie útil de exposición y venta al público, así como
situación, accesos y aparcamientos previstos.
e) Documento acreditativo de la disponibilidad del terreno para la
presentación del proyecto.
f) Cédula urbanística municipal.
g) La exigida por la legislación ambiental y, en su caso, por la
legislación en materia de ordenación del territorio.
h) Estudio de impacto comercial de acuerdo con las determinaciones que, en
su caso, se establezcan reglamentariamente.
i) Las medidas de integración que se pudiesen prever.
j) El número de puestos de trabajo que asegura el proyecto, especificando
entre directos e indirectos y entre fijos y eventuales.
k) El estudio sobre la inversión que comporta el proyecto y su plan de
financiación, así como las cuentas de explotación previstas para los cinco
primeros años de funcionamiento. Si se trata de un proyecto de ampliación
se acompañarán, además, las cuentas de explotación de los tres últimos
años.
l) La justificativa del pago de la tasa regulada en el Capítulo V del
presente Título.
m) Cualquier otra documentación que el promotor considere de interés a
efectos de la licencia solicitada o que se exija en otra disposición de
aplicación.
2. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no acompañara
la documentación preceptiva, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común."
2. Se modifica el artículo 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, con la siguiente redacción:
"Artículo 37. Tramitación.
1. La Consejería competente en materia de comercio interior procederá a la
apertura del trámite de información pública. Una vez finalizado éste,
solicitará los siguientes informes preceptivos:
a) A la Consejería competente en materia de urbanismo sobre la adecuación
del proyecto a la legalidad urbanística vigente, que deberá emitirlo en el
plazo máximo de dos meses.
b) A la Consejería en materia de ordenación del territorio, el informe
previsto en el artículo 30 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el supuesto de no
contemplarse expresamente su localización en el planeamiento urbanístico
general.
c) A la Consejería competente en materia de medio ambiente, para la
emisión del informe ambiental.
d) Al municipio o municipios donde se pretenda implantar la actuación, que
versará sobre la idoneidad del proyecto y, expresamente, sobre la
saturación del sistema viario por el incremento de desplazamientos, la
accesibilidad, aparcamientos y las garantías de adecuación de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como las de
suministro de energía eléctrica. Dicho informe deberá adoptarse por
acuerdo motivado del Pleno de la Corporación en el plazo máximo de dos
meses.
e) Al órgano competente en materia de defensa de la competencia.
2. Si cualquiera de estos órganos requiriera documentación adicional, la
solicitará al órgano competente en materia de comercio interior, que
deberá remitirla en el plazo máximo de un mes, suspendiéndose desde el
citado requerimiento el plazo para evacuar el informe.
3. Si el informe en materia medioambiental, de ordenación del territorio,
el urbanístico o el municipal fueran desfavorables, el titular de la
Consejería competente en materia de comercio procederá a dictar resolución
denegando la solicitud de licencia comercial, previa audiencia del
interesado.
En el supuesto de que los informes referidos en el párrafo anterior fueran
favorables o no fueran emitidos dentro del plazo establecido, y en los
demás casos en que deba continuar la tramitación del procedimiento, se
oirá a las organizaciones de consumidores, sindicales y empresariales más
representativas, así como a la respectiva Cámara Oficial de Comercio,
Industria y, en su caso, Navegación.
4. Oídas las organizaciones mencionadas en el apartado anterior, se
consultará a la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía, de
acuerdo con lo establecido en la letra b del artículo 13 de esta Ley."
3. Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 1/1996, de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía, con la siguiente redacción:
"Disposición adicional segunda: Informe sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
El planeamiento urbanístico general que prevea la localización de un gran
establecimiento comercial o disponga sobre determinados terrenos la
compatibilidad de dicho uso, se someterá a informe de la Consejería
competente en materia de comercio que versará exclusivamente sobre su
congruencia con el Plan Andaluz de Orientación Comercial previsto en esta
Ley y que deberá evacuarse en el plazo máximo de dos meses.""
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.
la Portavoz adjunta del G.P. Socialista,
Antonia Jesús Moro Cárdeno.
ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO
Exposición de Motivos 2
- Enmienda núm. 1, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación, párrafo antepenúltimo
- Enmienda núm. 2, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, párrafo penúltimo bis, nuevo
Exposición de Motivos 3
- Enmienda núm. 3, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación, párrafo séptimo
- Enmienda núm. 4, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación, párrafo octavo, hacia el inicio
- Enmienda núm. 5, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación, párrafo octavo, hacia el final
- Enmienda núm. 6, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, párrafo penúltimo bis, nuevo
Artículo 1
- Enmienda núm. 7, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición
- Enmienda núm. 82, del G.P. Socialista, de modificación
Título I
- Enmienda núm. 48, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación
Artículo 2
- Enmienda núm. 49, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación
- Enmienda núm. 29, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 2
Artículo 2 bis
- Enmienda núm. 50, del G.P. Popular de Andalucía, de adición
Artículo 3
- Enmienda núm. 51, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 2
- Enmienda núm. 52, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 4
- Enmienda núm. 83, del G.P. Socialista, de modificación, apartado 2
- Enmienda núm. 8, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición del apartado 1
- Enmienda núm. 10, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición del apartado 2
- Enmienda núm. 30, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 2
- Enmienda núm. 31, del G.P. Andalucista, de modificación en el apartado 4
Artículo 3.1 bis
- Enmienda núm. 9, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, nuevo
Artículo 4
- Enmienda núm. 53, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 2
- Enmienda núm. 54, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 3
- Enmienda núm. 32, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 2
Artículo 5
- Enmienda núm. 11, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación
- Enmienda núm. 33, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 1
- Enmienda núm. 55, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 1
- Enmienda núm. 56, del G.P. Popular de Andalucía, de adición, apartado 1
bis
- Enmienda núm. 57, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 2
- Enmienda núm. 84, del G.P. Socialista, de modificación, apartado 1
Artículo 8
- Enmienda núm. 58, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación
Artículo 10
- Enmienda núm. 34, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 1
Artículo 10 bis
- Enmienda núm. 12, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición de un artículo nuevo
Artículo 11
- Enmienda núm. 13, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición al aprtado 2
Artículo 12
- Enmienda núm. 59, del G.P. Popular de Andalucía, de adición, apartado 1,
párrafo nuevo
- Enmienda núm. 60, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 3
Artículo 13
- Enmienda núm. 85, del G.P. Socialista, de adición, apartado 4, nuevo
- Enmienda núm. 35, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 2
Artículo 16 bis
- Enmienda núm. 14, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición de un artículo nuevo
Artículo 18
- Enmienda núm. 36, del G.P. Andalucista, de modificación
Artículo 19
- Enmienda núm. 66, del G.P. Popular de Andalucía, de adición, letra c),
nueva
- Enmienda núm. 15, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, punto nuevo h)
Artículo 20
- Enmienda núm. 37, del G.P. Andalucista, de adición
Artículo 21
- Enmienda núm. 78, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado 1, letras a) y b)
- Enmienda núm. 86, del G.P. Socialista, de modificación, apartado 2
Artículo 21
- Enmienda núm. 38, del G.P. Andalucista, de modificación del apartado 2
- Enmienda núm. 16, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación del apartado 3
Artículo 22
- Enmienda núm. 39, del G.P. Andalucista, de adición
Título II
- Enmienda núm. 17, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación de la denominación del Título
Artículo 23
- Enmienda núm. 40, del G.P. Andalucista, de modificación, apartado G)
- Enmienda núm. 61, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado a), que modifica la letra b) del apartado 1.A) del artículo 10 de
la LOUA, párrafo 1
- Enmienda núm. 62, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado b), que modifica el apartado 5, párrafo 2 del art. 61 de la LOUA
- Enmienda núm. 65, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado E), que incorpora una letra c), nueva, al apartado 3 del art. 18
de la LOUA
- Enmienda núm. 70, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado H), que modifica el art. 160.1 de la LOUA, letra E) b)
- Enmienda núm. 87, del G.P. Socialista, de modificación, letra A)
- Enmienda núm. 88, del G.P. Socialista, de modificación, letra C)
- Enmienda núm. 89, del G.P. Socialista, de modificación, letra E)
Artículo 23 A) (referida a la modificación propuesta del art. 10. 1 A) b)
de la LOUA)
- Enmienda núm. 18, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación
Artículo 23 B) bis (referida a la modificación que se propone del art.
17.1 de la LOUA)
- Enmienda núm. 19, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición
Artículo 24
- Enmienda núm. 41, del G.P. Andalucista, de modificación, apartado C)
- Enmienda núm. 42, del G.P. Andalucista, de adición, apartado D)
- Enmienda núm. 43, del G.P. Andalucista, de supresión, apartado I)
- Enmienda núm. 44, del G.P. Andalucista, de supresión, apartado J)
- Enmienda núm. 63, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado I), que da nueva redacción al artículo 73.1 LOUA, párrafo 1
- Enmienda núm. 64, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado I), que da nueva redacción al artículo 73.2, letra c) LOUA
- Enmienda núm. 67, del G.P. Popular de Andalucía, de adición, apartado
D), que da nueva redacción al apartado 1 del art. 69 de la LOUA, letra e),
nueva
- Enmienda núm. 71, del G.P. Popular de Andalucía, de supresión, apartado
F), que modifica el apartado 3 del art. 71 de la LOUA
- Enmienda núm. 72, del G.P. Popular de Andalucía, de supresión, apartado
J), que modifica el art. 74 de la LOUA
- Enmienda núm. 73, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación,
apartado J), que modifica el art. 74 de la LOUA
- Enmienda núm. 90, del G.P. Socialista, de modificación
Artículo 24. I) (referida a la modificación propuesta del art. 73.1 de la
LOUA)
- Enmienda núm. 20, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de supresión
Artículo 24. I) (referida a la modificación propuesta del art. 73.2 c de
la LOUA)
- Enmienda núm. 21, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de supresión
Artículo 24. J) (referida a la modificación propuesta del art. 74.2 de la
LOUA)
- Enmienda núm. 22, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición
Artículo 24. J) (referida a la modificación propuesta del art. 74.3 de la
LOUA)
- Enmienda núm. 23, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación
Artículo 24 bis
- Enmienda núm. 47, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, nuevo
Artículo 26
- Enmienda núm. 45, del G.P. Andalucista, de adición, apartado J)
- Enmienda núm. 74, del G.P. Popular de Andalucía, de supresión, apartado
A), por el que se añade un apartado 4, nuevo, al art. 31 de la LOUA
- Enmienda núm. 75, del G.P. Popular de Andalucía, de adición, apartado
J), en relación al art. 184.2 LOUA
- Enmienda núm. 76, del G.P. Popular de Andalucía, de supresión, apartado
K), que modifica el art. 188 de la LOUA
- Enmienda núm. 77, del G.P. Popular de Andalucía, de supresión, apartado
M), que modifica el art. 195 de la LOUA
- Enmienda núm. 91, del G.P. Socialista, de adición, letra J), nueva
- Enmienda núm. 92, del G.P. Socialista, de modificación, letra K)
Disposición adicional primera
- Enmienda núm. 46, del G.P. Andalucista, de modificación
- Enmienda núm. 68, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación
Disposición adicional cuarta
- Enmienda núm. 24, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición
Disposición adicional quinta
- Enmienda núm. 25, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de modificación, punto 3
Disposiciones adicionales nuevas
- Enmienda núm. 69, del G.P. Popular de Andalucía, de adición de una
disposición adicional quinta (bis)
- Enmienda núm. 79, del G.P. Popular de Andalucía, de adición de una
disposición adicional quinta (nueva I)
- Enmienda núm. 81, del G.P. Popular de Andalucía, de adición de una
disposición adicional quinta (nueva III)
- Enmienda núm. 26, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición de una nueva disposición adicional sexta
- Enmienda núm. 93, del G.P. Socialista, de adición de una nueva
disposición adicional sexta
- Enmienda núm. 27, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición de una nueva disposición adicional séptima
- Enmienda núm. 94, del G.P. Socialista, de adición de una nueva
disposición adicional séptima
- Enmienda núm. 95, del G.P. Socialista, de adición de una nueva
disposición adicional octava
- Enmienda núm. 96, del G.P. Socialista, de adición de una nueva
disposición adicional novena
- Enmienda núm. 97, del G.P. Socialista, de adición de una nueva
disposición adicional décima
Disposición transitoria segunda
- Enmienda núm. 28, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, de adición, nueva
Disposición final única
- Enmienda núm. 80, del G.P. Popular de Andalucía, de modificación