BOPA nº 544, pag. 29977 de la VII Legislatura (08/11/2006)


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7-06/PL-000011, Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia
de Andalucía
Enmienda a la totalidad con propuesta de texto alternativo presentada por
el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de
31 de octubre de 2006
Orden de publicación de 3 de noviembre de 2006
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 110
del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente enmienda a la
totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley de Promoción y Defensa
de la Competencia de Andalucía.
TEXTO ALTERNATIVO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 208, de 11 de noviembre
de 1999, declaró la inconstitucionalidad de la cláusula "en todo o en
parte del mercado nacional" contenida expresamente o por remisión en los
artículos 4,7,9,10,11 y 25, letras a) y c) de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia.
La inconstitucionalidad se deriva de la atribución al Estado de la
totalidad de la competencia ejecutiva en materia de "defensa de la
competencia", con lo que se invaden de esta forma las competencias que en
este campo deben reconocerse a las Comunidades Autónomas que, en virtud de
sus propios Estatutos de Autonomía, hubieran asumido la competencia sobre
la materia de "comercio interior".
Cumpliendo el mandato contenido en la citada Sentencia, las Cortes
Generales aprobaron la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de
las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de
defensa de la competencia. Esta norma establece los mecanismos para que
las Comunidades Autónomas que dispongan de competencias en ejecución en la
materia puedan hacer efectivo su ejercicio.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía regula, en su artículo 18, que:
"Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en los artículos
38, 131 y 149.1.11 y 13 de la Constitución Española, la competencia
exclusiva sobre las siguientes materias...: 6. Comercio interior. Defensa
del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de
precios y de la legislación sobre defensa de la competencia".
La presente Ley tiene por objeto ejercitar dichas competencias, para lo
cual se propone la creación del Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia, dentro de un sistema de aplicación compartida de la Ley de
Defensa de la Competencia de acuerdo con los criterios de conexión y los
mecanismos de coordinación, cooperación e información recíproca
establecidos en la Ley de coordinación de las competencias del Estado y de
las Comunidades Autónomas en esta materia.
Este organismo, como autoridad para la defensa de la competencia en su
ámbito territorial, está dotado de órganos separados para la instrucción y
resolución: el Servicio de Defensa de la Competencia, como órgano
jerarquizado, de instrucción y vigilancia, y el Pleno, para el ejercicio
de la función de resolución.
Conviene recordar que la Unión Europea ha publicado un gran número de
normas de diverso rango sobre la red de autoridades de la competencia y de
la cooperación entre ellas, para destacar que la descentralización en la
ejecución implicará una mayor y más eficaz aplicación de las reglas de la
competencia en toda el mercado comunitario. En este sentido, entendemos
que la presente Ley constituye, bajo la aplicación estricta del principio
de lealtad constitucional, un mecanismo que va a incrementar
significativamente la eficacia en el control de la competencia.
En lo que concierne a la configuración jurídica del Tribunal de Defensa de
la Competencia en Andalucía, se ha optado por crear un organismo autónomo
dotado de personalidad jurídica propia que refuerce su imagen de
independencia ante el mercado. Es precisamente esta opción la que
determina que el Tribunal se tenga que regular en una norma con rango de
ley.
La presente Ley consta de un total de veintiún artículos, distribuidos en
cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria
y una disposición final.
En el Título I se regula la naturaleza y funciones del Tribunal Andaluz de
Defensa de la Competencia. El Título II se refiere a la organización del
Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia. El Titulo III establece el
régimen financiero y de personal y, finalmente, en el Título IV se recoge
el funcionamiento y régimen jurídico del Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia.
En atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la
presente Ley, se establece un plazo de dos meses, a partir de la entrada
en vigor de la misma, para la constitución del Tribunal Andaluz de Defensa
de la Competencia.
TITULO I
NATURALEZA Y FUNCIONES
Artículo 1. Naturaleza jurídica.
Se crea el Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia como organismo
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, autonomía de gestión y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo previsto en el artículo
4.1 a) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Artículo 2. Adscripción.
El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia queda adscrito
orgánicamente a la Consejería que ostente las competencias en materia de
economía y hacienda, ejerciendo sus funciones con plena independencia y
sometimiento al ordenamiento jurídico.
La sede del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia queda
establecida en la ciudad de Málaga.
Artículo 3. Competencias.
Corresponde al Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia el ejercicio
de las competencias reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia respecto de los procedimientos que tengan por
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la mencionada
Ley, así como los de autorización a que se refiere el artículo 4, cuando
dichas conductas, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, puedan alterar la libre competencia en
el mercado en el ámbito territorial de ésta.
Artículo 4. Fines.
1. El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia tiene como fin el de
preservar el funcionamiento competitivo de los mercados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y procurar una
competencia efectiva de los mismos.
2. Para el cumplimiento de sus fines, el Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia gozará de iguales derechos y prerrogativas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que los que en materia de control de
conductas se reconocen al Tribunal y al Servicio de Defensa de la
Competencia en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia y, en particular, de la potestad de efectuar intimaciones y
requerimientos e imponer multas y sanciones.
Artículo 5. Funciones.
De acuerdo con el régimen establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas
en materia de Defensa de la Competencia, corresponde al Tribunal:
1. Resolver los procedimientos sancionadores que tengan por objetivo:
a) Acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas
concertadas o conscientemente paralelas, prohibidas en el número 1 del
artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
b) Conductas de explotación abusiva por una o varias empresas de su
posición de dominio en el mercado, o de una situación de dependencia
económica, prohibidas ambas en el artículo 6 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia.
c) Actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia
resulten prohibidos con arreglo al artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia.
Asimismo, el Tribunal, a propuesta del Servicio Andaluz de Defensa de la
Competencia, podrá adoptar, conforme a lo establecido en la legislación
estatal, las medidas preventivas necesarias tendentes a asegurar la
eficacia de la resolución que se dicte en su momento.
2. Resolver los procedimientos en materia de autorización de acuerdos,
decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en los
supuestos y con los requisitos previos del artículo 3 de la mencionada Ley.
3. Otorgar las autorizaciones singulares previstas en el artículo 4 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en la materia.
4. Las siguientes funciones consultivas y de emisión de informes:
a) El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia podrá ser consultado
en materia de la competencia por el Parlamento de Andalucía, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, las distintas Consejerías, las
Corporaciones Locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de
consumidores y usuarios.
b) El Tribunal promoverá y realizará estudios y trabajos de investigación
en materia de competencia, estando asimismo facultado para emitir informes
sobre cualquier anteproyecto o proyecto normativo por el que se considere
afectada la libre competencia.
c) El Tribunal informará preceptivamente los proyectos o proposiciones de
Ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente
texto legal, así como los proyectos o normas legales que lo desarrollen.
d) El Tribunal emitirá, a requerimiento del Servicio de Defensa de la
Competencia de la Administración General del Estado, el informe
preceptivo, no vinculante, en relación con aquellas conductas que,
afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional,
incidan, de manera significativa, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tal y como establece el artículo 5. Cuatro de la
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en la materia.
e) El Tribunal emitirá informe, con carácter facultativo y no vinculante,
sobre los proyectos de concesión de ayudas a empresas públicas o privadas
con cargo a los recursos públicos, en relación con sus efectos sobre las
condiciones de competencia, sin perjuicio de las competencias que en esta
materia correspondan al Tribunal de Defensa de la Competencia de la
Administración General del Estado y a la Comisión Europea. A estos
efectos, el concepto de ayuda pública será el definido en al artículo 19.2
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
f) El Tribunal elaborará y remitirá al Parlamento de Andalucía, durante el
primer trimestre del ejercicio, una Memoria anual del ejercicio anterior
en la que se recogerán los expedientes instruidos y resueltos y las
sanciones impuestas, las autorizaciones singulares y otorgadas y cuanta
información permita dar a conocer la actividad desarrollada.
TITULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL ANDALUZ DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
Artículo 6. Órganos.
Los órganos del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia son:
a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) El Servicio de Defensa de la Competencia.
d) La Secretaría General.
Artículo 7. El Pleno.
1. El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia es el órgano de
resolución de los expedientes que, en materia de control de conductas y
autorizaciones, resulten de la competencia del Tribunal.
2. El Pleno estará integrado por el Presidente, que es el Presidente del
Tribunal, y los Vocales, entre 2 y 5, y estará asistido, con voz pero sin
voto, por el Secretario, que será el Secretario General del Tribunal.
3. El Pleno se entenderá válidamente constituido con la asistencia del
Presidente o el Vicepresidente y al menos la mitad de los demás Vocales y
el Secretario.
4. Su funcionamiento se regulará por la presente Ley y por la normativa de
desarrollo de la misma y, en su defecto, por lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Competen de forma especial al Pleno, sin poder ser objeto de
delegación, las siguientes funciones:
a) Resolver los expedientes.
b) Elaborar el Reglamento de Régimen Interior del Tribunal.
c) Elaborar la Memoria Anual del Tribunal.
d) Elaborar el proyecto de plantilla al servicio del Tribunal.
e) Elaborar el Presupuesto del Tribunal.
f) Informar los Anteproyectos de Ley y proyectos normativos que afectan a
la competencia.
g) Resolver sobre las recusaciones y apreciar el incumplimiento grave de
sus funciones por los miembros del Pleno.
h) Promover la investigación y estudio de sectores y mercados y la
elaboración de informes en materia de competencia.
i) Informar sobre los proyectos de concesión de ayudas públicas a empresas
en relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia.
j) Interesar al Servicio de Defensa de la Competencia la incoación de
expedientes.
k) Realizar las funciones de arbitraje que le encomienden las leyes.
l) Elegir entre sus miembros al Vicepresidente que, sin perder su la
condición de Vocal, sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia
o enfermedad.
m) Las funciones no atribuidas expresamente a ningún otro órgano del
Tribunal.
6. Se requerirá mayoría absoluta de los votos de los asistentes y, en caso
de empate, decidirá el voto de quien presida, para las funciones previstas
en los apartados c), d), e), f), h) y m) del presente apartado. Para las
restantes funciones se requerirá la asistencia de la mayoría de los
miembros, siendo además necesario, para la válida adopción de los
acuerdos, obtener, como mínimo, el voto favorable de dos tercios de los
asistentes.
Artículo 8. El Presidente.
1. El Presidente del Tribunal ostenta la dirección y la representación
general de la Institución, y es su portavoz.
2. El Presidente ejercerá, además, las siguientes funciones:
a) Presidir y convocar las sesiones del Pleno.
b) Ordenar el gasto y autorizar los ingresos.
c) Ejercer las funciones de jefatura del personal del Organismo.
d) Designar y, en su caso, cesar a los representantes del Tribunal en la
Junta Consultiva en materia de conflictos y en el Consejo de Defensa de la
Competencia.e) Presentar la Memoria anual del Tribunal mediante
comparecencia ante la Comisión competente del Parlamento de Andalucía
antes del 30 de junio de cada ejercicio.
3. El Presidente podrá delegar funciones en el Vicepresidente y en los
Vocales.
Artículo 9. El Servicio de Defensa de la Competencia.
1. El Servicio de Defensa de la Competencia, cuyo titular es el Director
del Servicio, es el órgano de instrucción de los expedientes que, en
materia de control de conductas, resulten de la competencia del Tribunal.
2. Las funciones del Servicio de Defensa de la Competencia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía serán ejercidas por la Dirección General de Economía
de la Consejería de Economía y Hacienda, que desarrollará su estructura
orgánica.
3. Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia las siguientes:
a) Incoar e instruir los expedientes competencia del Tribunal.
b) Vigilar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones que se
adopten en aplicación de la presente Ley.
c) Promover y acordar la terminación convencional de los procedimientos
tramitados como consecuencia de conductas prohibidas por la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
d) Colaborar, en el ámbito de sus funciones, con los organismos homónimos
de las Comunidades Autónomos y de la Administración General del Estado.
e) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia.
Artículo 10. La Secretaría General.
La Secretaría General es el órgano técnico de apoyo al Tribunal, siendo su
titular el Secretario General, quien habrá de ser funcionario del cuerpo
superior de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito a la
Consejería competente en materia de economía y hacienda, y con titulación
de licenciado en Derecho, que asistirá al Pleno como Secretario.
Artículo 11. Nombramiento y cese del Presidente y los Vocales.
1. El Presidente y los Vocales serán nombrados por el Consejo de Gobierno
y elegidos por el Parlamento de Andalucía, a propuesta previa de los
Grupos Parlamentarios atendiendo a la proporcionalidad con la que están
representados en la Cámara, por mayoría de dos tercios entre sus miembros,
entre juristas u otros profesionales expertos en derecho mercantil, así
como economistas de reconocido prestigio.
2. El nombramiento del Presidente y de sus miembros se hará por un periodo
de cinco años renovables por una sola vez. No obstante, expirado el plazo
de mandato correspondiente a las vocalías del Tribunal así como a la
Presidencia, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de
posesión de los nuevos vocales o, en su caso, del Presidente.
3. El Presidente y los Vocales de la Sala tendrán la consideración de
altos cargos, ejercerán su función con dedicación absoluta y estarán
sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la
Administración de la Junta de Andalucía. Cuando los nombramientos recaigan
en personal funcionario de carrera, este será declarado en la situación
administrativa que corresponda de acuerdo con la normativa de aplicación
en materia de situaciones administrativas y, en el caso de personal
laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponderá
la declaración de excedencia forzosa.
4. El Presidente y los Vocales cesarán de su cargo en los siguientes
supuestos:
a) Renuncia.
b) Expiración del plazo de su mandato.
c) Incompatibilidad sobrevenida.
d) Incapacidad permanente.
e) Incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones.
f) Condena por delito doloso declarada por sentencia firme.
g) Fallecimiento.
5. El cese se declarará por Decreto del Presidente, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Las vacantes se cubrirán con arreglo al procedimiento
establecido en esta Ley, por el tiempo de mandato que restase por cumplir
al sustituido y a propuesta del órgano que hubiere intervenido en su
designación.
6. El Presidente y los Vocales del Tribunal sólo podrán ser suspendidos en
el ejercicio de su cargo por el Presidente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y exclusivamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando se dicte contra ellos auto de prisión o de procesamiento por
delito doloso.
b) Por sentencia firme condenatoria que imponga la suspensión como pena
principal o accesoria.
Artículo 12. Nombramiento y cese del Director del Servicio.
El Director del Servicio de Defensa de la Competencia será nombrado y, en
su caso, cesado por el Consejero competente en la materia.
TITULO III
RÉGIMEN FINANCIERO Y DE PERSONAL
Artículo 13. Régimen financiero.
1. El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia tendrá presupuesto
propio y estará sometido al régimen de presupuestos establecido por la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y por las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio.
2. El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia elaborará anualmente
un anteproyecto de Presupuesto y lo remitirá a la Consejería competente en
la materia para, en su caso, proceder a su elevación al Consejo de
Gobierno y posterior remisión al Parlamento integrado en el Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 14. Personal.
1. El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia se dotará de su propia
plantilla, compuesta por funcionarios de carrera de la Administración de
la Junta de Andalucía que se adscriban al mismo, así como de nueva
integración.
2. El personal al servicio del Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia estará integrado por funcionarios de carrera, de conformidad
con lo que se establezca en la correspondiente relación de puestos de
trabajo.
3. La selección y contratación del personal se efectuará mediante la
oportuna Oferta Pública de Empleo.
4. El régimen jurídico aplicable al personal será el establecido en la Ley
6/1985, de 28 de diciembre, ordenadora de la Función Pública de Andalucía
y restantes disposiciones aplicables en la materia.
TITULO IV
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 15. Régimen jurídico.
Los procedimientos tramitados por el Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia se regirán por lo establecido en la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, y, supletoriamente, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común
Artículo 16. Recursos.
1. Los actos de archivo y sobreseimiento del Servicio de Defensa de la
Competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus
funciones, así como los trámites que decidan directa o indirectamente
sobre el fondo del asunto, que determinen la imposibilidad del
procedimiento o produzcan indefensión, podrán ser objeto de recurso ante
el Tribunal en los términos legalmente previstos.
2. La adopción de medidas preventivas y las resoluciones del Tribunal
Andaluz de Defensa de la Competencia agotan la vía administrativa y serán
susceptibles de recurso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 17. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Las resoluciones sancionadoras del Tribunal Andaluz de Defensa de la
Competencia se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Tribunal podrá asimismo acordar la publicación de sus resoluciones no
sancionadoras.
Artículo 18. Convenios de colaboración.
El Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia podrá celebrar convenios
de colaboración con las entidades públicas y privadas, españolas o
extranjeras, que considere procedente.
Artículo 19. Relación con las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
están obligadas a suministrar a los órganos de Defensa de la Competencia
regulados por esta Ley cuantos documentos, antecedentes e información les
sea requerido para el ejercicio de sus funciones.
2. Cualquier entidad u órgano de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
tenga conocimiento de hechos que puedan ser contrarios a las normas de
defensa de la competencia dará traslado al Tribunal de la información y
documentación de que se disponga.
Artículo 20. Registro de Defensa de la Competencia.
El Registro de Defensa de la Competencia, adscrito al Servicio de Defensa
de la Competencia, será público, en él se inscribirán las conductas que el
Tribunal haya autorizado singularmente y aquellas conductas cuya
autorización singular solicitada haya sido denegada total o parcialmente.
A estos efectos, el Tribunal le dará traslado de sus resoluciones.
Artículo 21. Deber de secreto.
1. Todas las personas que tomen parte en la instrucción, tramitación y
resolución de los expedientes a que se refiere la presente Ley, o que por
razón de su cargo o profesión tuvieran conocimiento de su contenido, están
obligadas a guardar secreto sobre el mismo, con las excepciones
establecidas legalmente en la normativa de aplicación.
2. La obligación de guardar secreto se mantendrá aun después de cesar en
el cargo o empleo.
3. El incumplimiento de esta obligación determinará, en su caso, las
responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes.
Disposición adicional primera.
La constitución del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia se
efectuará en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.
Disposición adicional segunda.
La Consejería de Economía y Hacienda, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, habilitará los créditos necesarios y realizará las
oportunas modificaciones presupuestarias para la puesta en marcha,
funcionamiento y ejercicio de las competencias del Tribunal Andaluz de
Defensa de la Competencia.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas o disposiciones reglamentarias se opongan
a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del 2007.
Parlamento de Andalucía, 31 de octubre de 2006.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
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