BOPA nº 741, pag. 39510 de la VII Legislatura (18/10/2007)


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7-07/PL-000002, Ley de la Administración de la Junta de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 10 y 11
de octubre de 2007
Orden de publicación de 15 de octubre de 2007
LEY DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha constituido desde su aprobación una de
las piezas básicas del ordenamiento jurídico andaluz, contribuyendo de
forma decisiva, desde los orígenes mismos de la autonomía, a definir
cuestión tan importante como la estructura de su Poder Ejecutivo y algunos
aspectos del régimen jurídico de la Administración andaluza. Pero el
tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la
citada Ley, optando en esta ocasión por la regulación separada del
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. Aprobada la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se aborda ahora la adaptación de la organización y régimen de
la Administración a las exigencias sociales, a fin de procurar un mejor y
más cercano servicio a la ciudadanía. Junto a ello, el desarrollo del
sector público de la Comunidad Autónoma, cuyo régimen jurídico fue
abordado inicialmente por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también precisa de
una reconsideración normativa que adapte el denso entramado de entes
instrumentales de la Junta de Andalucía a nuevos parámetros de eficiencia
y racionalidad.
En el decurso de los años transcurridos desde la aprobación de aquellos
primeros pilares normativos han surgido de esta Comunidad Autónoma
numerosas normas que, en mayor o menor medida, inciden sobre ellos. Por
otra parte, el remedio habitualmente utilizado por dichas normas de colmar
sus lagunas por remisión a las normas del Estado es a estas alturas
inconsecuente con la evolución del sistema autonómico, máxime en materia
organizativa, donde el reconocimiento de la autonomía de las Comunidades
Autónomas ha alcanzado las cotas superiores. Así lo ha recordado el
Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, delimitando el alcance de
las bases estatales en relación con la organización administrativa (en los
términos que sienta el artículo 149.1.18ª de la Constitución) al mínimo
normativo que garantice, en todo caso, un tratamiento común a la
ciudadanía frente a las distintas Administraciones Públicas, pero dejando
un amplísimo margen a la iniciativa de las Comunidades Autónomas para
configurar su propio aparato orgánico y regular las especialidades del
régimen jurídico de su propia Administración, como se deriva, por lo
demás, de los artículos 46.1.ª, 47.1.1.ª, 60, 79.3 y 4, y 47.2.1.ª, así
como de los artículos 47.5 y 158 en conjunción con el 58.2.1.º y 2.º, y de
los artículos 42, 43 y 139, todos ellos del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
Debe advertirse, no obstante, que algunas de las cuestiones que podría
abordar la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía pueden
incardinarse en aspectos del régimen jurídico que cuenten con un
"tratamiento común" por parte de la legislación del Estado (por incidir en
la actividad externa de las Administraciones Públicas o en la esfera de
derechos e intereses de las personas administradas), en cuyo caso el
margen normativo autonómico es menor. Por otra parte, el título
competencial que tiene reconocido el Estado para regular el procedimiento
administrativo común, expresado en el propio artículo 149.1.18ª de la
Constitución, reviste singular fortaleza, gozando de mayor penetración y
alcance que el título estatal sobre las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Pese a ello, el Tribunal Constitucional también
ha declarado que el calificativo "común" no agota la materia que abarca el
"procedimiento administrativo", por lo que esta Comunidad Autónoma también
dispone de un margen competencial para legislar al respecto, tal y como se
desprende de los artículos 47.1.1.ª, 47.2.2.ª y 3.ª, 47.3 y 4, 112 y 123.2
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
II
En este marco constitucional y estatutario, la Junta de Andalucía ha
expresado su firme voluntad, como paradigmáticamente refleja el documento
"Andalucía. Segunda modernización", de apostar por una Administración más
ágil y cercana al ciudadano, configurando un modelo organizativo que
conjugue los principios de eficacia, eficiencia, igualdad de trato entre
hombres y mujeres y modernización del aparato administrativo con la mejora
continuada de la calidad de los servicios y la adopción de las nuevas
tecnologías en orden a simplificar la gestión administrativa.
A estos objetivos responde el modelo organizativo previsto en esta Ley, en
la que se ofrece una regulación de la llamada "Administración
instrumental", de su diversa tipología y del régimen jurídico propio de
cada una de las entidades que la componen.
Junto a ello, la Ley toma plena conciencia del imparable desarrollo
tecnológico, iniciado en las últimas décadas, que ha planteado nuevos
retos a las Administraciones Públicas en su funcionamiento y en el
tratamiento de la información, al tiempo que propicia nuevas formas y vías
de relación entre la Administración y la ciudadanía. Nuestra Comunidad
Autónoma ya fue sensible a la necesidad de incorporar las nuevas
tecnologías al ámbito de la Administración Pública con la aprobación del
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y
atención al ciudadano y la tramitación de los procedimientos
administrativos por medios electrónicos, que es fruto normativo del Plan
Director de Organización para la Calidad de los Servicios de la Junta de
Andalucía (2002-2005): un proyecto que perseguía, entre otros objetivos,
la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la
Administración andaluza y cuyos resultados han constituido el punto de
partida de la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la
Junta de Andalucía (2006-2010).
Tras este primer paso, la Ley incorpora ahora los principios que han de
regir las relaciones de los órganos de la Junta de Andalucía con la
ciudadanía y con otras Administraciones a través de redes abiertas de
comunicación y da cobertura legal a las particulares exigencias jurídicas
que reclama la plena implantación de la Administración electrónica como
vía alternativa para canalizar relaciones entre Administraciones y
ciudadanía, sin olvidar que en la regulación de esta materia se hallan
comprometidos importantes derechos fundamentales y que la mayor agilidad y
flexibilidad para entablar relaciones jurídicas que brindan las nuevas
tecnologías son valores que han de armonizarse necesariamente con el
respeto a las garantías propias del procedimiento administrativo,
definidas, con el carácter de normas comunes del procedimiento, en la Ley
estatal 30/1992, de 26 de noviembre.
Esta dimensión de modernidad, representada por la Administración
electrónica, se complementa con una innovadora apuesta por el
establecimiento de un sistema de calidad en la gestión administrativa,
sustentado sobre el seguimiento de parámetros estandarizados, que tiene
asimismo reflejo, en el plano organizativo, en la implantación de
instrumentos homologados de calidad en la actividad de los entes
instrumentales.
III
La Ley se compone de un Título Preliminar y cuatro Títulos más,
estructurados en diferentes Capítulos, así como de seis disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y
cinco disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto y ámbito de aplicación de la Ley
y declara la personalidad jurídica única de la Administración de la Junta
de Andalucía.
En el Título I se contienen los principios de la organización y actuación
de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo de destacar, entre
otros, los de simplificación, racionalización, eficiencia y programación
de objetivos, además del conjunto de principios previstos en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, destacan, en
sintonía con los objetivos de modernización administrativa antes
expresados, las normas relativas a la mejora de la calidad de los
servicios y el empleo de nuevas tecnologías en la gestión administrativa.
También se regulan en este Título las relaciones interadministrativas,
asentadas en los principios de colaboración y lealtad institucional.
El Título II versa sobre la organización de la Administración de la Junta
de Andalucía. En él se regula el régimen general de los órganos y unidades
administrativas y se define su estructura central y territorial, cuya
regulación adquiere rango legal. La Ley, en consonancia con el principio
de participación social en la organización y gestión administrativas, que
constituye uno de sus objetivos fundamentales, prevé igualmente que puedan
crearse órganos con este específico fin.
Se opta por mantener el régimen departamental ya consolidado,
mantenimiento que resulta plenamente compatible con la previsión de nuevas
formas de gestión al servicio de una mayor proximidad al ciudadano y la
mejor gestión de los servicios. Igualmente, destaca la inclusión de la
distinción entre órganos superiores y directivos en la organización de los
departamentos, fijando sus respectivas áreas institucionales y
funcionales. Asimismo, se pone especial énfasis en la racionalización y
economía en la creación de órganos, evitando su duplicidad; principio que
igualmente preside la creación de entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Las "Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de
Andalucía" se regulan en el Título III, que constituye una de las
novedades más destacadas de la Ley. La norma define, en aras de una
adecuada racionalización del sector público, las distintas entidades
vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.
Ha de notarse, en este sentido, que la terminología empleada por la Ley es
del todo novedosa, reservando la categoría de "agencias administrativas"
para los organismos autónomos a los que se refería el artículo 4 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la
de "agencias públicas empresariales" para las entidades de Derecho Público
del artículo 6.1 b) de la citada Ley, y además se introduce una nueva
categoría, denominada "agencia de régimen especial", con ciertas
peculiaridades en su régimen de personal, presupuestario y de gestión de
su actividad, atendiendo a la naturaleza de las funciones asignadas que
implican ejercicio de autoridad. Pero este cambio terminológico no es un
mero prurito formal, sino que refleja adecuadamente la naturaleza jurídica
y el subsiguiente régimen que corresponden a las distintas
personificaciones que nuestro Derecho conoce. En esta línea, la Ley
realiza un considerable esfuerzo por definir y sujetar a cada una de estas
entidades al ámbito de actuación material que le es propio en consonancia
con las exigencias inherentes a su respectiva naturaleza jurídica.
Finalmente, la Ley avanza en la regulación del régimen jurídico de las
sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.
El Título IV, por último, se refiere al "Régimen jurídico de los órganos y
de la actuación administrativa". Su Capítulo I consagra los "Derechos de
la ciudadanía ante la actuación administrativa", entre los que figuran el
derecho a la información, que se conecta con los principios de publicidad
y transparencia que han de presidir la actuación de la Administración de
la Comunidad Autónoma, y el de petición y el de acceso a los archivos y
registros, que se regulan en desarrollo de las previsiones establecidas en
la normativa básica vigente. En este Capítulo también se contiene la
regulación de los registros de la Comunidad Autónoma, que incluye la
previsión de los registros telemáticos, con los que la Ley responde a su
propósito de hacer más ágil y fluida la relación entre la Administración y
la ciudadanía. El Capítulo II establece el "Régimen jurídico de los
órganos administrativos", y el Capítulo III el "Régimen jurídico de los
actos y del procedimiento administrativo", donde se avanza en aquellos
aspectos propios de la organización de la Administración de la Junta de
Andalucía, de conformidad, de nuevo, con lo establecido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De las disposiciones de la parte final merece destacarse la disposición
adicional cuarta, donde se indican las normas estatales que se ha
considerado necesario incorporar a esta Ley para dotarla de mayor claridad
y coherencia, así como los preceptos que las reproducen.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.
1. La presente Ley regula la organización, el funcionamiento y el régimen
jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, así como las
especialidades del procedimiento administrativo común que le son propias.
Asimismo, regula los principios generales de la organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía.
2. Las entidades mencionadas en el párrafo segundo del apartado anterior
sujetarán su actividad a esta Ley en todo caso cuando actúen en el
ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 2. Personalidad jurídica y potestades.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del
Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter
administrativo.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, constituida por órganos
jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan atribuida las
entidades instrumentales de ella dependientes.
3. La Administración de la Junta de Andalucía gozará, en el ejercicio de
sus competencias, de las potestades y prerrogativas que le atribuya o
reconozca el ordenamiento jurídico, así como las que este confiere a la
Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación.
Dichas potestades y prerrogativas corresponderán también a las agencias
integradas en su Administración instrumental, en tanto les sean
expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.
TÍTULO I
Principios de organización, actuación, atención a la ciudadanía y
colaboración de la Administración de la Junta de Andalucía
CAPÍTULO I
Principios de organización, actuación y atención
a la ciudadanía
Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la
Administración de la Junta de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al
interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales, con
sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del
ordenamiento jurídico. Se organiza y actúa de acuerdo con los principios
de:
a) Eficacia.
b) Jerarquía.
c) Descentralización funcional.
d) Desconcentración funcional y territorial.
e) Coordinación.
f) Lealtad institucional.
g) Buena fe.
h) Confianza legítima.
i) Transparencia.
j) Colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones
Públicas.
k) Eficiencia en su actuación y control de los resultados.
l) Programación de sus objetivos.
m) Coordinación y planificación de la actividad.
n) Racionalidad organizativa mediante simplificación y racionalización de
su estructura organizativa.
ñ) Racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos.
o) Imparcialidad.
p) Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.
q) No discriminación.
r) Proximidad a la ciudadanía.
s) Responsabilidad por la gestión pública.
t) Buena administración y calidad de los servicios.
Artículo 4. Dirección y planificación de la actividad.
La Administración de la Junta de Andalucía constituye un sistema integrado
de órganos administrativos y de entidades vinculadas o dependientes de la
misma, informado por el principio de coordinación, cuya organización y
funcionamiento se articulará de forma que se garantice la eficacia y
diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación
de sus servicios. La actuación coordinada de dichos órganos y entidades se
articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada
Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los
distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones
territoriales; así como mediante la planificación de la actividad
interdepartamental a través de las orientaciones o criterios de actuación
que se fijen por los correspondientes acuerdos del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía.Artículo 5. Principio de buena administración.
1. En su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de
Andalucía actúa de acuerdo con el principio de buena administración, que
comprende el derecho de la ciudadanía a:
a) Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines.
b) Que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva.
c) Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
d) Que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el
principio de proximidad a la ciudadanía.
e) Participar en los asuntos públicos.
f) Acceder a la documentación e información de la Administración de la
Junta de Andalucía en los términos establecidos en esta Ley y en la
normativa que le sea de aplicación.
g) Obtener información veraz.
h) Acceder a los archivos y registros de la Administración de la Junta de
Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley
establezca.
2. En la organización y gestión de los servicios públicos se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Artículo 6. Calidad de los servicios.
1. Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía llevarán a
cabo la mejora continua de la calidad a través de los sistemas de gestión
y evaluación aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados en todo caso
al logro de la excelencia en la gestión.
2. El Consejo de Gobierno promoverá entre los órganos de la Administración
y las entidades dependientes o vinculadas la mejora continua de la
calidad, así como el desarrollo de las cartas de servicio y de derechos.
3. La persona titular de la Consejería competente en materia de
Administración Pública promoverá actividades de investigación, desarrollo
y aplicación de métodos de simplificación y de gestión telemática de
procedimientos administrativos, y de mejora estructural de los
organigramas, así como de los medios y la formación del personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 7. Administración electrónica.
1. La aplicación de las tecnologías de la información a la Administración
estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y
agilizar la gestión administrativa.
2. Los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración
de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones
Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de
simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad
universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el
objeto de la comunicación.
3. La prestación de servicios administrativos y las relaciones entre la
Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía a través de redes
abiertas de comunicación se desarrollarán de conformidad con la normativa
que regula el tratamiento electrónico de la información y, en particular,
con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las
relaciones, en los términos establecidos por la normativa sobre protección
de datos y derechos de autoría, así como la relativa a los servicios de la
sociedad de la información.
4. La transmisión y recepción de información en red o de documentos
electrónicos entre la Administración de la Junta de Andalucía y la
ciudadanía, entre los órganos o entidades de la Junta de Andalucía entre
sí, o entre estos y otras Administraciones Públicas podrá realizarse a
través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos siempre que se
garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) la garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y
soportes y de las aplicaciones informáticas en las condiciones que en cada
caso se establezcan;
b) la compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes
utilizados por los sujetos emisor y destinatario; y
c) la existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y
alteración de las comunicaciones, así como los accesos no autorizados.
5. A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos expresados en el
apartado anterior, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a
la ciudadanía que así lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo
de firma electrónica.
Artículo 8. Relaciones interadministrativas.
1. En sus relaciones con otras Administraciones Públicas, la
Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con los
principios de colaboración y de lealtad institucional, y en consecuencia
deberá:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de
los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión
esté encomendada a las otras Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen
sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias.
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que
las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de
sus competencias, con especial atención a las Administraciones locales
andaluzas.
e) Colaborar con el resto de Administraciones Públicas para la ejecución
de los actos dictados por alguna de ellas en Andalucía.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá solicitar cuantos
datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al
que se dirija la solicitud. Podrá también solicitar asistencia para la
ejecución de sus competencias, así como para el cumplimiento de los actos
que hayan de ejecutarse fuera de Andalucía.
3. La asistencia y cooperación requerida solo podrá negarse cuando el ente
del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de
medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio
grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de
sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará
motivadamente a la Administración solicitante.
CAPÍTULO II
Instrumentos de colaboración con otras
Administraciones Públicas
Artículo 9. Convenios de colaboración interadministrativa.
1. En las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y el
resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de colaboración
se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que se
establezcan de manera voluntaria.
2. Cuando las relaciones a las que se refiere el apartado anterior tengan
como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan una actividad
más eficaz de las Administraciones en asuntos que les afecten, se
ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación con la
Administración del Estado que se contemplan en la normativa estatal básica
sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La aprobación, modificación o extinción de convenios de colaboración
corresponde a la persona titular de cada Consejería en el ámbito de sus
competencias, salvo que el Consejo de Gobierno disponga otra cosa.
Artículo 10. Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades
Autónomas.
A los convenios de colaboración que la Junta de Andalucía celebre con
otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación conjunta de
servicios propios y acuerdos de cooperación, les será de aplicación lo
establecido en el artículo anterior, con las especialidades previstas en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Artículo 11. Participación en conferencias sectoriales y otros órganos de
cooperación con la Administración del Estado.
La participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las conferencias
sectoriales y en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de
Andalucía-Estado corresponderá a las personas miembros del Consejo de
Gobierno que tengan competencias sobre la materia o a las que, en cada
caso, designe el Consejo de Gobierno.
Artículo 12. Organizaciones personificadas de gestión.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá constituir con otras
Administraciones Públicas y otras entidades públicas o privadas
organizaciones personificadas de gestión para la consecución de
finalidades de interés común, que pueden adoptar la forma de consorcios o
de sociedades mercantiles.
Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la creación de dichos
consorcios o la integración de la Administración de la Junta de Andalucía
en los mismos. Asimismo, le corresponde autorizar la creación de
sociedades mercantiles en los términos previstos en el artículo 76 de la
presente Ley, para la prestación de servicios con contenido económico que
no impliquen ejercicio de autoridad y que afecten a los intereses de la
Administración de la Junta de Andalucía y de otras Administraciones
Públicas.
2. El acuerdo de autorización para la creación, al que se refiere el
apartado anterior, incluirá los estatutos del consorcio. En caso de
integración, el acuerdo de autorización irá acompañado de la ratificación
o adhesión a los estatutos preexistentes. Tras su aprobación, ratificación
o adhesión, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Los estatutos han de determinar las finalidades del consorcio, así como
las particularidades de su régimen orgánico, funcional y financiero.
La autorización del Consejo de Gobierno para la creación o integración
requerirá informe previo de las Consejerías competentes en materia de
Administración Pública y de Hacienda.
3. Los consorcios en los que la Administración de la Junta de Andalucía o
cualquiera de las entidades que integran el sector público andaluz hayan
aportado mayoritariamente dinero, bienes o industria, o se hayan
comprometido en el momento de su constitución a financiar mayoritariamente
dicho consorcio, han de someter su organización y actividad al
ordenamiento autonómico y estarán sujetos al régimen económico-financiero,
de control y contabilidad establecido en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen se aplicará
igualmente a los consorcios en los que la designación de más de la mitad
de los miembros de sus órganos de dirección corresponda a la
Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades
del sector público andaluz.
TÍTULO II
Organización de la Administración
de la Junta de Andalucía
CAPÍTULO I
Delimitación y creación de los órganos administrativos
Artículo 13. Órganos administrativos.
1. Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, las Consejerías y
las agencias administrativas se componen de órganos y unidades
administrativas.
2. Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las
que se atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros o cuya
actuación tenga carácter preceptivo.
Artículo 14. Unidades administrativas.
1. Las unidades administrativas son estructuras funcionales básicas de
preparación y gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio
de las Consejerías y de las agencias administrativas.
2. Las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de
la relación de puestos de trabajo.
Artículo 15. Servicios administrativos con gestión diferenciada.
1. Por decreto del Consejo de Gobierno podrán crearse servicios
administrativos con gestión diferenciada por razones de especialización
funcional, para la identificación singular del servicio público ante la
ciudadanía u otros motivos justificados.
2. Los servicios administrativos con gestión diferenciada podrán agrupar
un conjunto de órganos o unidades de una misma Consejería.
Carecerán de personalidad jurídica independiente y estarán, en todo caso,
adscritos a una Consejería. Su denominación, estructura y competencias se
definirán en el correspondiente decreto de creación de los mismos.
Artículo 16. Clasificación.
1. Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, los órganos que
integran la estructura básica de la Administración de la Junta de
Andalucía se clasifican en superiores y directivos.
2. Es órgano superior la Consejería.
3. Son órganos directivos centrales la Viceconsejería, Secretaría General,
Secretaría General Técnica y Dirección General. Son órganos directivos
periféricos la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como
la Delegación Provincial de la Consejería.
4. Todos los demás órganos de la Administración de la Junta de Andalucía
no mencionados en este artículo se encuentran bajo la dependencia o
dirección de alguno de los órganos citados en el apartado anterior.
Artículo 17. Órganos superiores y directivos.
1. Corresponde a los órganos superiores la planificación y superior
coordinación de la organización situada bajo su responsabilidad, y a los
órganos directivos su ejecución y puesta en práctica, así como la
dirección inmediata de los órganos y unidades administrativas que les
están adscritos.
2. Las personas titulares de los órganos superiores y directivos tendrán
la consideración de altos cargos.
3. El nombramiento y separación de las personas titulares de órganos
directivos se realizarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
de la persona titular de la Consejería de la que dependa el órgano.
4. Salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas
titulares de los órganos directivos tendrá efecto desde el día siguiente
al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, y el cese
surtirá efecto desde el mismo día de su aprobación.
Artículo 18. Representación equilibrada.
1. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el
nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la
Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponda al
Consejo de Gobierno.
2. A estos efectos, se entiende por representación equilibrada aquella
situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un
cuarenta por ciento.
Artículo 19. Órganos colegiados.
1. Son órganos colegiados los que están compuestos por tres o más miembros
que, reunidos en sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan
colegiadamente sobre el ejercicio de las funciones que les están
encomendadas.
2. En la composición de los órganos colegiados de la Administración de la
Junta de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de
mujeres y hombres en los términos previstos en el apartado 2 del artículo
18 de esta Ley. Este mismo criterio de representación se observará en la
modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Del cómputo se excluirán aquellos miembros que formen parte del órgano
en función del cargo específico que desempeñen.
b) Cada una de las instituciones, organizaciones y entidades que designen
o propongan representantes deberá tener en cuenta la composición de género
que permita la representación equilibrada.
Artículo 20. Órganos colegiados de participación administrativa.
Son órganos colegiados de participación administrativa o social aquellos
en cuya composición se integran, junto a miembros de la Administración de
la Junta de Andalucía, representantes de otras Administraciones Públicas,
personas u organizaciones en representación de intereses, legalmente
reconocidos, o personas en calidad de profesionales expertos.
Artículo 21. Creación, modificación y supresión de órganos.
Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se crean,
modifican y suprimen por decreto del Consejo de Gobierno, sin perjuicio
del régimen establecido para los órganos colegiados.
Artículo 22. Requisitos para la creación de los órganos.
1. Además de los requisitos determinados en la legislación básica estatal,
la norma de creación del órgano deberá establecer:
a) Su denominación.
b) En relación con la delimitación de sus funciones y competencias, las
que asume, en su caso, de otros órganos y las que son de nueva atribución
por no corresponder a ningún otro órgano.
2. En ningún caso se podrán crear nuevos órganos y unidades
administrativas sin que en el expediente de su creación quede acreditado
que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no
coincidir con las de otros órganos o unidades administrativas existentes.
En los supuestos en que concurra dicha coincidencia se deberá prever
expresamente la supresión o disminución competencial del órgano o unidad
administrativa afectados. La Consejería competente en materia de
Administración Pública comprobará en cada caso el cumplimiento de lo
dispuesto en este apartado.
3. La aprobación de la norma de creación del órgano deberá ir precedida de
la valoración de la repercusión económico-financiera de su ejecución, así
como de los informes y demás documentación exigidos en la normativa de
aplicación.
4. Se exceptúa de lo establecido en los apartados anteriores la creación
de Consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en
su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la
supresión de las mismas.
CAPÍTULO II
Organización central de la Administración
de la Junta de Andalucía
SECCIÓN 1.ª CONSEJERÍAS
Artículo 23. Organización.
La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en Consejerías, a
las que corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad.
Artículo 24. Estructura interna.
1. La organización interna de las Consejerías comprenderá, además de su
titular, los siguientes órganos centrales: Viceconsejería, Secretaría
General Técnica y Direcciones Generales. Podrán crearse, además,
Secretarías Generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto
acordado en Consejo de Gobierno.
2. Se podrán adscribir a alguno de los órganos citados en el apartado
anterior entidades públicas vinculadas o dependientes de la Consejería que
desarrollen sus funciones en su ámbito competencial.
3. Las personas titulares de las Consejerías podrán crear en el ámbito
funcional propio de la Consejería comisiones integradas por representantes
de la misma. La norma de creación determinará su régimen interno, en el
marco de las reglas establecidas en esta Ley para los órganos colegiados
que mejor garanticen su buen funcionamiento y el cumplimiento de los fines
y objetivos marcados.
Los actos de estas comisiones tendrán eficacia en el ámbito interno de la
Consejería.
Artículo 25. Ordenación jerárquica.
1. Las personas titulares de las Consejerías desempeñan la jefatura
superior de la Consejería y son superiores jerárquicos directos de las
personas titulares de las Viceconsejerías.
2. Los demás órganos directivos dependen de alguno de los mencionados en
el apartado anterior y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente
forma: Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General.
Artículo 26. Titulares de las Consejerías.
1. Las personas titulares de las Consejerías ostentan su representación y
ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección,
evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional,
correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones.
Las personas titulares de las Consejerías son nombradas de acuerdo con lo
establecido en la normativa correspondiente.
2. Además de sus atribuciones como miembros del Consejo de Gobierno y las
que les asignan esta y otras leyes, a las personas titulares de las
Consejerías les corresponde:
a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Nombrar y separar a los cargos de libre designación de su Consejería.
c) Aprobar los planes de actuación de la Consejería, asignando los
recursos necesarios para su ejecución de acuerdo con las dotaciones
presupuestarias.
d) Dirigir las actuaciones de las personas titulares de los órganos
directivos de la Consejería e impartirles instrucciones.
e) Resolver los conflictos de atribuciones entre los órganos situados bajo
su dependencia que les correspondan y plantear los que procedan con otras
Consejerías.
f) Evaluar la realización de los planes y programas de actuación de la
Consejería por parte de los órganos directivos y ejercer el control de
eficacia respecto de la actuación de dichos órganos, así como de las
entidades públicas dependientes.
g) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.
h) Autorizar los gastos propios de los servicios de la Consejería no
reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro del importe de
los créditos autorizados, e interesar de la Consejería competente la
ordenación de los pagos correspondientes.
i) Suscribir contratos y convenios relativos a asuntos propios de su
Consejería, salvo en los casos en que corresponda al Consejo de Gobierno.
j) Resolver los recursos administrativos, acordar y resolver la revisión
de oficio y declarar la lesividad de los actos administrativos en los
casos en que proceda, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno.
k) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
salvo que corresponda al Consejo de Gobierno.
l) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, en
los casos en que les corresponda.
m) Cuantas otras les atribuya la legislación vigente.
Artículo 27. Titulares de las Viceconsejerías.
1. A las personas titulares de las Viceconsejerías, como superiores
órganos directivos, sin perjuicio de las personas titulares de las
Consejerías, les corresponde:
a) La representación ordinaria de la Consejería después de su titular y la
delegación general de este.
b) La suplencia de la persona titular de la Consejería en los asuntos
propios de esta, sin perjuicio de las facultades de la persona titular de
la Presidencia de la Junta de Andalucía a que se refiere la Ley del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Formar parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
d) La dirección, coordinación y control de los servicios comunes y los
órganos que les sean dependientes.
2. A las personas titulares de las Viceconsejerías les corresponde, en el
ámbito de la Consejería:
a) El asesoramiento a la persona titular de la Consejería en el desarrollo
de las funciones que a esta le corresponden y, en particular, en el
ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos
administrativos, así como a los demás órganos de la Consejería.
b) Supervisar el funcionamiento coordinado de todos los órganos de la
Consejería.
c) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de
la Consejería.
d) Proponer medidas de organización de la Consejería, así como en materia
de relaciones de puestos de trabajo y planes de empleo, y dirigir el
funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes
instrucciones y órdenes de servicio.
e) La coordinación de la actividad económico-financiera de la Consejería.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.
g) Ejercer las facultades de dirección, coordinación y control de la
Secretaría General Técnica y de los demás órganos y centros directivos que
dependan directamente de ellas.
h) Ejercer las demás facultades que les delegue la persona titular de la
Consejería.
i) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente.
Artículo 28. Titulares de las Secretarías Generales.
1. Las personas titulares de las Secretarías Generales ejercen la
dirección, coordinación y control de un sector homogéneo de actividad de
la Consejería, susceptible de ser dirigido y gestionado diferenciadamente.
2. A las personas titulares de las Secretarías Generales les corresponde:
a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa
asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les
delegue la persona titular de la Consejería.
b) Impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los
proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la
actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones
a sus titulares.
c) Ejercer la dirección, supervisión y control de los órganos que les sean
adscritos, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
personas titulares de las Viceconsejerías en la letra g) del apartado 2
del artículo 27 de esta Ley.
d) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente.
Artículo 29. Titulares de las Secretarías Generales Técnicas.
1. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, bajo la
dependencia directa de la titular de la Viceconsejería, tendrán las
competencias que sobre los servicios comunes de la Consejería les atribuya
el decreto de estructura orgánica, específicamente en relación con la
producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión
financiera y patrimonial y gestión de medios materiales, servicios
auxiliares y publicaciones.
Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas tendrán rango
de Director General.
2. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas ejercen
sobre los órganos y unidades administrativas que les sean dependientes las
facultades propias de las personas titulares de las Direcciones Generales.
Artículo 30. Titulares de las Direcciones Generales.
1. Las personas titulares de las Direcciones Generales asumen la gestión
directa de una o varias áreas funcionales homogéneas bajo la dirección y
control inmediatos de la persona titular de la Consejería, de la
Viceconsejería o de una Secretaría General.
2. A las personas titulares de las Direcciones Generales les corresponde:
a) Elaborar los planes, programas, estudios y propuestas relativos al
ámbito de competencia de la Dirección General, con arreglo a los objetivos
fijados para la misma, así como dirigir su ejecución y controlar su
cumplimiento.
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le
sean desconcentradas o delegadas.
c) Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos
y unidades administrativas de la Dirección General, así como del personal
integrado en ellas.
d) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente.
SECCIÓN 2.ª ÓRGANOS INTERDEPARTAMENTALES
Artículo 31. Comisiones interdepartamentales.
1. Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados en los que
están representadas dos o más Consejerías.
2. Son funciones de las comisiones interdepartamentales:
a) El estudio y preparación de asuntos que afecten a más de una Consejería.
b) La formulación de informes y propuestas.
c) La adopción de acuerdos en materias o asuntos que les puedan ser
delegados por las Consejerías que las integren.
d) El seguimiento, supervisión y control del cumplimento de objetivos o de
actuaciones desarrolladas por otros órganos.
3. Asimismo, se podrán crear, con carácter temporal o permanente,
comisiones interdepartamentales con la misión de coordinar la actuación
administrativa en asuntos de ámbito concreto y específico que afecten a
varias Consejerías.
4. Corresponde al Consejo de Gobierno la creación de las comisiones
interdepartamentales. La norma de creación determinará su régimen interno,
que deberá ajustarse a las reglas establecidas en esta Ley para los
órganos colegiados.
SECCIÓN 3.ª ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 32. Órganos de participación ciudadana.
1. Para hacer efectivos los principios de participación social en la
mejora de la calidad de los servicios, se podrán crear en la
Administración de la Junta de Andalucía órganos de participación con fines
de información y asesoramiento en la elaboración de planes y programas o
de actuaciones con gran incidencia social y de audiencia a sectores o
colectivos determinados, que puedan resultar afectados por la elaboración
de normas, la definición de políticas o alguna de las actuaciones
mencionadas.
2. Los órganos a que se refiere este artículo no tendrán competencias
decisorias. Sus normas de creación determinarán, además de su régimen
interno de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su adscripción concreta
y, en su caso, dependencia administrativa, a los efectos de convocatoria y
celebración de sesiones, adscripción de medios y tramitación de sus
actuaciones.
SECCIÓN 4.ª CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 33. Consejería competente en materia de Administración Pública.
Corresponden a la Consejería competente en materia de Administración
Pública, además de las competencias que le atribuye esta Ley, y sin
perjuicio de las de la Consejería competente en materia de Hacienda, las
competencias en materia de régimen de personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, de organización administrativa,
estructura orgánica y procedimiento, de inspección de servicios, de
modernización de la Administración e información administrativa, cuando no
se atribuyan por ley específicamente a otras Consejerías, así como las
propuestas y emisión de informes en relación con la creación, alteración y
supresión de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 34. Instituto Andaluz de Administración Pública.
1. El Instituto Andaluz de Administración Pública, como agencia
administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de
Administración Pública, es una entidad pública de las previstas en el
artículo 54.2 a) de esta Ley, con personalidad y capacidad jurídica
pública y patrimonio propio, a la que corresponden la investigación, el
estudio, la información y la difusión de las materias que afecten a la
Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones
Públicas andaluzas, la formación del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía y la gestión de las pruebas de
selección y los cursos de selección que se le encomienden, así como
aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen.
2. El Consejo de Gobierno aprobará los estatutos que regulen la estructura
y funciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, debiendo
garantizarse la participación de las organizaciones sindicales en los
órganos de la agencia competentes en materia de formación y
perfeccionamiento del personal.
CAPÍTULO III
Organización territorial de la Administración
de la Junta de Andalucía
Artículo 35. Órganos territoriales.
1. Son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta
de Andalucía las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
2. Podrán crearse estructuras u órganos de ámbito territorial provincial o
inferior a la provincia por razones de eficacia administrativa, de
proximidad de la gestión administrativa a la ciudadanía, y cuando sean
necesarios o convenientes para los intereses públicos que deban
satisfacerse. Su creación corresponderá al Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería o Consejerías interesadas. Estos órganos o
estructuras estarán, en todo caso, bajo la coordinación y supervisión de
la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en la provincia o, en su caso, de la Delegación Provincial correspondiente.
Artículo 36. Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía.
1. Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía son las representantes de este en la provincia, gozando en dicho
ámbito territorial de la condición de primera autoridad de la
Administración de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se hará por
decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas
titulares de las Consejerías competentes en materia de Presidencia y de
Gobernación. Ejercen funciones de coordinación y supervisión de los
servicios y de las actividades de la Administración de la Junta de
Andalucía en la provincia, bajo la superior dirección y la supervisión de
las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de
Presidencia y Gobernación.
2. Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía ejercen, además, las competencias propias de la Delegación de la
Consejería competente en materia de Gobernación en la respectiva provincia.
Artículo 37. Funciones y competencias de las personas titulares de las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
1. Corresponden a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en su provincia las competencias y funciones siguientes:
a) Ostentar la representación ordinaria de la Administración de la Junta
de Andalucía en la provincia y presidir los actos que se celebren en la
misma, cuando proceda.
b) Dirigir y controlar el funcionamiento de su Delegación.
c) Coordinar la actividad de las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías.
d) Actuar como órgano de comunicación, a nivel provincial, entre la
Administración de la Junta de Andalucía, la Administración del Estado y
las entidades locales andaluzas, sin perjuicio de las actuaciones
específicas que correspondan a cada Delegación Provincial en las materias
de la competencia propia de su Consejería.
e) Requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los
actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico y, en su caso,
promover su impugnación.
f) Informar, a través de la persona titular de la Consejería competente en
materia de Gobernación, a la persona titular de la Presidencia de la Junta
de Andalucía sobre los conflictos de atribuciones entre Delegaciones
Provinciales.
g) Instar, a través de la persona titular de la Consejería competente en
materia de Gobernación, al Consejo de Gobierno para que plantee conflictos
de jurisdicción conforme a sus leyes reguladoras.
h) Representar a la Administración de la Junta de Andalucía en los órganos
colegiados competentes en materia de seguridad existentes en la provincia.
i) Velar por el cumplimiento de las normas y actos emanados de los órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía ejercerán la potestad sancionadora cuando la tengan atribuida
específicamente y en todos los demás casos en que, en el ámbito de su
competencia territorial, no venga atribuida a ningún otro órgano
administrativo.
Artículo 38. Titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías
representan a estas en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y
control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior
dirección y la supervisión de la persona titular de la Consejería. Su
nombramiento y separación se harán por decreto del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la Consejería competente.
Artículo 39. Funciones y competencias de las personas titulares de las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
Corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de
las Consejerías:
a) Ostentar la representación ordinaria de la Consejería en la provincia
y, en su caso, de las agencias adscritas o dependientes de la misma y
dirigir, bajo la dependencia funcional de los correspondientes centros
directivos, las unidades administrativas pertenecientes a la Delegación,
en los términos establecidos en los decretos de estructura orgánica.
b) Ejercer la jefatura de todo el personal de la Delegación y las
competencias de administración y gestión ordinarias del mismo que
expresamente se le deleguen.c) Constituir el cauce ordinario de relación
con los servicios centrales de la Consejería y, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las personas titulares de las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, con los órganos periféricos de la
Administración del Estado y las entidades locales de Andalucía en materias
de su competencia.
d) Cuantas otras funciones les sean desconcentradas por decreto o les sean
delegadas.
Artículo 40. Estructura de las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías.
1. Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías estarán integradas en
la estructura orgánica de estas. Los decretos de estructura orgánica de
cada Consejería podrán determinar las competencias que se les
desconcentran.
2. La organización y funcionamiento de las Delegaciones Provinciales de
las Consejerías responderán, específicamente, a los principios de
eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando la duplicidad
de órganos, unidades administrativas y de funciones con respecto a la
organización central de la Administración de la Junta de Andalucía;
procurando en todo caso la mayor proximidad y facilidad en sus relaciones
con la ciudadanía.
CAPÍTULO IV
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 41. Naturaleza.
1. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados
o Letradas adscritos al mismo, es el órgano directivo encargado de la
representación y defensa en juicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, de sus agencias administrativas, del Consejo Consultivo de
Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía, en los términos del
artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, la Administración de la
Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los
menores, asumirá la representación y defensa de estos en juicio a través
de los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
2. Corresponde igualmente al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el
asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno, de la Administración
Pública y de las agencias administrativas de la Junta de Andalucía, así
como la representación y defensa de la Administración de la Junta de
Andalucía en cualesquiera procedimientos no contemplados en el apartado
anterior.
3. Salvo que sus leyes específicas establezcan lo contrario, el
asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de las
agencias públicas empresariales, las agencias de régimen especial, las
sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz y los
consorcios previstos en el artículo 12.3 de esta Ley podrán ser
encomendados a los Letrados y Letradas adscritos al Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía, mediante convenio a suscribir con la Consejería
competente en materia de Presidencia, en el que se establezcan las
condiciones del ejercicio de dichas funciones.
4. Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el régimen de
organización y las funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, así como del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.
sección 2.ª Funciones de representación
y defensa en juicio
Artículo 42. Ejercicio de acciones.
El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional corresponde al Consejo de
Gobierno.
Artículo 43. Principios de actuación.
En el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio,
los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, buena fe y defensa de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 44. Defensa de autoridades y personal.
En los términos establecidos reglamentariamente, los Letrados y Letradas
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía podrán asumir la
representación y defensa en juicio de las autoridades y personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de las agencias
administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo
Audiovisual de Andalucía, cuando los procedimientos se sigan por actos u
omisiones relacionados con el cargo y previo consentimiento de la persona
interesada.
sección 3.ª Especialidades procesales
Artículo 45. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de
comunicación procesal.
1. Salvo lo que pueda disponerse expresamente por alguna ley, a todos los
efectos procesales se fija como domicilio de la Administración de la Junta
de Andalucía, incluyendo las Consejerías, órganos y entidades de cualquier
índole a los que se refiere el apartado 1 del artículo 41 de la presente
Ley, el de la sede del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
2. Cuando las entidades mencionadas en el apartado 3 del artículo 41 de
esta Ley sean representadas y defendidas por Letrados del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, se aplicará igualmente lo dispuesto en
el apartado anterior.
3. Serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás
actos de comunicación procesal que no se practiquen con arreglo a lo
dispuesto en este artículo.
Artículo 46. Exención de depósitos y cauciones.
La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades
públicas con régimen de independencia funcional o de especial autonomía
estarán exentas de la obligación de constituir los depósitos, cauciones,
consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previstos en las leyes.
Artículo 47. Fuero territorial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas, para el conocimiento y resolución de los
procedimientos civiles en que sean parte la Administración de la Junta de
Andalucía, las agencias y las entidades con régimen de independencia
funcional o de especial autonomía, serán en todo caso competentes los
Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en
Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier
otra sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el
procedimiento.
Artículo 48. Suspensión del curso de los autos.
1. En los procesos civiles que se dirijan contra la Administración de la
Junta de Andalucía o sus agencias administrativas, el Letrado o Letrada
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía recabará los antecedentes
para la defensa de la Administración o entidad, así como elevará, en su
caso, consulta ante la Jefatura del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía. A tal fin, al recibir el primer traslado, citación o
notificación del órgano jurisdiccional podrá pedir, y el juez acordará, la
suspensión del curso de los autos, salvo que excepcionalmente, y por auto
motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general.
2. El plazo de suspensión al que se refiere el apartado anterior será
fijado discrecionalmente por el juez, sin que pueda exceder de un mes ni
ser inferior a quince días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre. Dicho plazo se contará desde
el día siguiente al de la notificación de la providencia por la que se
acuerde la suspensión, no cabiendo contra tal providencia recurso alguno.
CAPÍTULO V
Intervención General de la Junta de Andalucía
Artículo 49. Naturaleza.
En los términos que disponga la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Intervención General de la Junta de
Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad
pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de
Andalucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales. También
ejercerá las funciones de centro directivo del control financiero y de la
auditoría pública respecto de la Administración y sus entes instrumentales.
TÍTULO III
Entidades instrumentales de la Administración
de la Junta de Andalucía
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 50. Delimitación.
1. Tienen la consideración de entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía, a los efectos de esta Ley, las
entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas
mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la
Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su
naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de
actividades cuyas características por razones de eficacia justifiquen su
organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor
proximidad a la ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley.
2. Cuando se creen entidades instrumentales que supongan duplicación de la
organización administrativa o de otras entidades ya existentes, habrán de
suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de estas.
Artículo 51. Personalidad jurídica y principio de instrumentalidad.
Las entidades a las que se refiere el presente Título tienen personalidad
jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía
de gestión en los términos de esta Ley, y se ajustarán al principio de
instrumentalidad, con arreglo al cual los fines y objetivos que se les
asignan específicamente son propios de la Administración de la que
dependen.
Artículo 52. Clasificación y naturaleza jurídica.
1. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de
Andalucía se clasifican en:
a) Agencias.
b) Entidades instrumentales privadas:
1.º Sociedades mercantiles del sector público andaluz.
2.º Fundaciones del sector público andaluz.
2. Las agencias tienen personalidad jurídica pública y la consideración de
Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta
de Andalucía. Se atendrán a los criterios dispuestos para la
Administración de la Junta de Andalucía en la presente Ley, sin perjuicio
de las peculiaridades contempladas en el Capítulo II del presente Título.
3. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz
tienen personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso podrán
disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad.
Artículo 53. Gestión de calidad.
Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía
adoptarán sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las
actividades que tienen atribuidas.
Asimismo, implantarán sistemas de gestión de calidad en la producción de
bienes y prestación de servicios, incluidos los de naturaleza
medioambiental.
CAPÍTULO II
Agencias
sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 54. Concepto y clasificación.
1. Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la
realización de actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en
régimen de descentralización funcional.
2. Las agencias se clasifican en los siguientes tipos:
a) Agencias administrativas.
b) Agencias públicas empresariales.
c) Agencias de régimen especial.
Artículo 55. Potestades administrativas.
Dentro de la esfera de sus competencias, corresponden a las agencias las
potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en
los términos previstos en sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Artículo 56. Creación.
1. La creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se
efectuará por ley, que establecerá:
a) El tipo de entidad que crea, con indicación de sus fines, así como la
Consejería o agencia de adscripción.
b) Los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de
personal y fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan
norma con rango de ley.
Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se
aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
titular de la Consejería de adscripción y previo informe de las
Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.
2. La creación de las agencias de régimen especial requerirá autorización
previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y se
producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de
Gobierno a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías
competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.
3. El anteproyecto de ley de la agencia que se presente al Consejo de
Gobierno deberá ser acompañado del proyecto de estatutos y del plan
inicial de actuación de la entidad.
Artículo 57. Contenido de los estatutos.
1. El contenido de los estatutos de cualquier tipo de agencia incluirá en
todo caso los siguientes extremos:
a) Determinación de los máximos órganos de dirección de la entidad, ya
sean unipersonales o colegiados, sus competencias, así como su forma de
designación, con indicación de aquellos cuyas resoluciones agoten la vía
administrativa.
b) Funciones y competencias, con indicación de las potestades
administrativas que la entidad pública pueda ejercitar, y la distribución
de competencias entre los órganos de dirección, así como el rango
administrativo de los mismos en el caso de las agencias administrativas y,
en el de las agencias públicas empresariales y agencias de régimen
especial, la determinación de los órganos que excepcionalmente se asimilen
a los de un determinado rango administrativo y los órganos a los que se
confiera el ejercicio de potestades administrativas.
c) El patrimonio que se le adscriba para el cumplimiento de sus fines y
los recursos económicos que hayan de financiar la entidad.
d) El régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación.
e) El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, de
control financiero y de contabilidad.
f) La facultad de creación o participación de sociedades mercantiles
cuando sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.
2. Los estatutos serán aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía con carácter previo al inicio del funcionamiento
efectivo de la entidad correspondiente.
Artículo 58. Plan inicial de actuación.
1. El plan inicial de actuación de las agencias será aprobado por la
persona titular de la Consejería de la que dependa la agencia, previo
informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y
de Administración Pública, y su contenido incluirá en todo caso los
extremos siguientes:
a) Los objetivos que la entidad deba alcanzar en el área de actividad
atribuida.b) Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para
el funcionamiento de la entidad.
2. El plan inicial de actuación tendrá un ámbito temporal de cuatro años.
Artículo 59. Modificación y refundición.
La modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley
cuando suponga alteración de sus fines, del tipo de entidad o de las
peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del
personal, patrimonial o fiscal y cualesquiera otras que exijan norma con
rango de ley.
El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por
decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la
Consejería de adscripción y previo informe de las Consejerías competentes
en materia de Hacienda y de Administración Pública.
Artículo 60. Extinción y liquidación.
1. La extinción de las agencias se producirá:
a) Por determinación de una ley.
b) Mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
titular de la Consejería de adscripción y previo informe de las
Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración
Pública, en los siguientes casos:
- Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de
creación.
- Por cumplimiento total de los fines de la entidad, de forma que no se
justifique la pervivencia de la misma.
- Por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los
servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. En caso de extinción de una agencia, la norma correspondiente
establecerá las medidas aplicables al personal de la entidad afectada en
el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo,
determinará la integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de
los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la
liquidación de la entidad, para su afectación a servicios de la
Administración de la Junta de Andalucía o adscripción a las entidades que
procedan.
Artículo 61. Patrimonio.
El régimen jurídico del patrimonio de las agencias será el previsto en la
legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 62. Contratación.
La contratación de las agencias se regirá por la normativa aplicable a las
Administraciones Públicas en materia de contratos.
Los estatutos de la agencia determinarán su órgano de contratación,
pudiendo fijar la persona titular de la Consejería a que se halle adscrita
la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la
celebración de los contratos, salvo que dicha autorización corresponda al
Consejo de Gobierno.
Artículo 63. Régimen presupuestario y control de eficacia.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de
control de las agencias será el establecido por la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás
disposiciones de aplicación para cada tipo de agencia.
Las agencias están sometidas a un control de eficacia, que será ejercido
por la Consejería o, en su caso, por la entidad a la que estén adscritas,
al objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la
adecuada utilización de los recursos asignados, sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a la Consejería competente en materia de
Hacienda.
Artículo 64. Régimen de impugnación y reclamaciones.
1. Los actos dictados por los órganos de las agencias en el ejercicio de
potestades administrativas son susceptibles de los recursos
administrativos previstos en la legislación básica estatal de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común. Los estatutos establecerán los órganos cuyos actos
agoten la vía administrativa.
2. Los actos de gestión, inspección y recaudación de las tasas y demás
ingresos de Derecho Público podrán recurrirse en vía
económico-administrativa conforme a la normativa de aplicación.
3. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán
resueltas por la agencia, salvo que estatutariamente se asigne la
competencia al órgano superior de la Consejería a la que se adscriban.
sección 2.ª Agencias administrativas
Artículo 65. Concepto y régimen jurídico.
1. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el
Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas
específicos de la actividad de una Consejería, la realización de
actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos
y otras actividades administrativas.
2. Las agencias administrativas se rigen por el mismo régimen jurídico de
personal, presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad
que el establecido para la Administración de la Junta de Andalucía. Para
el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades públicas que
tengan expresamente atribuidas por sus estatutos.
3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que
corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los
resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de
esta Ley.
Artículo 66. Requisitos de creación.
Para la creación de una agencia administrativa deberá concurrir alguno de
los siguientes requisitos:
a) La necesidad de dotar al servicio o actividad de que se trate de una
especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la Consejería a
los que se encuentre adscrito.
b) La existencia de un patrimonio que por su especial volumen o entidad
requiera su gestión a través de una entidad con personalidad jurídica.
c) La existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un
cincuenta por ciento mediante los ingresos que genere su propia actividad.
Artículo 67. Personal de las agencias administrativas.
1. Las personas titulares de las presidencias, direcciones o asimilados de
las agencias administrativas serán nombradas y separadas libremente por el
Consejo de Gobierno y tienen la consideración de altos cargos a efectos de
la normativa sobre incompatibilidades que sea de aplicación. La persona
titular tendrá atribuidas en materia de gestión de recursos humanos las
facultades que le asigne la normativa específica.
2. El personal al servicio de las agencias administrativas será
funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, en los mismos términos
que los establecidos para la Administración de la Junta de Andalucía. No
obstante, la ley de creación podrá establecer excepcionalmente
peculiaridades del régimen de personal de la agencia en las materias de
oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos y
régimen de movilidad de su personal.
sección 3.ª Agencias públicas empresariales
Artículo 68. Concepto.
1. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se
atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de
servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de
contraprestación.
2. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una Consejería o a
una agencia administrativa. Excepcionalmente pueden adscribirse a otra
agencia pública empresarial cuyo objeto consista en la coordinación de
varias de ellas.
Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas.
1. Las agencias públicas empresariales se rigen por el Derecho Privado,
excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de
sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que
tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley,
en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades
administrativas que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser
ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne
expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los
órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en
cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de
la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos,
se fijen, en cada caso, en sus estatutos.
Artículo 70. Personal de las agencias públicas empresariales.
1. El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso
por el Derecho Laboral. Será seleccionado mediante convocatoria pública,
basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
2. Es personal directivo de las agencias públicas empresariales el que
ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos, en
atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia
de las tareas asignadas. Su régimen jurídico será el previsto en el
artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y en la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto
del personal directivo como del resto del personal de las agencias
públicas empresariales, requerirán el informe previo y favorable de las
Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de
Hacienda. Estas Consejerías efectuarán, con la periodicidad adecuada,
controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la
gestión de los recursos humanos, conforme a los criterios previamente
establecidos por las mismas.
sección 4.ª Agencias de RÉGIMEN especial
Artículo 71. Concepto y régimen jurídico.
1. Las agencias de régimen especial son entidades públicas a las que se
atribuye cualesquiera de las actividades mencionadas en los artículos 65.1
y 68.1 de esta Ley, siempre que se les asignen funciones que impliquen
ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico.
2. Las agencias de régimen especial se rigen por el Derecho Privado,
excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de
sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que
tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley,
en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
3. Las agencias de régimen especial se adscriben a la Consejería
competente por razón de la materia.
Artículo 72. Contrato de gestión y comisión de control.
1. La actuación de las agencias de régimen especial se producirá con
arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al
pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a
perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a
desarrollar, así como los siguientes extremos:
a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la
consecución de los objetivos.
b) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión
de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de
masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto
equivalente del personal laboral.
c) Los demás extremos que se establezcan mediante orden conjunta de las
Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de
Hacienda, en la que se determinará, asimismo, el procedimiento de
elaboración, contenido y efectos.
2. Corresponderá al Consejo de Gobierno la aprobación del contrato de
gestión de las agencias de régimen especial.
3. En el seno de las agencias de régimen especial se creará una comisión
de control, cuya composición se determinará en los estatutos, a la que
corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de gestión y, en
general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión
económico-financiera que deban conocer los órganos de gobierno de la
agencia y que se determinen en los estatutos.
Artículo 73. Régimen presupuestario.
El presupuesto de gastos de las agencias de régimen especial tiene
carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la
distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de
los correspondientes a gastos de personal que en todo caso tienen carácter
limitativo y vinculante por su cuantía total.
Artículo 74. Personal.
1. El personal de las agencias de régimen especial se rige por el Derecho
Laboral. No obstante, las funciones que impliquen ejercicio de autoridad
serán desempeñadas por personal funcionario, que se regirá por la
normativa aplicable en materia de función pública.
2. Las agencias de régimen especial dispondrán de competencias en materia
de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción, provisión de puestos
y movilidad de su personal, con arreglo a lo siguiente:
a) La oferta de empleo de la agencia se integrará en la correspondiente
oferta de empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) La selección del personal se realizará mediante convocatoria pública,
de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, respetando
la reserva en el acceso al empleo público de las personas con
discapacidad. Las agencias seleccionarán a su personal laboral a través de
sus propios órganos de selección. Las convocatorias de selección de
personal funcionario se efectuarán por la Consejería a la que se encuentre
adscrita la agencia y, excepcionalmente, por la propia agencia, previa
autorización, en todo caso, de la Consejería competente en materia de
función pública.
3. Los conceptos retributivos del personal funcionario de los órganos de
régimen especial serán los establecidos en la normativa de función pública
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus cuantías se
determinarán en el marco del correspondiente contrato de gestión, de
conformidad con lo establecido en dicha normativa y en la correspondiente
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las condiciones retributivas del personal laboral serán las determinadas
en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de
trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el párrafo
anterior de este apartado.
La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad o
concepto equivalente del personal laboral estará en todo caso vinculada al
grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.
4. Al personal directivo de las agencias de régimen especial y al personal
no sujeto a la normativa aplicable en materia de función pública que
corresponda les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 70 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Entidades instrumentales privadas
sección 1.ª Sociedades mercantiles del sector
público andaluz
Artículo 75. Concepto.
1. Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público
andaluz las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz tendrán por
objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios
en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia.
En ningún caso podrán ejercer potestades administrativas.
Artículo 76. Competencia y procedimiento de creación.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la creación de sociedades
mercantiles del sector público andaluz, en los términos y condiciones
previstos en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
2. El acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de
las sociedades mercantiles del sector público andaluz constituye un acto
administrativo que deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y que deberá especificar como contenido mínimo
obligatorio:
a) Denominación.
b) Forma jurídica de la sociedad.
c) Descripción de las actividades que integran el objeto social.
d) Facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles.
e) Participación de la Administración en el capital social, así como
mecanismos para garantizar el mantenimiento de la posición de partícipe
mayoritario cuando sea oportuno por razón de interés público.
f) Líneas básicas de su organización y de funcionamiento de la
administración de la sociedad y, en su caso, del consejo de administración.
g) Consejería o agencia de adscripción.
Asimismo, el acuerdo debe incorporar y aprobar el proyecto de estatutos y
el plan inicial de actuación en los mismos términos que los establecidos
para las agencias.
Artículo 77. Personal de las sociedades mercantiles del sector público
andaluz.
El personal al servicio de las sociedades mercantiles del sector público
andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nombramiento del personal no
directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos
selectivos correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito
y capacidad.
sección 2.ª Fundaciones del sector público andaluz
Artículo 78. Concepto y régimen jurídico.
1. El concepto y régimen jurídico de las fundaciones del sector público
andaluz será el previsto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz
se rige por el Derecho Laboral y su selección deberá realizarse con
sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de
la correspondiente convocatoria.
TÍTULO IV
Régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa
CAPÍTULO I
Derechos de la ciudadanía ante la actuación administrativa
sección 1.ª Derechos de información Y petición
Artículo 79. Publicidad y transparencia de la actuación administrativa.
La actuación de la Administración de la Junta de Andalucía se desarrollará
con el máximo respeto a los principios de publicidad y transparencia, sin
perjuicio de las limitaciones derivadas del derecho a la intimidad o de
otros derechos constitucionales que gozan de una protección específica. En
atención a dichos derechos, la publicidad de los actos y procedimientos
administrativos se realizará de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
Artículo 80. Derecho a la información.
1. Toda la ciudadanía tiene derecho a ser informada, en general, sobre los
servicios de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular,
sobre los asuntos que le afecten. Reglamentariamente se determinarán los
medios a través de los cuales se prestarán servicios de interpretación en
lengua de signos española para las personas que los necesiten.
2. En orden a facilitar el derecho a la información de la ciudadanía, la
Administración de la Junta de Andalucía está obligada a:
a) Informar de manera actualizada sobre la organización propia y sobre los
principales servicios y prestaciones públicos, así como facilitar toda
aquella información relativa a la identificación y la localización de los
órganos y unidades administrativas, especialmente a través de páginas web
claras, completas, accesibles y actualizadas.
b) Ofrecer información general sobre los procedimientos vigentes de la
competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, utilizando
especialmente para ello las vías electrónicas que permitan un acceso
rápido y eficaz a dicha información.
c) Adoptar las estrategias multicanales de atención a la ciudadanía al
objeto de ampliar e integrar las vías de información entre la
Administración y la ciudadanía.
d) Informar sobre los medios de impugnación y de reclamación al alcance
del ciudadano.
3. La Administración de la Junta de Andalucía informará a las comunidades
andaluzas asentadas fuera de Andalucía sobre los servicios y prestaciones
públicos de los que puedan ser beneficiarias.
Artículo 81. Derecho de petición.
Cualquier ciudadano podrá ejercer el derecho de petición ante la
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y
con la Ley Orgánica que regule el ejercicio de este derecho. Las
peticiones pueden expresar también sugerencias relativas al funcionamiento
de los servicios públicos que, en defecto de procedimiento específico para
su atención y respuesta, se deberán tramitar conforme al procedimiento
establecido en la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.
sección 2.ª Archivos y registros
Artículo 82. Registros.
1. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía existirá un registro
general y los registros auxiliares que se establezcan. Asimismo, en las
agencias administrativas, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y en los
órganos de ámbito inferior a la provincia que, en su caso, se creen
existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar.
Reglamentariamente se establecerán los días y horarios en que deberán
permanecer abiertas las oficinas de registro dependientes de la
Administración de la Junta de Andalucía.
2. Los registros generales de los Ayuntamientos actuarán como registros de
entrada para la recepción de documentos dirigidos a la Administración de
la Junta de Andalucía.
Artículo 83. Registros telemáticos.
1. Los registros telemáticos dependientes de la Junta de Andalucía estarán
habilitados para la recepción o transmisión de documentos electrónicos
relativos a los procedimientos, las actividades o los servicios
contemplados en las disposiciones autonómicas que establezcan la
tramitación telemática de los mismos y permitirán la entrada y salida de
documentos electrónicos a través de cualquier soporte reconocido.
2. Los registros telemáticos permitirán la entrada de documentos
electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días
del año durante las veinticuatro horas del día.
3. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento de los registros
telemáticos.
4. En todo caso, los medios o soportes en que se almacenen los documentos
electrónicos contarán con las medidas de seguridad que garanticen la
integridad, protección y conservación de los documentos almacenados, así
como la identificación de las personas usuarias y el control de acceso de
los mismos.
Artículo 84. Presentación de documentos.
1. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en
los registros dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía,
así como a obtener constancia de dicha presentación.
2. Los órganos administrativos que por error reciban instancias,
peticiones o solicitudes de la ciudadanía darán traslado inmediato de las
mismas al órgano que resulte competente para su tramitación, poniéndolo en
conocimiento de los sujetos interesados.
3. La ciudadanía tiene derecho a no presentar aquellos documentos que ya
obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que
indique el día y procedimiento en que los presentó.
Artículo 85. Sugerencias y reclamaciones.
En todas las Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Delegaciones Provinciales de las Consejerías y agencias estará
a disposición de la ciudadanía un libro en el que podrán formularse
sugerencias o reclamaciones, sin que estas últimas tengan el carácter de
recurso administrativo.
Artículo 86. Derecho de acceso a archivos y registros y obtención de
copias.
1. La ciudadanía tiene derecho a acceder a los archivos y registros
administrativos en los términos previstos en la normativa básica vigente.
El derecho de acceso a los archivos y registros solo podrá ejercerse en
relación con procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos
conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo
examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de
las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
La emisión de copias y certificados en forma de documentos o soportes
electrónicos deberá contar, para su validez, con la firma electrónica del
órgano que las expide.
3. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes
electrónicos o informáticos, ya se encuentren archivados en los registros
telemáticos de la Administración de la Junta de Andalucía, ya en los
registros generales o auxiliares de cada Consejería o agencia
administrativa, se regirá por lo dispuesto en la legislación básica
estatal sobre la materia y por la legislación de protección de datos de
carácter personal.
4. El órgano responsable del archivo o registro deberá resolver sobre el
acceso en el plazo máximo de un mes desde que se formuló la solicitud. La
denegación deberá motivarse expresamente.
Artículo 87. Protección de datos
La ciudadanía tiene derecho al acceso, corrección y cancelación de sus
datos personales en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de los órganos administrativos
sección 1.ª Órganos colegiados
Artículo 88. Delimitación legal y clasificación.
1. Los órganos colegiados tendrán esta naturaleza cuando reúnan los
requisitos establecidos en esta Ley. En los demás casos constituirán
unidades administrativas especiales, bajo la denominación de comités u
otras similares que no coincidan con las de los órganos.
2. Los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se
clasifican atendiendo a los siguientes criterios:
a) Por su composición, en interdepartamentales o pertenecientes a una sola
Consejería.
b) Por su ámbito funcional, en órganos asesores, decisorios y de control.
c) Por su régimen de adscripción, según estén bajo la dependencia de otro
órgano jerárquicamente superior o dispongan de autonomía funcional.
d) Por las características de sus miembros, en órganos de participación
administrativa o social.
Artículo 89. Creación.
1. La creación de órganos colegiados en la Administración de la Junta de
Andalucía se regirá por los preceptos de esta Ley y normas que la
desarrollen, así como por la normativa básica estatal de aplicación,
debiendo determinarse en su norma o convenio interadministrativo de
creación los siguientes extremos:
a) La composición del órgano, que deberá respetar una representación
equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el apartado
2 del artículo 19 de esta Ley.
b) Los criterios para la designación de su presidente y de los restantes
miembros.
c) Los criterios básicos de su estructura interna y de su funcionamiento,
que podrán ser desarrollados, previa habilitación, por el órgano colegiado.
d) Sus fines y objetivos
e) Su adscripción administrativa
f) Sus funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control,
así como cualquier otra que se le atribuya.
2. La norma de creación podrá revestir forma de orden o de decreto. Serán
creados por decreto los siguientes órganos colegiados:
a) Los órganos colegiados con competencias decisorias, de informe o
propuesta preceptivos y de control de las actividades de otros órganos.
b) Los órganos cuya presidencia o vocalías sean nombradas por decreto, en
razón a su rango dentro de la estructura orgánica administrativa.
c) Los órganos integrados por representantes de más de una Consejería.
d) Los órganos creados por tiempo indefinido para el ejercicio de
funciones públicas permanentes de la Administración.
Artículo 90. Extinción.
Son causas de extinción de los órganos colegiados el transcurso del plazo
previsto para su extinción y el cumplimiento de su objeto o fin. El órgano
que acordó su creación, constatada alguna de tales circunstancias, dictará
la norma o acuerdo de extinción. También podrá adoptarla en caso de
paralización de su actividad, de prolongada inactividad o de pérdida
sobrevenida de su objeto o fin.
Artículo 91. Régimen.
1. Los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se
regirán por las normas básicas del Estado, las establecidas en esta Ley y
las que se dicten en su desarrollo.
2. Los órganos colegiados en los que participen representantes de otras
Administraciones Públicas, personas designadas por organizaciones
empresariales y sindicales y otras organizaciones representativas de
intereses económicos y sociales o en calidad de profesionales expertos,
ajustarán su organización interna y funcionamiento, además de a lo
previsto en el apartado anterior, a sus normas reguladoras que, en el
marco de esta Ley, podrán completar su régimen de composición, estructura
interna, elección de cargos, convocatorias, sesiones y, en su caso,
adopción de acuerdos.
3. Las sesiones de los órganos colegiados podrán celebrarse mediante la
asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a distancia,
para lo que se deberán establecer las medidas adecuadas que garanticen la
identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de la información
entre ellas transmitida.
Artículo 92. Composición.
1. Los órganos colegiados estarán compuestos por el número de miembros que
determine su norma o convenio de creación, uno de los cuales será titular
de la presidencia. Asimismo, contarán con una persona que ejerza la
secretaría, que podrá ser un miembro del propio órgano colegiado o una
persona al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. El número de miembros previsto deberá ser proporcionado a la naturaleza
y características de las funciones del órgano colegiado y, en su caso, a
los intereses representados en el mismo, debiendo garantizarse la
celeridad y la eficacia de su funcionamiento.
Artículo 93. Titular de la presidencia.
1. Son funciones de la persona titular de la presidencia del órgano
colegiado, sin perjuicio de las que le corresponden como miembro del
órgano:
a) Representar al órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y determinar el orden del día,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones presentadas por los
restantes miembros con antelación suficiente.
c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.
d) Dirimir con su voto los empates para la adopción de acuerdos, salvo que
las normas reguladoras de los órganos colegiados de participación
administrativa o social dispongan otra cosa.
e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del órgano.
f) Cuantas otras le reconozcan la norma o el convenio de creación del
órgano y, en su caso, las normas que este apruebe en su desarrollo.
2. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la
persona titular de la presidencia del órgano colegiado será sustituida por
la titular de la vicepresidencia que corresponda o, en su defecto, por el
miembro del órgano colegiado que, perteneciendo a la Administración de la
Junta de Andalucía o, en su caso, a cualquier otra Administración, tenga
mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden, de entre
sus componentes.
Artículo 94. Miembros.
1. Corresponde a los miembros de los órganos colegiados:
a) Ser notificados, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, de
la convocatoria con el orden del día de las sesiones.
b) Consultar la información relativa al orden del día, que deberá estar
puesta a su disposición en la sede del órgano, al menos, en el mismo plazo
de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de la que pueda ser notificada
personalmente.
c) Participar en las deliberaciones y debates de las sesiones.
d) Ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como
expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de
autoridades o personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía tengan la condición de personas miembros de órganos colegiados.
e) Formular ruegos y preguntas.
f) Proponer a la presidencia, individual o colectivamente, la inclusión de
asuntos en el orden del día, en la forma y condiciones que establezca su
norma reguladora.
g) Obtener información precisa para el cumplimiento de sus funciones.
h) Cuantos otros derechos, deberes y funciones sean inherentes a su
condición y les reconozcan las normas de creación y funcionamiento del
órgano.
2. Los miembros de los órganos colegiados no podrán atribuirse funciones
de representación de este, salvo que expresamente se les hayan otorgado
por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto,
por el propio órgano.
3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que sean
vocales titulares del órgano colegiado serán sustituidas por sus
suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados de
participación administrativa o social, las organizaciones representadas
podrán sustituir a sus vocales por otros, acreditándolo previamente ante
la secretaría.
Artículo 95. Titular de la secretaría.
1. La designación de la persona titular de la secretaría será determinada
en la norma de creación o de funcionamiento del órgano colegiado, la cual
establecerá la forma de su sustitución, que deberá recaer en una persona
con la misma cualificación y requisitos que su titular.
2. Sin perjuicio, en su caso, de sus derechos como miembro del órgano
colegiado, la persona titular de su secretaría ejerce las siguientes
funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz y voto, si es miembro del órgano, y con
voz pero sin voto en caso contrario.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la
persona titular de la presidencia, así como las citaciones de sus miembros.
c) Preparar el despacho de los asuntos y redactar y autorizar las actas de
las sesiones.
d) Recepcionar los escritos y la documentación que se generen en el seno
del órgano colegiado o remitan sus miembros.
e) Organizar y gestionar, en su caso, el registro del órgano.
f) Expedir certificados de las actuaciones y acuerdos.
g) Cuantas otras le reconozcan la norma o convenio de creación del órgano
y, en su caso, las normas que este apruebe en su desarrollo.
Artículo 96. Actas.
1. Forman parte del acta de las sesiones de los órganos colegiados, además
del contenido que establece la legislación básica del Estado:
a) Los votos particulares que formulen por escrito los miembros del órgano
colegiado en el plazo que establezca su norma reguladora y, en su defecto,
de cinco días.
b) El sentido y la motivación del voto emitido o de la abstención de los
miembros del órgano colegiado que se presenten por escrito en la misma
sesión.
c) La transcripción de las intervenciones, presentadas durante la sesión o
en el mismo día, previa comprobación por la persona titular de la
secretaría de su fiel correspondencia con las realizadas. En caso de
discrepancia, decidirá la persona titular de la presidencia.
d) Las resoluciones adoptadas por la persona titular de la presidencia
durante la sesión, relativas al orden y moderación de los debates, que
susciten la oposición de alguno de los miembros y no sean objeto de
acuerdo por el órgano colegiado. Junto al contenido de la resolución
deberá incluirse una sucinta referencia a la causa que la motive.
2. Las actas de las sesiones de los órganos colegiados se aprobarán en la
misma o en la siguiente sesión. En las certificaciones de acuerdos
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.
sección 2.ª Abstención y recusación
Artículo 97. Competencia para la resolución.
Los procedimientos de abstención y de recusación de autoridades y del
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía serán
resueltos por la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente
superior. Cuando el procedimiento afecte a los titulares de las
Consejerías, la resolución corresponderá al Consejo de Gobierno, previo
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
sección 3.ª Instrucciones, Circulares
y Órdenes de Servicio
Artículo 98. Concepto.
1. Los órganos superiores y directivos impulsarán y dirigirán la actividad
administrativa mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
2. Las circulares son normas internas dictadas por los órganos superiores
y directivos encaminadas a recordar a los órganos y unidades que de ellos
dependen la aplicación de determinadas disposiciones o a establecer su
interpretación a fin de que sean objeto de una aplicación homogénea en
Andalucía.
3. Las instrucciones son normas internas dirigidas a establecer pautas o
criterios de actuación por los que han de regirse las unidades
dependientes del órgano que las dicta.
4. Las órdenes de servicio son reglas de actuación u órdenes específicas
que se dirigen a un órgano jerárquicamente inferior para un supuesto
determinado.
5. Las circulares, instrucciones y órdenes de servicio no serán objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a excepción de
los supuestos previstos en una norma o cuando así se decida por la persona
titular de la Consejería correspondiente al estimarse conveniente su
conocimiento por la ciudadanía o por el conjunto de los órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía.
sección 4.ª Competencia
Artículo 99. Irrenunciabilidad de la competencia.
1. El principio de irrenunciabilidad de la competencia se entenderá sin
perjuicio de los supuestos de alteración del ejercicio o de colaboración
de otros órganos en los términos previstos en la ley.
2. Si alguna disposición atribuye competencia a la Administración de la
Junta de Andalucía, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se
entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y
del territorio, y, de existir varios de estos, al superior jerárquico
común.
Artículo 100. Desconcentración de competencias.
1. Las competencias atribuidas a las personas titulares de las Consejerías
y órganos directivos centrales podrán ser desconcentradas en otros órganos
jerárquicamente dependientes de aquellos cuando circunstancias de carácter
organizativo, funcional o territorial lo hagan necesario y no se
contradiga la legislación vigente.
2. La desconcentración se aprobará mediante decreto del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
correspondiente.
Artículo 101. Delegación.
1. Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía podrán
delegar mediante resolución motivada el ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas en otros de la misma Administración, del mismo rango o
inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.
2. La delegación también podrá efectuarse a favor de agencias de la
Administración de la Junta de Andalucía, siempre que el objeto de la
delegación se corresponda con los fines y objetivos asignados a dichas
agencias.
3. No puede delegarse el ejercicio de las competencias establecidas como
indelegables en la normativa estatal básica de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas o en una norma con rango legal.
Artículo 102. Régimen jurídico de la delegación.
1. La delegación de competencias será publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y producirá sus efectos a partir de la fecha de
publicación.
2. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para
cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse
observando, en todo caso, dicho quórum.
3. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.
4. La delegación podrá revocarse en cualquier momento por el mismo órgano
que la otorgó, sin perjuicio de lo establecido, en su caso, en una norma
específica. La revocación será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y producirá sus efectos a partir de la fecha de publicación.
5. El recurso de reposición que, en su caso, se interponga contra los
actos dictados por delegación, salvo que en esta se disponga otra cosa,
será resuelto por el órgano delegado.
Artículo 103. Avocación.
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un
asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus
órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
2. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no
dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser
avocado únicamente por el órgano delegante.
Artículo 104. Régimen jurídico de la avocación.
1. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que
deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los
hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
2. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá
impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la
resolución del procedimiento.Artículo 105. Encomienda de gestión por la
Administración de la Junta de Andalucía.
1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las
entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o
entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de encomienda.
3. La encomienda de gestión a agencias dependientes de una Consejería será
autorizada por la persona titular de la misma. La encomienda de gestión a
órganos o a entes públicos pertenecientes o dependientes de diferente
Consejería o de distinta Administración Pública será autorizada por el
Consejo de Gobierno.
4. En las encomiendas de gestión a órganos de la propia Administración de
la Junta de Andalucía servirá de instrumento de formalización la
resolución que las autorice. Cuando se trate de encomiendas realizadas a
órganos no dependientes de la Junta de Andalucía deberá firmarse el
correspondiente convenio.
5. El instrumento en el que se formalice la encomienda de gestión ha de
contener, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Actividad o actividades a que se refiera y objetivos a cumplir, en su
caso.
b) Naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
c) Plazo de vigencia y supuestos en que proceda la finalización anticipada
de la encomienda o su prórroga.
d) Mecanismos de control y evaluación del desarrollo de la actividad a que
se refiera y, en su caso, del cumplimiento de los objetivos señalados.
El instrumento en el que se formalice la encomienda de gestión ha de ser
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 106. Encomienda de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones
del sector público andaluz.
Las Consejerías y sus agencias podrán ordenar a las sociedades mercantiles
y fundaciones del sector público andaluz cuyo capital o cuya aportación
constitutiva, respectivamente, sea en su totalidad de titularidad pública,
la ejecución de actividades o cometidos propios de aquellas, siempre que
ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus propios
servicios y dichas sociedades y fundaciones realicen la parte esencial de
su actividad para la Junta de Andalucía.
Las sociedades y fundaciones tendrán la consideración de medio propio
instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
agencias, a los efectos de la ejecución de obras, trabajos, asistencias
técnicas y prestación de servicios que se les encomienden.
La encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la
atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho
Administrativo.
Artículo 107. Encomienda de gestión en favor de la Administración de la
Junta de Andalucía.
La encomienda de gestión de actividades y servicios que sean competencia
de otras Administraciones Públicas en favor de órganos o agencias
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía requerirá la
aceptación del Consejo de Gobierno y será formalizada mediante la firma
del correspondiente convenio, que habrá de ser publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 108. Delegación de firma.
1. Las personas titulares de los órganos de la Administración de la Junta
de Andalucía podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos
administrativos en las titulares de los órganos que de ellas dependan,
dentro de los límites señalados para la delegación de competencias.
2. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará
constar la autoridad delegante. La firma deberá ir precedida de la
expresión "por autorización", o su forma usual de abreviatura, con
indicación del cargo que autoriza y del órgano autorizado.
3. Para la validez de la delegación de firma no será necesaria su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter
sancionador.
Artículo 109. Suplencia.
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos
temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien
designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos.
2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, si no se designa
suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien
designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.
Artículo 110. Conflictos de atribuciones.
1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos o
agencias de una misma Consejería serán resueltos por el superior
jerárquico común o, en su defecto, por la persona titular de la
Consejería, en un plazo de diez días.
2. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones que se planteen
entre agencias adscritas a distintas Consejerías o entre una Consejería y
agencias adscritas a otra distinta se resolverán por la persona titular de
la Presidencia de la Junta de Andalucía en un plazo de quince días.
3. Los conflictos positivos de atribuciones se plantearán una vez que el
órgano requerido de inhibición no acepte el requerimiento por considerarse
competente, debiendo remitir seguidamente las actuaciones al órgano que
deba resolver.
4. Los conflictos negativos de atribuciones se plantearán cuando el órgano
llamado a conocer de un asunto por otro órgano, que no se considera
competente para ello, se considere asimismo incompetente, debiendo remitir
seguidamente las actuaciones al órgano que deba resolver.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los actos
y del procedimiento administrativos
Artículo 111. Tramitación de los procedimientos administrativos.
1. Cada procedimiento administrativo integrará un único expediente, aunque
en su tramitación intervengan diversos órganos o entidades de la
Administración de la Junta de Andalucía.
2. Con independencia del órgano ante el que se haya presentado la
solicitud o que lo haya iniciado de oficio, el procedimiento será
impulsado por el órgano competente para resolverlo.
La función de impulso conlleva la capacidad de coordinar a los órganos
implicados en la tramitación, formular requerimientos y efectuar cuantas
actuaciones tiendan a asegurar la resolución del procedimiento en el plazo
legalmente establecido.
Reglamentariamente podrá designarse como órgano competente para la
tramitación e impulso de los procedimientos a un órgano o entidad
distintos de quien tenga la competencia para resolver, siempre que se den
razones de índole técnica o de servicio que así lo justifiquen.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de esta
Ley, los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios
electrónicos o informáticos por los órganos o agencias de la
Administración de la Junta de Andalucía serán válidos siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y conservación y se cumplan las
demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.
4. La regulación de la tramitación telemática de procedimientos
administrativos contemplará las garantías necesarias para salvaguardar los
derechos de la ciudadanía. Dichas condiciones serán objetivas, razonables
y no discriminatorias, y no obstaculizarán la prestación de servicios a la
ciudadanía cuando en dicha prestación intervengan distintas
Administraciones Públicas. Para entablar relaciones jurídicas por vía
telemática las partes intervinientes tendrán que disponer de un
certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma
electrónica en los casos y con las condiciones establecidas
reglamentariamente.
Artículo 112. Actos que agotan la vía administrativa.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, ponen fin a la
vía administrativa las resoluciones, actos o acuerdos de los siguientes
órganos y autoridades:
a) Los de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
así como los del Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas.
b) Los de las personas titulares de las Consejerías, salvo que una ley
prevea específicamente un recurso ante el Consejo de Gobierno.
c) Los de las autoridades de rango inferior al de la persona titular de la
Consejería que resuelvan por delegación de esta o de otro órgano cuyas
resoluciones agoten la vía administrativa.
d) Los de los órganos con nivel de Dirección General o superior cuando se
dicten en materia de personal.
e) Los de los demás órganos y autoridades cuando una disposición legal o
reglamentaria así lo establezca.
Artículo 113. Notificación de los actos administrativos.
1. Las resoluciones y actos que afecten a los derechos e intereses de la
ciudadanía, sean definitivos o de trámite, serán notificados o publicados
de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento
administrativo común.
2. Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo
mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, será preciso que
el sujeto interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio
de notificación como preferente mediante la identificación de una
dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse
tanto en el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra
fase de tramitación del mismo. Asimismo, el sujeto interesado podrá, en
cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones
se efectúen por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al
órgano competente e indicar una nueva dirección donde practicar las
notificaciones.
La notificación telemática se entenderá practicada a todos los efectos
legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la
dirección electrónica de modo que pueda comprobarse fehacientemente por el
remitente tal acceso. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica señalada, transcurrieran diez
días naturales sin que el sujeto destinatario acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos
en la normativa básica estatal, salvo que de oficio o a instancias del
sujeto destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
Artículo 114. Ejecución de los actos administrativos.
1. La ejecución de los actos administrativos dictados por los órganos de
la Administración de la Junta de Andalucía corresponderá al órgano que los
hubiese adoptado, con excepción de aquellos que correspondan a diversas
Consejerías, cuya ejecución se ordenará por la persona titular de la
Consejería competente en materia de Gobernación.
2. La ejecución de los actos administrativos dictados por las agencias
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía será ordenada
por la persona titular del órgano directivo de la entidad.
3. La ejecución de los actos que traten de hacer efectivos ingresos de
Derecho Público se regirá por la normativa específica en materia de
Hacienda Pública.
4. Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos son el
apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, las multas
coercitivas y la compulsión sobre las personas.
Artículo 115. Resolución de recursos y reclamaciones.
1. Los actos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía que no agoten la vía administrativa serán susceptibles de
recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto
recurrido. Los actos de los órganos de gobierno de las agencias de la
Administración de la Junta de Andalucía seguirán el régimen de impugnación
establecido en el artículo 64 de esta Ley.
No obstante, el recurso de alzada podrá ser sustituido, mediante ley, por
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación
y arbitraje en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la
especificidad de la materia así lo justifique. Las leyes que establezcan
dichos procedimientos contendrán las reglas específicas a que los mismos
deban sujetarse, con respeto de los principios, garantías y plazos a que
se refiere la legislación estatal básica.2. Contra los actos que pongan
fin a la vía administrativa cabrá la interposición del recurso potestativo
de reposición, salvo que el acto en cuestión sea resolutorio de un previo
recurso o reclamación administrativa.
En las mismas condiciones que el recurso de alzada, el recurso de
reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el
párrafo segundo del apartado anterior, respetando su carácter potestativo
para la persona interesada.
3. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el
recurso extraordinario de revisión previsto en la legislación sobre
procedimiento administrativo común ante la persona titular del órgano que
dictó el acto.
4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los
procedimientos establecidos por su legislación específica.
5. El régimen de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones
civiles y laborales se ajustará a lo dispuesto en la legislación básica
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Las reclamaciones
previas a la vía judicial civil se plantearán ante la persona titular de
la Consejería competente por razón de la materia, a quien corresponderá su
resolución.
Artículo 116. Revisión de oficio.
1. Serán competentes para la revisión de oficio de los actos nulos:
a) El Consejo de Gobierno respecto de sus propios actos, de los actos de
sus Comisiones Delegadas y de los dictados por las personas titulares de
las Consejerías.
b) Las personas titulares de las Consejerías respecto de los actos
dictados por órganos directivos de ellas dependientes, así como respecto
de los actos dictados por los máximos órganos de gobierno de las agencias
que tengan adscritas.
c) Los máximos órganos rectores de las agencias respecto de los actos
dictados por los órganos de ellos dependientes.
2. El procedimiento para declarar la lesividad de los actos anulables será
iniciado por el órgano que haya dictado el acto. La declaración de
lesividad, en los casos en que legalmente proceda, será competencia de la
persona titular de la Consejería respectiva, salvo que se trate de actos
del Consejo de Gobierno o de alguna de sus Comisiones Delegadas, en cuyo
caso la declaración de lesividad corresponderá al Consejo de Gobierno.
La declaración de lesividad de los actos emanados de las agencias será
competencia de la persona titular de la Consejería a la que estén
adscritas.
3. La revisión de oficio de los actos dictados en materia tributaria se
ajustará a su legislación específica.
4. La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la
rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos
corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.
Artículo 117. Potestad expropiatoria.
En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria la
ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente y será
ejercida de conformidad con lo establecido en la legislación de la Junta
de Andalucía y la estatal que sea de aplicación.
Disposición adicional primera. Registro en entidades de Derecho Público.
Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho
Público que no tengan la consideración de agencia administrativa
dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma
reguladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas
que requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, las
oficinas de registro se regirán por las normas que regulan los registros
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias
administrativas.
Disposición adicional segunda. Entidades con régimen de independencia
funcional o de especial autonomía.
Tienen la consideración de Administración institucional las entidades
públicas vinculadas con personalidad jurídica propia a las que se les
reconozca expresamente por ley independencia funcional o un especial
régimen de autonomía respecto de la Administración de la Junta de
Andalucía. Estas entidades se regularán por su normativa específica y
supletoriamente por lo establecido con carácter general en la presente Ley
para los distintos tipos de agencias que resulte de aplicación en atención
a las características de cada entidad. En lo que se refiere a su régimen
económico-financiero, de control y de contabilidad se regulará por lo
dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
El régimen jurídico mencionado en el párrafo anterior será también de
aplicación a los órganos o instituciones sin personalidad jurídica creados
por ley con autonomía orgánica y funcional respecto a la Administración de
la Junta de Andalucía.
Disposición adicional tercera. Letrados del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el asesoramiento jurídico,
así como la representación y defensa en juicio del Servicio Andaluz de
Salud, corresponderá a los Letrados y Letradas del mismo, siéndoles de
aplicación, en su ámbito de actuación, lo dispuesto en los artículos 43 y
44 de esta Ley, así como las especialidades procesales reguladas en la
Sección 3.ª del Capítulo IV del Título II de la misma.
Disposición adicional cuarta. Reproducción de normativa estatal.
1. Las letras a), b), c) y d), excepto el último inciso, del apartado 1 y
los apartados 2, excepto el último inciso, y 3 del artículo 8; el párrafo
primero del apartado 2 del artículo 86; el apartado 2 del artículo 99; los
apartados 2 y 3 del artículo 102; el artículo 103; el artículo 104; los
apartados 1 y 2 del artículo 105; y el artículo 109, excepto el último
inciso del apartado 1, todos ellos de la presente Ley, reproducen las
siguientes normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª
de la Constitución: las letras a), b), c) y d) del apartado 1 y los
apartados 2 y 3 del artículo 4; el apartado 8 del artículo 37; el apartado
3 del artículo 12; los apartados 7 y 4 del artículo 13; el artículo 14;
los apartados 1 y 2 del artículo 15; y el apartado 1 del artículo 17,
excepto el último inciso de su párrafo primero, todos ellos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título II de la
presente Ley reproduce las siguientes normas dictadas por el Estado al
amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución: los artículos 11, 12, 14
y 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al
Estado e Instituciones Públicas.
Disposición adicional quinta. Adaptación de la información.
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente
Ley, las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de
Andalucía adaptarán la información económico-financiera y de recursos
humanos en la forma que establezcan, en el marco de sus competencias, las
Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración
Pública, con objeto de alcanzar la adecuada e inmediata integración,
consolidación o agregación de los datos con los de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Disposición adicional sexta. Autorización para la creación de la Agencia
para la Atención a la Dependencia en Andalucía.
Se autoriza la creación de la Agencia para la Atención a la Dependencia en
Andalucía como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo
54.2 c) de esta Ley, que se adscribirá a la Consejería competente en
materia de servicios sociales, para la gestión de los servicios de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia en Andalucía.
Disposición transitoria única. Adaptación de los organismos autónomos y
otras entidades a las previsiones de la presente Ley.
1. Los organismos autónomos y las entidades de Derecho Público existentes
a que hacen referencia los artículos 4 y 6.1 b), respectivamente, de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de
esta Ley hasta tanto se proceda a su adecuación a las previsiones
contenidas en la misma. Los consorcios existentes a que se refiere el
artículo 12 de esta Ley se seguirán rigiendo por lo establecido para estas
entidades en el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa vigente de aplicación
a la entrada en vigor de esta Ley hasta tanto se proceda a su adecuación a
las previsiones contenidas en la misma. En el plazo máximo de tres años a
partir de la entrada en vigor de esta Ley deberá haber concluido el
proceso de adecuación.
2. La adecuación prevista en el apartado anterior se llevará a cabo por
decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las Consejerías
competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, de acuerdo
con la persona titular de la Consejería de la que dependan las entidades
afectadas, en los siguientes casos:
a) Adecuación de los actuales organismos autónomos, cualquiera que sea su
carácter, al régimen de las agencias administrativas previsto en esta Ley.
b) Adecuación de las entidades de Derecho Público previstas en el artículo
6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía al régimen de las agencias públicas empresariales previsto en
esta Ley.
Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades respecto al régimen
general de cada tipo de entidad, la adecuación se producirá por ley.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando concurran
las circunstancias previstas en la Sección 4ª del Capítulo II del Título
III de esta Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las
personas titulares de las Consejerías competentes en materia de
Administración pública y de Hacienda, podrá adecuar los actuales
organismos autónomos y las entidades previstas en la letra b) del artículo
6.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía al régimen de las agencias de régimen especial.
4. El Consejo de Gobierno podrá también acordar la supresión de los
organismos autónomos, por no reunir los requisitos previstos en el Título
III de esta Ley, o decidir su mantenimiento, hasta la concurrencia de las
causas de extinción previstas en su artículo 60. El decreto de supresión
podrá acordar la integración de los órganos y unidades administrativas del
organismo autónomo en un servicio administrativo con gestión diferenciada
de los previstos en el artículo 15 de esta Ley o en una Consejería. Dicho
decreto establecerá las medidas aplicables en materia de personal,
presupuestos y tesorería, y acordará la integración de los bienes del
organismo en el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
5. El Instituto Andaluz de Administración Pública, creado por la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, se convierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo
34 de la presente Ley, en agencia administrativa, resultándole de
aplicación lo previsto en el apartado 1 de la presente disposición
transitoria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Quedan derogados el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, y el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
3. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo establecido en esta Ley o lo contradigan.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se modifica la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes términos:
a) Las referencias efectuadas en la considerada Ley a los "organismos" u
"organismos autónomos" se entenderán hechas a las "agencias
administrativas".
b) Las referencias efectuadas en la considerada Ley a las "empresas" se
entenderán hechas a las "agencias públicas empresariales" y a las
"sociedades mercantiles del sector público andaluz", según corresponda.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Se modifica la disposición adicional octava de la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, que
queda redactada así:
"Disposición adicional octava. Régimen jurídico supletorio.
En todo lo no previsto en esta Ley, será de aplicación, en lo que proceda,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
Ley de la Administración de la Junta de Andalucía."
Disposición final tercera. Aplicación de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las agencias de régimen
especial.
El régimen establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para las entidades contempladas en el
artículo 6.1 b) de la misma será de aplicación a las agencias de régimen
especial, sin perjuicio de lo previsto en la Sección 4ª del Capítulo II
del Título III de la presente Ley.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la
presente Ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.