BOPA nº 572, pag. 31687 de la VII Legislatura (21/12/2006)


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7-06/PL-000005, Ley del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 13 y 14
de diciembre de 2006
Orden de publicación de 15 de diciembre de 2006
LEY DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el ámbito de la Unión Europea, con el Acta Única Europea y la
instauración del Mercado Interior Único, se decidió la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de seguridad y salud en
el trabajo, con carácter de disposiciones mínimas, adoptándose en
consecuencia un cuerpo normativo específico con la base jurídica del
entonces artículo 118 del Tratado de la Comunidad Europea, actual artículo
137 del mismo.
Este conjunto de disposiciones está encabezado por la denominada Directiva
Marco (89/391/CEE), que contiene el marco jurídico general de la política
de prevención comunitaria y que a lo largo de los años se ha ido
complementando con directivas específicas.
El marco comunitario se completa con el artículo 31.1 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con el artículo
II-91.1 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,
que reconocen el derecho de todo trabajador a trabajar en condiciones que
respeten su salud, su seguridad y su dignidad.
Por su parte, la Constitución Española, en su artículo 40.2, establece la
obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en
el trabajo, como uno de los principios rectores de la política social y
económica; asimismo, el artículo 35.1 de la Constitución Española reconoce
el derecho al trabajo, lo que exige o presupone el fomento de unas
condiciones laborales dignas y seguras. En el ámbito andaluz, de acuerdo
con los artículos 149.1.7ª de la Constitución Española y 17.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la
ejecución de la legislación laboral, siendo una de las materias integradas
en la mencionada función ejecutiva la correspondiente a la seguridad,
higiene y prevención de riesgos laborales.
El mandato de velar por la seguridad e higiene en el trabajo establecido
en la Constitución Española se desarrolla esencialmente a través de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que supone
la transposición de la Directiva Marco antes citada y de las Directivas
92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la
maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal, y
determina una armonización de nuestro ordenamiento con los postulados de
la Unión Europea.
La considerada Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a establecer
una nueva concepción de la vieja acepción de seguridad e higiene en el
trabajo, hoy entendida como prevención de riesgos laborales, integrada en
el conjunto de actividades de la empresa, con un marco globalizador que
obliga a su consideración preventiva desde una óptica de conjunto.
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales, entre otros aspectos, reafirma la
necesidad de fomentar la cultura preventiva para garantizar el
cumplimiento más real y efectivo de la normativa existente en materia de
prevención de riesgos laborales.
A nivel autonómico, el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, que aprueba
el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía,
resultado del consenso de los agentes económicos y sociales y de la
Administración de la Junta de Andalucía en el seno del Consejo Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, establece entre una de sus acciones la
creación por ley de un Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el
día 25 de enero de 2005 por la Junta de Andalucía, las organizaciones
sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras
de Andalucía, y la Confederación de Empresarios de Andalucía, contempla,
entre las medidas que se establecen en materia de seguridad y salud
laborales, la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales.
Así pues, la Junta de Andalucía, consciente de su papel como
Administración competente en materia de prevención de riesgos laborales y
de su condición de servicio público ineludible y fundamental en orden a la
seguridad y salud de la población laboral, hace suyo el principio rector
de la acción preventiva, que se dirige a la evitación de los riesgos y, en
su defecto, al control en origen de los mismos. Esta concepción directa y
práctica requiere instrumentos de análisis y de aplicación específicos,
que sirvan realmente para elevar el nivel de protección de la población
laboral.
Más allá de esta integración de intereses en el control de las situaciones
generadoras de riesgo, hay que hacer surgir una conciencia social
preventiva que allane el camino y conduzca a una auténtica cultura
preventiva, realmente impregnada en los hábitos de vida.
La salud laboral debe ser un objetivo prioritario de las políticas
públicas, pero al ser diversas y complejas las actuaciones en este campo,
no es posible desarrollarlas sin el concurso imprescindible de los agentes
económicos y sociales, y muy especialmente de los propios trabajadores y
trabajadoras, de forma que deben pasar de ser meros destinatarios de las
actuaciones en materia de seguridad laboral a convertirse en verdaderos
partícipes en la elaboración y adopción de medidas preventivas en el
ámbito de la empresa.
Con esta Ley se pretende que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales sea el organismo público dinamizador de todas estas
posibilidades que ha de dirigir, contando para ello con la participación
de todos los sectores de la sociedad implicados, especialmente la de los
interlocutores sociales, promoviendo la creación, difusión, fomento y
desarrollo de iniciativas de todo tipo que han de llegar a la población
laboral y deben alcanzar al conjunto de la sociedad, pues no es posible
disociar la seguridad y salud laborales de la calidad del trabajo y de la
calidad de vida, y en definitiva del progreso y bienestar sociales.
De esta forma, se pretende avanzar en el fomento y difusión de una cultura
preventiva en Andalucía mediante la creación de un organismo que no
responda a modelos tradicionales, sino a una nueva visión más cercana a
una sociedad compleja, con nuevas formas de relacionarse con el entorno,
pero con miras universales y de proyección más amplia.
Asimismo, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
establecerá un soporte científico que posibilite una Administración
Pública actualizada para fijar una política preventiva próxima a la
ciudadanía.
De otro lado, los distintos sectores de actividad contarán con la Unidad
de Prevención de Riesgos Laborales, para mejorar los niveles de
información, formación y asesoramiento.
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1. Creación y naturaleza.
Se crea el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, como
organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Artículo 2. Adscripción.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, para el
cumplimiento de sus fines, queda adscrito a la consejería competente en
materia de seguridad y salud laborales, y bajo la autoridad superior del
titular de aquélla, dependerá de la dirección general competente en esta
materia, que ejercerá sobre él las facultades de dirección, control y
tutela que le atribuyen la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 3. Fines y funciones.
1. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y
estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la
promoción y apoyo de la mejora de las mismas, con especial atención a las
pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los
sectores de mayor riesgo.
2. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, para el
cumplimiento de sus fines generales, tendrá las siguientes funciones:
a) El fomento de la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía,
así como la difusión y enriquecimiento de la misma.
b) El análisis y el estudio de las condiciones de trabajo relativas a la
seguridad y salud laborales en Andalucía, sin perjuicio de las atribuidas
a la Administración competente en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) El análisis y el estudio de la siniestralidad laboral, con referencia a
la accidentalidad y a las enfermedades profesionales.
d) La realización de actividades de formación en materia de prevención de
riesgos laborales, así como la implantación de programas de formación en
sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas
empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los
trabajadores autónomos.
e) La organización de campañas de difusión de la cultura de la prevención
en el ámbito laboral entre empresas y personas trabajadoras.
f) La creación de foros de encuentro de los agentes implicados en
seguridad y salud laborales, para debates, propuestas y consultas.
g) La realización de acciones de información y asesoramiento en materia de
prevención de riesgos laborales en sectores productivos, con especial
atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación
de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.
h) El establecimiento de canales de estudio e investigación que sirvan de
soporte a la política pública andaluza de seguridad y salud laborales.
i) El apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia de
seguridad y salud laborales.
j) El seguimiento de la incidencia de las enfermedades profesionales en
Andalucía.
k) La divulgación de recomendaciones de carácter técnico.
l) La formación de nuevos empresarios.
m) Cualquiera otra que, por su naturaleza o finalidad, pudiera o debiera
ser asumida por el mismo.
n) Las restantes que puedan serle atribuidas por la normativa aplicable.
Artículo 4. Régimen de colaboración.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales podrá prestar
colaboración en materias propias de su competencia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social así como al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, a los centros de prevención de riesgos laborales
dependientes de la consejería competente en materia de empleo, a las
restantes consejerías, en especial a la consejería competente en materia
de salud, y a los organismos de la Administración de la Junta de
Andalucía, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales y a los
institutos y órganos técnicos competentes en materia de prevención de
riesgos laborales dependientes de otras Comunidades Autónomas, así como a
cualesquiera otras entidades públicas o privadas.
Artículo 5. Sede.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tendrá su sede en
la ciudad de Sevilla.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 6. Órganos.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se estructura en
los siguientes órganos:
1. Órganos de Gobierno.
a) La Presidencia.
b) El Consejo General.
c) La Dirección-Gerencia.
2. Órgano de Asesoramiento y Formación: la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales.
Artículo 7. La Presidencia.
La Presidencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia
de seguridad y salud laborales, y tendrá las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación legal del organismo.
b) Convocar, fijar su orden del día, presidir y moderar las sesiones del
Consejo General.
c) Suscribir los contratos, convenios y resoluciones referidas a asuntos
propios del organismo, pudiendo delegar aquellas funciones o competencias
que considere necesarias.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 8. El Consejo General.
1. El Consejo General es el órgano superior del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, que ejerce su alta dirección, gobierna el
organismo y establece sus directrices de actuación, y contará con la
participación de los agentes económicos y sociales más representativos de
Andalucía.
2. El Consejo General estará formado por la Presidencia, cuyo titular será
quien lo sea de la Presidencia del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, por la Vicepresidencia y por dieciséis vocales
nombrados por la Presidencia del organismo. Podrá funcionar en Comisión
Permanente, pudiéndose constituir también Comisiones de Trabajo. El
funcionamiento de estos órganos, así como la composición de la Comisión
Permanente y de las Comisiones de Trabajo, se determinarán
reglamentariamente.
3. La Vicepresidencia del Consejo General será ostentada por la persona
titular de la dirección general competente en materia de seguridad y salud
laborales.
4. Serán vocales del Consejo General:
a) Ocho vocales en representación de la Administración de la Junta de
Andalucía, designados por la consejería competente en materia de seguridad
y salud laborales, uno de los cuales será el Director o la Directora
Gerente del Instituto.
b) Cuatro vocales propuestos por las organizaciones empresariales de
carácter intersectorial más representativas en Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
c) Cuatro vocales propuestos por las organizaciones sindicales más
representativas en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
5. El Consejo General será asistido por una Secretaría. La persona titular
de esta Secretaría será nombrada por el Presidente o Presidenta del
Consejo General, de acuerdo con lo que se determine en los Estatutos del
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. El titular de la
Secretaría asistirá a las reuniones del Consejo General con voz pero sin
voto.
6. Corresponderá al Consejo General:
a) Aprobar los criterios de actuación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales.
b) Aprobar los planes y programas de actuación a propuesta de la
Dirección-Gerencia.
c) Aprobar el borrador de anteproyecto del presupuesto del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Aprobar la memoria anual y las cuentas anuales.
e) El seguimiento y la valoración de las actividades realizadas en las
materias específicas del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales.
f) Proponer la elaboración de estudios específicos en ámbitos sectoriales.
g) Proponer cuantas medidas considere necesarias para el mejor
cumplimiento de los fines del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales.
h) Aprobar las propuestas de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
i) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas por la normativa
aplicable.
Artículo 9. La Dirección-Gerencia.
1. La Dirección-Gerencia ejercerá la dirección, coordinación y control de
las actividades del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
La designación y cese del Director o de la Directora Gerente se efectuará
por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería
competente en materia de seguridad y salud laborales, previa consulta al
Consejo General.
2. Corresponderá a la Dirección-Gerencia:
a) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Consejo General.
b) Elevar al Consejo General, para su aprobación, las propuestas de planes
y programas de actuación.
c) Ejercer la jefatura superior del personal adscrito al Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales, en los términos establecidos en la
legislación vigente y de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine.
d) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones de gastos, contraer
obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados por la
normativa vigente en materia presupuestaria.
e) Todas aquellas otras competencias que le atribuyan los Estatutos y la
normativa vigente, así como las que le sean delegadas.
Artículo 10. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
1. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se constituye como órgano
de asesoramiento y formación del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, para proponer la planificación y realización de
actividades de información, formación y asesoramiento en materia de
prevención de riesgos laborales en los diversos sectores productivos que
así lo acuerden.
Para el desarrollo de estas funciones la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales dispondrá de los medios adecuados.
2. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales estará compuesta por seis
vocales, nombrados por el Presidente o Presidenta del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo que sigue:
a) Dos vocales en representación de la Administración de la Junta de
Andalucía, designados por la consejería competente en materia de seguridad
y salud laborales.
b) Dos vocales propuestos por las organizaciones empresariales de carácter
intersectorial más representativas en Andalucía, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
c) Dos vocales propuestos por las organizaciones sindicales más
representativas en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
3. La composición de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
responderá a criterios de participación paritaria de hombres y mujeres. A
tal efecto, ambos sexos deberán estar representados en, al menos, un
cuarenta por cien de los miembros en cada caso designados.
Artículo 11. Programas de actuación.
Para desarrollar las funciones de información, asesoramiento y formación,
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales podrá establecer
con las organizaciones sindicales y empresariales, y en la forma que
estatutariamente se determine, programas temporales de actuación.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico-administrativo, de personal, presupuestario y financiero
Artículo 12. Régimen jurídico-administrativo.
1. El régimen jurídico de los actos del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales será el establecido en la normativa reguladora de la
Administración de la Junta de Andalucía y demás que resulte de aplicación.
2. Los actos administrativos del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales dictados por su Presidente o Presidenta o por los
órganos colegiados que éste o ésta preside agotan la vía administrativa.
3. Contra los actos administrativos del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales distintos de los previstos en el apartado anterior podrá
interponerse recurso de alzada ante su Presidente o Presidenta.
Artículo 13. Régimen de personal.
El personal del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales podrá
ser funcionario o laboral, en los mismos términos y condiciones que los
establecidos para el resto del personal de la Administración de la Junta
de Andalucía, y de conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 14. Patrimonio.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales tendrá patrimonio propio, constituido por el conjunto de
los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se le
adscriban y por los que adquiera por cualquier título conforme a lo
dispuesto en la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Artículo 15. Régimen presupuestario, de contratación y de contabilidad.
1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e
intervención y de control financiero del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales será el establecido en la normativa reguladora de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las demás
disposiciones que le sean de aplicación.
Su régimen de contratación será el previsto para las Administraciones
Públicas en la normativa en materia de contratación administrativa.
2. Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía realizar
el control financiero, de legalidad, de eficacia y contable del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en los términos previstos en
la normativa reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
Artículo 16. Recursos.
Los recursos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
serán los siguientes:
a) Los créditos consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a su nombre, a cuyos efectos contará con programas propios
específicos, así como las consignaciones presupuestarias para el
cumplimiento de los fines que la presente Ley atribuye al organismo.
b) Las subvenciones, aportaciones, donaciones y herencias que reciba.
c) Los créditos que se traspasen conjuntamente con funciones, programas o
servicios procedentes de otras Administraciones Públicas y cuya
realización sea atribuida al organismo.
d) Los ingresos ordinarios o extraordinarios que esté autorizado a
percibir.
e) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido.
Disposición transitoria única. Asunción temporal de funciones.
Hasta tanto se proceda a la designación del Director o Directora Gerente
del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, las funciones de
la Dirección-Gerencia serán asumidas por la Vicepresidencia del Consejo
General.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones precisas
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y, en especial, para la
aprobación de los Estatutos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.