BOPA nº 649, pag. 35782 de la VII Legislatura (24/04/2007)


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7-07/PL-000004, Proyecto de Ley de protección del origen y la calidad de
los vinos de Andalucía
Envío a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Apertura del plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación,
para la presentación de enmiendas a la totalidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 18 de abril de 2007
Orden de publicación de 19 de abril de 2007
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL ORIGEN
Y LA CALIDAD DE LOS VINOS DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Andalucía es, desde la antigüedad, tierra de viñas y cuna de afamados
vinos. En Tartessos ya se consumían vinos, habiéndose encontrado restos de
ánforas, mosaicos y otros objetos en diferentes yacimientos repartidos por
toda la Comunidad Autónoma, que nos inducen a pensar que en el siglo VIII
a. de C. existía en Andalucía una vitivinicultura próspera, que se ha ido
consolidando y ganando prestigio a nivel mundial con el paso de los
siglos. Asimismo, está constatado que el vino y su entorno han
representado, en las sucesivas etapas históricas, un soporte fundamental
para la economía y la balanza comercial andaluza, así como uno de los
pilares de la alimentación y cultura mediterráneas.
España es el primer país en superficie de viñedo y tercer productor de
vino del mundo, resultado del conjunto de las producciones de las
Comunidades Autónomas, cada una de ellas con sus peculiaridades y
características propias. Si bien Andalucía no aporta una cantidad
considerable de vino al conjunto nacional, sí representa una especificidad
de productos y un prometedor futuro con nuevas elaboraciones, siendo de
destacar la riqueza de las variedades autóctonas que además pudieran ser
objeto de proyectos de recuperación y potenciación en el futuro. El sector
vitivinícola andaluz sigue siendo una actividad importante para el
desarrollo socioeconómico de algunas comarcas, especialmente en zonas de
sierra, donde supone una garantía de desarrollo sostenible y facilita la
fijación de la población al medio rural y el mantenimiento y creación de
empleo.
Reflejo de esa tradición es la existencia de una amplia regulación en la
materia, como lo pone de manifiesto la aparición de la figura de las
denominaciones de origen a finales del siglo XIX y el Estatuto del Vino de
1932, que ya contempla en un texto legal estas figuras de protección.
Las primeras denominaciones de origen de vinos nacieron en Andalucía, y
los vinos generosos andaluces, junto con los vinos dulces, ofrecen al
consumidor una singularidad reconocida y una tradición centenaria, con
prácticas propias como el asoleo de la uva o la crianza por el método de
criaderas y soleras; pero también las nuevas tendencias en los mercados,
con apetencias hacia otro tipo de vinos, han hecho que los
vitivinicultores de Andalucía diversifiquen sus producciones y que así
hayan surgido vinos nuevos, con características distintas que amplían la
gama de estos productos.
A las tradicionales denominaciones de origen de vinos andaluces, "Málaga",
"Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda",
"Montilla-Moriles" y "Condado de Huelva", se le ha unido recientemente
"Sierras de Málaga" y, en los últimos años se han puesto en marcha y se
van consolidando los "vinos de la tierra" que aportan novedad y calidad a
otro tipo de elaboraciones.
II
La Unión Europea desde su inicio estableció la Organización Común del
Mercado del sector vitivinícola, que actualmente se encuentra regulada en
el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, en cuyo marco
contempla las prácticas y tratamientos enológicos, designación,
denominación, presentación y protección de los vinos.
Por su parte, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que
ha derogado la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña,
del Vino y de los Alcoholes, no sólo viene a adaptar la normativa del
Estado al marco comunitario, sino que además establece los niveles y
figuras de protección vinculadas a la regulación de los vinos de calidad.
Esa ley tiene la consideración de legislación básica, dictada al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, en
aquellos preceptos que en la misma se especifican, pero no es menos cierto
que las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia posibilitan el
desarrollo de la ley y su adaptación a la idiosincrasia del sector
vitivinícola andaluz.
III
Es por tanto conveniente regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, este importante sector agroalimentario mediante el ejercicio de
las competencias asumidas en virtud del Estatuto de Autonomía para
Andalucía y, en particular, en el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que
establece que corresponde a la Comunidad, respetando lo dispuesto en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre
denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye, en
todo caso, el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el
reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus
normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y
control de la actuación de aquellas.
Cabe invocar, asimismo, el artículo 48. 3 del mismo Estatuto, según el
cual corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y
en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,
13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, la ordenación, planificación y
reforma de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma
especial, la mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y agroforestales. Regulación de los procesos de producción
agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la
trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios
destinados al comercio.
Finalmente, supone el ejercicio de otros títulos competenciales, como el
de la competencia exclusiva que otorga el artículo 47.1.1ª del Estatuto
para establecer las normas de procedimiento administrativo que se deriven
de las especialidades propias de la organización de la Comunidad Autónoma.
IV
En la presente ley se definen las diferentes figuras de calidad de los
vinos, los distintos niveles de protección del origen y la calidad, así
como la configuración en los órganos de gestión y los sistemas de control
y certificación que garanticen la protección de los derechos de los
consumidores contra el uso engañoso, así como la prevención de los riesgos
para la salud y el interés de las personas titulares de la reputación
colectiva y del prestigio de los distintos niveles de protección,
asegurando con ello la lealtad de las transacciones comerciales y evitar
la usurpación de dicha reputación.
Por otro lado, la ley no puede perder de vista la necesaria comunicación a
la sociedad de la idea de vino como alimento natural, que debe ser
consumido exclusivamente por los adultos y con moderación, tal y como se
viene entendiendo en el diseño actual de dieta equilibrada, considerándose
prioritaria la protección de los menores de edad en los procesos de
información, al objeto de hacer compatible la actividad económica del
sector con otros valores y condicionantes sociales y sanitarios.
Finalmente, se ha considerado oportuno, hasta tanto no se legisle
específicamente al respecto, extender la aplicación de los principios y
normas establecidos en la presente ley en materia de órganos de gestión,
sistemas de control y régimen sancionador, en cuanto pudieran ser
aplicables en relación a su naturaleza y características, a las restantes
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de otros
productos agroalimentarios.
V
La presente ley se estructura en tres Títulos, dedicados, respectivamente,
a Disposiciones generales, la Protección del origen y la calidad de los
vinos y Régimen sancionador. además cuenta con dos Disposiciones
adicionales, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria
y dos Disposiciones finales.
En el Título I se define el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y
asimismo recoge un artículo dedicado a definiciones, además de un artículo
relativo a la información y promoción del vino.
El Título II está dedicado a la protección del origen y la calidad de los
vinos, en el que se recogen tanto los distintos niveles del sistema de
protección, como las características de cada uno de ellos, además de la
configuración de los órganos de gestión, y se establece el sistema de
control y evaluación de los vinos; además también se establece el
procedimiento para reconocer un nivel de protección de los vinos.
En el Título III se establece el régimen sancionador, regulando tanto las
infracciones como las sanciones en la materia regulada por la presente ley.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) La ordenación, en el marco de la normativa de la Unión Europea y del
Estado, de la protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía
y sus indicaciones y designaciones.
b) Regular la información y promoción de los vinos que pueda llevar a cabo
la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la normativa
aplicable.
c) Regular los órganos de gestión y de control de los vinos en Andalucía.
d) El establecimiento del régimen sancionador en la materia.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Acreditación: procedimiento mediante el cual una entidad evalúa y
declara formalmente la competencia técnica de un organismo, público o
privado, de evaluación de la conformidad, para llevar a cabo tareas
específicas. En el ámbito de esta ley se entiende referida a entidades que
actúan de manera independiente y sin interés de parte.
b) Auditoría: un examen sistemático e independiente para determinar si las
actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos, y
si éstos se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los
objetivos.
c) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje o depósito de
productos y de materias y elementos para la producción y la distribución
con el objetivo de venderlos, de ofrecerlos a la venta o de someterlos a
cualquier otra forma de transferencia o cesión, gratuita o no para los
consumidores.
d) Control: la realización de una serie programada de observaciones o
mediciones a fin de obtener una visión general del grado de cumplimiento
de la legislación sobre el vino.
e) Control oficial: toda forma de control que efectúe la autoridad
competente de Andalucía para verificar el cumplimiento de la legislación
sobre el vino.
f) Inspección: el examen de cualquiera de los aspectos relativos al vino a
fin de verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos legales
establecidos en la legislación aplicable.
g) Laboratorios de control: aquellos que intervienen en la caracterización
de productos como entidades auxiliares en el ámbito de aplicación de esta
ley, y que cuentan con los medios suficientes y personal debidamente
cualificado de forma que se garantice una adecuada capacidad técnica.
h) Operadores: son las personas físicas o jurídicas, o la agrupación de
estas personas, que intervienen profesionalmente en alguna de las
actividades del sector vitivinícola; la producción de la uva como materia
prima, la elaboración del vino, su almacenamiento, su crianza, su
embotellado y su comercialización.
i) Organismos de evaluación de la conformidad: las personas físicas o
jurídicas encargadas de declarar objetivamente que los productos o
servicios cumplen unos requisitos específicos, de acuerdo con lo
establecido en normas de carácter obligatorio o en normas y pliegos de
condiciones de carácter voluntario.
j) Organismos independientes de control: organismos autorizados por la
Consejería competente en materia de agricultura y acreditados en el
cumplimiento de la norma sobre "Requisitos generales para entidades que
realizan la certificación de producto" (UNE-EN 45011 o norma que la
sustituya).
No obstante, si éste tuviera formalizado contrato con un organismo de
inspección para llevar a cabo las necesarias funciones de inspección que
contempla el sistema de control previsto, dicho organismo independiente de
inspección deberá a su vez estar autorizado por la Consejería competente
en materia de agricultura y acreditado en el cumplimiento de la norma
sobre "Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de
organismos que realizan inspección" (ISO 17020 o norma que la sustituya).
k) Sistema de control: conjunto de actividades de auditoría, inspección,
análisis de producto o cualquier otro proceso necesario para la
certificación de productos.
l) Vino: alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación
alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de
uva.
Artículo 3. Información y promoción.
1. En materia de información y promoción del vino, la presente ley tiene
los objetivos siguientes:
a) Incentivar entre los operadores del sector el empleo de los diferentes
distintivos de calidad y origen.
b) Contribuir a la promoción de los vinos andaluces en el mercado.
c) Preservar y valorar el patrimonio de este producto agroalimentario de
Andalucía.
d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los
operadores del sector para la realización de actuaciones conjuntas en
materia de promoción de los vinos andaluces.
e) Incardinar la política de promoción de los vinos andaluces en las
políticas de desarrollo rural, medioambiental, turística, gastronómica,
artesanal, cultural, entre otras.
f) Articular las iniciativas públicas y privadas en pro de la calidad del
vino.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá financiar campañas de
información y promoción del vino, de los mostos de uva y de los productos
derivados del vino, en el marco de la normativa de la Unión Europea, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional vigente y, en particular,
con lo establecido en la normativa autonómica.
3. Las campañas financiadas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
deberán atenerse a los siguientes criterios:
a) Informar sobre el vino como alimento natural dentro de la alimentación
mediterránea.
b) Recomendar el consumo moderado y responsable del vino.
c) Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo
el respeto al medio ambiente y la fijación de la población al medio rural.
d) Impulsar el conocimiento de los vinos andaluces tanto en el mercado
interior como exterior, destacando los aspectos históricos, tradicionales,
culturales y su vinculación con el territorio, por un lado, y las
innovaciones y nuevas elaboraciones, por otro.
e) Informar sobre la calidad y beneficios de los mostos y zumos de uva.
f) Informar y difundir las características diferenciales de los vinos de
Andalucía.
Artículo 4. Aumento artificial de la graduación alcohólica.
1. La Consejería competente en materia de agricultura podrá autorizar el
aumento artificial de la graduación alcohólica natural de la uva, de los
mostos y del vino nuevo aún en proceso de fermentación, cuando concurran
condiciones meteorológicas desfavorables, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10.2 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del
Vino.
2. En el marco de la normativa comunitaria vigente, queda prohibida la
adición de sacarosa y de otros azúcares no procedentes de uva de
vinificación para aumentar la graduación alcohólica natural de mostos y
vinos.
TÍTULO II
De la protección del origen y la calidad de los vinos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 5. Principios generales.
El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos que la
presente ley establece se basa en los siguientes principios:
a) Asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos.
b) Proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal.
c) Garantizar la protección de los consumidores y el cumplimiento del
principio general de veracidad y demostrabilidad de la información que
figure en el etiquetado.
d) Permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles con un grado
de requisitos creciente, de modo que cada nivel implique mayores
exigencias que el inmediatamente inferior.
e) Contar con un sistema de control.
Artículo 6. Niveles del sistema.
1. De acuerdo con los requisitos que cumplan, los vinos elaborados en
Andalucía podrán acogerse a algunos de los siguientes niveles del sistema:
a) Vinos de mesa.
1º) Vinos de mesa.
2º) Vinos de mesa con derecho a la mención "vino de la tierra".
b) Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), con
los siguientes niveles:
1º) Vinos de calidad con indicación geográfica.
2º) Vinos con denominación de origen.
3º) Vinos con denominación de origen calificada.
4º) Vinos de pagos.
2. Los niveles de protección del origen son los establecidos en el punto
2º de la letra a) y puntos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra b) del apartado
anterior.
3. Los operadores podrán decidir el nivel de protección a que se acogen
sus vinos, siempre que éstos cumplan los requisitos establecidos para ese
nivel en la legislación aplicable.
Artículo 7. Normativa específica para cada nivel.
1. Cada nivel de protección contará con una regulación general que, en
todo caso, recogerá las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria
y estatal que le sea de aplicación, de la presente ley, así como las
referidas al sistema de control de los vinos.
2. Asimismo, para el reconocimiento de la protección de un nombre
geográfico empleado para la protección de un "vino de la tierra" o de un
vino de calidad producido en región determinada (v.c.p.r.d.), éste deberá
contar con una normativa específica reguladora, de acuerdo con los
requisitos establecidos en cada caso y que incluirá un pliego de
condiciones, el cual deberá establecer, al menos, los siguientes elementos:
a) La definición de los productos protegidos.
b) La delimitación de la zona geográfica de producción y elaboración, sus
factores agroclimáticos medioambientales.
c) Las variedades de vid.
d) La técnica de cultivo y los rendimientos unitarios máximos autorizados,
en su caso.
e) Los procesos de elaboración y envejecimiento.
f) Las características fisicoquímicas y las indicaciones de las
características organolépticas de los productos amparados.
g) Los mínimos de control para la concesión inicial y para el
mantenimiento de la certificación.
3. Las características que definan los productos deberán significar una
diferenciación de la calidad obligatoria y los parámetros deberán ser
verificables.
Artículo 8. Caracterización de cada nivel de protección.
Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de los distintos
niveles de protección deberán estar claramente delimitadas en función de
criterios geográficos y, en su caso, antrópicos. Asimismo, cada nivel de
protección deberá tener variedades de vid asignadas y, en su caso, sus
respectivos rendimientos máximos. Igualmente, deberán definirse las
características de los vinos amparados por cada nivel.
Artículo 9. Superposición de niveles.
1. Una misma parcela de viñedo podrá proporcionar uvas para la elaboración
de vinos con destino a un único o a diferentes niveles de protección,
siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos
establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos los rendimientos
máximos de cosecha por hectárea asignados al nivel elegido.
2. Si alguna de las parcelas que constituyen la explotación vitícola tiene
una producción que exceda en un diez por ciento de los rendimientos
máximos establecidos para un nivel de protección, toda la producción de
dicha parcela deberá ser destinada a la elaboración de vino acogido a otro
nivel de protección para el que se permitan rendimientos máximos
superiores a la producción de la indicada parcela.
Artículo 10. Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos.
1. Los nombres geográficos protegidos, por estar asociados con cada nivel,
según su respectiva norma específica y, en especial, las denominaciones de
origen, son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de
apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.
La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprenda exclusivamente territorio
de esta Comunidad.2. El uso y gestión de los nombres protegidos estarán
regulados por la presente ley, la Ley 24/2003, de 10 de julio, y las
normas concordantes.
3. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona
física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos
para cada nivel, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida temporal
o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra causa
establecida en la normativa estatal o autonómica.
Artículo 11. Protección.
1. Los nombres geográficos asociados a cada nivel no podrán utilizarse
para la designación de otros productos del sector vitivinícola, salvo los
supuestos amparados en la normativa comunitaria.
2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de
comercialización, incluyendo la presentación, etiquetado, publicidad y
documentación comercial, e implica la prohibición de utilizar cualquier
indicación falsa o engañosa en lo que concierne a la procedencia, origen,
naturaleza o características esenciales de los vinos en el etiquetado,
envase o embalaje, en la publicidad y en los documentos que tengan
relación con los mismos.
3. Los nombres geográficos que sean objeto de un determinado nivel de
protección no podrán ser empleados en la designación, presentación o
publicidad de vinos que no cumplan los requisitos de dicho nivel de
protección, aunque tales nombres sean traducidos a otras lenguas o
precedidos de expresiones como "tipo", "estilo", "imitación" u otros
similares, a pesar de que indiquen el verdadero origen del vino. Tampoco
podrán emplearse expresiones del tipo "embotellado en...", "con bodega
en..." u otras análogas, que puedan inducir a error a los consumidores.
4. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia
a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán
emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en
la correspondiente normativa comunitaria.
5. Los operadores del sector vitivinícola deberán introducir en las
etiquetas y presentación de los vinos, además de las indicaciones
obligatorias establecidas en la normativa vigente, los elementos
suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y
procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.
CAPÍTULO II
Vinos de la tierra
Artículo 12. Vinos de mesa con derecho a la mención "vino de la tierra "
1. El vino de mesa podrá utilizar, en los términos que establezca esta
ley, la mención "vino de la tierra" acompañada de una indicación
geográfica, siempre que cumpla las siguientes condiciones:
a) Que el territorio vitícola del que proceda, independientemente de su
amplitud, haya sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas
condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos
características específicas.
b) Que se expresen la indicación geográfica, el área geográfica, las
variedades de vid y los tipos de vinos amparados, el grado alcohólico
volumétrico natural mínimo y una apreciación o una indicación de las
características organolépticas.
c) Que haya sido obtenido íntegramente a partir de las variedades de vid
establecidas en su pliego de condiciones.
d) Que proceda al menos en un 85% del territorio del que lleva el nombre.
2. Los operadores que deseen acogerse al amparo del nivel de protección
vino de mesa con derecho a la mención "vino de la tierra" deberán
someterse a un sistema de control. Asimismo estarán obligados a
suministrar a la Consejería competente en materia de agricultura, y
mediante un sistema de comunicación que se desarrollará
reglamentariamente, todos los datos relativos a producción, elaboración y
comercialización de los productos amparados.
CAPÍTULO III
De los vinos de calidad producidos en una región determinada
Artículo 13. Vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
1. Los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, definidas
según la normativa de la Unión Europea y que se produzcan en Andalucía,
pertenecerán a uno de los niveles establecidos en la letra b) del apartado
1 del artículo 6 de esta ley.
2. Los nombres protegidos por su relación con cada uno de los niveles de
v.c.p.r.d. tendrán necesariamente carácter geográfico. Excepcionalmente y
en el marco de la normativa comunitaria, podrán ser consideradas como
v.c.p.r.d. las denominaciones tradicionales no geográficas que designen
vinos originarios de una región, comarca o de un lugar determinado y que
cumplan las condiciones señaladas en cada caso.
3. La Consejería competente en materia de agricultura reconocerá la
existencia de un v.c.p.r.d., previo el procedimiento que
reglamentariamente se establezca. La comunicación a la Unión Europea del
reconocimiento de los nuevos v.c.p.r.d., para su protección comunitaria e
internacional, corresponderá en todo caso a la Administración General del
Estado.
4. Asimismo la Consejería competente en materia de agricultura determinará
reglamentariamente los supuestos en los que se podrá suspender o revocar
el reconocimiento de un v.c.p.r.d. concreto o de sus órganos de gestión o
control, cuando en él se constate el incumplimiento grave, reiterado y
generalizado de los requisitos establecidos para acceder al nivel de
protección que le haya sido reconocido o a la autorización otorgada.
5. Los operadores que deseen acogerse al amparo de un v.c.p.r.d. deberán
inscribir sus viñedos, bodegas y demás instalaciones en el correspondiente
órgano de gestión y someterse, en todo caso, a un sistema de control.
Artículo 14. Vinos de calidad con indicación geográfica.
1. Se entiende por vino de calidad con indicación geográfica aquél que sea
producido y elaborado en una zona, comarca, localidad o lugar determinado
con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o
características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos,
en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino
o a su envejecimiento.
2. Asimismo los vinos de calidad con indicación geográfica se
identificarán mediante la mención "vino de calidad de", seguida del nombre
de la zona, comarca, localidad o lugar determinado donde se produzcan y
elaboren.
3. Los vinos de calidad con indicación geográfica contarán con un órgano
de gestión y se someterán a un sistema de control conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior.
Artículo 15. Vinos con denominación de origen.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por "denominación de origen" el
nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido
reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las
siguientes condiciones:a) Haber sido elaborados en la región, comarca,
localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos.
b) Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a
su origen.
c) Que su calidad y características se deban fundamental o exclusivamente
al medio geográfico, a condiciones edafológicas, climáticas y a otros
factores naturales y humanos.
d) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado
sistema de control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos,
desde la producción hasta la salida al mercado, que incluya un control
físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado.
2. Será requisito necesario para el reconocimiento de una denominación de
origen que la región, comarca o lugar a que se refiera haya sido
reconocido previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con
indicación geográfica con una antelación de, al menos, cinco años.
3. Además de los criterios señalados en el artículo 8, la delimitación
geográfica de una denominación de origen incluirá exclusivamente terrenos
de especial aptitud para el cultivo de la vid.
4. La gestión de la denominación de origen deberá estar encomendada a un
órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma en que se
determina en el Capítulo IV del Título II de la presente ley.
5. La denominación Manzanilla tiene a todos los efectos la consideración
de denominación de origen, estando afectada a la Denominación de Origen
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.
Artículo 16. Vinos con denominación de origen calificada.
1. Las denominaciones de origen calificadas, además de los requisitos
exigibles a las denominaciones de origen, deberán cumplir los siguientes:
a) Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento
como denominación de origen.
b) Que los productos amparados se comercialicen exclusivamente
embotellados desde bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica
delimitada.
c) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado
sistema de control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos,
desde la producción hasta la salida al mercado, que incluya un control
físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado.
d) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y
separadas, al menos, por una vía pública de otras bodegas o locales no
inscritos, solamente tenga entrada uva procedente de viñedos inscritos o
mostos o vinos procedentes de otras bodegas también inscritas en la misma
denominación de origen calificada, y que en ellas se elabore o embotelle
exclusivamente vino con derecho a la denominación de origen calificada o,
en su caso, a los vinos de pago calificados ubicados en su territorio.
e) Que dentro de su zona de producción estén delimitados
cartográficamente, por cada término municipal, los terrenos que se
consideren aptos para producir vinos con derecho a la denominación de
origen calificada.
2. La gestión de la denominación de origen calificada deberá estar
encomendada a un órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la
forma en que se determina en el Capítulo IV del Título II de la presente
ley.
Artículo 17. Vinos de pagos.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por "pago" el paraje o sitio
rural con características propias del suelo y del microclima, que lo
diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre
vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los
que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión
máxima será limitada reglamentariamente por la Consejería competente en
materia de agricultura, de acuerdo con las características propias de esta
comunidad autónoma, y no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de
los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más
de uno, se ubique. Se entiende que existe vinculación notoria con el
cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizado
de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en
aquél durante un período mínimo de cinco años.
2. La totalidad del pago deberá estar incluida en el ámbito territorial de
una denominación de origen o de una denominación de origen calificada. En
este último caso, podrá recibir el nombre de "pago calificado", y los
vinos producidos en él se denominarán "vino de pago calificado", siempre
que se acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos de la
denominación de origen calificada y se encuentra inscrito en ésta.
3. Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas
físicas o jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la
titularidad de los viñedos ubicados en el pago o, con carácter excepcional
y en los supuestos en que se autorice reglamentariamente por la Consejería
competente en materia de agricultura, en bodegas situadas en la proximidad
del pago que, en todo caso, deberán estar situadas en alguno de los
términos municipales por los cuales se extienda el vino de pago o en los
colindantes.
4. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos
ubicados en el pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse
y, en su caso, criarse de forma separada de otros vinos.
5. En la elaboración de los vinos de pago se implantará un sistema de
calidad integral, que se aplicará desde la producción de la uva hasta la
puesta en el mercado de los vinos. Este sistema deberá cumplir, como
mínimo, los requisitos establecidos en el artículo anterior para las
denominaciones de origen calificadas.
6. La gestión del vino de pago se realizará por el mismo órgano de gestión
de la denominación de origen o denominación de origen calificada en la que
esté incluido, determinándose reglamentariamente su representación en
dicho órgano.
CAPÍTULO IV
De los órganos de gestión
Artículo 18. Órganos de gestión.
1. La gestión de cada vino de calidad con indicación geográfica,
denominación de origen, denominación de origen calificada y en su caso
vino de pago, será realizada por un órgano de gestión, en el que estarán
representadas las personas físicas o jurídicas titulares de viñedos y
bodegas inscritos en los registros que se establezcan en la norma
específica reguladora de cada uno de los v.c.p.r.d.
2. En todo caso, los órganos de gestión, que podrán ser de naturaleza
pública o privada, tendrán personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar. Podrán participar, constituir o relacionarse con toda clase de
asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como con
la Administración Pública, estableciendo entre ellos, en su caso, los
oportunos acuerdos de colaboración.
3. Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente ley,
en la Ley 24/2003, de 10 de julio, en sus respectivas normas de
desarrollo, en la norma específica reguladora de cada uno de los
v.c.p.r.d., así como en los reglamentos de régimen interior o estatutos
particulares en su caso.
Artículo 19. Gestión de dos o más vinos.
Un mismo órgano de gestión podrá gestionar dos o más vinos de calidad con
indicación geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen
calificadas y vinos de pago, siempre que aquél cumpla los requisitos
exigidos con carácter general para los órganos del nivel máximo de
protección que gestione.
Artículo 20. Estructura y funcionamiento.
1. La estructura y funcionamiento de los órganos de gestión se
desarrollará reglamentariamente, cumpliendo, en cualquier caso, lo
establecido en esta ley y manteniendo como principio básico su
funcionamiento sin ánimo de lucro y la representatividad de los intereses
económicos y sectoriales integrados en el v.c.p.r.d., con especial
contemplación de los minoritarios, debiendo existir paridad en la
representación de los diferentes intereses en presencia.
Reglamentariamente se podrán establecer las mayorías cualificadas
necesarias para la adopción de acuerdos y decisiones por el órgano de
gestión y, en especial, para la propuesta del reglamento.
2. El órgano de gestión establecerá, en su normativa específica, cuotas de
pertenencia y derechos por prestación de servicios en las condiciones que
se establezcan por la Consejería competente en materia de agricultura y en
los términos que por la normativa correspondiente se determinen. En caso
de impago, las cuotas de pertenencia y los derechos por prestación de
servicios de los Consejos Reguladores podrán ser exigibles por la vía de
apremio.
Artículo 21. Fines y funciones de los órganos de gestión.
1. Los fines de los órganos de gestión son la representación, defensa,
garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y
promoción tanto de los vinos amparados como del nivel de protección.
2. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión deberán
desempeñar, al menos, las siguientes funciones:
a) Proponer el reglamento que incluya el pliego de condiciones del
producto establecido en el artículo 7, así como sus posibles
modificaciones.
b) Orientar la producción y calidad y promocionar e informar a los
consumidores sobre el v.c.p.r.d., y, en particular, sobre sus
características específicas de calidad, y colaborar con la Administración
en la promoción de sus productos.
c) Velar por el prestigio del v.c.p.r.d., y el cumplimiento del reglamento
del producto amparado, pudiendo denunciar, si procede, cualquier uso
incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes
en la materia, debiendo denunciar además cualquier presunto incumplimiento
de la normativa vitivinícola, incluida la propia del v.c.p.r.d., a la
autoridad que en cada caso resulte competente.
d) Adoptar, en el marco del reglamento del v.c.p.r.d., el establecimiento
para cada campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad y
dentro de los límites fijados por el reglamento, los rendimientos, límites
máximos de producción y de transformación en caso de autorización, la
forma y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual
que pueda influir en estos procesos.e) Calificar cada añada o cosecha y
establecer los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los vinos en
el ámbito de sus competencias.
f) Llevar los registros definidos en el reglamento de cada v.c.p.r.d.
g) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de
los productos amparados, para uso interno y para su difusión y general
conocimiento.
h) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el reglamento del
v.c.p.r.d. se establezcan para la financiación del órgano de gestión.
i) Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse
cada operador inscrito en todas y cada una de las fases de producción,
elaboración y comercialización de los vinos amparados, por cada
v.c.p.r.d., y, en su caso, los mínimos de control para la concesión
inicial y para el mantenimiento de la certificación.
j) Colaborar con las autoridades competentes en materia de
vitivinicultura, en particular en el mantenimiento de los registros
públicos oficiales vitivinícolas, así como con los órganos encargados del
control.
k) Expedir, a petición de los interesados, y previo informe vinculante de
certificación del órgano u organismo de control, los certificados de
origen tanto de los vinos acogidos al nivel de protección correspondiente
como de la uva o de los productos intermedios que de acuerdo con el pliego
de condiciones tengan la consideración de aptos para la elaboración de
dichos vinos.
l) Retirar, previo informe vinculante del órgano u organismo de control,
el derecho del uso de la certificación a aquellos vinos, que, de acuerdo
con el sistema de control elegido, incumplan los requerimientos del pliego
de condiciones.
3. Las decisiones que adopten los órganos de gestión, respecto a las
funciones enumeradas en las letras d), f) y h) del apartado 2 de este
artículo, podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la
Consejería competente en materia de agricultura.
Artículo 22. Autorización.
1. Los órganos de gestión deberán ser autorizados por la persona titular
de la Consejería competente en materia de agricultura, antes de iniciar su
actividad. El procedimiento de autorización se establecerá mediante
desarrollo reglamentario.
2. Los órganos de gestión deben comunicar a la Consejería competente en
materia de agricultura su composición, así como las modificaciones que
puedan producirse y el nombramiento de la persona titular de la Secretaría
o, en su caso, su cese.
3. La Consejería competente en materia de agricultura debe velar por el
cumplimiento de las normas establecidas por la presente ley en lo que
concierne al funcionamiento de los órganos de gestión.
Artículo 23. Órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación
geográfica.
En los vinos de calidad con indicación geográfica, el órgano de gestión
tendrá naturaleza privada, revistiendo la forma jurídica que decidan los
operadores siempre y cuando se ajusten a los requisitos establecidos con
carácter general para los órganos de gestión.
Artículo 24. Órganos de gestión de los vinos con denominación de origen y
vinos con denominación de origen calificada.
1. En el caso de vinos con denominación de origen y vinos con denominación
de origen calificada, los órganos de gestión se configuran como
corporaciones de derecho público a las que se atribuye la gestión del vino.
2. En lo que concierne a su régimen jurídico están sujetos con carácter
general al derecho privado, excepto en las actuaciones que impliquen el
ejercicio de potestades públicas, en las que deben sujetarse al derecho
público-administrativo.
3. El término "Consejo Regulador" queda reservado a los órganos de gestión
de las denominaciones de origen y de las denominaciones de origen
calificadas.
Artículo 25. Configuración de los Consejos Reguladores.
1. Los órganos del Consejo Regulador son el Pleno y la Presidencia, así
como cualquier otro órgano que establezca el reglamento de la
denominación. Además el Consejo Regulador contará con la figura de una
persona titular de la Secretaría General, cuyas funciones vendrán
determinadas en el reglamento referido.
2. El Pleno está compuesto por distintas vocalías cuya elección ha de
establecerse en el reglamento de la denominación y debe realizarse por
sufragio entre todos los miembros inscritos en los distintos registros que
gestiona el Consejo Regulador. Para la adopción de acuerdos en el seno del
Consejo Regulador el voto de cada vocalía tendrá igual valor.
3. Las personas jurídicas integrantes del Pleno deberán designar una
persona física que las represente en las sesiones del mismo.
4. La persona titular de la Presidencia tiene voto de calidad, ejerce la
representación legal del Consejo Regulador y preside habitualmente sus
órganos, salvo en los supuestos que determine el reglamento de la
denominación.
CAPÍTULO V
Configuración y evaluación del sistema de control
de los vinos: órganos de control y organismos independientes de control
Artículo 26. Sistema de control.
1. La norma específica de cada vino establecerá su sistema de control que,
en todo caso, estará separado de la gestión del mismo.
2. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren los artículos
siguientes, la Consejería competente en materia de agricultura podrá
efectuar en todo caso, aquellos controles complementarios que considere
convenientes, tanto a los operadores como a los órganos de control u
organismos independientes de control.
3. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la
utilización del nombre geográfico o la suspensión temporal de ésta.
Artículo 27. Control de los vinos de mesa con derecho a la mención "vinos
de la tierra".
El control de los vinos de mesa con derecho a la mención "vinos de la
tierra" se llevará a cabo por organismos independientes de control,
definidos en el artículo 2 de la presente ley.
Artículo 28. Control de las denominaciones de origen y denominaciones de
origen calificadas.
1. En el caso de los vinos con denominación de origen o con denominación
de origen calificada, el control podrá ser efectuado:
a) Por un órgano de control de la denominación, que deberá cumplir los
siguientes requisitos:
1.º Que se encuentre adecuadamente separado del órgano de gestión y que su
actuación se realice sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto
de los órganos de dirección del Consejo Regulador y bajo la tutela de la
Consejería competente en materia de agricultura.
2.º Que se garanticen la independencia e inamovilidad de los controladores
por un período mínimo de seis años y éstos sean habilitados, entre
expertos independientes, por la Consejería competente en materia de
agricultura.
3.º Que cumpla los principios del Real Decreto 50/1993, de 15 de enero,
por el que se regula el control oficial de los productos alimenticios, y
del Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas
adicionales sobre el control oficial de los productos alimenticios, o
normas que los sustituyan.
4.º Que esté autorizado por la Consejería competente en materia de
agricultura y acreditado en la norma sobre "Requisitos generales para
entidades que realizan la certificación del producto" (UNE-EN 45011 o
norma que la sustituya).
No obstante, las necesarias funciones de inspección que contemple el
sistema de control previsto en el reglamento de la denominación podrán
realizarse por un organismo independiente de inspección, autorizado por la
Consejería competente en materia de agricultura y acreditado en el
cumplimiento de la norma sobre "Criterios generales para el funcionamiento
de los diversos tipos de organismos que realizan inspección" (ISO 17020 o
norma que la sustituya).
b) Por un organismo independiente de control.
2. Cuando se opte por el control recogido en la letra a) del apartado
anterior, será a éste al que deban someterse todos los operadores.
3. Los órganos de control de las denominaciones de origen y de origen
calificadas pueden extender su actividad de control a otros niveles de
protección, actuando en estos casos como organismos independientes de
control, siempre que estén autorizados por la Consejería competente en
materia de agricultura.
Artículo 29. Control de los restantes vinos de calidad producidos en
región determinada (v.c.p.r.d.).
1. En el caso de los vinos de calidad con indicación geográfica, el
control será efectuado por un organismo independiente de control.
2. En el caso de los vinos de pagos y vinos de pagos calificados, el
sistema de control será aquél al que estén sometidos los vinos con
denominación de origen o con denominación de origen calificada, en la que
estén ubicados.
Artículo 30. Elección del organismo independiente de control.
1. La elección del organismo independiente de control corresponderá al
operador que deba ser objeto del control.
2. El operador deberá poner en conocimiento de la Consejería competente en
materia de agricultura la elección a la que se refiere el apartado
anterior, así como, con carácter previo, los cambios que pueda realizar en
relación al organismo independiente de control.
Artículo 31. Autorización de los órganos de control, organismos
independientes de control y organismos independientes de inspección en su
caso.
1. El procedimiento de autorización de los órganos de control, de los
organismos independientes de control y de los organismos independientes de
inspección, en su caso, será establecido reglamentariamente.
2. En el supuesto de que a un órgano de control, organismo independiente
de control u organismo independiente de inspección le sea retirada la
autorización, deberá trasladar a las nuevas entidades a las que los
operadores hayan decidido acogerse, y en tal sentido lo comuniquen, toda
la información necesaria sobre los controles realizados a cada uno de
ellos.
Artículo 32. Inscripción de los órganos de control, organismos
independientes de control y organismos independientes de inspección.
1. Se procederá a inscribir de oficio en el Registro de Entidades de
Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros de
esta Comunidad Autónoma a los órganos de control, organismos
independientes de control y organismos independientes de inspección una
vez autorizados.
2. Los órganos de control, organismos independientes de control y
organismos independientes de inspección autorizados por otras Comunidades
Autónomas que pretendan operar en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía deberán solicitar su inscripción en el registro de esta
Comunidad.
Artículo 33. Control subsidiario de la Administración.
1. Excepcionalmente, cuando el órgano de control, organismo independiente
de control u organismo independiente de gestión autorizado no pueda llevar
a cabo dichas tareas, la Consejería competente en materia de agricultura
podrá designar, provisionalmente, otro organismo autorizado o, en su
defecto, realizarlas subsidiariamente.
2. En el caso de que la Consejería competente en materia de agricultura
realice el control subsidiario, el órgano o centro directivo que se
designe al efecto actuará de acuerdo con los principios del Real Decreto
50/1993, de 15 de enero, por el que se regula el control oficial de los
productos alimenticios, y del Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por
el que se aprueban medidas adicionales sobre el control oficial de
productos alimenticios o normas que los sustituyan.
3. Del mismo modo, y de forma excepcional y subsidiaria, los laboratorios
agroalimentarios de la Administración de la Junta de Andalucía realizarán
las actividades de desarrollo y validación de los procedimientos técnicos
que sean demandados por los órganos de control u organismos independientes
de control y no puedan llevarse a cabo por laboratorios de control.
Artículo 34. Evaluación de la Administración.
1. La finalidad del proceso de evaluación, por parte de la Administración,
es la de asegurar a los consumidores que los productos certificados
disponibles en el mercado lo están por organismos técnicamente competentes.
La Consejería competente en materia de agricultura realizará el
seguimiento y la verificación de la sistemática de calidad elegida e
implantada por dichos organismos para el cumplimiento de las normas EN
45011 o ISO 17020 o normas que las sustituyan, y la evaluación del mismo.
2. El seguimiento, verificación y evaluación de los organismos mencionados
en el apartado anterior, a los que se les considerará como organismos de
evaluación de la conformidad, se realizará mediante un programa de
auditorías en las cuales se verificará:
a) La adecuación del sistema de calidad diseñado por la entidad con la
norma de referencia aplicable en cada caso.
b) La correcta implantación del sistema de organización.
c) La competencia técnica de la entidad y su personal para la realización
de evaluaciones de conformidad eficaces.
3. A los efectos de la presente ley, los organismos de evaluación de la
conformidad son:
a) Órganos de control de las denominaciones de origen y de las
denominaciones de origen calificadas.
b) Organismos independientes de control.
c) Organismos independientes de inspección.
d) Laboratorios de control.
CAPÍTULO VI
Procedimiento para reconocer un nivel de protección
Artículo 35. Solicitudes
1. Las personas viticultoras y las elaboradoras de vinos, sus agrupaciones
o asociaciones, que pretendan el reconocimiento de un nivel de protección
de los mencionados en el apartado 2 del artículo 6 de la presente ley,
deberán solicitarlo ante la Consejería competente en materia de
agricultura.
2. Las personas solicitantes deberán acreditar su vinculación profesional,
económica y territorial con los vinos para los que solicita la protección,
por su condición de personas viticultoras o elaboradoras que ejerzan su
actividad en el área geográfica concernida.
Artículo 36. Documentación aneja a la solicitud.
1. La solicitud, a la que se refiere el artículo anterior, deberá ir
acompañada de un estudio que comprenderá al menos:
a) Respecto al nombre geográfico:
1º) Justificación de que el nombre geográfico es suficientemente preciso y
está relacionado con la zona geográfica delimitada.
2º) Certificación del Registro Mercantil Central y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas de que no existen derechos previos registrados
respecto de ese nombre.
b) Respecto de los vinos:
1º) Delimitación de la zona geográfica basada en los factores naturales y
humanos en su caso, y en especial, en las características edáficas y
climáticas.
2º) Indicación de las variedades de vid autorizadas y de las técnicas de
cultivo para la producción de uva.
3º) Características de los vinos.
4º) Métodos de elaboración.
5º) Modos de presentación y comercialización, así como principales
mercados u otros elementos que justifiquen la notoriedad de los vinos,
para los v.c.p.r.d.
2. Las personas solicitantes deberán asimismo aportar una propuesta de
órgano de gestión de los determinados en el artículo 18.1 de la presente
ley, al efecto de su autorización por la persona titular de la Consejería
competente en materia de agricultura.
Artículo 37. Tramitación.
1. Presentada la solicitud y documentación preceptiva y tras verificar la
conformidad de las mismas, el cumplimiento de los requisitos exigidos en
la presente ley y asegurada la audiencia de todos los operadores que
puedan resultar afectados, la persona titular de la Consejería competente
en materia de agricultura resolverá procediendo al reconocimiento tanto
del nivel de protección como del respectivo órgano de gestión, en su caso.
2. El procedimiento de reconocimiento deberá resolverse y notificarse en
el plazo máximo de un año contado desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, los
interesados podrán entender desestimada su solicitud.
3. La resolución de reconocimiento establecerá, al menos, la zona de
producción y crianza de los vinos, las variedades de uva utilizables,
tipos de vinos, los sistemas de cultivo, elaboración y, en su caso,
crianza y coeficientes máximos de producción y transformación.
Artículo 38. Reconocimiento.
1. El reconocimiento estará condicionado a que las personas solicitantes
presenten, en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la
resolución de reconocimiento, una propuesta de reglamento del vino sujeto
a un nivel de protección que incluya el pliego de condiciones establecido
en el apartado 2 del artículo 7 de la presente ley, para su aprobación por
la Consejería competente en materia de agricultura. Transcurrido dicho
plazo sin que las personas solicitantes presenten dicha propuesta de
reglamento, cualquier otro operador interesado podrá iniciar de nuevo el
procedimiento de reconocimiento del nivel de protección.
2. Transcurridos cinco años desde el reconocimiento de un nivel de
protección, por la Consejería competente en materia de agricultura se
procederá a comprobar que en la gestión y control de los vinos acogidos a
ese nivel de protección se cumple de forma satisfactoria la normativa
aplicable a aquél. En caso de que ello no fuera así, se procederá a la
declaración de extinción del reconocimiento del nivel de protección, tras
la tramitación del procedimiento oportuno.
TÍTULO III
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Obligaciones de las personas interesadas, facultades de la inspección y
medidas cautelares
Artículo 39. Obligaciones de las personas interesadas.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán
obligadas a cumplir lo establecido en esta ley y en la normativa
concordante en materia de vitivinicultura. Estarán obligadas, igualmente,
a conservar, en condiciones que permita su comprobación, por un tiempo
mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las obligaciones que se
establecen en el apartado 2 del presente artículo.
2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes
o de la inspección:
a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos,
servicios o sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa
comprobación de la inspección.
b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las
transacciones efectuadas.
c) A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida
documentación.d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras
o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre sus viñedos o sobre los
productos o mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre
las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.
e) Y, en general, a consentir la realización de las visitas de inspección
y a dar toda clase de facilidades para ello.
Artículo 40. Inspección.
1. En el ejercicio de sus funciones de control en materia de
vitivinicultura, los inspectores de la Consejería competente en materia de
agricultura tendrán el carácter de agente de la autoridad, y podrán
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicas o locales.
2. Para los servicios de control y vigilancia, los inspectores o veedores
de los órganos u organismos de control de los vinos sujetos a un nivel de
protección tendrán la misma consideración y atribuciones que los
inspectores de las Administraciones públicas, a los efectos de la
inspección, a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.
3. Los inspectores y veedores que se citan en los apartados anteriores
podrán acceder directamente a los viñedos, explotaciones, locales e
instalaciones y a la documentación industrial, mercantil y contable de las
empresas que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de
sus actuaciones, que, en todo caso, tendrán carácter confidencial. Tanto
los órganos de las Administraciones públicas como las empresas con
participación pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales
y organizaciones de consumidores facilitarán, cuando sean requeridos para
ello, la información que se les solicite por los correspondientes
servicios de inspección.
4. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de
secreto profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado
conforme a los preceptos del reglamento de régimen disciplinario
correspondiente.
Artículo 41. Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora pueden adoptarse las medidas
cautelares determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe
levantarse la correspondiente acta, en la que deben constar sus motivos y
objeto de la misma. Estas medidas deben guardar proporción con la
irregularidad detectada y deben mantenerse durante el tiempo estrictamente
necesario para la realización de las pertinentes diligencias.
2. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de las mercancías, productos, envases, etiquetas y
demás objetos y elementos para la producción y la comercialización.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar y
respecto de los que con anterioridad se haya detectado alguna
irregularidad que haya sido subsanada.
c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten
productos, materias y elementos para la producción y la comercialización.
d) La retirada del mercado de productos o materias y elementos para la
producción y la comercialización.
e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una
actividad del establecimiento inspeccionado.
f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición
de productos o materias y elementos para la producción y la
comercialización.
g) Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de
protección, la medida cautelar podrá consistir en la suspensión del
derecho al uso de la denominación, marca o elemento identificativo de que
se trate.
3. Las medidas cautelares adoptadas por la inspección deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en un plazo no superior a 15 días
por el mismo órgano que sea competente para incoar el correspondiente
procedimiento sancionador. Las medidas quedarán sin efecto cuando el
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
éstas.
4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de
control, organismo independiente de control u organismo independiente de
inspección de los previstos en los artículos 27, 28 y 29 de la presente
ley, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá
acordar, a propuesta del instructor, la suspensión cautelar del citado
órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de
control aplicable en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.
5. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de
gestión, podrá acordarse la suspensión temporal del mismo en sus
funciones, por un período máximo de seis meses, con nombramiento de una
comisión gestora que sustituirá al órgano suspendido durante la
sustanciación del procedimiento sancionador. Dicha comisión será nombrada
por el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador en los
términos que reglamentariamente se determinen.
6. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en los apartados
2, 4 y 5 anteriores cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible
reparación a las personas interesadas o que impliquen violación de
derechos amparados por las leyes.
7. En todo caso, las medidas previstas en el presente artículo podrán ser
alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la
tramitación del procedimiento por providencia de su Instructor,
extinguiéndose con la eficacia de la resolución administrativa que ponga
fin al procedimiento correspondiente.
8. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de
competencia sobre el presunto responsable, y el órgano competente no haya
levantado la inmovilización de las mercancías intervenidas cautelarmente,
éstas no podrán ser comercializadas en ningún caso. El presunto
responsable, o cualquier persona titular de derechos sobre tales
mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la
subsanación de los defectos cuando sea posible, o solicitará su decomiso.
Artículo 42. Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador
confirma la inmovilización cautelar a la que se refiere la letra a) del
apartado 2 del artículo anterior, en el mismo acuerdo de inicio comunicará
a la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o
mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de 15 días para optar,
por algunas de las siguientes operaciones, en función de los supuestos que
motivaron la adopción de la medida cautelar:a) Regularizar y subsanar la
deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su adaptación a la
normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos
autorizados.
b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y
adaptar la designación en el etiquetado, los documentos de acompañamiento
o la presentación a la normativa de aplicación.
c) Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del
alimentario, especialmente para uso industrial, con exclusión de la
alimentación humana o animal, según corresponda.
d) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen,
previa constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad
civil y la posibilidad de sanción.
e) Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no
se resuelva el procedimiento sancionador.
2. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el
apartado 1 correrán a cargo de la persona responsable o titular de los
derechos sobre los productos o mercancías.
3. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la
persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o
mercancías inmovilizados podrá dirigirse al órgano competente para iniciar
el procedimiento, al objeto de que le facilite las opciones a que puede
optar respecto de los mismos.
El órgano competente comunicará las opciones que procedan de entre las
especificadas en el apartado 1 del presente artículo.
4. En el acuerdo de incoación, el órgano competente decidirá
subsidiariamente el destino de los productos o mercancías inmovilizados
para el supuesto de que la persona responsable o titular de los derechos
sobre los mismos no opte en el plazo otorgado al efecto por alguna de las
alternativas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Sin perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede,
el órgano competente puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar
si se constatase que los productos o mercancías han sido regularizados o
se les ha dado uno de los destinos determinados en el apartado 1 del
presente artículo, sin perjuicio de la sanción que pudiera, en su caso,
corresponder.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 43. Régimen sancionador
1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y demás
disposiciones vigentes en la materia serán considerados como infracciones
administrativas, que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la
normativa en vigor.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de agricultura la
titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas
en esta ley.
3. Se consideran infracciones las acciones u omisiones tipificadas como
tales en la presente ley y que a su vez se clasifican en leves, graves y
muy graves.
Artículo 44. Infracciones leves.
1. Constituyen infracciones leves:
a) La ausencia de los libros-registro, documentos de acompañamiento o
declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos, sin causa justificada,
cuando fueren requeridos para su control en actos de inspección.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones
relativas a uvas, vinos y mostos, o en documentos de acompañamiento,
cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real no supere un
quince por ciento de esta última.
c) La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya
transcurrido más de un mes desde la fecha en que debió practicarse el
primer asiento no reflejado.
d) La presentación de declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos fuera
del plazo reglamentario.
e) El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a
viticultura.
f) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
comunitaria, nacional o autonómica, en materia de potencial de producción
para la concesión de ayudas públicas.
g) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o
presentación de los productos, salvo lo previsto en la letra e) del
artículo siguiente, o su expresión en forma distinta a la reglamentaria.
h) La falta de identificación de los recipientes destinados al
almacenamiento de productos a granel y de la indicación de su volumen
nominal, así como de las indicaciones previstas para la identificación de
su contenido, a excepción de los recipientes de menos de 600 litros, que
se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 10
del Reglamento CE 753/2002 o norma que lo sustituya.
i) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones
obligatorias.
j) La aplicación, en forma distinta a la legalmente establecida, de
tratamientos, prácticas o procesos autorizados en la elaboración o
transformación de los productos regulados en esta ley, siempre que no
exista un riesgo para la salud.
k) El suministro incompleto de la información o documentación necesaria
para las funciones de inspección y control administrativo.
l) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las
disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en
particular, la falta de inscripción de explotaciones, empresas, mercancías
o productos en los registros de las Administraciones públicas, regulados
en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de los cambios de
titularidad.
m) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude,
alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en
riesgo la calidad de los productos, la protección de los consumidores o
los intereses generales, económicos o sociales del sector alimentario.
2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de
protección, constituirán infracciones leves:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada
caso sean precisos en los registros del nivel de protección, cuando la
diferencia entre la cantidad consignada y la real no supere un cinco por
ciento de esta última.
b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados
en el momento de la inscripción en los registros, cuando no haya
transcurrido más de un mes desde que haya acabado el plazo fijado en la
norma que regule el nivel de protección.
c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de
protección o de los acuerdos de su órgano de gestión que establezcan
obligaciones adicionales a las generales de cualquier vitivinicultor en
materia de declaraciones, libros-registro, documentos de acompañamiento y
otros documentos de control.
Artículo 45. Infracciones graves.
1. Constituyen infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o
declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos, así como los errores,
inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de
los productos o mercancías consignados.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de
acompañamiento o declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la
diferencia entre la cantidad consignada y la real supere un quince por
ciento de esta última.
c) La falta de actualización de los libros-registro cuando haya
transcurrido más de un mes desde la fecha en que debió practicarse el
primer asiento no reflejado.
d) La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y
subvenciones públicas.
e) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, o la falta de
etiquetas o rotulación indeleble que fueran preceptivas, o la utilización
de envases o embalajes que no reúnan los requisitos exigidos por las
disposiciones vigentes.
f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los
productos, de denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o
signos que no correspondan al producto o induzcan a confusión, salvo lo
previsto en las letras a) y c) del apartado 2 del artículo siguiente. En
particular, la utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las
menciones sobre envejecimiento reguladas en la letra a) del artículo 3 de
la Ley 24/2003, de 10 de julio, o de las menciones reservadas a v.c.p.r.d.
distintas a las reguladas en la letra b) del mismo artículo.
g) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones
obligatorias de dos o más campañas en el período de cinco años anteriores
a la inspección.
h) La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
i) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley
mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no
existan riesgos para la salud, así como la adición o sustracción de
sustancias que modifiquen la composición de los productos regulados con
resultados fraudulentos.
j) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, peso o
volumen o cualquier discrepancia entre las características reales de los
productos de que se trate y las ofrecidas por el productor, elaborador o
envasador, así como cualquier acto de naturaleza similar cuyo resultado
sea el incumplimiento de las características de los productos establecidas
en la legislación vigente.
k) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados
para la elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de
las industrias elaboradoras o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos
para la salud.
l) Destino de productos a usos no conformes con la normativa relativa al
potencial vitícola.
m) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la
negativa a suministrar información o documentación necesaria para las
funciones de inspección y control administrativo, así como la aportación
de documentación o información falsa.
n) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la
autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas
cautelarmente, cuando no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para
la salud.
ñ) El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las
mercancías intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los
precintos ni las mercancías salgan de las instalaciones en las que fueron
intervenidas.
o) El incumplimiento de las medidas cautelares recogidas en apartado 2 del
artículo 41 de la presente ley.
2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de
protección, constituirán infracciones graves:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada
caso sean precisos en los registros del nivel de protección
correspondiente, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la
correcta supere el porcentaje que se establezca en la normativa estatal o
autonómica, según corresponda, que en ningún caso podrá ser superior al
cinco por ciento de dicha diferencia.
b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección,
sobre prácticas de producción, elaboración, transformación, conservación,
transporte, acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación.
c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin
estar provistos de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier
otro medio de control establecido por la norma reguladora del nivel de
protección.
d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos
amparados en instalaciones no inscritas en el nivel de protección
correspondiente ni autorizadas.
e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la
financiación del órgano de gestión.
f) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de
protección, o de los acuerdos de su órgano de gestión en materia de
producción, elaboración o características de los vinos amparados.
g) La elaboración y comercialización de un v.c.p.r.d. mediante la
utilización de vino base procedente de instalaciones no inscritas en el
nivel de protección correspondiente, así como la de un v.c.p.r.d. a partir
de uvas, mostos o vino procedentes de viñas no inscritas en el nivel de
protección correspondiente.
h) Utilizar en la elaboración de productos de un determinado nivel de
protección uva procedente de parcelas en las que los rendimientos hayan
sido superiores a los autorizados, a los que se refiere el artículo 8 de
la presente ley.
i) La existencia de uva, mostos o vinos en bodega inscrita sin la
preceptiva documentación que ampare su origen como producto por la
denominación, o la existencia en bodega de documentación que acredite unas
existencias de uva, mostos o vinos protegidos sin la contrapartida de
estos productos. Las existencias de vino en bodega deben coincidir con las
existencias declaradas documentalmente, admitiéndose una tolerancia del
dos por ciento en más o en menos, con carácter general, y del uno por
ciento para las denominaciones de origen calificadas.
3. Para los órganos de control, organismos independientes de inspección y
de control constituirán infracciones graves las siguientes:
a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a
la realidad de los hechos.
b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados
órganos u organismos de forma incompleta o con resultados inexactos por
una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación
de normas técnicas.
c) Incumplir la obligación de inscripción en los registros
correspondientes.
d) El incumplimiento de la medida de suspensión cautelar prevista en el
artículo 41.4 de la presente ley.
4. Para los órganos de gestión, constituirá infracción grave el
incumplimiento de la medida de suspensión cautelar prevista en el artículo
41.5 de la presente ley.
Artículo 46. Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos
regulados en esta ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no
autorizados, siempre que existan riesgos para la salud.
b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los
elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y
procedencia, a fin de evitar confusión en los consumidores, derivada de la
utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la
comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de
protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos.
c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados
para la elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de
las industrias elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la
salud.
d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados,
siempre que no sean constitutivas de delito o falta.
e) La negativa a la actuación de los servicios públicos de inspección.
f) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de
mercancías intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos o si las
mercancías salen de las instalaciones donde fueron intervenidas.
g) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier
otra forma de presión a los empleados públicos encargados de las funciones
de inspección o vigilancia administrativa, siempre que no sean
constitutivas de delito o falta.
h) La reincidencia en una infracción grave. Se considera reincidencia la
comisión en el plazo de tres años de más de una infracción de la misma
naturaleza, según la clasificación del artículo 43.3 de la presente ley,
cuando así se haya declarado por resolución firme.
2. En relación con los v.c.p.r.d. constituirán, asimismo, infracciones muy
graves:
a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones,
nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a
los nombres amparados por un nivel de protección, o que, por su similitud
fonética o gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas
que le sean característicos, puedan inducir a confusión sobre la
naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan precedidos por
los términos "tipo", "estilo", "género", "imitación", "sucedáneo" u otros
análogos.
b) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones
reservadas a v.c.p.r.d. reguladas en la letra b) del artículo 3 de la Ley
24/2003, de 10 de julio.
c) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se
les haya negado, así como las infracciones de las letras b) y c) del
artículo 11 de la presente ley.
d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos,
etiquetas, contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación
propios del v.c.p.r.d., así como la falsificación de los mismos, siempre
que esto no sea constitutivo de delito o falta.
3. Para los órganos de control, organismos independientes de inspección y
de control constituirán infracciones muy graves las tipificadas en el
apartado 3 del artículo anterior, cuando de las mismas resulte un daño muy
grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la
flora, la fauna o el medio ambiente.
4. Para los Consejos Reguladores de los vinos con denominación de origen o
con denominación de origen calificada constituirá infracción muy grave la
intromisión en la actividad del órgano de control o la perturbación de la
independencia o inamovilidad de los controladores.
Artículo 47. Responsabilidad por las infracciones.
1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las
firmas o razones sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o
bien mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta.
Asimismo será responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador
que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción
cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan
falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá a las personas
que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación.
2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o
cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será
responsable su tenedor, excepto cuando se pueda identificar de manera
cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponda al actual.
3. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los
órganos de gestión de los vinos sujetos a un nivel de protección y los
órganos u organismos de control, serán responsables subsidiariamente los
administradores o titulares de los mismos que no realizaren los actos
necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de
ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales
infracciones.
4. Asimismo será responsable subsidiariamente el personal técnico
responsable de la elaboración y control respecto de las infracciones
directamente relacionadas con su actividad profesional.
5. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en
esta ley será independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su
caso, pueda exigirse a sus responsables, sin perjuicio de que no puedan
concurrir dos sanciones cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento.
Artículo 48. Sanciones.
A los efectos de la presente ley, las sanciones serán las siguientes:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de
hasta 3.000 euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor
de las mercancías.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre
3.001 y 50.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el
cinco por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción,
correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la
iniciación del procedimiento sancionador.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida
entre 50.001 y 800.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta
alcanzar el diez por ciento del volumen de ventas del producto objeto de
infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior
al de la iniciación del procedimiento sancionador.
d) Las infracciones muy graves cometidas por los órganos de gestión,
órganos de control u organismos independientes de control podrán ser
sancionadas con la retirada de la autorización.
e) Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a
un nivel de protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción
accesoria la pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo
máximo de tres años. Si se tratase de infracciones muy graves, podrá
imponerse, como sanción accesoria, la pérdida temporal de dicho uso por un
plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.
f) En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el
órgano competente para resolver podrá imponer como sanción accesoria
alguna de las siguientes:
1º) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad
en la producción del daño.
2º) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no
identificados.
3º) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un
período máximo de cinco años.
4º) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma
definitiva o por un período máximo de diez años.
5º) Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones por parte del
personal técnico, así como de las personas directivas de los órganos de
control u organismos independientes de control que hayan sido declarados
responsables de las infracciones cometidas.
g) No tienen carácter de sanción el cierre, clausura, suspensión o
interrupción temporal de las actividades empresariales, instalaciones,
locales o establecimientos que no dispongan de las autorizaciones
administrativas o los registros preceptivos mientras no se cumplan los
requisitos exigidos.
h) Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o
retirada de derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.
Artículo 49. Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos,
envases, etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción
sancionada, la autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento
sancionador acordará su destino. Las mercancías o productos deberán ser
destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la salud
pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo,
la destrucción o el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora,
incluida la indemnización que deba abonarse a la persona propietaria de la
mercancía decomisada cuando ésta no sea la persona infractora.
2. Cuando la persona infractora no cumpla una obligación impuesta como
sanción accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán imponerse multas
coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción
establecida. Las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de
tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción a que se refieran y
el importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 3.000 euros, y
además serán independientes y compatibles con las multas que procedan como
sanción por la infracción cometida.
Artículo 50. Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las
asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los
siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias
irregularidades o infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto
perjudicial que la infracción haya podido producir sobre la salud o
intereses económicos de los consumidores, los precios, el consumo o, en su
caso, el prestigio del v.c.p.r.d.
d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una
infracción de la misma naturaleza, según la clasificación del artículo
43.3 de la presente ley, cuando así se haya declarado por resolución firme.
e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa
infractora en el sector vitivinícola.
f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se
resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
g) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las
mercancías o productos afectados por la infracción.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los
hechos constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo
tiempo, la pérdida o retirada de beneficios comunitarios en proporción a
la efectiva pérdida o retirada de dichos beneficios. Asimismo, podrá
minorarse motivadamente la sanción, en atención a las circunstancias
específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador
se determine la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de
las infracciones sancionadas, la sanción impuesta en ningún caso podrá ser
inferior en su cuantía al mismo.
Artículo 51. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a
los dos años, y las leves, al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los
tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las
impuestas por infracciones leves, al año.
Artículo 52. Inicio e instrucción del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, de
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En todo caso, tanto si la persona infractora está inscrita en alguno de
los registros de operadores de los distintos niveles de protección, como
si las infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta ley por
personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto anterior
y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
será la Consejería competente en materia de agricultura la encargada de
incoar e instruir el expediente.
3. En el caso de infracciones cometidas fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería competente en materia de
agricultura comunicará a la Comunidad Autónoma correspondiente las
supuestas infracciones de que tenga conocimiento que se hayan cometido en
el territorio de esta última.
Artículo 53. Resolución de procedimientos sancionadores.
La resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones
establecidas en la presente ley corresponderá:
a) A la persona titular de la Delegación provincial competente en materia
de agricultura, en el supuesto de infracciones leves,
b) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de
calidad agroalimentaria, en el supuesto de infracciones graves.
c) A la persona titular de la Consejería competente en materia de
agricultura, en el supuesto de infracciones muy graves.
Disposición adicional primera. Denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas de otros productos agroalimentarios.
1. Los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31 32, 33 y 34
relativos a los órganos de gestión y al sistema de control, así como el
Título III "Régimen sancionador" de la presente ley, serán de aplicación a:
a) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de
productos agroalimentarios a las que se refiere el Reglamento (CE) nº
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios.
b) Las denominaciones geográficas y denominaciones específicas de bebidas
espirituosas, reguladas por el Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo, de 29
de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a
la definición, designación y presentación de bebidas espirituosas.
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior a los
productos citados en el mismo, las menciones contenidas en la presente ley
sobre viñedos, uvas, vinos y mostos deben entenderse referidas,
respectivamente, a explotaciones y a productos agroalimentarios o a
bebidas espirituosas.
Disposición adicional segunda. Reproducción de normativa estatal.
Los apartados 1 y 2 del artículo 4; el artículo 5; los apartados 1 y 3 del
artículo 6; los apartados 1 y 2 (párrafo 1º) del artículo 7; el artículo
8; el artículo 10; el artículo 11; el apartado 1, excepto las letras c) y
d) del artículo 12; los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 13; el artículo
14; el artículo 15; excepto el apartado 5, el artículo 16; el artículo 17;
excepto los apartados 2 y 6; el artículo 18; el artículo 19; el apartado 1
del artículo 20; el apartado 1, excepto las palabras "formación" e
"innovación", el apartado 2, excepto las letras k) y l) y el apartado 3
del artículo 21; los apartados 1 y 3 del artículo 26; la letra a) del
apartado 1 del artículo 28; el apartado 1 del artículo 30; el apartado 1,
excepto las letras j), m) y n) del artículo 44; el apartado 1, excepto
letra o), el apartado 2 y las letras a) y b) del apartado 3 del artículo
45; los apartados 1, excepto letra h), 2, 3 y 4 del artículo 46; el
artículo 47; letras e), f), excepto el ordinal 5º, y h) del artículo 48;
el artículo 50 y el artículo 51 reproducen los siguientes preceptos de la
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, dictada por el Estado
al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución:
Los apartados 2 y 3 del artículo 10; el artículo 12; los apartados 1 y 4
del artículo 13; los apartados 1 y 2 (párrafo 1º) del artículo 14; el
artículo 15; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 19; los apartados
2, 3, 4 y 5 del artículo 20; el artículo 21; el artículo 22; el artículo
23; los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 24; el artículo 25, excepto los
apartados 4 y 8; el artículo 26, excepto las letras b), e) y g) del
apartado 2; el primer párrafo y los ordinales 1º y 2º de la letra b) del
apartado 1 y apartado 2 del artículo 27; el apartado 1, excepto las letras
f), l), m), n), ñ) y o) del artículo 38; los apartados 1, excepto la letra
m), y 3 del artículo 39; el artículo 40, excepto las letras c) y d) del
apartado 2; el artículo 41, excepto el apartado 3; los apartados 4, 5 y 6
del artículo 42; el artículo 44; y el artículo 45.
Disposición transitoria primera. Adaptación de los actuales reglamentos,
pliegos de condiciones y órganos de gestión a la nueva regulación.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley,
deberán adaptarse a sus previsiones los actuales reglamentos, pliegos de
condiciones, así como los órganos de gestión, tanto de las denominaciones
de origen vínicas, de los vinos de la tierra, como de las denominaciones
de los productos mencionados en la Disposición adicional primera.
Disposición transitoria segunda. Plazo de acreditación.
Los órganos de control de las denominaciones de origen y denominaciones de
origen calificadas tendrán un plazo de dos años desde la fecha de
aprobación del Reglamento de la Denominación, para acreditarse en el
cumplimiento de la norma sobre "Requisitos generales para entidades que
realizan la certificación del producto" (UNE-EN 45011 o norma que la
sustituya).
Disposición transitoria tercera. Cuotas.
Hasta que los Consejos Reguladores establezcan las cuotas definitivas de
pertenencia y los derechos por prestación de servicios y, en todo caso,
hasta el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente
Ley, se mantienen, como cuotas provisionales en cada Consejo Regulador,
las actualmente vigentes y adecuadas en su caso a lo previsto en su
normativa específica.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en
lo que se opongan o contradigan a lo previsto en la presente ley y, en
particular, los artículos 59 a 64, ambos inclusive, de la Ley 4/1988, de 5
de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de sus
competencias, pueda dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de esta ley, así como para actualizar la cuantía de
las sanciones pecuniarias previstas teniendo en cuenta las variaciones del
índice de precios de consumo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses a partir de la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.