BOPA nº 572, pag. 31692 de la VII Legislatura (21/12/2006)


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7-06/PL-000007, Proyecto de Ley de servicios ferroviarios de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 13 y 14
de diciembre de 2006
Orden de publicación de 15 de diciembre de 2006
PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE ANDALUCÍA
PREÁMBULO
I
El ferrocarril tiene especial importancia en el marco de la definición de
nuevas estrategias y objetivos de movilidad sostenible, esto es, en el
desarrollo de los medios de transporte favorables al medio ambiente.
Constituye el eje de un sistema de transporte de calidad.
De acuerdo con esta importancia estratégica, el ferrocarril ha sido
especialmente considerado en el conjunto de las nuevas medidas normativas,
de planificación y programación de la Unión Europea, destacando en este
sentido el Libro Blanco "La política europea de transportes de cara al
2010: la hora de la verdad", los denominados paquetes ferroviarios como
conjunto de medidas normativas para su desarrollo y la nueva ordenación
del sector ferroviario que resulta de las disposiciones comunitarias que
los han implementado. Entre las normas comunitarias destacan la Directiva
1991/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, de desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios, modificada por la Directiva 2001/12/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y por la Directiva
2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril; la
Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de
capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su
utilización, modificada por la Directiva 2004/49/CE; Directiva 95/18/CE
del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las
empresas ferroviarias, modificada por la Directiva 2001/13/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, y por la
Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.
Uno de los principios en los que se asienta esta nueva ordenación,
instrumento de impulso y mejora del ferrocarril como modo de transporte,
es la separación, desde el punto de vista del régimen jurídico y
económico, actividades y funciones, entre las infraestructuras
ferroviarias y los servicios de transporte ferroviario. Sobre este
presupuesto se pretende garantizar la apertura al mercado de las
actividades de prestación de los servicios de transporte ferroviario, sin
dejar de preservar el interés público mediante la intervención de las
autoridades en cada caso competentes.
II
Este contexto europeo y el objetivo estratégico que ha definido son
plenamente válidos y aplicables a las circunstancias económicas y
territoriales de Andalucía, caracterizada por las amplias distancias que
separan sus principales núcleos de población, concentrando en ellos una
mayoría de sus ciudadanos y hasta dos terceras partes de su actividad
económica.
Atendiendo a estas circunstancias, y para lograr un eficaz sistema de
transporte ferroviario, la Junta de Andalucía ha estimado necesario dotar
a la Comunidad Autónoma de normas propias de rango legal que permitan la
consecución de los fines que se pretenden. Se cumple con ello, además, uno
de los objetivos básicos previstos en el artículo 12 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, el de la realización de un eficaz sistema de comunicaciones que
potencie los intercambios humanos, culturales y económicos.
III
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13, apartados 9 y 10, del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, competencia exclusiva, y por tanto normativa, sobre los
servicios de transporte mediante ferrocarril cuyo itinerario se desarrolle
íntegra y exclusivamente sobre territorio andaluz. Esta competencia
alcanza a los servicios de transporte, en los términos indicados,
cualquiera que sea la titularidad de la infraestructura sobre la que se
desarrolle, incluida la estatal, como sucede en el transporte por
carretera, y ello precisamente tras la nueva ordenación del transporte
ferroviario de la que resulta la separación de la infraestructura y los
servicios desde el punto de vista del ejercicio de las actividades,
funciones y potestades sobre las mismas.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía también tiene, de
acuerdo con el mismo precepto, competencia exclusiva en materia de
ferrocarriles entendidos como infraestructura u obra pública, cuyo
itinerario se desarrolle íntegramente sobre el territorio andaluz y no
tenga la consideración legal de interés general del Estado.
Esta competencia normativa en materia de transporte ferroviario y
ferrocarriles se complementa con la competencia en materia de ordenación
territorial y urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13,
apartado 8, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no sólo por el
carácter autonómico de las infraestructuras a que se refiere sino porque
los ferrocarriles y el transporte mediante ferrocarril constituyen un
fundamental instrumento para la vertebración territorial de Andalucía.
IV
La Ley se ha estructurado en siete títulos, en cuya regulación destacan
los servicios ferroviarios de Andalucía, los derechos y obligaciones de
las usuarias y usuarios, las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía, y
el régimen sancionador.
En el Título I, Disposiciones Generales, además del objeto y ámbito de
aplicación de la ley, se establece como finalidad de la misma la promoción
del transporte público en el marco de un desarrollo sostenible.
De acuerdo con este principio se pretende seguir avanzando en la
consecución en Andalucía de un modelo de transporte rápido, seguro y
sostenible que, en línea con lo propuesto en el Libro Blanco del
Transporte, contribuya al bienestar económico y social sin perjudicar la
salud humana ni el medio ambiente.
El modelo así definido persigue facilitar el uso del transporte público,
especialmente por las personas con menos recursos para acceder al
transporte privado, disminuir las barreras que impiden el acceso a las
personas con movilidad reducida, así como mejorar el medio ambiente y
favorecer el cumplimiento de los compromisos internacionales en su
protección.
Especial importancia tiene el Título II referido a los Servicios
Ferroviarios de Andalucía, considerando como tales los de transporte
ferroviario de personas y mercancías que discurren íntegra y
exclusivamente por el territorio andaluz. Esta previsión alcanza a los que
se desarrollan sobre infraestructura de titularidad de la Comunidad
Autónoma, sobre infraestructura de titularidad estatal o de otra
Administración Pública, si bien respetando las normas que resulten de
aplicación al uso de la citada infraestructura.
En todo caso, los Servicios Ferroviarios de Andalucía son servicios de
interés general y esencial para la comunidad. Destacan entre ellos los
Servicios de Alta Velocidad Interior de Andalucía, que expresamente se
declaran de interés público a los efectos previstos en las normas europeas
relativas a este tipo de servicios, garantizando así su prestación. Esta
declaración se justifica en su importancia desde el punto de vista de la
ordenación territorial y de la vertebración económica de nuestro
territorio, al posibilitar una comunicación rápida, de calidad y
sostenible entre todas las capitales de Andalucía y los principales
núcleos de población. No se impide en cualquier caso la misma declaración
de interés público, con los mismos efectos, respecto del resto de los
servicios.
Se garantiza, en todo caso, el pleno cumplimiento de los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y el respeto a las
normas comunitarias que, para estos casos, resulten de aplicación a la
prestación de servicios de interés público.
El Título III, relativo a los derechos de las personas consumidoras y
usuarias, contiene un expreso compromiso de calidad bajo la tutela de la
Administración de la Junta de Andalucía, estableciendo los instrumentos
necesarios para hacer efectivos tales derechos e intereses de las usuarias
y los usuarios de acuerdo con los fines generales de la presente ley.
El Título IV se refiere a la Infraestructura Ferroviaria de Andalucía y
está integrado por seis capítulos que regulan el establecimiento, proyecto
y construcción de las infraestructuras ferroviarias de Andalucía así como
su relación con el planeamiento urbanístico municipal, las limitaciones a
la propiedad, la administración de las Infraestructuras Ferroviarias de
Andalucía, las infraestructuras ferroviarias en centros intermodales de
transportes de mercancías, normas especiales en materia de sistemas
ferroviario en entornos urbanos y metropolitanos, así como una referencia
a las infraestructuras ferroviarias de titularidad privada.La
administración de las infraestructuras ferroviarias se considera un
servicio de interés general y esencial para la comunidad, que se prestará
de acuerdo con las normas de desarrollo de la presente Ley, con pleno
respeto a las disposiciones de Derecho Comunitario, previéndose su
atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, creado mediante la
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Andalucía.
Los Títulos V, VI y VII se refieren a la prestación de los servicios
adicionales, complementarios y auxiliares; a la seguridad ferroviaria, que
constituirá el elemento prioritario de funcionamiento de los servicios
ferroviarios andaluces, conteniendo previsiones relativas a la
habilitación del personal ferroviario, homologación del material móvil y
puesta en servicio de los sistemas ferroviarios, y la regulación del
régimen sancionador y la inspección en el ámbito de las competencias de la
Junta de Andalucía.
Además la Ley tiene dos disposiciones adicionales, entre las que destaca
la primera, sobre el organismo regulador a que se refiere la Directiva
2001/14/CE, relativa a la adjudicación de capacidad de infraestructura
ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización, modificada por
la Directiva 2004/49/CE; una disposición transitoria; una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales. Por último, se incluye un Anexo
comprensivo de definiciones.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Ley es la regulación, en el ámbito de las
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la prestación de
los servicios de transporte público mediante ferrocarril, de la
construcción y administración de las infraestructuras ferroviarias, así
como de la prestación de los servicios ferroviarios adicionales,
complementarios y auxiliares.
2. Los servicios de transporte ferroviario regulados por la Ley 2/2003, de
12 de mayo, así como los tranvías y modos de transporte similares de
titularidad autonómica, tendrán la consideración de Servicios Ferroviarios
de Andalucía y se regirán por lo previsto en dicha norma para los
ferrocarriles metropolitanos, aplicándose la presente Ley con carácter
supletorio.
3. Las infraestructuras ferroviarias de titularidad autonómica reguladas
por la Ley 2/2003, así como las que constituyen el soporte de sistemas
tranviarios y análogos también autonómicos, se consideran integradas en
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía, y se regirán por las
previsiones de dicha norma para los ferrocarriles metropolitanos,
aplicándose la presente Ley con carácter supletorio.
4. Los Servicios Ferroviarios de Andalucía se clasifican en: Servicios
Ferroviarios Convencionales de Andalucía y Servicios de Alta Velocidad
Interior de Andalucía.
Artículo 2. Fines y principios.
Las Administraciones Públicas, dentro del marco de sus competencias,
promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte
mediante ferrocarril en condiciones idóneas de rapidez, calidad,
comodidad, eficacia, alta capacidad, intermodalidad, con protección de los
derechos e intereses de las personas usuarias, sostenibilidad y respeto al
medio ambiente. De la misma manera se eliminarán las barreras que supongan
limitación de acceso al ferrocarril para las personas con discapacidad o
movilidad reducida en los términos que prevean las normas de desarrollo de
la presente Ley.
De acuerdo con lo anterior, la seguridad ferroviaria constituirá un
elemento prioritario de funcionamiento de los servicios ferroviarios
andaluces.
TÍTULO II
Servicios Ferroviarios de Andalucía
Artículo 3. Concepto y régimen jurídico general.
1. Son Servicios Ferroviarios de Andalucía, a los efectos de esta Ley, los
servicios de transporte ferroviario de viajeros y mercancías que discurren
íntegra y exclusivamente por el territorio andaluz, así como aquellos que
tengan su origen y destino en la Comunidad Autónoma.
Estos servicios se podrán desarrollar sobre infraestructura de titularidad
de la Comunidad Autónoma, sobre infraestructura de titularidad estatal o
de otra Administración Pública, o de sus respectivas entidades
dependientes, con cumplimiento de las normas que resulten de aplicación al
uso de la citada infraestructura.
2. Los Servicios Ferroviarios de Andalucía son servicios de interés
general y esencial para la comunidad.
Estos servicios, como instrumento de ordenación y equilibrio territorial,
y su cohesión social, constituirán un sistema de transporte integrado bajo
criterios de intermodalidad que favorecerá la movilidad en el territorio
de la Comunidad Autónoma.
3. Para la prestación de los Servicios Ferroviarios de Andalucía, las
empresas ferroviarias deberán estar en posesión de licencia de empresa
ferroviaria otorgada de conformidad con la Directiva 95/18/CE del Consejo,
de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las empresas
ferroviarias, modificada por la Directiva 2001/13/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, y por la Directiva
2004/49/CE.
4. La declaración de interés público de Servicios Ferroviarios de
Andalucía de conformidad con los artículos siguientes supondrá la
declaración de utilidad pública e interés social, la necesidad de
ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a efectos de la
expropiación forzosa de todos los bienes y derechos que sean necesarios
para garantizar su prestación, de acuerdo con lo previsto en la
legislación expropiatoria.
5. La Consejería competente en materia de transportes podrá establecer
requisitos y condiciones de calidad que han de regir en la prestación de
los Servicios Ferroviarios de Andalucía, así como los procedimientos
necesarios para verificar su cumplimiento, todo ello sin perjuicio de las
funciones y potestades de la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias.
Artículo 4. Servicios Ferroviarios Convencionales de Andalucía.
1. Son Servicios Ferroviarios Convencionales de Andalucía los de
transporte ferroviario comprendidos en este sistema de transporte de
conformidad con las normas de Derecho Comunitario, y los de transporte
mediante ferrocarril que se desarrollan en ámbitos metropolitanos y de
cercanías, excepto los servicios regionales incluidos en el artículo 5.
2. Constituye el objetivo fundamental de los Servicios Ferroviarios
Convencionales de Andalucía la conexión de sus poblaciones y de sus
centros productivos, así como del sistema portuario y aeroportuario
andaluz, en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía, para
garantizar su cohesión, desarrollo territorial y proximidad, posibilitando
el servicio en el futuro al mayor número de personas y empresas.
El establecimiento y la explotación de estos Servicios Ferroviarios
Convencionales de Andalucía se regirán por las disposiciones de desarrollo
de la presente Ley, con pleno respeto a las disposiciones de Derecho
Comunitario que resulten de aplicación y, si se desarrollasen sobre
infraestructura estatal, con cumplimiento de las normas establecidas para
el uso de la misma.
3. El Consejo de Gobierno podrá declarar de interés público determinados
Servicios Ferroviarios Convencionales cuando sea preciso para garantizar
su prestación de acuerdo con sus características sociales,
medioambientales o de ordenación del territorio.
En estos casos, dichos servicios se prestarán por la Junta de Andalucía de
forma indirecta mediante concesión, o de forma directa, en su caso a
través de entidades y empresas de la Junta de Andalucía, con cumplimiento
de las normas comunitarias que resulten de aplicación.
El otorgamiento de las concesiones administrativas para la prestación de
los Servicios Ferroviarios Convencionales declarados de interés público se
realizará con pleno cumplimiento de los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con las normas
comunitarias que, para estos casos, resulten de aplicación a la prestación
de servicios de interés público.
La Consejería competente en materia de transportes, o la entidad pública
competente, solicitará, cuando fuera necesario, la capacidad de
infraestructura estatal precisa para la prestación de los servicios
declarados de interés público. En todo caso dispondrán de la capacidad
sobre la infraestructura de titularidad autonómica. Lo previsto en este
párrafo deberá entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 3.
Artículo 5. Servicios de Alta Velocidad Interior de Andalucía.
1. Los Servicios de Alta Velocidad Interior de Andalucía son aquellos que,
con cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas
comunitarias reguladoras de este sistema de transporte, se establezcan por
el Consejo de Gobierno para su prestación sobre las infraestructuras de
alta velocidad y de altas prestaciones, ya sean titularidad de la
Administración General del Estado o de la Administración de la Junta de
Andalucía, incluyendo en ambos casos sus entidades dependientes.
Constituyen el objetivo fundamental de estos servicios la conexión
mediante servicios de esta clase de todas las capitales de Andalucía y los
principales núcleos de población complementando el objetivo de movilidad
de los Servicios Ferroviarios Convencionales de Andalucía.
2. Los Servicios de Alta Velocidad Interior de Andalucía son servicios de
interés público y se prestarán por la Junta de Andalucía de forma
indirecta mediante concesión o de forma directa, en su caso a través de
entidades y empresas de la Junta de Andalucía, con cumplimiento de las
normas comunitarias que resulten de aplicación.
El otorgamiento de las concesiones administrativas para la prestación de
dichos Servicios se realizará con pleno cumplimiento de los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con las
normas comunitarias que, para estos casos, resulten de aplicación a la
prestación de servicios de interés público.
La Consejería competente en materia de transportes, o la entidad pública
competente, solicitará, cuando fuera necesario, la capacidad de
infraestructura estatal precisa para la prestación de los Servicios de
Alta Velocidad Interior de Andalucía. En todo caso dispondrán de la
capacidad sobre la infraestructura de titularidad autonómica. Lo previsto
en este párrafo deberá entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 3.
3. La Consejería competente en materia de transportes podrá celebrar
convenios de colaboración con la Administración General del Estado, o con
las entidades públicas estatales en cada caso competentes, para compensar
el importe de las inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma sobre
infraestructura estatal con las cantidades que hubieren de abonarse por el
uso de las infraestructuras estatales para la prestación de los Servicios
de Alta Velocidad Interior de Andalucía.
TÍTULO III
Derechos de los consumidores y usuarios
Artículo 6. Contenido.
1. Las personas usuarias de los servicios de transporte ferroviario
tendrán derecho al uso de los mismos en los términos que se establezcan en
la normativa vigente y, en su caso, en los contratos que celebren con las
empresas ferroviarias. Estas respetarán los niveles de calidad que
determine la Consejería competente en materia de transportes, quien
autorizará, además, las condiciones generales de contratación y la
adaptación de los servicios a las necesidades de las mujeres y los hombres
en coherencia con el logro de igualdad real entre ambos sexos.
2. Concretamente, las personas usuarias de los servicios de transporte
ferroviario de personas gozarán de los siguientes derechos:
a) Ser informado por la empresa ferroviaria, con la suficiente antelación,
del horario de los servicios y de las tarifas correspondientes a estos,
así como de las alteraciones que puedan sufrir las mismas.
b) A disponer de puntos de información, cancelación automática de billetes
y venta tradicional dotados con medios de pago no monetarios, así como a
tener información clara sobre el horario y funcionamiento de estos
servicios, todo ello en los términos en que se prevea reglamentariamente.
c) Contratar, en su caso por vía telemática, la prestación del servicio
ferroviario desde o hasta cualquiera de las estaciones en las que se
recojan y se apeen las personas usuarias. A estos efectos, las empresas
ferroviarias podrán prestar sus servicios entre cualesquiera estaciones
del trayecto que cubran.
d) Recibir los equipajes y mercancías en el mismo estado en el que se
entregan para la realización del transporte.
e) Recibir el servicio satisfaciendo los precios de acuerdo con las
tarifas correspondientes.
f) Celebrar con la empresa ferroviaria un contrato de transporte ajustado
a las normas de defensa y protección, actividad, desenvolvimiento y
calidad de las personas consumidoras y usuarias. Los contratos tipo de
transporte que afecten a las personas usuarias del servicio deberán ser
previamente aprobados por la Consejería competente en materia de
transportes, previo informe de la Consejería competente en materia de
consumo.
g) Ser indemnizadas por la empresa ferroviaria, en caso de incumplimiento
por esta de las obligaciones que le impongan esta Ley y las disposiciones
que la desarrollen o de las asumidas en el contrato celebrado con ella.
h) Ser informadas de los procedimientos establecidos para resolver las
controversias que puedan surgir en relación con el cumplimiento del
contrato de transporte ferroviario.
i) A exigir que el personal dedicado a la prestación de los servicios
ferroviarios tenga la cualificación exigida para que la prestación se
desarrolle con las debidas garantías de seguridad y eficiencia.
j) A exigir que las empresas prestatarias de los servicios de transportes
cuenten con equipamiento y material sanitario adecuado, así como que el
personal esté preparado para atender situaciones de emergencia sanitaria
en los términos previstos reglamentariamente
k) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes y, en
particular, las normas reguladoras de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, así como disposiciones de Derecho Comunitario.
3. Las personas usuarias, sin perjuicio de poder instar la defensa de sus
pretensiones, en los términos previstos en la vigente legislación, ante
las Juntas Arbitrales de Transporte o ante las Juntas Arbitrales de
Consumo y, en todo caso, ante la jurisdicción ordinaria, están facultadas
para dirigir las reclamaciones relacionadas con la prestación del servicio
a la empresa ferroviaria que lo lleve a cabo.
4. Las empresas ferroviarias deberán tener a disposición de las personas
usuarias de los servicios un libro de quejas y reclamaciones, editado con
arreglo al modelo establecido por las normas aplicables en materia de
consumo.
TÍTULO IV
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 7. Concepto de infraestructura ferroviaria.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por infraestructura ferroviaria la
totalidad de los elementos que formen parte de las vías principales y de
las de servicio y los ramales de desviación para particulares o
apartaderos, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de
reparación de material rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de
tracción.
Entre dichos elementos se incluirán los terrenos, las estaciones, las
terminales de carga, las obras civiles, los pasos a nivel, las
instalaciones vinculadas a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la
electrificación, a la señalización de las líneas, al alumbrado y a la
transformación y el transporte de la energía eléctrica, sus edificios
anexos y cualesquiera otros que reglamentariamente se determinen.
Artículo 8. Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía.
1. Forman parte de Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía las
infraestructuras ferroviarias titularidad de la Comunidad Autónoma, que se
desarrollen íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía estén o no conectadas a infraestructuras de titularidad estatal.
La integración de nuevas infraestructuras ferroviarias en Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía se producirá mediante la aprobación del
correspondiente estudio informativo en los términos previstos en la
presente Ley.
La integración en Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía de
infraestructuras ferroviarias ya construidas de titularidad de otra
Administración Pública se realizará mediante convenio suscrito al efecto.
2. La Administración de la Junta de Andalucía cooperará con la del Estado
para la conexión de Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía con la
infraestructura ferroviaria de titularidad estatal, fomentando su
interoperabilidad.
3. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la Consejería competente en materia de transportes, la planificación de
los Servicios Ferroviarios de Andalucía y de las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía.
CAPÍTULO II
Establecimiento, proyecto y construcción de las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía
Artículo 9. Establecimiento.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes
decidir el establecimiento o la modificación de las líneas ferroviarias, o
sus tramos, y demás elementos a que se refiere el artículo 7 de las
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía mediante la aprobación de un
estudio informativo conforme a esta Ley y, en su caso, su desarrollo
reglamentario.
2. El estudio informativo a que se refiere el apartado anterior
comprenderá el análisis y la definición, en aspectos tanto geográficos
como funcionales, de las opciones de trazado de una actuación determinada
y, en su caso, de la selección de la alternativa más recomendable como
solución propuesta. El estudio informativo constituirá el documento básico
a efectos de la correspondiente tramitación ambiental e incluirá la
documentación que prevea la legislación ambiental.
El estudio informativo, cuya tramitación corresponde a la Consejería
competente en materia de transportes, se remitirá a las Administraciones
Públicas afectadas, con objeto de que, durante el plazo de un mes,
examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés
general y para los intereses que representan. Transcurrido dicho plazo sin
que dichas Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá
que están conformes con la solución propuesta.
En el caso de nuevas líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de
otros elementos de la infraestructura ferroviaria, no incluidos en el
planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que
afecten y en que se manifestara disconformidad por las Entidades Locales
afectadas, necesariamente motivada, el expediente, una vez concluida la
tramitación prevista en el presente artículo, será elevado al Consejo de
Gobierno que decidirá si procede ejecutar la actuación y, en este caso,
acordará la modificación o revisión del planeamiento afectado, que deberá
acomodarse a las determinaciones del estudio informativo en el plazo de un
año desde su aprobación.
3. Con carácter simultáneo al trámite de informe a que se refiere el
apartado anterior, el estudio informativo se someterá, en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a un
trámite de información pública durante un período de 30 días hábiles. Las
observaciones realizadas en este trámite deberán versar sobre la
concepción global del trazado.
4. Concluidos los plazos de audiencia e información pública, la Consejería
competente en materia de transportes remitirá el expediente completo, que
incluirá el estudio informativo y el resultado de los trámites de
audiencia e información pública, a la Consejería competente en materia de
medio ambiente por el plazo y tramitación previstos en la normativa
ambiental.
5. Completada la tramitación prevista en el apartado anterior y
garantizada de esta forma su viabilidad medioambiental, la Consejería
competente en materia de transportes dictará resolución aprobando en su
caso el estudio informativo, que determinará la inclusión de la línea o
tramo a que este se refiera en las Infraestructuras Ferroviarias de
Andalucía.
Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, o en los casos que se apruebe un tipo de instrumento distinto
al anteriormente vigente, se incluirán las nuevas líneas ferroviarias o
tramos de las mismas contenidos en los estudios informativos aprobados con
anterioridad.
6. En aquellos casos en que se redacte directamente el proyecto de
construcción, sin previa redacción de estudio informativo, se aplicará el
procedimiento previsto en este artículo, si bien todas las referencias
relativas al estudio informativo deberán entenderse realizadas a dicho
proyecto constructivo. En este supuesto, la aprobación del proyecto de
construcción corresponderá a la Consejería competente en materia de
transportes.
Artículo 10. Proyecto y construcción.
1. Los proyectos básicos y de construcción de las líneas ferroviarias o de
tramos de las mismas, y demás elementos a que se refiere el artículo 7, se
aprobarán y ejecutarán conforme disponga la resolución de la Consejería
que determine su establecimiento o modificación. La aprobación de los
proyectos corresponde a la Consejería competente en materia de transportes
o, en su caso, a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, cuando tenga
atribuida dicha competencia, salvo en el supuesto previsto en el apartado
6 del artículo 9.
Se entiende por proyecto de construcción el que establece el desarrollo
completo de la solución adoptada en relación con la necesidad de una
determinada infraestructura ferroviaria, con el detalle necesario para
hacer factible su construcción y posterior explotación. El proyecto básico
es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos
geométricos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y
derechos afectados.
2. La aprobación del correspondiente proyecto básico o el de construcción
de líneas ferroviarias, tramos de las mismas u otros elementos de la
infraestructura ferroviaria o de modificación de las preexistentes,
supondrá la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad
de ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a efectos de la
expropiación forzosa de los bienes y derechos que requiera la actuación.
3. La construcción se realizará por la Consejería competente en materia de
transportes, de conformidad con las previsiones de la legislación que rige
la contratación de las Administraciones Públicas para el contrato de
obras, de concesión de obras públicas o, en su caso, de gestión de
servicios públicos.
El Consejo de Gobierno podrá atribuir la competencia sobre la construcción
a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
Igualmente, la Consejería competente en materia de transportes y
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía podrán encargar a una sociedad
mercantil de capital íntegramente público de las previstas en el artículo
6.1 a) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
la construcción y explotación de las obras ferroviarias. En la Resolución
de encargo, entre otras determinaciones, se definirá su objeto, el régimen
de control y recepción de las obras, las aportaciones económicas y la
compensación por los gastos incurridos en la ejecución del encargo.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán celebrarse
convenios de colaboración con la Administración General del Estado o las
entidades públicas de ella dependientes para la construcción y
administración de las infraestructuras que formen parte de
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía.
Artículo 11. Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía y urbanismo.
1. Los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación
urbanística calificarán los terrenos que se ocupen por las
infraestructuras ferroviarias que formen parte de las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía como sistema general ferroviario o equivalente y
no incluirán determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las
competencias en materia de ferrocarriles por la Administración de la Junta
de Andalucía o por las entidades públicas de ella dependientes.
2. Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros elementos de la
infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio, el órgano con
facultades para acordar su aprobación inicial podrá, con anterioridad a
esta, solicitar información previa a la Consejería competente en materia
de transportes y de la entidad administradora de la infraestructuras
ferroviarias, quienes deberán emitirla en el plazo de un mes. En todo
caso, tendrán carácter vinculante para el órgano con facultades para
acordar la aprobación inicial citada, a los efectos previstos en el
presente apartado, las determinaciones y previsiones contenidas en los
planes de ordenación territorial.
Aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento urbanístico, este se
someterá a informe vinculante de la Consejería competente en materia de
transportes y de la entidad administradora de las infraestructuras
ferroviarias, que deberán emitirlo en el plazo de un mes. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado, se entenderá su
conformidad con el proyecto.
3. Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas
ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la
infraestructura que se regulan en la presente Ley, tienen el carácter de
obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma y no están sometidas
a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo que
establece la legislación de régimen local, sin perjuicio de los recursos
que quepa interponer y del deber de informar al municipio afectado,
previamente al inicio de las obras.
4. La Administración de la Junta de Andalucía, o Ferrocarriles de la Junta
de Andalucía, no precisará las autorizaciones, permisos o licencias
administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura
previstas en la normativa vigente para el desarrollo de actividades
vinculadas directamente al tráfico ferroviario.
Las autorizaciones y, en su caso, las concesiones otorgadas a particulares
para la realización de otras obras o actividades en la zona de servicio
ferroviario no eximirán a sus titulares de obtener los permisos, licencias
y demás autorizaciones que, en cada caso, sean exigidas por otras
disposiciones legales.
Artículo 12. Zonas de servicio ferroviario.
1. La Consejería competente en materia de transportes podrá delimitar,
especialmente en ámbitos vinculados a estaciones o terminales de carga,
zonas de servicio ferroviario que incluirán los terrenos necesarios para
la ejecución de infraestructuras ferroviarias y para la realización de las
actividades propias de la entidad administradora de las infraestructuras
ferroviarias, los destinados a tareas complementarias de aquellas y los
espacios de reserva que garanticen el desarrollo del servicio ferroviario.
Sin perjuicio de las actividades a que se refiere el párrafo anterior,
dentro de la zona de servicio ferroviario podrán realizarse otras de
carácter industrial, comercial y de servicios cuya localización esté
justificada por su relación con aquellas, de conformidad con lo que
determine el Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios
Ferroviarios y el planeamiento urbanístico correspondiente.2. El
establecimiento de la zona de servicio se hará a través de un Proyecto de
Delimitación y Utilización de Espacios Ferroviarios, que incluirá las
actividades que se prevé desarrollar en las diversas áreas así como su
justificación o conveniencia. El Proyecto será elaborado y aprobado por la
Consejería competente en materia de transportes. Reglamentariamente se
establecerá el contenido, la documentación y el procedimiento que se debe
seguir para su aprobación, que comprenderá, necesariamente, la emisión de
informe por las administraciones urbanísticas locales sobre aspectos de su
competencia.
La aprobación del Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios
Ferroviarios llevará implícita la declaración de utilidad pública o
interés social, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de
la misma, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos necesarios
para su implantación.
3. Los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación
urbanística calificarán los terrenos destinados a zonas de servicio
ferroviario como sistema general ferroviario o equivalente y no incluirán
determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias
autonómicas en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario.
4. El sistema general ferroviario referido a las zonas de servicio
establecido en el oportuno Proyecto de Delimitación y Utilización de
Espacios Ferroviarios se desarrollará a través de un Plan Especial de
ordenación de la zona de servicio ferroviario que, por su carácter
supramunicipal, se tramitará y aprobará por la Administración de la Junta
de Andalucía de conformidad con la legislación urbanística. En todo caso
se someterá a informe del municipio o municipios afectados.
5. Las obras que se lleven a cabo en la zona de servicio ferroviario
deberán adaptarse al Plan Especial de ordenación de esta.
Hasta la aprobación del Plan Especial de ordenación de la zona de servicio
ferroviario a que se refiere el apartado anterior, las obras que se
realicen en la zona de servicio ferroviario de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 deberán ser compatibles con el Proyecto de Delimitación
y Utilización de Espacios Ferroviarios.
6. No procederá la suspensión de la ejecución, por los órganos
urbanísticos, de las actuaciones y obras ferroviarias que regula la
presente Ley cuando estas se lleven a cabo en cumplimiento de los planes y
de los proyectos de obras aprobados por los órganos competentes. Esta
disposición sólo es aplicable a las obras a que se refiere el párrafo
primero del apartado 1 del presente artículo.
CAPÍTULO III
Limitaciones a la propiedad
Artículo 13. Alcance.
A los efectos de esta Ley, se establecen en las líneas ferroviarias que
formen parte de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía una zona de
dominio público, otra de protección y un límite de edificación. Tanto las
referidas zonas como el límite de edificación se regirán por lo
establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 14. Zona de dominio público.
1. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las
líneas ferroviarias que formen parte de las Infraestructuras Ferroviarias
de Andalucía y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación.
2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del
desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento
colindantes con el terreno natural.
En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras
similares, se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las
líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno,
siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las
referidas líneas.
3. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se
extenderá a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la
conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las
características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquellos y la
disposición de sus elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como
su ventilación y sus accesos.
Artículo 15. Zona de protección.
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de
terreno a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona
de dominio público definida en el artículo 14 y, exteriormente, por dos
líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la
explanación.
Artículo 16. Reducción de distancias.
1. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la
establecida en los artículos precedentes para delimitar la zona de dominio
público y la de protección, en función de las características técnicas de
la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo
por el que discurra dicha línea.
2. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente
planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos
anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de
cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros para la de
protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la
explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por la Consejería
competente en materia de transportes, siempre que se acredite la necesidad
de la reducción, la inexistencia de afección negativa a la seguridad de
las personas, los bienes o el medio ambiente, y no se ocasione perjuicio a
la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril. En
ningún caso, la distancia correspondiente a la zona de dominio público
puede ser inferior a dos metros garantizando en todo caso la seguridad.
Artículo 17. Normas especiales en las zonas de dominio público y de
protección.
1. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio
público, previa autorización de la entidad administradora de la
infraestructura ferroviaria, cuando sean necesarias para la prestación del
servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de interés
general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente
justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público,
tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.
En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario,
quien la realizare estará obligado a la limpieza y recogida del material
situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la citada zona, previo
requerimiento de la Administración pública o de la entidad administradora
de las infraestructuras ferroviarias, si no se atendiere el requerimiento
dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada
Administración pública o la entidad administradora de las infraestructuras
ferroviarias, mediante la realización de las necesarias labores de
limpieza y recogida del material, quedando quien hubiere ocupado los
terrenos obligado a resarcir los gastos en que se hubiere incurrido por
dicha actuación.
2. Para ejecutar en las zonas de dominio público y de protección de la
infraestructura ferroviaria cualquier tipo de obras o instalaciones fijas
o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad
que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se requerirá la
previa autorización de la entidad administradora de la infraestructura
ferroviaria.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las
competencias de otras Administraciones públicas o de las atribuidas a
otros órganos de la Administración Autonómica.
Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en
la zona de protección que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o
construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas
ferroviarias existentes con anterioridad a la actuación de que se trate
serán costeadas por quien las promueva.
3. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán
más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico
ferroviario previa autorización, en cualquier caso, de la entidad
administradora de las infraestructuras ferroviarias. Esta podrá utilizar o
autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés
general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria.
Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y
perjuicios que se causen por su utilización, con arreglo a lo establecido
en la legislación de expropiación forzosa.
La denegación de la autorización podrá fundarse en las previsiones de los
planes o proyectos de ampliación o variación de la línea ferroviaria en
los diez años posteriores al acuerdo.
4. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin
necesidad de autorización previa. En cualquier caso deberá garantizarse la
correcta evacuación de las aguas de riego y adoptar las medidas necesarias
para que no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la
quema de rastrojos.
5. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse,
exclusivamente, obras de reparación y mejora, siempre que no supongan
aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que
aquellas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios.
En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización de la entidad
administradora de la infraestructura ferroviaria, sin perjuicio de los
demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios en
función de la normativa aplicable.
Artículo 18. Límite de edificación.
1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de las
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía se establece la línea límite de
edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada
en vigor de esta Ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de
nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada
por la línea límite de edificación.
2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de
la mencionada arista, si bien, reglamentariamente, podrá determinarse una
distancia inferior en función de las características de las líneas.
3. La Consejería competente en materia de transportes, previo informe de
las Entidades Locales afectadas, podrá, por razones geográficas o
socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación diferente a la
establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas
ferroviarias que formen parte de las Infraestructuras Ferroviarias de
Andalucía, en zonas o áreas delimitadas.
4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias andaluzas que formen
parte de Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía y que discurran por
zonas urbanas, la Consejería competente en materia de transportes podrá
establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la
fijada en el apartado 2 de este artículo, siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente.
Artículo 19. Potestad de expropiación de bienes existentes en la zona de
protección hasta la línea límite de edificación.
La Consejería competente en materia de transportes podrá acordar la
expropiación de bienes en la zona de protección hasta la línea límite de
edificación que pasarán a tener la consideración de dominio público,
entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad
de su ocupación, siempre que se justifique su interés para la idónea
prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la
circulación.
Artículo 20. Obras y actividades ilegales en zonas de dominio público o de
protección de la infraestructura ferroviaria.
1. La Consejería competente en materia de transportes o la entidad
administradora de las infraestructuras ferroviarias dispondrán la
paralización de las obras o instalaciones y la suspensión de usos
prohibidos, no autorizados o que no se ajusten a las condiciones
establecidas en las autorizaciones. Asimismo, podrán proceder al precinto
de las obras o instalaciones afectadas.
2. La Consejería competente en materia de transportes o la entidad
administradora de las infraestructuras ferroviarias comprobará la
paralización de las obras y la suspensión de los usos referidos en el
apartado 1 de este artículo, debiendo adoptar, en el plazo de dos meses
desde que se produzca la paralización y previa audiencia de quienes puedan
resultar directamente afectados, una de las resoluciones siguientes:
a) La demolición de las obras o instalaciones y la prohibición definitiva
de los usos prohibidos, no autorizados o que no se ajusten a las
autorizaciones otorgadas. El coste será a cargo de quien realice las
actuaciones a que se refiere el apartado 1, pudiendo la Administración
realizarlas subsidiariamente.
b) La iniciación del oportuno expediente para la eventual regularización
de las obras o instalaciones o autorización de los usos permitidos.
3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las
sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten
procedentes.
CAPÍTULO IV
Administración de las infraestructuras ferroviarias
Artículo 21. Contenido y alcance.
1. La administración de las infraestructuras ferroviarias integradas en
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía tiene por objeto el
mantenimiento y la explotación de aquellas, así como la gestión de su
sistema de control, de circulación y de seguridad.
2. La administración de las infraestructuras ferroviarias es un servicio
de interés general y esencial para la comunidad, que se prestará en la
forma prevista en esta Ley.
3. La administración de la infraestructura ferroviaria y, en general, la
utilización de la misma, la declaración sobre la Red, la adjudicación de
la capacidad de infraestructura ferroviaria a favor de empresas
ferroviarias y otros posibles candidatos, así como su solicitud, se
regirán por las normas de desarrollo de la presente Ley, y por las
disposiciones del derecho estatal y comunitario que resulten de aplicación.
4. Mediante ley del Parlamento de Andalucía se establecerá un canon por la
utilización de las infraestructuras ferroviarias integradas en
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía. El importe del canon se
destinará al sistema ferroviario.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la utilización por
cualquier otra Administración Pública, incluida la estatal, o cualquier
organismo o entidad vinculada o dependiente de la misma, de
infraestructuras ferroviarias integradas en Infraestructuras Ferroviarias
de Andalucía para la prestación de servicios de su competencia, se regirá
por el correspondiente convenio de colaboración en el que se establecerán
las condiciones de uso, las contraprestaciones que procedan y los costes
que deberá asumir la Administración o entidad solicitante. En todo caso es
necesario que este uso sea compatible con la prestación de los servicios
de competencia autonómica y que se prevea en su normativa un régimen
similar de disposición de capacidad de infraestructura a favor de la
Administración de la Junta de Andalucía, o entidad dependiente de ella.
Igualmente, la entidad administradora de las Infraestructuras Ferroviarias
de Andalucía pondrá a disposición de la Administración de la Junta de
Andalucía, de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, la
capacidad de infraestructura que precisen, suscribiendo al efecto un
convenio en el que se establecerán todas las condiciones, incluso
económicas, de utilización. Para los prestadores de servicios de
transportes de interés público, la puesta a disposición de la capacidad de
infraestructura que precisen se regirá por las previsiones contenidas en
el correspondiente título habilitante.
Artículo 22. Entidad Administradora de las infraestructuras ferroviarias.
1. Corresponde a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía la administración
de las infraestructuras ferroviarias que les sean expresamente atribuidas
por el Consejo de Gobierno, o se hubieran construido por el citado Ente
conforme a lo previsto en el artículo 10, apartado 3.
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía administrará la infraestructura
ferroviaria de forma directa, por sí o, en su caso, a través de empresa u
organismos públicos de él dependientes.
2. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía podrá ejercer, en cualquier
momento, respecto de los bienes de dominio público cuya gestión le haya
sido atribuida por el Consejo de Gobierno, las facultades de
administración, defensa, policía, investigación, deslinde y recuperación
posesoria que otorga a la Administración de la Junta de Andalucía la
legislación reguladora de su patrimonio. Además, corresponderá a
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía la protección y policía de las
infraestructuras que administre, preservarlas de toda clase de daños o
deterioro y vigilar el cumplimiento de las prohibiciones y limitaciones
establecidas en esta Ley.
En todo caso corresponderá a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía,
respecto de los referidos bienes de dominio público que tenga adscritos,
establecer el régimen de uso de los mismos y otorgar las autorizaciones, y
demás títulos que permitan su eventual utilización por terceros.
3. Los bienes de dominio público adscritos a Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía conforme a este artículo que resulten innecesarios para el
cumplimiento de sus fines podrán ser desafectados en los términos de los
artículos 60 y siguientes de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los bienes desafectados, como
patrimoniales de la Comunidad Autónoma, podrán ser objeto de disposición
en los términos del capítulo III de la citada Ley.
Artículo 23. Normas especiales para sistemas ferroviarios urbanos y
metropolitanos.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la infraestructura de
sistemas ferroviarios de transporte urbano, subterráneos o en superficie,
tranviario o metropolitano de titularidad autonómica, incluido en todos
los casos los ocupados por la plataforma de vía, todos los elementos
funcionales e instalaciones afectadas a la explotación del sistema de
transporte. Igualmente es de dominio público el subsuelo, así como la
proyección vertical de los terrenos ocupados por la infraestructura en los
términos que se determine reglamentariamente.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá celebrar convenios de
colaboración con las Corporaciones locales afectadas para el uso y
conservación del dominio público municipal, incluyendo en su caso la
relación con la circulación y el tráfico urbano. Los sistemas de
transporte a que se refiere este apartado tendrán preferencia respecto de
cualquier otro sistema de transporte individual o colectivo urbano, no
considerándose los cruces al mismo nivel en estos casos pasos a nivel
ferroviario a los efectos previstos normativamente.
3. La conservación y el mantenimiento de las infraestructuras de sistemas
y modos ferroviarios urbanos, tranviarios o metropolitanos, corresponde a
la Administración que fuera su titular.
CAPÍTULO V
Infraestructuras ferroviarias en centros intermodales de mercancías
Artículo 24. Infraestructuras ferroviarias en centros intermodales de
mercancías.
El régimen de construcción, titularidad, explotación, gestión y
administración, de inspección y control de la infraestructura ferroviaria
integrada en el ámbito de centros intermodales de transporte de mercancías
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la conexión
física de estas infraestructuras con las Infraestructuras Ferroviarias de
Andalucía, se establecerán mediante convenio entre la Consejería
competente en materia de transportes y el órgano, entidad o autoridad que
tenga atribuida la competencia sobre la gestión de aquellos.
CAPÍTULO VI
Infraestructuras ferroviarias de titularidad privada
Artículo 25. Infraestructuras ferroviarias de titularidad privada.
1. Para el establecimiento o la explotación de una infraestructura
ferroviaria de titularidad privada que discurra íntegramente por el
territorio andaluz, será necesario obtener, previamente, la
correspondiente autorización administrativa que habilite para ello. Con
anterioridad al otorgamiento de la autorización por la Consejería
competente en materia de transportes, el solicitante deberá presentar un
proyecto de establecimiento o de explotación de la línea que incluirá,
como mínimo, una memoria explicativa de los fines que se persiguen
mediante el establecimiento o la explotación de la infraestructura, con
sus planos generales y parciales, así como los presupuestos
correspondientes, las actividades que vayan a prestarse sobre aquella, la
descripción de las obras y las circunstancias técnicas de realización de
las mismas, que habrán de ajustarse a las normas que, en materia de
seguridad e interoperabilidad, se establezcan por la Consejería competente
en materia de transportes. Igualmente se incluirá, cuando proceda, estudio
de impacto ambiental o cualquier otra documentación preceptiva de acuerdo
con las normas de prevención ambiental.
2. Sobre la referida infraestructura ferroviaria de titularidad privada,
se podrá llevar a cabo transporte ferroviario, exclusivamente, por cuenta
propia, como complemento de otras actividades principales realizadas por
su titular.
3. Cuando el establecimiento de una línea ferroviaria de titularidad
privada sea, con arreglo a la legislación expropiatoria, de utilidad
pública o interés social, la Consejería competente en materia de
transportes, previo informe del Consejo Consultivo, podrá habilitar a la
persona o entidad titular para ocupar los terrenos de dominio público que
resulten necesarios y, en su caso, para adquirir los de propiedad privada
a través del procedimiento de expropiación forzosa en el que aquellas
tendrán la condición de beneficiaria.
4. La conexión de las infraestructuras ferroviarias de titularidad
privada, especialmente de los apartaderos, con las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía únicamente podrá realizarse cuando la entidad
administradora de estas últimas expresamente lo autorice. El titular de la
infraestructura ferroviaria de titularidad privada facilitará la conexión
en los términos que se determinen en la autorización.
Reglamentariamente, se determinarán las condiciones en las que se
efectuará la conexión de las infraestructuras ferroviarias de titularidad
privada con las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía y el régimen de
construcción y explotación de los elementos de titularidad privada que
complementen las infraestructuras ferroviarias de titularidad autonómica.
TÍTULO V
Prestación de servicios ferroviarios adicionales, complementarios y
auxiliares
Artículo 26. Definición.
1. Son servicios ferroviarios adicionales, complementarios y auxiliares
los definidos como tales en el anexo de esta Ley, que tienden a facilitar
el funcionamiento del sistema ferroviario.
2. La prestación de los servicios ferroviarios adicionales,
complementarios y auxiliares en las líneas de las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía y sus zonas de servicio podrá ser realizada,
bien directamente por la entidad administradora de las infraestructuras
ferroviarias, bien por otras personas o entidades que, necesariamente,
requerirán la obtención de un título habilitante otorgado por aquélla.
La entidad administradora de infraestructuras ferroviarias vendrá obligada
a prestar los servicios adicionales a las empresas ferroviarias si no
existen alternativas viables y en condiciones de mercado para su
prestación. En todo caso, podrá prestar los servicios complementarios,
estando obligado a prestarlos a las empresas ferroviarias que lo
requieran. Sin embargo, dicha obligación no se extiende a los servicios
auxiliares.
3. Reglamentariamente, se determinará el régimen jurídico y las
condiciones de prestación de los servicios adicionales, complementarios y
auxiliares y se desarrollará lo establecido en el presente título.
TÍTULO VI
Seguridad ferroviaria
Artículo 27. Concepto y alcance.
La administración de las infraestructuras ferroviarias integradas en
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía y la prestación de servicios de
transporte ferroviario están sujetas en todo caso al pleno cumplimiento de
las normas de seguridad ferroviaria y a las disposiciones incluidas en los
instrumentos de planificación en esta materia aprobados, así como a la
obtención de las autorizaciones y certificaciones que se exijan por las
disposiciones de desarrollo de la presente Ley, las disposiciones del
Estado y las normas comunitarias que resulten de aplicación. Conforme
resulta del supuesto regulado, lo previsto en este artículo y en el
artículo 28 debe entenderse sin perjuicio de las competencias de la
Administración General del Estado en materia de seguridad relativas a las
infraestructuras de competencia estatal.
De acuerdo con lo anterior, la seguridad ferroviaria constituirá un
elemento prioritario de funcionamiento de los servicios ferroviarios
andaluces.
Artículo 28. Personal ferroviario, material móvil y puesta en servicio.
Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes:
a) Determinar las condiciones necesarias para la obtención de los títulos
y habilitaciones del personal ferroviario, para la prestación segura y
eficiente del servicio de transporte. Si la formación necesaria no puede
ser prestada por la empresa ferroviaria se podrá prever un régimen de
autorización y funcionamiento de centros de formación con este fin.
b) Establecer las condiciones de homologación y registro de material
rodante para la prestación de servicios en las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía, en su caso a través de centros de homologación
de dicho material.
c) Autorizar la puesta en servicio de infraestructuras y sistemas
ferroviarios.
TÍTULO VII
Régimen sancionador y de inspección
CAPÍTULO I
Régimen de inspección de las actividades ferroviarias y defensa de las
infraestructuras ferroviarias
Artículo 29. Inspección de las actividades ferroviarias.
1. Corresponderá a la Consejería competente en materia de transportes, en
el ámbito de la competencia autonómica, la inspección de las empresas
ferroviarias, la del transporte ferroviario y la de la forma de prestación
de los servicios adicionales, auxiliares y complementarios.
2. Las empresas habilitadas para la prestación de los servicios de
transporte ferroviario o para realizar las actividades a las que se
refiere esta Ley vendrán obligadas a facilitar el acceso a sus
instalaciones al personal de la inspección en el ejercicio de sus
funciones. También deberán permitir a dicho personal llevar a cabo el
control de los elementos afectos a la prestación de los referidos
servicios.
3. La Consejería competente en materia de transportes podrá recabar de las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el apartado 1 del artículo
31 cuantas informaciones estimen necesarias sobre las materias objeto de
esta Ley.
4. Lo previsto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de las
atribuciones que se hubiesen otorgado a Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, de conformidad con sus normas de creación.
Artículo 30. Defensa de las infraestructuras ferroviarias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes y a la
entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias el ejercicio
de la potestad de policía en relación con la circulación ferroviaria, el
uso y la defensa de la infraestructura, con la finalidad de garantizar la
seguridad en el tráfico, la conservación de las infraestructuras y las
instalaciones de cualquier clase, necesarias para su explotación. Además,
controlará el cumplimiento de las obligaciones que tiendan a evitar toda
clase de daño, deterioro de las vías, riesgo o peligro para las personas,
y el respeto de las limitaciones impuestas en relación con los terrenos
inmediatos al ferrocarril a que se refiere el Capítulo III del Título IV
de esta Ley.
2. Los funcionarios y funcionarias de la Consejería competente en materia
de transportes y el personal expresamente facultado por la entidad
administradora de las infraestructuras ferroviarias para asegurar el
cumplimiento de la normativa sobre seguridad tendrán, en sus actos de
servicio o con motivo de los mismos, la consideración de agentes de la
autoridad, a efectos de la exigencia, en su caso, de la responsabilidad
correspondiente a quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o
desacato contra ellos, de obra o de palabra.
3. La entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias, en el
ejercicio de la potestad señalada en el apartado anterior, podrá requerir
a las personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 31 cuantas
informaciones considere necesarias en el ejercicio de su potestad de
policía en relación con las materias reguladas en esta Ley y, en su caso,
denunciará ante la Consejería competente en materia de transportes las
conductas y actuaciones que contravengan las disposiciones establecidas en
la misma y en sus normas de desarrollo. En los procedimientos
sancionadores que se inicien como resultado de las denuncias formuladas
por la entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias, la
Consejería competente en materia de transportes, con carácter previo a la
resolución del expediente sancionador, someterá el mismo a informe de
aquella entidad.
4. Las funcionarias o funcionarios de la Consejería competente en materia
de transportes y el personal de la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias, en el ejercicio de las funciones a que se
refiere este artículo, podrán solicitar, a través de la autoridad
correspondiente, el apoyo necesario de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5. Las actas que levanten los referidos funcionarios o funcionarias y
personal documentarán los resultados de sus actuaciones y deberán
consignar:
a) El nombre y apellidos de la persona a la que se le extienda y el
carácter o representación con que comparece.
b) La descripción de los hechos a los que afecte.
c) La conformidad o disconformidad del sujeto inspeccionado con los hechos
que se le imputen.
Las actas y diligencias extendidas tienen naturaleza de documentos
públicos y hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos
que motiven su formalización.
Los hechos consignados en las diligencias o actas y manifestados o
aceptados por los interesados se presumen ciertos y sólo podrán
rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de
hecho.
6. En el ejercicio de su función, el personal de la Consejería competente
en materia de transportes o el de la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias está autorizado para:
a) Realizar materialmente las actuaciones inspectoras precisas en
cualquier lugar en que se desarrollen actividades afectadas por la
legislación del transporte ferroviario. No obstante, cuando se requiera el
acceso al domicilio de personas físicas y jurídicas, será necesaria la
previa obtención del oportuno mandamiento judicial.
b) Llevar a cabo las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten
necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones legales
vigentes en materia de transporte ferroviario.
7. Si los órganos responsables de la inspección, a la vista de las graves
circunstancias existentes que comprometan la seguridad de los transportes,
decidieren la paralización de servicios o actividades ferroviarias lo
comunicarán, inmediatamente, al órgano competente a efectos de que se
instruya el correspondiente procedimiento.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 31. Alcance del régimen sancionador en materia ferroviaria.
1. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones
tipificadas en este título se exigirá a las personas físicas o jurídicas
que realicen las actividades ferroviarias contempladas en esta Ley o
resulten afectadas por su contenido y, en su caso, a las personas usuarias
de los servicios de transporte ferroviario o a quienes con su conducta
perturbaren su normal prestación o la integridad de los bienes afectos a
ella.
2. La responsabilidad administrativa establecida en esta Ley se entenderá
sin perjuicio de la civil, penal o de otro orden, en que puedan incurrir
las personas físicas o jurídicas a las que se imputen los comportamientos
infractores. La Consejería competente en materia de transportes y la
entidad administradora de infraestructuras ferroviarias prestarán la
colaboración que les sea requerida por la autoridad judicial o por el
Ministerio Fiscal en orden al esclarecimiento de los hechos relacionados
con el transporte ferroviario que puedan revestir carácter delictivo.
El régimen sancionador contenido en la presente Ley debe entenderse sin
perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del régimen sancionador
contenido en las normas reguladoras de los derechos y obligaciones de los
consumidores y usuarios.
3. Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos que
constituyen infracción administrativa, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley, o por otros cuya separación de los sancionables, con arreglo a esta
Ley, sea imposible, el procedimiento administrativo quedará suspendido
respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la
autoridad judicial. Reanudado el procedimiento, en su caso, la resolución
que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga
dicho pronunciamiento judicial.
4. Si un mismo comportamiento infractor fuera susceptible de ser
calificado con arreglo a dos o más tipos infractores, se impondrá la
sanción que corresponda al más grave de ellos.
Artículo 32. Concepto y clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones administrativas a la presente Ley las acciones u
omisiones tipificadas en la misma.
2. Las infracciones de las normas reguladoras del sector ferroviario
andaluz se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 33. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
a) La realización de actividades o la prestación de servicios regulados en
esta Ley sin contar con la necesaria licencia administrativa o con
cualquier otro título habilitante que faculte para ello o sin estar
expresamente amparado por los mismos.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas a los titulares de las
licencias administrativas u otros títulos habilitantes, o el de las
resoluciones dictadas por el organismo regulador, cuando se ponga en
peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del tráfico
ferroviario.
c) La prestación de los servicios sin contar con el preceptivo documento
acreditativo del cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria o en
condiciones tales que pueda afectar a la seguridad de las personas o los
bienes, con grave incumplimiento de las normas o prescripciones técnicas.
d) La prestación de servicios de transporte ferroviario sin haber obtenido
la preceptiva adjudicación de capacidad de infraestructura cuando proceda.
e) La obtención de la licencia administrativa y el acceso a la capacidad
de infraestructura mediante declaraciones falsas o por cualquier otro
procedimiento irregular.
f) La realización de actividades que afecten a mercancías peligrosas o
perecederas, objeto de transporte, en condiciones distintas a las fijadas
reglamentariamente, cuando se ponga en peligro la seguridad de las
personas, de los bienes, del tráfico ferroviario o se pueda afectar a la
salud pública.
g) El incumplimiento, por las empresas ferroviarias y demás obligados, de
las normas establecidas por la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias, de manera tal que produzcan perturbaciones
en el tráfico ferroviario.
h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección
de los transportes ferroviarios, que impida el ejercicio por estos de las
funciones que, legal o reglamentariamente, tengan atribuidas.
i) La cesión del derecho de uso de capacidad de infraestructura o la
celebración de cualquier otro negocio jurídico sobre la capacidad de
infraestructura adjudicada.
j) La realización de obras o actividades no permitidas en la zona de
dominio público o en las zonas de protección de las infraestructuras
ferroviarias, sin contar con la preceptiva autorización, cuando afecten a
la seguridad del tráfico ferroviario.
k) El deterioro o la destrucción de cualquier obra o instalación, la
sustracción de cualquier elemento de la infraestructura ferroviaria que
afecte a la vía férrea o esté directamente relacionado con la seguridad
del tráfico ferroviario o la modificación intencionada de sus
características.
l) El incumplimiento de las normas relativas a la existencia y vigencia de
los contratos de seguro o la insuficiente cobertura para garantizar las
responsabilidades derivadas de actividades que realice la empresa
ferroviaria.
m) El lanzamiento o depósito de objetos en cualquier punto de la vía y sus
aledaños e instalaciones anejas o al paso de los trenes y, en general,
cualquier acto que pueda representar un peligro grave para la seguridad
del transporte, sus usuarias y usuarios, los medios o las instalaciones de
todo tipo.
n) La comisión, en el plazo de un año, de una segunda infracción grave
cuando la primera hubiese sido sancionada mediante resolución
administrativa firme.
Artículo 34. Infracciones graves
Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento de las condiciones impuestas a los titulares de las
licencias o de otros títulos habilitantes o de las resoluciones dictadas
por el organismo regulador, cuando no constituyan infracción muy grave.
b) La interrupción injustificada del servicio para cuya prestación esté
habilitada la empresa ferroviaria.
c) La no utilización de capacidad adjudicada por la entidad administradora
de las infraestructuras ferroviarias en caso de infraestructura
congestionada, por causas imputables a la empresa ferroviaria.
d) El incumplimiento de las condiciones de calidad y regularidad en que
deben prestarse los servicios o actividades permitidas por el título
habilitante, el de los requisitos establecidos al adjudicarse la capacidad
o el de las instrucciones operativas y de prestación del servicio emanadas
de la entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias o de la
Consejería competente en materia de transportes, cuando dicho
incumplimiento no constituya infracción muy grave.
e) La negativa a facilitar al órgano administrativo competente la
información que reclame con arreglo a esta Ley.
f) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección
cuando no se den las circunstancias que determinan la consideración de tal
comportamiento como infracción muy grave.
g) La utilización de máquinas, material rodante y demás elementos de
transporte sin cumplir las normas y los requisitos técnicos que por
razones de seguridad deban reunir, cuando tal comportamiento no sea
constitutivo de infracción muy grave.
h) El incumplimiento de cuantas obligaciones formales se impongan a
quienes realicen las actividades reguladas en esta Ley en garantía de los
derechos de los consumidores y usuarios.
i) La realización de actividades que afecten a mercancías peligrosas o
perecederas, objeto de transporte, sin respetar la normativa específica
reguladora de aquel y el incumplimiento de las normas reglamentarias que
garanticen la sanidad de las personas o la incompatibilidad de productos
transportables con la salvaguarda de la seguridad del transporte, salvo
que deba ser considerada como infracción muy grave.
j) La carencia o inhabilidad de los instrumentos o medios de control de
obligada instalación en las máquinas y demás material rodante.
k) La realización de obras o actividades no permitidas en las zonas de
protección o de seguridad de las infraestructuras ferroviarias, sin contar
con la preceptiva autorización cuando tales comportamientos no constituyan
infracción muy grave.
l) El deterioro de cualquier elemento de la infraestructura ferroviaria
directamente relacionada con la ordenación, la orientación y la seguridad
de la circulación o la modificación intencionada de sus características o
situación, cuando tales comportamientos no constituyan infracción muy
grave.
m) La destrucción, el deterioro, la alteración o la modificación de
cualquier obra o instalación de la vía férrea o de los elementos
funcionales de la misma, cuando tales comportamientos no constituyan
infracción muy grave.
n) El incumplimiento de las condiciones relativas al volumen del pasaje
admitido, de acuerdo con las normas aplicables y las condiciones
establecidas por la entidad administradora de la Infraestructura
Ferroviaria o la Consejería competente en materia de transportes.
ñ) La comisión, en el plazo de un año, de una segunda infracción leve,
cuando la primera hubiese sido sancionada mediante resolución
administrativa firme.
o) Las conductas recogidas en el artículo anterior cuando las
circunstancias que concurran en su comisión no perturben la seguridad de
las personas, de los bienes o del tráfico ferroviario.
Artículo 35. Infracciones leves.
1. Constituyen infracciones leves cualesquiera violaciones de las normas
contenidas en esta Ley que, no estando tipificadas como infracciones muy
graves o graves, afecten al régimen de obligaciones de las entidades que
realicen actividades ferroviarias o de las personas usuarias, en la forma
que se determine reglamentariamente.
2. En todo caso, se consideran constitutivas de infracción leve las
siguientes conductas de los usuarios o usuarias del transporte ferroviario:
a) Acceder al tren o abandonar este fuera de las paradas establecidas o
estando este en movimiento.
b) Obstaculizar o forzar los mecanismos de apertura o cierre de las
puertas de los coches del tren o de las que sean de uso exclusivo del
personal de la empresa ferroviaria.
c) Usar, sin causa justificada, cualquiera de los mecanismos de parada de
los trenes, de seguridad o de socorro.
d) Entrar en las cabinas de conducción de los trenes, locomotoras u otros
lugares en los que se encuentre el material de tracción, o acceder a
instalaciones reservadas para el uso exclusivo de las personas autorizadas.
e) Viajar en lugares distintos de los habilitados para las personas
usuarias.
f) Realizar acciones que impliquen peligro para la integridad física de
los demás usuarias o usuarias o que supongan el deterioro del material de
los vehículos o de las estaciones.
g) Las conductas recogidas en los párrafos a) a h), j), k), l) y ñ) del
artículo anterior, cuando las circunstancias que concurran en su comisión
no perturben la seguridad de las personas, de los bienes o del tráfico
ferroviario.
Artículo 36. Sanciones
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán
sancionadas:
a) Las muy graves con multa de 30.001 hasta 300.000 euros.
b) Las graves con multa de 6.001 hasta 30.000 euros.
c) Las leves con multa de hasta 6.000 euros.
2. Cuando, como consecuencia de la infracción, se obtenga un beneficio
cuantificable, la multa se incrementará hasta el triple del beneficio
obtenido.
Artículo 37. Graduación de las sanciones.
La cuantía de las sanciones que se impongan se graduará de acuerdo con los
siguientes factores:
a) La repercusión social de la infracción y el peligro para la vida y
salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado, en su caso.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
d) El grado de participación de la persona sancionada y el beneficio por
ella obtenido.
e) La comisión, en el período de los doce meses anteriores al hecho
infractor, de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido
declarado por resolución firme en vía administrativa, salvo que esta
circunstancia se hubiera considerado al calificar la infracción.
f) La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia
iniciativa, a reparar el daño causado o disminuir sus efectos, en
cualquier momento anterior a que se inicie el procedimiento sancionador.
Artículo 38. Multas coercitivas.
Con independencia de las sanciones que correspondan, la autoridad
competente, en su caso de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, podrá
imponer multas coercitivas cuando prosiga la conducta infractora y no se
atienda el requerimiento de cese de la misma, reiterándolo cada lapso de
tiempo que sea suficiente para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas
no excederán, cada una de ellas, del diez por ciento de la sanción fijada
para la infracción cometida.
Artículo 39. Competencia para la imposición de sanciones.
Corresponderá la imposición de las sanciones por infracciones leves y
graves a la persona titular de la dirección general competente en materia
de transportes y por infracciones muy graves a la persona titular de la
Consejería competente en materia de transportes. Lo anterior debe
entenderse sin perjuicio de las atribuciones que se hubiesen otorgado en
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de conformidad con sus normas de
creación.
Artículo 40. Procedimiento sancionador.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en su
normativa de desarrollo, el procedimiento sancionador se iniciará siempre
de oficio por el centro directivo competente en materia de transportes
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos o denuncia.
La denuncia deberá expresar la identidad de la persona o personas que las
presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la
fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las
personas presuntamente infractoras.
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se
podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas
actuaciones se orientarán a fijar, con la mayor precisión posible, los
hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la persona
o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias
relevantes que concurran en unos y otros.
3. Una vez acordada la iniciación del procedimiento sancionador se
notificará a la persona o personas presuntamente infractoras, que
dispondrán de un plazo de quince días, desde la fecha de la notificación,
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para
ello, se podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo de
quince días.
4. La propuesta de resolución se notificará a las personas interesadas,
concediéndoseles un plazo de quince días, desde la notificación, para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes ante la Dirección General de Transportes quien, a la
vista de ellos, resolverá o, en su caso, remitirá lo actuado al órgano
competente para la imposición de la sanción que corresponda, junto con
todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en autos.
5. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá
decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones
complementarias indispensables para resolver el procedimiento que, en todo
caso, deberán tener lugar en un plazo no superior a quince días. El plazo
para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de
las mismas.
6. En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta de
resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el
procedimiento, el órgano competente para resolver dictará resolución
motivada, que deberá ser notificada a los interesados.
Si transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sancionador
no se hubiere notificado a los interesados la resolución que le ponga fin,
se producirá su caducidad. En tal caso, el órgano competente para resolver
emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha
caducado el procedimiento y que se ha procedido al archivo de las
actuaciones.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán
inmediatamente ejecutivas.
Artículo 41. Medidas provisionales.
1. Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, el órgano
competente podrá, de oficio o a instancia de parte, adoptar las medidas
que correspondan, en los casos de urgencia y para la protección
provisional de los intereses implicados. Estas deberán ser confirmadas,
modificadas o dejadas sin efecto mediante el acuerdo de iniciación del
referido procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días
siguientes a su adopción y que podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, las medidas provisionales quedarán sin efecto si no se
inicia el procedimiento en el plazo señalado o cuando el acuerdo de
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
2. Asimismo, iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente
para imponer la sanción correspondiente podrá adoptar, de oficio o a
instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del
procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y
garantizar las exigencias de los intereses generales.
No obstante, cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable,
la competencia para la adopción de las medidas provisionales que resulten
necesarias corresponderá a la dirección general competente en materia de
transportes, o a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, en los términos
de la correspondiente atribución.
3. Las medidas de carácter provisional, que deberán ser proporcionales en
cuanto a su intensidad y condiciones a los objetivos que se pretenden
garantizar, podrán consistir en la suspensión temporal de actividades y la
prestación de fianzas, en la clausura temporal de las infraestructuras
afectadas, en la retirada de material rodante o en la suspensión temporal
de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
En ningún caso, se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar
perjuicio de difícil o imposible reparación a las personas interesadas o
que impliquen violación de derechos amparados por esta Ley.
4. Las medidas provisionales podrán ser dejadas sin efecto o modificadas
durante la tramitación del procedimiento sancionador, de oficio o a
instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga
fin al procedimiento sancionador.
Artículo 42. Prescripción.
1. Las infracciones reguladas en esta Ley prescribirán, las muy graves, a
los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde
el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento
sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes, por causa no
imputable a la persona presuntamente responsable.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por
faltas leves, al año.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución,
volviendo a correr el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable a la persona infractora.
Disposición adicional primera. Organismo regulador.
Las funciones de organismo regulador establecidas en el artículo 30 de la
Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de capacidad de
infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización,
modificada por la Directiva 2004/49/CE, en el ámbito de las competencias
de la Junta de Andalucía, en particular respecto de las Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía, serán desempeñadas por la Consejería competente
en materia de transportes a través del concreto órgano y en los términos
que se establezcan reglamentariamente.
En las normas de desarrollo de la presente Ley y en las normas de
organización de la Administración andaluza que pudieran adoptarse se
garantizará la independencia en el ejercicio de las funciones reguladoras,
en los términos previstos en las normas comunitarias de aplicación.
Disposición adicional segunda. Infraestructuras existentes.
1. Están sujetas a la presente Ley como Infraestructuras Ferroviarias de
Andalucía, titularidad de la Comunidad Autónoma, las infraestructuras
ferroviarias ejecutadas hasta la entrada en vigor de esta Ley con cargo al
presupuesto de la Administración de la Junta de Andalucía. Lo anterior
deberá entenderse sin perjuicio de los convenios que se podrán celebrar
para traspasar a otra Administración Pública su titularidad de acuerdo con
los intereses públicos concurrentes. En dichos convenios se preverán las
correspondientes compensaciones económicas o de otro orden que
correspondan a la Administración autonómica.
Mediante Orden de la Consejería competente en materia de transportes se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la relación de
infraestructuras afectadas por la presente disposición.
2. Igualmente están sujetas a la presente Ley como Infraestructuras
Ferroviarias de Andalucía, titularidad de la Comunidad Autónoma, las
infraestructuras ferroviarias correspondientes a estudios informativos
aprobados por la Administración Junta de Andalucía, salvo que se hubiera
ejecutado por otra Administración acordándose así entre ambas conforme a
los intereses públicos concurrentes, o así se determine por la Consejería
competente en materia de transportes.
Disposición adicional tercera. Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá celebrar convenios de
colaboración con otras Administraciones Públicas, o sus entidades
dependientes, para la construcción, financiación, explotación y
administración del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.
A estos efectos, se entiende por Corredor Ferroviario de la Costa del Sol
la conexión ferroviaria de municipios litorales de dicho ámbito
territorial, en los términos en que se prevean en los documentos técnicos
de su establecimiento, para la prestación del servicio metropolitano.
2. La prestación de los servicios de transporte ferroviario metropolitano
en el Corredor Ferroviario de la Costa del Sol se regirá por las normas
específicas que establezca el Consejo de Gobierno, aplicándose la presente
Ley con carácter supletorio.
Disposición adicional cuarta. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces creado por el
artículo 30 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Andalucía, se denominará, desde la entrada en vigor de
esta Ley, "Ferrocarriles de la Junta de Andalucía", debiendo entenderse
actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas
que se refieran a la citada entidad pública.
Disposición transitoria única. Mejora de los servicios existentes.
1. Hasta que se materialice el traspaso de los recursos necesarios para el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma respecto de los
actuales servicios de transporte mediante ferrocarril que discurren
íntegramente por el territorio andaluz sobre infraestructura de
titularidad estatal, la Administración de la Junta de Andalucía podrá
celebrar convenios de colaboración con la Administración General del
Estado, o sus entidades públicas, para la mejora de los servicios
existentes.
Las aportaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para la
mejora de los servicios existentes podrán consistir en la ejecución de
actuaciones sobre infraestructura de titularidad estatal o en la cesión de
material móvil.
2. Los servicios de transporte mediante ferrocarril que se desarrollen en
ámbitos metropolitanos y de cercanías estarán sujetos a los planes de
movilidad que pudieran aprobarse de acuerdo con las previsiones de la Ley
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Legislación supletoria.
En todo lo no previsto en esta Ley se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente reguladora de los ferrocarriles, los transportes
interurbanos por ferrocarril y de transportes.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley.
ANEXO ÚNICO
Definiciones
Adjudicación: otorgamiento, por la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias, del derecho a servirse de capacidad de
infraestructura ferroviaria.
Apartadero: infraestructura ferroviaria de titularidad pública o privada,
consistente en una instalación de vías para la carga, descarga y
estacionamiento de vagones con enlace a una línea mediante una o más
agujas de plena vía, que sirve para complementar la Infraestructura
Ferroviaria de Andalucía.
Candidato: la empresa ferroviaria con licencia o una agrupación
internacional de empresas ferroviarias y demás personas jurídicas a
quienes las disposiciones del Derecho Comunitario permiten ser
adjudicatarios de capacidad de infraestructura en orden a la prestación de
servicios ferroviarios.
Capacidad de infraestructura ferroviaria: la capacidad para programar las
franjas ferroviarias solicitadas para un segmento de la infraestructura
durante un periodo determinado.
Declaración sobre la red: la declaración que detalla las normas generales,
plazos, procedimientos y criterios relativos a los sistemas de cánones y
adjudicación de capacidad.
Empresa ferroviaria: aquella entidad cuya actividad principal consista en
prestar servicios de transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril,
debiendo ser dicha empresa, en todo caso, la que aporte la tracción. Se
incluyen, asimismo, en el concepto, las empresas que aportan,
exclusivamente, la tracción.
Explanación: la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía
natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen
sus elementos funcionales y se ubican sus instalaciones.
Infraestructura congestionada: ramo de infraestructura para el cual no
puede atenderse plenamente la demanda de capacidad de infraestructura
durante determinados periodos, ni siquiera tras coordinación de las
distintas solicitudes de capacidad.
Licencia: una autorización concedida por un Estado a una empresa a la que
se reconoce su condición de empresa ferroviaria, condición que puede estar
limitada a la prestación de determinados tipos de servicios de transporte.
Línea: parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos
determinados y que está integrada por los siguientes elementos:
plataformas de la vía, superestructuras, como carriles y contrarraíles,
traviesas y material de sujeción, obras civiles, como puentes, pasos
superiores y túneles, e instalaciones de seguridad, de señalización y de
telecomunicación de la vía y elementos que permiten el alumbrado. No se
consideran incluidos en el concepto de línea las estaciones y terminales u
otros edificios o instalaciones de atención a las viajeras y viajeros.
Servicios adicionales: son servicios adicionales los de acceso desde la
vía a las instalaciones de mantenimiento, reparación y suministro
existentes en las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía concretamente
a:
a) Las de aprovisionamiento de combustible.
b) Las de electrificación para la tracción, cuando esté disponible.
c) Las de formación de trenes.
d) Las de mantenimiento y otras instalaciones técnicas.
e) Las terminales de carga.
Servicios complementarios: son servicios complementarios aquellos que la
entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias pueda ofrecer
a las empresas ferroviarias. Tales servicios pueden comprender:
a) La corriente de tracción.
b) El precalentamiento de trenes de viajeros.
c) El suministro de combustible, servicio de maniobras y cualquier otro
suministrado en las instalaciones de los servicios de acceso.
d) Los específicos para control del transporte de mercancías peligrosas y
para la asistencia a la circulación de convoyes especiales.
Servicios auxiliares: son servicios auxiliares los que las empresas
ferroviarias pueden solicitar a la entidad administradora de las
infraestructuras ferroviarias u otros prestadores.
Entre estos servicios se incluyen:
a) El acceso a la red de telecomunicación.
b) El suministro de información complementaria.
c) La inspección técnica del material rodante.