BOPA nº 743, pag. 39594 de la VII Legislatura (22/10/2007)


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7-07/PL-000005, Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Cultura
Orden de publicación de 19 de octubre de 2007
A LA COMISIÓN DE CULTURA
La Ponencia constituida para la tramitación del Proyecto de Ley
7-07/PL-000005, del Patrimonio Histórico de Andalucía, integrada por D.
Luciano Alonso Alonso, del G.P. Socialista, D. Antonio Garrido Moraga, del
G.P. Popular de Andalucía, D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P.
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y D. Ildefonso
Dell'Olmo García, del G.P. Andalucista, en sesión celebrada el día 18 de
octubre de 2007, con la asistencia de los ponentes designados por los
GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y
Andalucista y de D. Francisco Armijo Higueras, del G.P. Popular de
Andalucía, que en esta sesión ha actuado en sustitución de D. Antonio
Garrido Moraga, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del
Reglamento del Parlamento, ha aprobado el siguiente
INFORME
1. La Ponencia, por mayoría, propone a la Comisión la aprobación e
incorporación al dictamen del Proyecto de Ley de las siguientes enmiendas
formuladas por el G.P. Popular de Andalucía:
- Enmienda número 1, de modificación del párrafo 5º, del apartado II de la
Exposición de Motivos.
- Enmienda número 2, de modificación del artículo 1.
- Enmienda número 5, de modificación del artículo 4.1.
- Enmienda número 6, de modificación del artículo 4.2.
2. Igualmente propone la aprobación e incorporación al dictamen del
Proyecto de Ley de la enmienda número 35, de modificación de los apartados
1, 2 y 3 del artículo 17, y de la enmienda número 36, de adición de una
nueva disposición transitoria primera bis, formuladas, ambas, por el G.P.
Socialista.
3. En relación con las enmiendas formuladas por el G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, la Ponencia propone la aprobación e
incorporación al dictamen del Proyecto de Ley de las siguientes:
- Enmienda número 57, de adición al artículo 19.2 b).
- Enmienda número 60, de adición al artículo 30.2.
- Enmienda número 61, de adición al artículo 31.1.
- Enmienda número 67, de modificación del artículo 65.
- Enmienda número 69, de adición de un nuevo artículo con el número 66 bis.
- Enmienda número 70, de adición de un nuevo artículo con el número 66 ter.
4. La Ponencia no se pronuncia, en este trámite, sobre el resto de las
enmiendas presentadas, que son mantenidas para su debate y votación en
Comisión.
Como Anexo se acompaña el texto resultante de incorporar al Proyecto de
Ley las modificaciones que la Ponencia propone a la Comisión en el
presente Informe.
Sevilla, 18 de octubre de 2007.
ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Patrimonio Histórico constituye la expresión relevante de la identidad
del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y
manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en
el presente.
El sentimiento de aprecio hacia este Patrimonio ha de constituir uno de
los pilares básicos para el fortalecimiento de esta identidad colectiva,
impulsando el desarrollo de un espíritu de ciudadanía respetuoso con un
entorno cultural garante de una mejor calidad de vida.
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un ordenamiento jurídico
propio para la protección del Patrimonio Histórico, en cuyo núcleo se
encuentra la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. El ejercicio de la potestad legislativa en esta materia se
deriva del mandato que la Constitución Española dirige, en su artículo 46,
a los poderes públicos para que garanticen la conservación y promuevan el
enriquecimiento de nuestro patrimonio y de los bienes que lo integran, que
tiene su reflejo en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981
cuando, en su artículo 12.3, se refiere a la protección y realce del
Patrimonio Histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma.
Al mismo tiempo, la promulgación de la citada Ley 1/1991 tiene su soporte
competencial en los artículos 148.1.16ª y 149.1.28ª de la Constitución
Española, así como lo tenía en el artículo 13.27 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía de 1981.
La experiencia acumulada en la aplicación de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, la evolución de los conceptos y
planteamientos en que se basan la protección y conservación, así como los
cambios legislativos producidos en otras áreas del ordenamiento jurídico
estrechamente vinculadas a la que nos ocupa aconsejan proceder a una
reforma en profundidad de la vigente Ley. A partir de la entrada en vigor
del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo), el fundamento de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía se encuentra en el artículo 10.3.3º, que se refiere al
afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a
través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. A su vez, el
artículo 68.3.1º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico.
En este sentido, la integración de técnicas protectoras de la legislación
estatal, la creación del "Inventario de bienes reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz", la simplificación de procedimientos y el mayor detalle
en la tipificación de las infracciones son modificaciones basadas en la
experiencia práctica. Al mismo tiempo se pretende afrontar la protección
del Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial, de acuerdo con los
planteamientos doctrinales más recientes, mediante figuras de nueva
creación como la Zona Patrimonial y acentuar la coordinación con la
legislación urbanística, tras la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La presente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, aunque mantiene la
filosofía tutelar de la legislación precedente, centrada en la figura del
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, e incluso la
estructura de la norma, afecta a numerosos preceptos repartidos a lo largo
de todo su articulado, por lo que se ha considerado necesaria la
aprobación de una nueva Ley, evitándose así la coexistencia de la norma
originaria con una extensa modificación, en beneficio de la seguridad
jurídica.
II
El Título Preliminar contiene las disposiciones generales que recogen el
objeto de la Ley, así como la delimitación de su ámbito. Junto a ellas
destaca el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas,
enfatizando el papel que han de desempeñar los municipios en la defensa y
protección del Patrimonio Histórico a través del planeamiento urbanístico.
Por último se incide en la obligación de denunciar las acciones u
omisiones que puedan suponer un peligro para los bienes del Patrimonio
Histórico Andaluz.
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, concebido como
instrumento fundamental para la tutela y conocimiento de los bienes en él
inscritos, se regula dentro de las disposiciones contenidas en el Título
I. El Catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés
cultural, los de catalogación general y los incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
La inscripción de Bienes de Interés Cultural podrá ir acompañada de unas
instrucciones particulares que ajusten las medidas generales de protección
previstas en la Ley a las singularidades del bien. Se trata de una
modulación del régimen previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español para los bienes declarados de interés
cultural que puede ser de gran utilidad en determinados casos. Al mismo
tiempo, se simplifica el procedimiento de inscripción de estos bienes
dando trámite de audiencia a las personas afectadas para el supuesto de
los Monumentos y Jardines Históricos, a diferencia de las tipologías de
carácter colectivo (Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas
Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico y Zonas Patrimoniales), todo
ello sin perjuicio del trámite de información pública y de la audiencia al
municipio correspondiente.
La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Este instrumento recogerá
aquellos bienes que, fruto de un estudio o investigación científica, se
identifican como integrantes de nuestro Patrimonio Histórico,
contribuyendo, por tanto, a su mayor conocimiento y al incremento de la
seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos en este Inventario
deberán tener su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de su
elaboración o modificación.
El Capítulo III del Título I concreta las obligaciones de las personas
titulares de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, siendo más
intensas cuando se trate de bienes inscritos en el Catálogo General. A
estos últimos podrán aplicárseles las medidas de ejecución forzosa
reguladas, en el supuesto de que se incumplan las obligaciones previstas,
así como los derechos de tanteo y retracto cuando se den las condiciones
señaladas en la Ley.
Conviene destacar, por su carácter de garantía de los fondos públicos, la
posibilidad con que cuenta la Administración para detraer del precio de
adquisición de un bien las cantidades invertidas mediante ejecución
subsidiaria, cuando aquélla se realice dentro de los diez años siguientes
a la liquidación del gasto.
La protección del Patrimonio Histórico comprende también su defensa frente
a lo que se ha dado en llamar "contaminación visual o perceptiva". El
impacto que producen sobre nuestro patrimonio determinados elementos e
instalaciones exige conjugar las demandas de las tecnologías que inciden
en nuestra vida diaria con la preservación de la calidad ambiental, siendo
necesario para ello coordinar la actuación de las diferentes
Administraciones Públicas.
En este sentido, se someten a la autorización de la Administración
cultural la ubicación de determinados elementos y la realización de
instalaciones en materia de energía y telecomunicaciones que inciden
directamente en los valores y en la contemplación de los bienes afectados
por la declaración de interés cultural.
III
Las disposiciones contenidas en el Título II se plantean con carácter
general, sin hacer distinción entre la naturaleza de los bienes a que van
dirigidas o entre su diferente carácter revelador de un determinado
interés.
En este Título se contienen los criterios en materia de conservación y
restauración, integrando en su regulación principios consagrados en
distintas cartas y documentos internacionales de restauración que afectan
tanto al carácter de las intervenciones como a la naturaleza de los
materiales empleados.
Por otra parte, el proyecto de conservación continúa siendo el instrumento
fundamental para acometer estas intervenciones, regulándose su contenido
mínimo y los supuestos en que, con carácter excepcional, no será exigible.
IV
El Patrimonio Inmueble es el que presenta una mayor complejidad, lo que
explica la división del Título III, destinado al mismo, en cuatro
capítulos.
El Capítulo I desarrolla las tipologías en que se clasifican los bienes
inmuebles cuando son inscritos como bien de interés cultural en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. A las figuras
tradicionalmente consagradas (Monumento, Conjunto Histórico, Jardín
Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica) se suman el Lugar de
Interés Etnológico, tipología creada por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, y la Zona Patrimonial que ahora se
instituye.
La fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como las
influencias recíprocas existentes, está presente en cada una de estas
figuras, pero se hace patente de un modo mucho más intenso en la Zona
Patrimonial. Aquí el territorio articula un sistema patrimonial integrado,
en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos
indisolublemente a los valores paisajísticos y ambientales existentes.
El Capítulo II desarrolla la coordinación con la normativa urbanística y
medioambiental. Está comúnmente aceptada la conveniencia de objetivar los
parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través del
planeamiento urbanístico, ya que la protección y conservación de nuestro
Patrimonio Histórico no puede alcanzarse exclusivamente mediante el
ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento. En este
sentido, se regula el informe de la Administración cultural tanto en los
diferentes instrumentos de ordenación, como en los procedimientos de
prevención ambiental cuando afecten a bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz.
Conviene destacar también la simplificación de la tramitación que se
produce en esta materia, insertándose en un único procedimiento el informe
de la Administración cultural, con independencia de las consecuencias que
en materia de atribución de competencias pudieran derivarse del mismo.
Dentro de este procedimiento único se regulan los contenidos mínimos de
los planes urbanísticos cuando afecten a determinadas tipologías de los
Bienes de Interés Cultural, entre los que puede destacarse por su novedad
la exigencia de una normativa de control de la contaminación visual o
perceptiva, y se inserta la posibilidad de que los municipios soliciten la
delegación de la competencia para autorizar obras que desarrollen el
planeamiento urbanístico aprobado, condicionada a la existencia de una
Comisión técnica municipal en los términos establecidos en la Ley.
El régimen de protección de los inmuebles, regulado en el Capítulo III,
integra las limitaciones contenidas en la legislación estatal en cuanto a
su desplazamiento y en materia de contaminación visual y desarrolla el
sistema de autorizaciones. En esta última materia se reserva la
autorización administrativa para las intervenciones sobre inmuebles
declarados de interés cultural o sus entornos y se someten a comunicación
previa las correspondientes a los bienes de catalogación general, pudiendo
proponerse medidas correctoras por la Consejería competente.
El régimen de protección incluye, también, la regulación de los supuestos
de ruina, demoliciones y paralizaciones de obras.
Finalmente, el Capítulo IV mantiene, dentro del régimen de competencias,
las posibilidades de delegación a los municipios en el ámbito de los
entornos de los bienes declarados de interés cultural y de unificación de
procedimientos de las distintas Administraciones, ya contempladas en la
legislación hasta ahora vigente.Las peculiaridades del Patrimonio Mueble
se contemplan en el Título IV de la Ley. Destaca el sometimiento a
autorización o comunicación previa (en función del nivel de protección) de
los tratamientos a que estos bienes puedan ser sometidos, cuando estén
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Este Título aporta también, en relación con la regulación anterior, un
planteamiento más flexible de la vinculación de los bienes muebles
incluidos expresamente en la inscripción de un inmueble como Bien de
Interés Cultural, sujetando a autorización previa su enajenación por
separado.
V
Los denominados "Patrimonios especiales", según la terminología más
extendida en la doctrina jurídica, se reflejan en los Títulos V, VI, VII y
VIII de la Ley, dedicados respectivamente a los Patrimonios Arqueológico,
Etnológico, Industrial, Documental y Bibliográfico.
Se parte, en primer lugar, de un concepto de Patrimonio Arqueológico
basado en la utilización de la metodología arqueológica, estableciendo, en
los mismos términos que la legislación estatal, la naturaleza demanial de
los objetos y restos materiales que sean descubiertos. Este carácter de
bienes de dominio público se presumirá también de los elementos hallados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, una vez transcurrido el
plazo previsto en la Disposición transitoria tercera.
Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y
los elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades
arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades
que permitan la localización o detección de restos arqueológicos,
circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos de aquellas
asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se
encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben
extremarse los controles administrativos, pues, con independencia del
valor de los objetos que puedan hallarse, la destrucción de la
estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la metodología
arqueológica supone una pérdida de información irreparable.
Especial importancia tienen también las actividades arqueológicas previas
a la intervención sobre inmuebles protegidos, sobre las que se ha tratado
de establecer una regulación equilibrada que, al mismo tiempo, se adecue a
lo establecido por la Ley 7/2002. Así se concretan y especifican las
obligaciones del promotor de las obras conforme al aprovechamiento
urbanístico atribuido, si bien la Administración cultural podrá ampliar a
su costa la extensión de la actividad arqueológica por razones de
protección o interés científico.
El Título VI se destina al Patrimonio Etnológico, donde la principal
novedad consiste en la posibilidad de asociar a una actividad de interés
etnológico los bienes muebles y el ámbito territorial vinculados a su
desarrollo. A estos bienes y ámbitos les será de aplicación el régimen de
protección correspondiente a la actividad, según su modalidad de
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
El Título VII da carta de naturaleza en nuestra legislación de Patrimonio
Histórico al Patrimonio Industrial, en cuanto exponente de la historia
social y económica de la Comunidad, distinguiendo dentro de esta tipología
entre muebles e inmuebles, y establece en qué casos formarán parte del
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, siéndoles en tal caso
de aplicación el régimen de protección que en función de la categoría
asignada les corresponda.
Los Patrimonios Documental y Bibliográfico se contemplan en el Título
VIII, que se remite a la legislación sectorial y señala la aplicación
supletoria de la presente Ley, introduciendo, al mismo tiempo, algunas
precisiones en materia de inspección administrativa y acceso a estos
bienes.
VI
El Título IX de la Ley regula las instituciones del Patrimonio Histórico,
donde, además de las tradicionalmente admitidas, se incorporan los
Espacios Culturales, y se clasifican los mismos en Conjuntos y Parques
Culturales, cuya identidad vendrá definida en función de su relevancia
patrimonial y de su ámbito.
Con respecto a los Conjuntos se establece la forma jurídica que podrán
adoptar y las funciones de los mismos, así como su estructura.
Los Parques Culturales son una Institución de nueva creación, pensada para
gestión de las Zonas Patrimoniales. Dada la presumiblemente amplia
extensión territorial de esta tipología, así como la diversidad de
elementos protegidos que ha de reunir, se ha planteado un órgano de
gestión que pueda integrar a las distintas Administraciones y sectores
implicados.
VII
Las medidas de fomento y el diseño de la organización administrativa que
ha de aplicar la Ley mantienen sustancialmente las características de la
regulación vigente hasta ahora.
Los diferentes órganos de la Administración del Patrimonio Histórico,
regulados en el Título XI, se estructuran en función de su carácter
ejecutivo o consultivo y, a su vez, de acuerdo con su ámbito de actuación
central o provincial. Se introduce ahora, en relación a los órganos
colegiados de carácter consultivo, la necesidad de su composición
equilibrada de mujeres y hombres, conforme a las normas que desarrollan el
principio de igualdad de género.
El Título XII regula la función inspectora en la materia objeto de la
presente Ley, donde se establece la condición de agentes de la autoridad
del personal designado para la realización de las inspecciones y
comprobaciones previstas en la norma y se determinan sus facultades y
funciones básicas, que serán objeto de desarrollo mediante la regulación
reglamentaria oportuna.
VIII
El Título XIII se destina a las infracciones administrativas y sus
sanciones. Este Título recoge, en primer lugar, una tipificación
pormenorizada de las infracciones, clasificándolas en muy graves, graves y
leves.
En materia de responsabilidad se concreta la obligación de reparación del
daño causado en los supuestos de demoliciones no autorizadas, en los que
el alcance del deber de reconstrucción se determinará en la resolución del
expediente sancionador, sin que pueda obtenerse una edificabilidad mayor
que la del inmueble demolido. Se trata de una medida fundamental para
completar el carácter disuasorio de la sanción.
En la regulación de las sanciones ha de destacarse la actualización de su
cuantía, efectuada mediante la aplicación del índice de precios al
consumo, y el establecimiento de sanciones accesorias de inhabilitación
para el ejercicio profesional ante la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico y el destino de las multas a la conservación y
restauración de los bienes del Patrimonio Histórico de titularidad
autonómica.
Por último, dentro de las prescripciones en materia de procedimiento, se
incluye la medida cautelar de decomiso o precintado de los instrumentos
intervenidos en el momento de efectuar la denuncia, acordándose su destino
en la resolución del expediente sancionador.
IX
Las disposiciones adicionales recogen diversas cuestiones que vienen a
completar aspectos concretos de la regulación contenida en la Ley.
La disposición adicional primera expresa la intención de promover el
retorno de los bienes de valor histórico que se encuentren fuera de la
Comunidad Autónoma.
Las disposiciones adicionales segunda y tercera integran en la nueva
estructura del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los
bienes protegidos conforme a Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico Andaluz, y los bienes declarados de interés cultural.
La disposición adicional cuarta establece un entorno cautelar para
aquellos inmuebles protegidos sin haberlo delimitado, por no exigirlo la
norma vigente en su día.
Asimismo, la disposición adicional quinta establece el marco jurídico de
aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz de la Iglesia católica,
clarificando en este punto el régimen de los bienes en posesión de la
misma, sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos entre el Estado
Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979.
En cuanto a la disposición adicional sexta, trata igualmente de establecer
el régimen jurídico de aquellos bienes que, formando parte del Patrimonio
Histórico Andaluz, se encuentran en posesión de organismos públicos tales
como universidades y entidades locales.
Por último, la disposición adicional séptima reconoce la importancia del
Patrimonio Histórico como recurso turístico de gran interés y la
contribución que su difusión turística tiene en el desarrollo de una
sensibilización social para su protección o mejora, constituyendo el
contenido de la disposición adicional novena.
La disposición transitoria primera aplica el régimen previsto en la
presente Ley a la resolución de los expedientes incoados con anterioridad
a su entrada en vigor, evitando, de este modo, disfunciones y asegurando
la completa adecuación a las nuevas figuras de protección.
La disposición transitoria segunda establece un plazo de tres años para la
elaboración de los planes de descontaminación visual por parte de los
municipios y para la retirada de elementos contaminantes.
Por su parte, la disposición transitoria tercera establece un plazo de un
año para poner en conocimiento de la Administración competente la posesión
de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico, fijándose el régimen
jurídico aplicable en el supuesto de no llevarse a cabo esta declaración.
La disposición transitoria cuarta regula la adaptación de los Estatutos de
las asociaciones dedicadas a la detección de objetos que se encuentran en
el subsuelo a las previsiones de la Ley, para lo que concede un plazo de
seis meses.
Por último, las disposiciones finales primera y segunda actualizan
preceptos de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, modificando la
antigüedad de determinados documentos para que formen parte del Patrimonio
Documental Andaluz e introduciendo el concepto de préstamo administrativo
de documentos, cerrando el texto la disposición final, referida a la
habilitación al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario de la
norma.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio
Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección,
conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso
como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su
transmisión a las generaciones futuras.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se
compone de todos los bienes de la cultura, tangibles o intangibles, en
cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico,
histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico
o industrial para la Comunidad Autónoma.
Artículo 3. Competencia.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia
exclusiva sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de las
competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades
locales.
Artículo 4. Cooperación de otras Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas colaborarán estrechamente entre sí en el
ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa, conservación,
fomento y difusión del Patrimonio Histórico, mediante relaciones
recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua.
2. Corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la
protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en especial a
través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el
valor cultural de los mismos.
Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares
necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz
cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra
función que legalmente tengan encomendada.
3. Además de los supuestos de delegación de competencias previstos en la
Ley, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
mediante convenio con las entidades locales interesadas, podrá delegarse
en éstas el ejercicio de competencias en la materia propias de la
Administración de la Junta de Andalucía, dentro del marco establecido en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Artículo 5. Colaboración ciudadana.
1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien
integrante del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, a la mayor brevedad
posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, que
llevará a cabo las actuaciones que procedan.
2. La denuncia no otorga a quien la formula la condición de persona
interesada, sin perjuicio de que se le informe del inicio del
procedimiento que, en su caso, pueda tramitarse.
TÍTULO I
Protección del Patrimonio Histórico
CAPÍTULO I
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
Artículo 6. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
1. Se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como
instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta
y divulgación de los mismos.
2. La formación, conservación y difusión del Catálogo queda atribuida a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que tendrá a su
cargo la redacción y custodia de la documentación correspondiente a los
muebles, inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que
constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá ser consultado,
quedando la documentación administrativa sometida a las normas
establecidas para el Patrimonio Documental y demás normativa aplicable.
Artículo 7. Estructura del Catálogo.
1. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz comprenderá los
Bienes de Interés Cultural, los bienes de catalogación general y los
incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.
2. La inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz podrá realizarse de manera individual o colectiva.
3. Con carácter cautelar se realizarán anotaciones preventivas en el
Catálogo en los términos previstos en el artículo 9.2.
Artículo 8. Efectos de la inscripción.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta Ley para las
personas propietarias, titulares de derechos y poseedoras de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, la inscripción en el
Catálogo General llevará aparejados los siguientes efectos:
a) La inscripción de Bienes de Interés Cultural les hará gozar de una
singular protección y tutela, de acuerdo con lo previsto en la Ley y con
las instrucciones particulares que, en su caso, se establezcan de acuerdo
con el artículo 11.
b) La inscripción de bienes de catalogación general supondrá la aplicación
de las normas previstas en la Ley.
c) La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español supondrá la aplicación del régimen jurídico
establecido para dicho Inventario en la Ley de Patrimonio Histórico
Español, así como de las normas previstas en la Ley.
d) La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará la
aplicación provisional del régimen de protección que le corresponda en
función de la clase de inscripción promovida y, en su caso, las medidas
cautelares que se establezcan.
Artículo 9. Procedimiento de inscripción.
1. Sin perjuicio del régimen previsto para los bienes a que se refieren
las disposiciones adicionales tercera, quinta, sexta y séptima, que quedan
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por
ministerio de esta Ley, el procedimiento para la inscripción se incoará de
oficio por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Cualquier persona física o jurídica podrá instar a esta Consejería,
mediante solicitud razonada, dicha incoación. La solicitud se entenderá
desestimada transcurridos tres meses desde su presentación sin haberse
dictado y notificado resolución expresa.
2. La resolución de incoación del procedimiento llevará aparejada la
anotación preventiva del bien en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. La protección cautelar derivada de la anotación cesará
cuando se deje sin efecto la incoación, se resuelva el procedimiento o se
produzca su caducidad.
3. En el procedimiento para la inscripción de los Bienes de Interés
Cultural, en el caso de bienes inmuebles y de actividades de interés
etnológico, será preceptivo un trámite de información pública, así como de
audiencia al municipio del término donde radique el bien o la actividad y
a otros organismos públicos afectados. En la inscripción de Monumentos y
Jardines Históricos se dará, además, trámite de audiencia a los
particulares directamente afectados en sus derechos. En el caso de bienes
muebles sólo será preceptivo el trámite de audiencia a los particulares
directamente afectados.
4. En el procedimiento para la inscripción de bienes de catalogación
general, se seguirán las siguientes reglas:
a) En el caso de bienes inmuebles y de actividades de interés etnológico,
será preceptivo un trámite de información pública, así como de audiencia
al municipio del término donde radique el bien o la actividad. En la
inscripción de bienes inmuebles individualizados se dará, además, trámite
de audiencia a los particulares directamente afectados en sus derechos.
b) En el caso de bienes muebles o de bienes del Inventario General de
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, será preceptivo un
trámite de audiencia a los particulares directamente afectados en sus
derechos.
c) En todo caso se requerirá informe favorable de alguno de los órganos
consultivos reconocidos en esta Ley. Transcurridos dos meses desde la
solicitud del informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá
emitido favorablemente.
5. La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo
corresponderá:
a) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se trate de
Bienes de Interés Cultural.
b) A la persona titular de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción de bienes de
catalogación general.
c) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de
patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción de los bienes
incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.
6. La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos dieciocho
meses desde la fecha de su incoación, sin que se haya dictado y notificado
su resolución. Declarada la caducidad del procedimiento, no podrá volver a
iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular del
bien o de al menos dos instituciones consultivas no dependientes de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
7. De las inscripciones y anotaciones preventivas de los Bienes de Interés
Cultural y de los bienes del Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español se dará traslado a la Administración General
del Estado para su constancia en el Registro y en el Inventario
correspondientes.
Artículo 10. Modificación y cancelación.
La modificación o cancelación de la inscripción de un bien en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz se realizará siguiendo el
procedimiento establecido en esta Ley para su inscripción.
Artículo 11. Instrucciones particulares.
1. La inscripción de un Bien de Interés Cultural en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz podrá llevar aparejado el establecimiento
de las instrucciones particulares que concreten, para cada bien y su
entorno, la forma en que deben materializarse las obligaciones generales
previstas en esta Ley para las personas propietarias, titulares de
derechos o simples poseedoras de bienes catalogados.
2. La resolución por la que se incoe el procedimiento de inscripción podrá
ordenar la redacción de instrucciones particulares, que deberán obrar en
el expediente antes de que se efectúen los trámites de información pública
y de audiencia. En aquellos supuestos en que sea necesario, dicha
resolución incluirá unas instrucciones particulares provisionales como
medida cautelar.
Artículo 12. Inclusión en el Registro de la Propiedad.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico instará la
inclusión gratuita en el Registro de la Propiedad de la inscripción de los
bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Las personas responsables de este Registro adoptarán en todo caso las
medidas oportunas para la efectividad de dicha inscripción.
2. Será título suficiente para efectuar dicha inclusión la certificación
administrativa expedida por la citada Consejería en la que se transcriba
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La
certificación contendrá los demás requisitos previstos en la legislación
hipotecaria.
CAPÍTULO II
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz
Artículo 13. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz.
1. Se constituye el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz, al objeto de facilitar su identificación como
integrantes de dicho Patrimonio, correspondiendo a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico su formación, conservación y
difusión.
2. Formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles y los espacios
vinculados a actividades de interés etnológico a los que en virtud de
resolución de la Dirección General competente en materia de patrimonio
histórico se les reconozca como integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y contendrá, al menos, la identificación, descripción y
localización de los bienes reconocidos.
Asimismo, formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles en los
que concurran alguno de los valores enumerados en el artículo 2 de esta
Ley, así como aquellos espacios vinculados a actividades de interés
etnológico contenidos en los catálogos urbanísticos, una vez que hayan
sido incluidos en el registro administrativo previsto en la normativa
urbanística. A tal fin la Consejería responsable del citado registro
comunicará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
las inscripciones que en el mismo se produzcan.
No formarán parte de este Inventario los bienes que se inscriban en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
3. Los municipios, cuando elaboren o modifiquen sus catálogos
urbanísticos, incluirán necesariamente en los mismos aquellos bienes
inmuebles y espacios del Inventario, reconocidos por resolución de la
Dirección General competente en materia de patrimonio histórico, que
radiquen en su término municipal.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico
Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares.
1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no
catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos
de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos,
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar
sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber
de conservación.
2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, asimismo, permitir su inspección
por las personas y órganos competentes de la Administración de la Junta de
Andalucía, su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la
misma, así como facilitar la información que pidan las Administraciones
Públicas competentes sobre el estado de los bienes y su utilización.
3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la
visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas
previamente señalados. El cumplimiento de esta obligación podrá ser
dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico cuando medie causa justificada. En el caso de bienes
muebles se podrá, igualmente, acordar como obligación sustitutoria el
depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de
seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos
años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones
organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes
deban ser cumplidos.
Artículo 15. Órdenes de ejecución.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples
poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones
necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. Dichas órdenes
no excusarán de la obligación de obtener de otras Administraciones
Públicas las licencias o autorizaciones que correspondan.
2. Las personas destinatarias de tales órdenes de ejecución tendrán la
posibilidad de liberarse de la carga impuesta siempre que el coste de las
obras o actuaciones necesarias ordenadas por la Consejería excedan del 50%
del valor total del bien de que se trate. Para que se produzca esta
liberación, tales personas habrán de ofrecer a la Consejería, para ella
misma o para un tercero, la transmisión de sus respectivos derechos sobre
el indicado bien. El precio de la transmisión será el resultado de detraer
del valor total del bien el coste de las obras o actuaciones impuestas.
3. En el supuesto de que la Consejería opte por no adquirir el bien
ofrecido, la persona propietaria, titular o poseedora del bien vendrá
obligada a adoptar únicamente aquellas previsiones cuyo coste no supere el
50% del valor del bien con arreglo a las prioridades señaladas en cada
caso por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Artículo 16. Ejecución forzosa.
1. En el caso de que las personas obligadas por las órdenes de ejecución
de obras o actuaciones de conservación, mantenimiento o custodia no las
ejecuten voluntariamente, ni procedan a optar por las medidas indicadas en
los apartados 2 y 3 del artículo 15, la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico podrá, bien imponer multas coercitivas cada mes en
que se mantenga la situación de desobediencia, por importe máximo cada una
del 10% del coste de las obras o actuaciones impuestas, bien proceder a la
ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al obligado a su
realización. La ejecución subsidiaria no excusará de la obligación de
obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o autorizaciones
que correspondan.
2. Si se optase por la ejecución subsidiaria podrá exigirse por anticipado
el pago del importe previsto para las obras, realizándose la liquidación
definitiva una vez finalizadas.
3. Cuando no se haya realizado el pago del coste de las obras ejecutadas
subsidiariamente en el procedimiento recaudatorio incoado al efecto, y
siempre que la deuda no se hubiera extinguido, la Administración podrá
optar por detraer una cantidad equivalente a la efectivamente invertida
del precio de adquisición más los correspondientes intereses de demora, si
en el plazo de diez años, contados desde la liquidación del gasto,
adquiere el bien por compraventa, tanteo, retracto o expropiación con
fines culturales, considerándose, en tal caso, las cantidades invertidas
como anticipos a cuenta.
Artículo 17. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier otro derecho
real de uso o disfrute de bienes muebles o inmuebles inscritos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz estarán sometidas al
derecho de tanteo y retracto con arreglo a lo previsto en los apartados
siguientes. En el caso de los Conjuntos Históricos, el ejercicio de dicho
derecho se limitará a los inmuebles individualmente inscritos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y, en su caso, a los
señalados a estos efectos en las instrucciones particulares, así como a
los inmuebles situados en los Conjuntos Históricos que estén incluidos en
los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
2. En cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, la voluntad de
transmitir la titularidad o tenencia de bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz habrá de ser previamente
notificada por sus titulares de forma fehaciente a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico y a los municipios en que
radiquen dichos bienes, con dos meses de antelación, indicando el precio y
condiciones en que se pretendan enajenar.
3. Durante el indicado plazo, la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico podrá ejercitar el derecho de tanteo para sí o para
las entidades locales y otras entidades de derecho público o entidades
privadas, en este último caso sin ánimo de lucro que tengan una destacada
finalidad cultural, quedando en tal caso la Consejería o la entidad
beneficiaria obligada a abonar el precio por el que se iba a enajenar el
bien de que se trate.
4. Si no se realizara la notificación prevista en el apartado 2 o se
realizare la transmisión por precio o condiciones distintas de las
notificadas, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los seis meses siguientes
a la fecha en que tenga conocimiento explícito y fehaciente de la
transmisión.
5. Igual notificación previa, en los términos del apartado 2, deberán
realizar los subastadores que pretendan enajenar en pública subasta
cualquier bien del Patrimonio Histórico Andaluz. En este supuesto la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ejercer del
mismo modo los derechos de tanteo y retracto.
6. Lo señalado en los apartados anteriores no excluye que los derechos de
tanteo y retracto puedan ser ejercidos por los municipios en que radiquen
los bienes. No obstante tendrá carácter preferente el ejercicio de tales
derechos por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
7. Las adquisiciones realizadas por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico en ejercicio de los derechos de tanteo o retracto de
bienes culturales se considerarán comprendidas en los supuestos
excepcionales previstos en el artículo 77.1 de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
correspondiendo a dicha Consejería la resolución motivada a que hace
referencia el mencionado apartado y la perfección del negocio
correspondiente.
Artículo 18. Expropiación.
1. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley
para las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos sobre
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico facultará
a la Administración para la expropiación total o parcial del bien por
causa de interés social.
2. En aplicación del artículo 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, se consideran de interés social las obras y
adquisiciones necesarias para posibilitar la contemplación de bienes
catalogados, facilitar la conservación de los mismos o eliminar los usos
incompatibles u otras circunstancias que atenten contra los valores o
seguridad de dichos bienes.
3. Las entidades locales podrán acordar también la expropiación de tales
bienes notificando previamente este propósito a la Administración de la
Junta de Andalucía, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.
Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva.
1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de
esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de
protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del
Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su
contemplación.
2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el
planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y
urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva.
Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes
elementos:
a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal
que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo
energéticos.
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.
e) La colocación de mobiliario urbano.
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.
3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los
que se refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de
seis meses cuando se extinga su uso.
TÍTULO II
Conservación y Restauración
Artículo 20. Criterios de conservación.
1. La realización de intervenciones sobre bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz procurará por todos los medios de
la ciencia y de la técnica su conservación, restauración y rehabilitación.
2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas
existentes, así como las pátinas, que constituyan un valor propio del
bien. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará, en su caso, y
siempre que quede fundamentado que los elementos que traten de suprimirse
supongan una degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para
permitir la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación
histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente
documentadas.
3. Los materiales empleados en la conservación, restauración y
rehabilitación deberán ser compatibles con los del bien. En su elección se
seguirán criterios de reversibilidad, debiendo ofrecer comportamientos y
resultados suficientemente contrastados. Los métodos constructivos y los
materiales a utilizar deberán ser compatibles con la tradición
constructiva del bien.
4. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el
apartado 3 evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando en su
reposición se utilicen algunas partes originales de los mismos o se cuente
con la precisa información documental y pueda probarse su autenticidad. Si
se añadiesen materiales o partes indispensables, las adiciones deberán ser
reconocibles y evitar las confusiones miméticas.
Artículo 21. Proyecto de conservación e informe de ejecución.
1. La realización de intervenciones de conservación, restauración y
rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de
conservación con arreglo a lo previsto en el artículo 22.
2. Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a
personal técnico, se presentará a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de las mismas en el
plazo y con el contenido que se determinen reglamentariamente.
Artículo 22. Requisitos del proyecto de conservación.
1. Los proyectos de conservación, que responderán a criterios
multidisciplinares, se ajustarán al contenido que reglamentariamente se
determine, incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus valores
culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a
utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico,
técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como
un programa de mantenimiento.
2. Los proyectos de conservación irán suscritos por personal técnico
competente en cada una de las materias.
Artículo 23. Potestad de inspección.
La Consejería competente en materia de patrimonio histórico está facultada
para inspeccionar en todo momento el desarrollo de las labores de
conservación, restauración y rehabilitación de los bienes que formen parte
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Artículo 24. Intervenciones de emergencia.
1. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto de conservación las
actuaciones de emergencia que resulten necesarias realizar en caso de
riesgo grave para las personas o los bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.
2. La situación de emergencia deberá acreditarse mediante informe suscrito
por profesional competente, que será puesto en conocimiento de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico antes de
iniciarse las actuaciones. Al término de la intervención deberá
presentarse informe descriptivo de su naturaleza, alcance y resultados.
3. Las intervenciones de emergencia o, en su caso, las medidas cautelares
se limitarán a las actuaciones que resulten estrictamente necesarias,
debiendo evitarse las de carácter irreversible, reponiéndose los elementos
retirados al término de las mismas.
Si la intervención de emergencia comporta la ejecución de demolición de
bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 33, 34, 37 y 38 de la
Ley.
4. En el supuesto de que la situación de riesgo a que hace referencia el
apartado 1 de este artículo venga motivada por la interrupción de obras o
intervenciones en los bienes, se requerirá al responsable de las mismas
para que proceda a tomar las medidas necesarias con carácter inmediato.
Caso de que dicho requerimiento no sea atendido, la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico podrá proceder a la ejecución
subsidiaria, teniendo la consideración de expediente de tramitación de
emergencia a los efectos de su contratación administrativa.TÍTULO III
Patrimonio Inmueble
CAPÍTULO I
Clasificación y ámbito de los Bienes de Interés Cultural
Artículo 25. Clasificación.
Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean
objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz se clasificarán con arreglo a la
siguiente tipología:
a) Monumentos.
b) Conjuntos Históricos.
c) Jardines Históricos.
d) Sitios Históricos.
e) Zonas Arqueológicas.
f) Lugares de Interés Etnológico.
g) Zonas Patrimoniales.
Artículo 26. Conceptos.
1. Son Monumentos los edificios y estructuras de relevante interés
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico,
industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles,
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen.
2. Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o
rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes
por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,
etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia
suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación.
3. Son Jardines Históricos los espacios delimitados producto de la
ordenación humana de elementos naturales, a veces complementados con
estructuras de fábrica, y estimados de interés en función de su origen o
pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
4. Son Sitios Históricos los lugares vinculados a acontecimientos o
recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones culturales o de la
naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico,
etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial.
5. Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los
que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos o
paleontológicos de interés relevante relacionados con la historia de la
humanidad.
6. Son Lugares de Interés Etnológico aquellos parajes, espacios,
construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura,
actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que merezcan
ser preservados por su relevante valor etnológico.
7. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen
un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de
uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y
ambientales.
Artículo 27. Contenido de la inscripción.
1. En la inscripción de los bienes inmuebles de interés cultural deberán
concretarse, tanto el bien objeto central de la protección como, en su
caso, el espacio que conforme su entorno.
2. En la inscripción de dichos bienes inmuebles se harán constar, además,
aquellos bienes muebles y las actividades de interés etnológico que por su
íntima vinculación con el inmueble deban quedar adscritos al mismo,
gozando de la consideración de Bien de Interés Cultural.
Artículo 28. Entorno de los Bienes de Interés Cultural.
1. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará
formado por aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar
a los valores propios del bien de que se trate, a su contemplación,
apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles
colindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados.
2. Las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la
autorización prevista en la Ley, al objeto de evitar las alteraciones a
que se refiere el apartado anterior.
CAPÍTULO II
Planeamiento de protección y prevención ambiental
Artículo 29. Instrumentos de ordenación y planes con incidencia
patrimonial.
1. Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los
planes o programas sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del
Patrimonio Histórico identificarán, en función de sus determinaciones y a
la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecerán una
ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute
colectivo. En el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales
se integrarán en el catálogo urbanístico.
2. A tal fin, las entidades promotoras de su redacción solicitarán
información a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico dentro del ámbito
previsto. Ésta remitirá la información solicitada en el plazo de un mes,
relacionando todos los bienes identificados y su grado de protección, los
cuales deberán ser objeto de un tratamiento adecuado en el plan o programa
correspondiente, pudiéndose aportar directrices para su formulación.
3. Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en
los suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas
generales previstos, cuando de la información aportada por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, recabada conforme al
apartado anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos
arqueológicos. El contenido del análisis arqueológico se determinará
reglamentariamente.
4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida
sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre
Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter
preceptivo cuando se trate de instrumentos de ordenación territorial y
carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación
urbanística o de planes o programas sectoriales. El informe deberá ser
emitido en el plazo de dos meses. En caso de no ser emitido en este plazo,
se entenderá favorable.
5. Si en el procedimiento de aprobación del plan se produjeran
modificaciones en el documento informado que incidan sobre el Patrimonio
Histórico, el órgano competente para su tramitación volverá a recabar
informe de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico,
que dispondrá del mismo plazo establecido en el apartado cuarto. En caso
de no ser emitido en ese plazo, el mismo se entenderá favorable.
6. Lo previsto en este artículo será igualmente de aplicación para la
revisión o modificación de planes o programas.
Artículo 30. Planeamiento urbanístico de protección.
1. La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el
planeamiento urbanístico a las necesidades de protección de tales bienes
en el plazo de dos años, con aprobación definitiva de la innovación si
fuese necesaria, desde la publicación de la inscripción. Dicha obligación
no podrá quedar excusada por la existencia de un planeamiento
contradictorio con la protección de los bienes inscritos, ni por la
inexistencia de planeamiento que contemple a los bienes inscritos.
2. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos,
Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés
Industrial o Zonas Patrimoniales se ajustarán a los contenidos
establecidos en el artículo 31. En estos casos, el plazo a que se refiere
el apartado anterior podrá prorrogarse, previa petición razonada y siempre
que en la misma se establezcan el tipo de planeamiento urbanístico y plazo
para su cumplimiento.
3. La elaboración y aprobación de los planes urbanísticos se llevarán a
cabo de una sola vez para el conjunto del área o, excepcionalmente y
previo informe favorable de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, de modo parcial por zonas que merezcan una
consideración homogénea.
4. Aprobados definitivamente los planes, los municipios podrán solicitar
que se les delegue la competencia para autorizar obras o actuaciones que
afecten a los bienes inscritos y a sus entornos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40.
Artículo 31. Contenido de protección de los planes.
1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos,
Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés
Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como mínimo:
a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones
particulares si las hubiere.
b) Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura
territorial y urbana.
c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles
edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras
estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para
cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.
d) La identificación de los elementos discordantes con los valores del
bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.
e) Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y
las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas
de intervención para la revitalización del bien protegido.
f) Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la contaminación
visual o perceptiva.
g) La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico
en el ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las
cautelas arqueológicas correspondientes.
h) Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la
conservación de los valores protegidos.
2. Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán
contener, además de las determinaciones recogidas en el apartado anterior,
las siguientes:a) El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el
parcelario existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones
urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan una mejora de
sus relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten los usos
degradantes del bien protegido.
b) La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas
edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las
sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la
conservación general del carácter del bien protegido.
3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística podrán incorporar
directamente los requisitos de los apartados 1 y 2, o bien remitir, a
través de sus determinaciones, a la elaboración obligatoria de Planes
Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo con el mismo
contenido, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la aprobación
de estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística.
Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control
ambiental.
1. El titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de
prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de impacto
ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente en esta materia,
incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de análisis
ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de
medio ambiente las determinaciones resultantes de una actividad
arqueológica que identifique y valore la afección al Patrimonio Histórico
o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal
actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
2. La Consejería competente en materia de medio ambiente recabará informe
vinculante de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
sobre la afección al Patrimonio Histórico de la actividad proyectada e
incluirá, en las correspondientes resoluciones y pronunciamientos, las
determinaciones resultantes del informe emitido, que se considerará a
todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33.
3. El plazo de emisión del informe será de treinta días y en caso de no
ser emitido en este plazo se entenderá favorable. No obstante, cuando la
actividad incida sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de
Interés Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser
emitido en este plazo se entenderá desfavorable.
CAPÍTULO III
Régimen de protección
SECCIÓN 1.ª ACTUACIONES SOBRE INMUEBLES PROTEGIDOS
Artículo 33. Autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de
comunicación sobre inmuebles.
1. Todo inmueble inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz es inseparable del lugar donde se ubica. No se podrá proceder a su
desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de
fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, previa autorización de
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier
clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines
Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 19.
Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los
inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su
contemplación, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse
reglamentariamente.
3. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes
licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier
cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien
de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo,
incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de
modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones
o accesorios recogidos en la inscripción.
Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de
rótulo, señal o símbolo en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los
Jardines Históricos y en sus respectivos entornos.
4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico dispondrá
de un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la
documentación exigida reglamentariamente, para resolver sobre la solicitud
de autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, el interesado entenderá desestimada la solicitud de
autorización.
La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse
iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio de que
su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial.
5. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en
bienes de catalogación general, con carácter previo a la solicitud de la
correspondiente licencia. En el plazo de treinta días a contar desde tal
comunicación, la Consejería valorará el proyecto y formulará en su caso
las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección
del bien, y que la persona interesada deberá cumplir, así como
cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes.
6. La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas,
respectivamente, en los apartados 3 y 5 de este artículo, deberán
acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título II,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.
Artículo 34. Actuaciones no sometidas a licencia.
1. Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente al trámite
reglado de la licencia municipal, que hubieran de realizarse en Bienes de
Interés Cultural, en su entorno o en bienes de catalogación general, los
particulares interesados, así como las Administraciones Públicas que
hubieran de autorizarlas, remitirán previamente a la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico la documentación necesaria, cuyo
contenido se determinará reglamentariamente.
2. La Consejería podrá solicitar documentación complementaria y dispondrá
de tres meses, a partir de su recepción, para proceder al otorgamiento o
denegación de la autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud
de autorización. En el caso de bienes de catalogación general el plazo
será de treinta días desde la recepción de la comunicación de la
intervención u obra.
Artículo 35. Suspensión de obras o actuaciones.
En cualquier caso, la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico podrá ordenar la suspensión de obras o actuaciones en bienes
integrantes del Patrimonio Histórico, por espacio de treinta días, con el
fin de decidir sobre la conveniencia de incluirlos en alguna de las
modalidades de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
Artículo 36. Suspensión de licencias y paralización de actuaciones.
1. La incoación del procedimiento para la catalogación de un inmueble como
Bien de Interés Cultural determinará la suspensión de las actuaciones que
se estén desarrollando sobre el mismo, y de las licencias municipales de
parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de
los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización de
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. La denegación de la autorización llevará aparejada la necesidad de
proceder a la revocación total o parcial de la licencia concedida.
SECCIÓN 2.ª RUINA, DEMOLICIONES Y PARALIZACIÓN DE OBRAS
Artículo 37. Expedientes de ruina.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico deberá ser
notificada de la apertura y resolución de los expedientes de ruina que se
refieran a bienes afectados por la inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.
2. La Consejería podrá constituirse en parte interesada en cualquier
expediente de ruina que pueda afectar directa o indirectamente al
Patrimonio Histórico.
3. La firmeza de la declaración de ruina no llevará aparejada la
autorización de demolición de inmuebles catalogados.
4. En el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro
inminente de daños a las personas, la entidad que hubiera incoado
expediente de ruina deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
dichos daños, previa obtención de la autorización prevista en el artículo
33. Las medidas que se adopten no podrán incluir más demoliciones que las
estrictamente necesarias y se atendrán a los términos previstos en la
citada autorización.
Artículo 38. Demoliciones.
1. No procederá la demolición de inmuebles inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. Podrán admitirse,
excepcionalmente, demoliciones derivadas de la ejecución de proyectos de
conservación, que exigirán la autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.
2. Las demoliciones que afecten a inmuebles integrantes del entorno de
Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
3. Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos
Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico o Zonas
Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte del entorno de
Bienes de Interés Cultural, exigirán la autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto
de regulación en el planeamiento informado favorablemente conforme al
artículo 30.
Artículo 39. Actuaciones ilegales.
1. Serán ilegales las actuaciones realizadas y nulas las licencias
otorgadas sin contar con la autorización o, en su caso, la comunicación
previa previstas en el artículo 33, apartados 3 y 5, o sin atenerse a las
condiciones impuestas en la autorización.
2. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico ordenará la
suspensión inmediata de los cambios o modificaciones que se estén
realizando en los bienes inscritos, cuando no haya recibido comunicación
previa de los mismos o no los haya autorizado o, en su caso, se incumplan
los condicionamientos impuestos en la autorización.
3. En el expediente que se instruya para averiguar los hechos, la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá autorizar
las obras o modificaciones, ordenar la demolición de lo construido o la
reconstrucción de lo destruido sin autorización o sin haber efectuado la
comunicación previa u ordenar las reposiciones necesarias para recuperar
la situación anterior, todo ello con independencia de la imposición de las
sanciones pertinentes. En el caso de que en el curso de un procedimiento
sancionador por hechos que puedan comportar infracción sancionable
conforme a la presente Ley se advierta la necesidad de adoptar las medidas
referidas con anterioridad, se procederá a iniciar un procedimiento
administrativo específico a tal efecto.
CAPÍTULO IV
Régimen de competencias
Artículo 40. Delegación de competencias en los municipios.
1. Aprobados definitivamente los planes a que se refiere el artículo 30,
los municipios interesados podrán solicitar la delegación de la
competencia para autorizar directamente las obras y actuaciones que
desarrollen o ejecuten el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles que no sean Monumentos, Jardines Históricos o Zonas
Arqueológicas ni estén comprendidos en su entorno o en el ámbito
territorial vinculado a una actividad de interés etnológico.
2. No obstante, podrá delegarse también la competencia para autorizar
obras o actuaciones en los inmuebles incluidos en la delimitación de los
entornos de los Bienes de Interés Cultural cuando los referidos entornos
se encuentren suficientemente regulados por el planeamiento urbanístico
con normas específicas de protección.
3. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, los municipios
interesados deberán remitir a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico una copia del plan aprobado debidamente diligenciada
y contar con una Comisión técnica municipal que informe las obras y
actuaciones, presidida por la persona titular de la alcaldía o concejal
delegado en materia de urbanismo e integrada, al menos, por personas con
titulación suficiente para el ejercicio de la Arquitectura, la
Arquitectura Técnica, la Arqueología y la Historia del Arte. En la
solicitud deberá acreditarse la composición de dicha Comisión.
4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico, una vez
verificada la composición de la Comisión técnica municipal, podrá delegar
el ejercicio de la competencia solicitada mediante Orden de su titular en
la que se incluirá la obligación de comunicar las autorizaciones o
licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su
otorgamiento. No procederá la delegación de competencias en los supuestos
de autorización de demoliciones establecidos en el artículo 38 de esta Ley.
5. En caso de incumplimiento por el municipio del plan aprobado, la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá revocar la
delegación.
6. La derogación, revisión o modificación del planeamiento urbanístico
existente en el momento de la delegación supondrá la revocación de ésta, a
no ser que aquéllas se hubieran llevado a término con el informe favorable
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Artículo 41. Procedimiento único.
Por Decreto del Consejo de Gobierno podrá establecerse un procedimiento
único que, respetando las competencias de las diversas Administraciones
intervinientes, permita la obtención de todas las autorizaciones y
licencias que fueren necesarias para realizar obras, cambios de uso o
modificaciones de cualquier tipo que afecten a inmuebles inscritos como
Bien de Interés Cultural o su entorno.
TÍTULO IV
Patrimonio Mueble
Artículo 42. Bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
1. Forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz los bienes muebles de
relevancia cultural para Andalucía que se encuentren establemente en
territorio andaluz.
2. El presente Título será también de aplicación a aquellos elementos o
fragmentos relevantes de bienes inmuebles que se encuentren separados de
éstos.
Artículo 43. Autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de
comunicación en bienes muebles.
1. Los bienes muebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico como Bien de Interés Cultural no podrán ser sometidos a
tratamiento alguno sin autorización expresa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico que dispondrá de un plazo de tres meses,
contados a partir de la recepción de toda la documentación exigida
reglamentariamente, para resolver sobre la solicitud de autorización.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá
entenderse desestimada la solicitud de autorización.
La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse
iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio de que
su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial.
2. La realización de cualquier tratamiento sobre bienes muebles de
catalogación general o incluidos en el Inventario General de Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español deberá ser comunicada previamente
a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo
de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará el
proyecto y formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen
imprescindibles para la protección del bien, y que la persona interesada
deberá cumplir, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que
se consideren convenientes.
3. La solicitud de autorización o la comunicación deberán venir
acompañadas por el proyecto de conservación regulado en el Título II,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.
Artículo 44. Bienes muebles vinculados.
Los bienes muebles incluidos de forma expresa en la inscripción de un
inmueble como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 27,
son inseparables del inmueble del que forman parte y, por tanto, su
transmisión o enajenación sólo podrá realizarse conjuntamente con el mismo
inmueble, salvo autorización expresa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.
Artículo 45. Obligaciones.
1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras
de bienes muebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, además de las obligaciones establecidas en otros
preceptos, deberán, antes de efectuar cualquier cambio de ubicación de
dichos bienes, notificarlo a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. Se exceptúa de esta obligación el cambio de
ubicación dentro del mismo inmueble en el que esté el bien.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley podrá
llevar aparejado el depósito forzoso del bien en una institución de
carácter público hasta tanto no se garantice su conservación.
3. Las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de
bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz llevarán un
libro registro en el que consten todas las transacciones que de ellos se
realicen y cuyo contenido se establecerá reglamentariamente.
Artículo 46. Actuaciones ilegales.
1. Serán ilegales las actuaciones realizadas sin contar con la
autorización o, en su caso, la comunicación previa previstas en el
artículo 43, apartados 1 y 2, o sin atenerse a las condiciones impuestas
en la autorización.
2. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico ordenará la
paralización inmediata de los cambios o modificaciones que se estén
realizando en los bienes inscritos, cuando no haya recibido comunicación
previa de los mismos o no los haya autorizado o, en su caso, se incumplan
los condicionamientos impuestos en la autorización.
3. Cuando se trate de actuaciones sobre bienes muebles no inscritos, la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico gozará de la
misma facultad de suspensión establecida para los bienes inmuebles en el
artículo 35.
4. En el expediente que se instruya para averiguar los hechos y sancionar
a los responsables, la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico podrá autorizar las actuaciones, ordenar las reparaciones
necesarias o ejecutar subsidiariamente dichas reparaciones previo depósito
del bien en una institución pública, todo ello con independencia de la
imposición de las sanciones pertinentes.
TÍTULO V
Patrimonio Arqueológico
Artículo 47. Concepto.
1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles
de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
superficie o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar
territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte de este
Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes.
2. Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son
propios del Patrimonio Histórico Andaluz y sean descubiertos como
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra, obras o actividades de
cualquier índole o por azar, todo ello de acuerdo con la legislación del
Estado.
Artículo 48. Declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica.
1. La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico podrá declarar Zona de Servidumbre Arqueológica aquellos
espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario
adoptar medidas precautorias.
2. El procedimiento para la declaración de Zona de Servidumbre
Arqueológica se incoará de oficio. Cualquier persona física o jurídica
podrá instar a esta Consejería, mediante solicitud razonada, dicha
incoación. La solicitud se entenderá desestimada transcurridos tres meses
desde su presentación sin haberse dictado y notificado resolución expresa.
3. En el procedimiento de declaración de las Zonas de Servidumbre
Arqueológica se dará audiencia, por plazo de un mes, a los municipios
afectados, a la Comisión provincial competente en materia de urbanismo y,
en su caso, a los organismos competentes en el dominio público marítimo.
Asimismo se abrirá un periodo de información pública por plazo de un mes.
4. La declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 49. Régimen de la Zona de Servidumbre Arqueológica.
1. La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones
que lleven aparejada la remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre
Arqueológica se notificará a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico con un mínimo de quince días de antelación. Recibida
la notificación, la Consejería dispondrá de un plazo de quince días para
ordenar, en su caso, la realización de catas o prospecciones
arqueológicas, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 59.
2. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico queda
facultada para inspeccionar en todo momento las obras y actuaciones que se
realicen en Zonas de Servidumbre Arqueológica.
Artículo 50. Régimen de los hallazgos casuales.
1. La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que
posean los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser
notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará
traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún
caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de
los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del
hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración.
2. La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los
municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de
veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los
trabajos, por plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no comportará
derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería
podrá disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo
superior a dos meses, quedando en tal caso obligada a resarcir el daño
efectivo que se causare con tal paralización.
3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
ordenar la intervención arqueológica más adecuada con carácter de urgencia
de los restos aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras.
4. Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en
el museo o institución que se determine.
5. La persona que descubra y la propietaria del lugar en que hubiere sido
encontrado el objeto o los restos materiales tienen derecho, en concepto
de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le
atribuya, la cual se realizará de conformidad con lo establecido por el
artículo 80 de la Ley de Expropiación Forzosa, distribuyéndose entre ellas
por partes iguales. Si fuesen dos o mas las personas descubridoras o
propietarias se mantendrá igual proporción.
El procedimiento para la declaración de los derechos de las personas
descubridoras o propietarias del lugar donde hubieran aparecido los
hallazgos casuales se desarrollará con arreglo a los trámites
reglamentariamente establecidos.
Artículo 51. Actuación administrativa.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
realizar excavaciones, prospecciones, restauraciones, consolidaciones o
actividades de difusión a través de cualquiera de las formas establecidas
en la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas.
2. Las actuaciones tendentes a evitar el deterioro o destrucción del
Patrimonio Arqueológico Andaluz que deban efectuarse sin dilación tendrán
la consideración de obras que se tramitarán por el procedimiento de
emergencia de acuerdo con lo dispuesto en la legislación referida en el
apartado anterior.
3. Se considera de utilidad pública la ocupación de los inmuebles
necesarios para la realización de actuaciones arqueológicas. Cuando se
trate de prospecciones arqueológicas necesarias para la formación del
proyecto o el replanteo de una obra pública, será de aplicación el
artículo 108.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954.
Artículo 52. Autorizaciones de actividades arqueológicas.
1. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico para la realización de todo tipo de
excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas; el
análisis de estructuras emergentes; la reproducción y estudio del arte
rupestre; las labores de consolidación, restauración y restitución
arqueológicas; las actuaciones de cerramiento, vallado, cubrición y
documentación gráfica, así como el estudio con metodología arqueológica de
los materiales arqueológicos depositados en los museos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se entiende por:
a) Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, la remoción
de tierra y el análisis de estructuras realizados con metodología
científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos
históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos.
b) Prospección arqueológica, la exploración superficial y sistemática sin
remoción de tierra realizada con metodología científica, tanto terrestre
como subacuática, dirigida al estudio, investigación o detección de
vestigios arqueológicos o paleontológicos.
c) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, el conjunto de
trabajos de campo orientados a la investigación, documentación gráfica o,
excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte
de los motivos figurados.
3. En el supuesto de actuaciones promovidas por la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico la autorización vendrá sustituida por
el visado previo del proyecto a efectos de comprobar su idoneidad técnica
y conceptual.
Artículo 53. Solicitudes.
1. Podrán solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas:
a) Las personas físicas o equipos de investigación que cuenten con la
titulación o acreditación profesional que reglamentariamente se determine.
b) Los departamentos de universidades españolas relacionados con la
investigación del Patrimonio Arqueológico.
c) Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de Arqueología de
titularidad o gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Los institutos de Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
e) Las Administraciones Públicas que pretendan realizar tales actividades
directamente y cuenten con el personal debidamente titulado o acreditado
para ello.
f) Las personas físicas o instituciones extranjeras, debiendo acompañar su
solicitud de informe emitido por otra persona o institución española de
entre las enumeradas en este apartado.
2. En todo caso la solicitud habrá de ir suscrita, además, por la persona
con titulación suficiente y acreditada experiencia que asuma la dirección
de los trabajos.
Artículo 54. Procedimiento de autorización.
1. El procedimiento de autorización se desarrollará con arreglo a los
trámites que reglamentariamente se establezcan. En la resolución por la
que se conceda la autorización se indicarán las condiciones especiales a
que deban sujetarse los trabajos, así como el museo o centro en el que
deban depositarse los hallazgos.
2. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico se
establecerán las condiciones técnicas generales para el ingreso de los
materiales arqueológicos en los museos o centros.
3. En la solicitud deberá acreditarse la autorización de la propiedad de
los terrenos para la ocupación de los mismos. La obtención de dicha
autorización, como de las restantes que sean legalmente exigibles, será,
en todo caso, responsabilidad de la dirección de la actividad arqueológica.
Artículo 55. Revocación de autorizaciones. Responsabilidades.
1. Podrán ser revocadas las autorizaciones concedidas por disconformidad
de los trabajos ejecutados con el proyecto o actividad autorizados, por
cambio no autorizado en la dirección de la actividad o por incumplimiento
de las condiciones establecidas en la autorización o de las demás
obligaciones establecidas en la Ley y en sus normas de desarrollo. La
revocación no exonera a la persona autorizada y a la persona o entidad a
que se refiere el artículo 59 del deber de conservar el yacimiento o los
vestigios hallados y de entregar la documentación de toda índole generada
por la actividad arqueológica.
2. La responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran resultar de
la ejecución de actuaciones arqueológicas recaerá sobre la persona o
entidad que haya solicitado la autorización para la realización de las
mismas y, en su caso, de las entidades o empresas de quienes dependan.
Artículo 56. Colaboración con la inspección de la actividad arqueológica.
Quienes sean responsables de una actividad arqueológica habrán de permitir
y facilitar las labores del personal inspector, que podrá permanecer en el
yacimiento y controlar la correcta ejecución del proyecto autorizado, los
descubrimientos realizados, el inventario correspondiente y el modo
científico de practicar los trabajos. De todo ello dichos responsables
deberán elevar el correspondiente informe a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.
Artículo 57. Obligaciones de la dirección de la actividad arqueológica.
1. La dirección de los trabajos se ejercerá personalmente por su
responsable, no ausentándose del lugar de la actividad arqueológica
durante su ejecución sin justificar debidamente su ausencia en el libro
diario de la actividad y sin haber delegado su responsabilidad en persona
que reúna los requisitos de titulación, especialización y conocimientos de
la problemática del yacimiento.
2. La dirección tendrá las siguientes obligaciones:
a) Comunicar fehacientemente, con una antelación de cuarenta y ocho horas,
a los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico el día que vayan a comenzar los trabajos, y el día de
su terminación, haciéndolo constar en el libro diario.
b) Llevar un libro diario en el que anotarán las incidencias y órdenes que
se produzcan.
c) Depositar los materiales encontrados en el museo o centro que se señale
en la autorización de la actividad.
d) Presentar, de la manera que reglamentariamente se determine, la memoria
científica en sus distintas modalidades con los resultados obtenidos, un
inventario detallado de los materiales encontrados y el acta de entrega de
los citados materiales al museo o centro correspondiente.
Artículo 58. Actuaciones de urgencia.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
autorizar mediante procedimiento simplificado la realización de
actividades arqueológicas de urgencia cuando considere que existe peligro
de pérdida o destrucción de bienes del Patrimonio Arqueológico.
2. Estas actuaciones se limitarán a la adopción de las medidas necesarias
para superar la situación de urgencia.
Artículo 59. Actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre un
inmueble.
1. Con carácter previo a la autorización de intervenciones sobre inmuebles
afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural o en bienes
inmuebles de catalogación general, si las medidas correctoras señaladas
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico así lo
establecen o cuando el planeamiento urbanístico así lo disponga, podrá
exigirse a la persona o entidad promotora de las mismas, cuando se presuma
la existencia de restos del Patrimonio Arqueológico en el subsuelo, la
realización de la actividad arqueológica necesaria para su protección.
2. La actividad arqueológica se sujetará al régimen de autorizaciones
previsto en este Título y se extenderá hasta el límite del aprovechamiento
urbanístico que la persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el
subsuelo.
3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
ampliar la extensión de la actividad arqueológica, financiando el coste
añadido que ello suponga, cuando existiesen razones de interés científico
o de protección del Patrimonio Arqueológico.
4. Realizada la actividad arqueológica y evaluados sus resultados se
determinarán, por el órgano competente para autorizar la intervención, las
previsiones que habrán de incluirse en el correspondiente proyecto para
garantizar, en su caso, la protección, conservación y difusión de los
restos arqueológicos, que condicionará la adquisición y materialización
del aprovechamiento urbanístico atribuido.Artículo 60. Autorización del
uso de detectores y otros instrumentos.
1. El uso de detectores de metales u otras herramientas o técnicas que
permitan localizar restos arqueológicos, aun sin ser ésta su finalidad,
deberá ser autorizado por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. Podrán eximirse de esta autorización los usos que se
establezcan reglamentariamente.
2. La persona interesada deberá presentar solicitud en la que indicará el
ámbito territorial y fecha o plazo para el uso de detectores de metales u
otras herramientas y demás requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
3. La autorización deberá ser resuelta y notificada en el plazo de tres
meses. Transcurrido dicho plazo, la persona interesada podrá entender
desestimada la solicitud.
4. La autorización se otorgará con carácter personal e intransferible,
debiendo indicarse el ámbito territorial y la fecha o plazo para su
ejercicio.
5. En todo caso, cuando con ocasión de la ejecución del uso o actividad
autorizados se detectara la presencia de restos arqueológicos de cualquier
índole, la persona autorizada suspenderá de inmediato el uso o actividad
autorizados, se abstendrá de realizar remoción del terreno o intervención
de cualesquiera otra naturaleza y estará obligada a dar conocimiento,
antes del término de veinticuatro horas, a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento del término en el que se
haya detectado el resto arqueológico, o, en su defecto, a la dependencia
más próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
6. En los hallazgos a que se refiere el apartado 5, no habrá derecho a
indemnización ni a premio alguno.
7. Los Estatutos de las asociaciones y demás entidades con personalidad
jurídica propia entre cuyos fines se encuentre la detección de objetos,
metálicos o de cualquier otra naturaleza, que se encuentren en el subsuelo
deberán recoger, de forma expresa, la obligatoriedad de obtener la
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico para la localización de restos arqueológicos.
TÍTULO VI
Patrimonio Etnológico
Artículo 61. Concepto y ámbito.
1. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes,
espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida,
cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de
Andalucía.
2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la protección de un
ámbito territorial vinculado a su desarrollo, y de los bienes muebles que
se le asocien.
3. Las intervenciones en el ámbito territorial vinculado a una actividad
inscrita se someterán al régimen de autorizaciones que les corresponda en
función de la clase de inscripción que se realice.
Artículo 62. Bienes muebles de interés etnológico.
Los bienes muebles de interés etnológico andaluz quedarán sometidos al
régimen general de protección establecido en esta Ley para los bienes de
naturaleza mueble.
Artículo 63. Especial protección.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
prácticas, saberes y otras expresiones culturales como actividades de
interés etnológico les conferirá preferencia entre las de su misma
naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión, así como
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas que se establezcan.
Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o
actividades que estén en peligro de desaparición, auspiciando su estudio y
difusión, como parte integrante de la identidad andaluza. A tal fin se
promoverá su investigación y la recogida de los mismos en soportes
materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones.
Artículo 64. Adecuación del planeamiento.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar
de Interés Etnológico llevará aparejada la obligación de tener en
consideración los valores que se pretendan preservar en el planeamiento
urbanístico, adoptando las medidas necesarias para su protección y
potenciación.
TÍTULO VII
Patrimonio Industrial
Artículo 65. Definición.
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes
vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la
ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes
de la historia social, técnica y económica de esta comunidad.
2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas,
fabriles o de la ingeniería es parte integrante del Patrimonio Industrial,
incluyéndose su protección en el Lugar de Interés Industrial.
Artículo 66. Clasificación.
1. Son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, fábricas
y obras de ingeniería que constituyen expresión y testimonio de sistemas
vinculados a la producción técnica e industrial. Son bienes muebles de
carácter industrial los instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras
piezas vinculadas a actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería.
2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
se efectuará, cuando sus valores así lo justifiquen, en alguna de las
categorías que, a tal efecto, se establecen en la presente Ley.
Artículo 66 bis. Especial protección.
Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades de
carácter técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro de
desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de
la cultura tecnológica andaluza. A tal fin se promoverá su investigación y
la recogida de los mismos en soportes materiales que garanticen su
transmisión a las futuras generaciones.
Artículo 66 ter. Adecuación del planeamiento.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar
de Interés Industrial llevará aparejada la necesidad de tener en
consideración los valores que se pretendan preservar en el planeamiento
urbanístico, adoptando las medidas necesarias para su protección y
potenciación.
TÍTULO VIII
Patrimonio Documental y Bibliográfico
CAPÍTULO I
Del Patrimonio Documental
Artículo 67. Concepto y régimen jurídico del Patrimonio Documental Andaluz.
1. El Patrimonio Documental Andaluz está constituido por todos los
documentos de cualquier época, conservados, producidos o recibidos por las
personas o instituciones de carácter público y privado, estén reunidos o
no en los archivos de Andalucía, en los términos regulados en la
legislación de Archivos.
2. El Patrimonio Documental Andaluz se regirá por su legislación
específica y, en lo no previsto en ella, se aplicará lo dispuesto en esta
Ley, en especial las normas relativas a bienes muebles.
Artículo 68. Inspección de documentos.
1. Las personas titulares o poseedoras de bienes integrantes del
Patrimonio Documental Andaluz facilitarán la inspección de los mismos por
parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. La potestad de inspección de los documentos integrantes del Patrimonio
Documental Andaluz vendrá únicamente limitada por las normas que rijan el
derecho a la intimidad y a la propia imagen.
Artículo 69. Derecho de acceso.
1. Todas las personas tienen derecho a la consulta de los documentos
constitutivos del Patrimonio Documental Andaluz, de acuerdo con la
legislación en materia de archivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los órganos competentes garantizarán dicho derecho.
2. El acceso y consulta de los documentos integrantes del Patrimonio
Documental Andaluz podrá realizarse en un archivo público cuando lo
solicite la persona propietaria o poseedora, autorizando este depósito
temporal la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
CAPÍTULO II
Del Patrimonio Bibliográfico
Artículo 70. Concepto y régimen jurídico.
1. El Patrimonio Bibliográfico Andaluz está constituido por las obras y
colecciones bibliográficas y hemerográficas de carácter literario,
histórico, científico o artístico, independientemente de su soporte, del
carácter unitario o seriado, de la presentación impresa, manuscrita,
fotográfica, cinematográfica, fonográfica o magnética y de la técnica
utilizada para su creación o reproducción, de titularidad pública
existentes en Andalucía o que se consideren integrantes del mismo en el
presente capítulo.
2. El Patrimonio Bibliográfico Andaluz se regirá por su legislación
específica y, en lo no previsto en ella, será de aplicación cuanto se
dispone con carácter general en la presente Ley y, en especial, su régimen
de bienes muebles.
Artículo 71. Bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico Andaluz.
1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz:
a) Las obras y colecciones con más de cien años de antigüedad, en todos
sus ejemplares.
b) Todas aquellas obras de las que no conste la existencia de al menos
tres ejemplares en bibliotecas integradas en el Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación.
c) Los ejemplares entregados en concepto de Depósito Patrimonial
Bibliográfico Andaluz, regulado en la legislación bibliotecaria andaluza.
d) Los ejemplares de las obras no comprendidas en los anteriores
subapartados y las colecciones bibliográficas que sean declaradas de
interés bibliográfico andaluz.
2. La declaración de interés bibliográfico andaluz podrá acordarse de
oficio o a solicitud de persona interesada mediante Orden de la Consejería
competente en materia de bibliotecas, cuando se aprecie un relevante
interés bibliográfico local, provincial o de otro ámbito territorial. En
el procedimiento deberá oírse a la provincia y a los municipios afectados,
si no fueran solicitantes de la declaración. El plazo para notificar la
resolución del procedimiento de declaración de interés bibliográfico
andaluz será de seis meses, transcurrido el cual quien lo hubiese
solicitado podrá entender desestimada su pretensión.
3. Cuando la resolución aprecie como valor determinante de la declaración
la unidad de la colección bibliográfica, los bienes declarados no podrán
ser disgregados por causa alguna.
4. A los bienes declarados de interés bibliográfico andaluz les será de
aplicación el régimen jurídico establecido para los bienes integrantes del
Patrimonio Documental Andaluz en el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 9 de
enero, de Archivos.Artículo 72. Inspección y acceso.
1. Las personas titulares o poseedoras de bienes integrados en el
Patrimonio Bibliográfico Andaluz facilitarán la inspección de los mismos
por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. Las condiciones en el ejercicio del derecho de acceso a los bienes
integrantes del Patrimonio Bibliográfico Andaluz se regirán por el
artículo 4 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación.
3. A solicitud de la persona propietaria o poseedora, la obligación de
permitir el acceso y consulta de las obras y colecciones integrantes del
Patrimonio Bibliográfico Andaluz podrá, en su caso, ser sustituida por la
Consejería competente en materia de patrimonio bibliográfico por el
depósito temporal de estos bienes en una biblioteca o centro de
documentación de uso público general.
TÍTULO IX
Instituciones del Patrimonio Histórico
CAPÍTULO I
Instituciones
Artículo 73. Clasificación y régimen aplicable.
1. Son instituciones del Patrimonio Histórico Andaluz los Archivos,
Bibliotecas, Centros de Documentación, los Museos y los Espacios
Culturales.
2. Los Museos, Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación se regirán
por sus correspondientes Leyes especiales.
3. Gozarán de la protección que la presente Ley establece para los Bienes
de Interés Cultural los inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma
destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas, Centros de
Documentación, Museos y Espacios Culturales, así como los bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz en ellos custodiados.
CAPÍTULO II
Espacios Culturales
Artículo 74. Concepto.
Se entiende por Espacio Cultural el comprendido por aquellos inmuebles de
titularidad pública o privada inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, o agrupaciones de los mismos, que por su
relevancia o significado en el territorio donde se emplazan se acuerde su
puesta en valor y difusión al público.
Artículo 75. Clasificación.
Los Espacios Culturales de Andalucía se clasifican en Conjuntos y Parques
Culturales. Los Conjuntos en su constitución harán referencia a la
tipología patrimonial por la que hayan sido objeto de inscripción en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los bienes inmuebles que
los integran.
CAPÍTULO III
Conjuntos y Parques Culturales
Artículo 76. Conjuntos Culturales.
Los Conjuntos Culturales son aquellos Espacios Culturales que por su
relevancia patrimonial cuentan con un órgano de gestión propio.
Artículo 77. Funciones de los Conjuntos.
Los Conjuntos asumirán funciones generales de administración y custodia de
los bienes que tengan encomendados, y especialmente formularán y
ejecutarán un Plan Director que desarrollará programas en materia de
investigación, protección, conservación, difusión y gestión de los bienes
tutelados, y, en general, cuantas les sean encomendadas por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
Artículo 78. Estructura y funcionamiento de los Conjuntos.
1. La estructura y funcionamiento del órgano de gestión de los Conjuntos
se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de creación,
pudiendo adoptar cualquiera de las formas, con o sin personalidad
jurídica, previstas por el ordenamiento jurídico, en función de las
necesidades planteadas por sus características y finalidad.
2. Los Conjuntos contarán con una dirección, designada por la persona
titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, y
podrán contar con una Comisión Técnica que desarrollará funciones de
órgano colegiado consultivo.
Artículo 79. Parques Culturales.
1. Los Parques Culturales son aquellos Espacios Culturales que abarcan la
totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia cultural
requieran la constitución de un órgano de gestión en el que participen las
Administraciones y sectores implicados.
Artículo 80. Estructura y funcionamiento de los Parques Culturales.
1. La composición y funcionamiento del órgano de gestión de los Parques
Culturales vendrán establecidos en su norma de creación, pudiendo adoptar
cualquiera de las formas, con o sin personalidad jurídica, previstas por
el ordenamiento jurídico, y que en todo caso contemplará la obligatoriedad
de redactar un Plan Director, en los términos establecidos en el artículo
77 de esta Ley.
2. Cuando coexistan en el mismo territorio un Parque Cultural y otra
figura de protección en los que puedan coincidir objetivos comunes, se
podrán buscar formas de colaboración para la integración de los órganos de
gestión y consultivos o de participación social de ambos, de acuerdo con
el régimen jurídico de protección, ordenación y gestión de cada uno de
ellos.
CAPÍTULO IV
Red de Espacios Culturales de Andalucía
Artículo 81. Configuración de la Red.
1. La Red de Espacios Culturales de Andalucía se configura como un sistema
integrado y unitario formado por aquellos Espacios Culturales ubicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma que sean incluidos en la misma por
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, así como
aquellos enclaves abiertos al público que por sus condiciones y
características no requieran la dotación de un órgano de gestión propio.
2. Serán objeto de desarrollo reglamentario la organización y
funcionamiento de la Red de Espacios Culturales de Andalucía, así como la
posibilidad y los términos de la integración en la Red de otros sistemas o
redes de instituciones del Patrimonio Histórico.
TÍTULO X
Medidas de Fomento
Artículo 82. Inversiones culturales.
1. En toda obra pública financiada total o parcialmente por la
Administración de la Junta de Andalucía, cuyo presupuesto exceda de un
millón de euros, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por
ciento de la aportación autonómica destinada a obras de conservación y
acrecentamiento del Patrimonio Histórico Andaluz.
2. Quedan exceptuadas de esta obligación las obras que se realicen en
cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
3. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación de lo
previsto en este artículo.
Artículo 83. Porcentaje para conservación.
Los proyectos de excavaciones arqueológicas incluirán un porcentaje de
hasta el 20 por ciento del presupuesto destinado a la conservación,
restauración y difusión de los bienes expuestos o de los materiales y
estructuras descubiertos en la actuación arqueológica. En el caso de
exposiciones de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, el
porcentaje indicado irá destinado a la conservación y restauración de los
bienes expuestos.
Artículo 84. Dación en pago.
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico podrán aplicarse para
el pago de todo tipo de deudas existentes con la Administración de la
Junta de Andalucía.
2. La adjudicación de bienes a que hace referencia el apartado anterior se
realizará con arreglo a lo previsto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la salvedad de que
deberá ir precedida de un informe sobre el interés patrimonial de los
bienes a ceder por parte de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico y del informe favorable de la Comisión Andaluza de
Bienes Culturales que resulte competente en razón de la materia.
3. El sistema de pago establecido en este artículo será de aplicación a
las deudas por tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los términos previstos en la normativa estatal reguladora de
los impuestos o, en su caso, en la normativa que pudiera dictar la
Comunidad Autónoma en ejercicio de la competencia que tenga atribuida.
Artículo 85. Aceptación de donaciones y legados.
1. Se faculta a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico para aceptar donaciones y legados de bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación queda exceptuada del
requisito de previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno
previsto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.
2. Cuando se trate de bienes culturales de naturaleza inmueble la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, previa
identificación y tasación de los bienes por la Consejería competente en
materia de hacienda, elevará al Consejo de Gobierno la propuesta
correspondiente para su aceptación mediante Decreto.Artículo 86.
Aplicación de estímulos a la rehabilitación de viviendas y eliminación de
la contaminación visual.
1. Los estímulos y beneficios que el ordenamiento jurídico establece para
la rehabilitación de viviendas podrán ser aplicables a la conservación y
restauración de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
2. Asimismo, las inversiones destinadas a eliminar la contaminación visual
o perceptiva a que se refiere el artículo 19 de esta Ley tendrán la
consideración de inversiones en Bienes de Interés Cultural.
Artículo 87. Cesión de inmuebles de titularidad autonómica.
1. Para el mejor mantenimiento y vitalidad de los inmuebles pertenecientes
al Patrimonio Histórico Andaluz, de los que la Administración de la Junta
de Andalucía tenga la capacidad de disposición, podrá cederse el uso y
explotación de tales inmuebles a las personas y entidades que se
comprometan a su restauración y mantenimiento, dando prioridad en dicha
cesión a las entidades locales interesadas.2. Estas cesiones se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las particularidades de que los
cesionarios podrán ser entidades públicas o privadas de cualquier índole y
finalidad y las cesiones deberán contar con el informe favorable de la
Comisión Andaluza de Bienes Inmuebles. Las entidades públicas podrán ser
cesionarias de bienes demaniales de la Comunidad Autónoma que continuarán
afectados al cumplimiento de sus fines.
Artículo 88. Depósito voluntario de bienes muebles.
La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá aceptar
el depósito voluntario de bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz en las condiciones que convenga con sus titulares.
Artículo 89. Subvenciones.
1. Podrán concederse subvenciones a quienes tengan la propiedad, la
posesión o sean titulares de otros derechos sobre los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Andaluz, adecuándose a lo previsto en la
legislación general en materia de subvenciones.
2. Cuando razones excepcionales lo justifiquen, podrán concederse de forma
directa las subvenciones que tengan por objeto la conservación y
restauración de bienes individualmente inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la redacción de planes urbanísticos a
que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley, así como la redacción de
cartas arqueológicas municipales.
3. La concesión de subvenciones se realizará dentro de los límites
presupuestarios y con arreglo a los criterios que establezcan las bases
reguladoras de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora de subvenciones y ayudas públicas, entre los que deberán
incluirse la mayor necesidad de protección, la mejor difusión cultural y
el mayor aseguramiento de los fondos públicos empleados.
4. En el supuesto de que antes de transcurridos veinticinco años desde el
otorgamiento de las subvenciones previstas la Administración adquiera por
compraventa, tanteo, retracto o expropiación con fines culturales bienes a
los cuales se hayan aplicado dichas subvenciones, se detraerá del precio
de adquisición, una vez actualizado, una cantidad equivalente a las
mismas, considerándose como anticipos a cuenta.
5. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico se
realizarán las actuaciones necesarias para apoyar la actuación de las
entidades locales en esta materia.
TÍTULO XI
Órganos de la Administración del Patrimonio Histórico
CAPÍTULO I
Órganos ejecutivos
Artículo 90. Consejo de Gobierno.
Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno se ejercerán el
conjunto de competencias en materia de patrimonio histórico previstas en
la presente Ley, conforme al reparto de funciones que se dispone en los
preceptos siguientes.
Artículo 91. Consejería competente.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico será
responsable de la formulación y ejecución de la política dirigida a su
tutela, enriquecimiento y difusión.
2. Corresponde a la persona titular de dicha Consejería desarrollar la
acción del Gobierno en el ámbito de sus competencias, de conformidad con
las directrices de la Presidencia de la Junta de Andalucía o del Consejo
de Gobierno.
Artículo 92. Delegaciones Provinciales.
Corresponderá a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico el ejercicio de las funciones
ejecutivas que se establezcan reglamentariamente, así como las que les
puedan delegar otros órganos integrantes de la organización administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Artículo 93. Órganos interadministrativos de gestión.
1. En poblaciones o áreas que por la importancia de su Patrimonio
Histórico así lo requieran, podrán constituirse órganos de gestión en los
que participe tanto la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico como las entidades locales.
2. La constitución de estos órganos interadministrativos se realizará con
arreglo a cualquiera de las modalidades previstas en la legislación local
o urbanística, teniendo en cuenta las funciones que hayan de
encomendárseles.
3. Podrá atribuirse a estos órganos el ejercicio de funciones de las
entidades locales y de aquellas competencias de la Consejería susceptibles
de delegación.
CAPÍTULO II
Órganos consultivos
Artículo 94. Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico.
1. El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico constituye el máximo órgano
consultivo de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
patrimonio histórico.
2. En el Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico estarán representadas
las Consejerías competentes en materia de administración local, economía y
hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente, turismo,
educación, innovación y ciencia; las entidades locales y otras
instituciones y entidades cuyas competencias o actividades guarden mayor
relación con la protección del Patrimonio Histórico. También formarán
parte del Consejo las personas que presidan las Comisiones Andaluzas de
Bienes Culturales.
3. El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico estará presidido por la
persona titular de la Consejería competente en la materia. Su composición
y funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria.
Artículo 95. Funciones.
El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico ejercerá funciones de
asesoramiento, informe y coordinación, y será oído en las siguientes
ocasiones:
a) Aprobación de planes y programas que afecten a todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de patrimonio histórico.
b) Delegación de competencias del Patrimonio Histórico a las entidades
locales.
c) Creación de órganos de gestión locales de Patrimonio Histórico en los
que participe la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
d) Siempre que sea requerido con este fin por la persona titular de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
e) Aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 96. Comisiones Andaluzas de Bienes Culturales.
1. En el seno del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico y dependiendo
directamente de su Presidencia se constituyen las Comisiones que se
relacionan a continuación:
a) Comisión Andaluza de Bienes Inmuebles.
b) Comisión Andaluza de Bienes Muebles.
c) Comisión Andaluza de Arqueología.
d) Comisión Andaluza de Etnología.
e) Comisión Andaluza de Archivos y Patrimonio Documental y Bibliográfico.
f) Comisión Andaluza de Museos.
g) Cuantas otras se considere necesario establecer con carácter
específico, mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
2. Estas Comisiones emitirán sus informes a requerimiento de la
Presidencia del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico o de las
Direcciones Generales afectadas en razón de la materia.
3. La composición, organización y funcionamiento de las Comisiones
Andaluzas de Bienes Culturales se regirán por las normas que
reglamentariamente se establezcan.
Artículo 97. Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.
1. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico son órganos
consultivos de apoyo a la actuación de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. Presidirán las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico las
personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, y estarán integradas por
personal técnico de la Delegación Provincial a la que esté adscrito y
representantes de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y de municipios de la
provincia, así como personas de reconocido prestigio en la materia y otros
organismos o entidades relacionados con el Patrimonio Histórico, todos
ellos designados en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Cuando la Comisión Provincial trate asuntos que afecten a municipios
que no estén representados en la misma, éstos podrán ser convocados para
asistir a las sesiones en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 98. Funciones.
1. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico ejercerán funciones
de asesoramiento, informe y coordinación. Las Comisiones emitirán informe,
además de en los casos que se determinen reglamentariamente, en los
siguientes supuestos:
a) Autorizaciones para la realización de intervenciones en bienes
afectados por la declaración de interés cultural.
b) Propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
c) Propuestas de declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica.
d) Informar cuando sean requeridas para ello por la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
2. La organización y funcionamiento de las Comisiones Provinciales de
Patrimonio Histórico se regirán por las normas que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 99. Composición equilibrada.
La composición de los órganos consultivos regulados en este Capítulo será
equilibrada. A tal efecto, cada sexo estará representado en, al menos, un
40% de las personas en cada caso designadas. De este cómputo se excluirán
a aquellas personas que formen parte en función del cargo específico que
desempeñen.
Artículo 100. Otras instituciones consultivas.
1. Tendrán la consideración de instituciones consultivas, a los efectos de
esta Ley, las Reales Academias, las Universidades públicas de Andalucía,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuantas otras sean
creadas o reconocidas por la Junta de Andalucía.
TÍTULO XII
Inspección del Patrimonio Histórico
Artículo 101. Inspección del Patrimonio Histórico.
1. La potestad de inspección en las materias reguladas en la presente Ley
y en sus normas de desarrollo será ejercida por la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, a través de los centros directivos y
unidades orgánicas que se determinen reglamentariamente. Dicha potestad se
ejercerá, asimismo, en materia de instituciones del Patrimonio Histórico,
Patrimonio Documental y Bibliográfico.
2. El personal inspector en el ejercicio de las funciones previstas en
esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo tendrá la condición de
agente de la autoridad, con las facultades y protección que le confiere la
normativa vigente.
El personal inspector estará provisto de la correspondiente acreditación,
con la que se identificará en el desempeño de sus funciones.
3. Las Administraciones Públicas de Andalucía y cuantas personas estén
obligadas al cumplimiento de la presente Ley deberán prestar toda la
colaboración que les sea requerida por el personal inspector a fin de
permitirle realizar las correspondientes inspecciones y comprobaciones
4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector deberá observar
el respeto y la consideración debidos a las personas interesadas o
usuarias, informándoles, cuando sea requerido para ello, de sus derechos y
deberes, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento, así como de las
responsabilidades en que, en su caso, pudieran incurrir.
Artículo 102. Facultades de la Inspección.
El personal inspector tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
a) La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de patrimonio histórico, especialmente la persecución de las
actividades ilegales. Para ello, podrá requerir la subsanación de las
deficiencias apreciadas, proponer las medidas cautelares oportunas y, en
su caso, el inicio de los procedimientos sancionadores que procedan.
b) Requerir en el ejercicio de sus funciones el auxilio de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
c) Aquellas otras que, en función de su naturaleza, le encomiende la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Artículo 103. Actuaciones inspectoras.
Los documentos públicos de inspección formalizados por la Administración,
con observancia de los principios de igualdad, contradicción y defensa,
tendrán valor probatorio de los hechos que figuren en los mismos, siempre
que hayan sido constatados personalmente por los agentes habilitados por
la Administración, sin perjuicio de otros medios de prueba que puedan
proponerse a solicitud de los interesados.
TÍTULO XIII
Régimen Sancionador
CAPÍTULO I
Infracciones
Artículo 104. Concepto.
1. Salvo que sean constitutivas de delito, son infracciones
administrativas en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz
las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y las que lleven aparejado daño en los bienes del
Patrimonio Histórico, de acuerdo con lo establecido en los artículos
siguientes.
2. Las infracciones tipificadas en el presente Título en relación con los
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
se entenderán también referidas a los bienes que cuenten con anotación
preventiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, letra d).
Artículo 105. Clasificación.
Las infracciones en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz
se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Artículo 106. Infracciones muy graves.
1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) El desplazamiento o remoción de un inmueble inscrito en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33.1.
b) El incumplimiento de las medidas autorizadas o sus condicionantes en el
supuesto previsto en el artículo 37.4.
c) La realización de demoliciones de inmuebles sin cumplir los requisitos
del artículo 38.
d) La destrucción de restos arqueológicos y paleontológicos inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como la
destrucción de los yacimientos inscritos en el mismo que suponga una
pérdida de información irreparable.
2. Asimismo, se consideran infracciones muy graves todas aquellas
actuaciones que lleven aparejada la pérdida o desaparición o produzcan
daños irreparables en bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.
3. Tendrá la misma consideración la omisión del deber de conservación
cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro
irreparable de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
Artículo 107. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes actuaciones:
a) El incumplimiento de las órdenes de ejecución adoptadas por la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico de acuerdo con lo
previsto en el artículo 15.
b) La realización de cualquier clase de obra o intervención que
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.
c) La realización de intervenciones sin contar con el proyecto de
conservación requerido en el artículo 21.
d) La realización de actuaciones de emergencia a que se refiere el
artículo 24 sin estar debidamente acreditadas o sin cumplir los requisitos
previstos en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.
e) La inobservancia del requerimiento motivado por la interrupción de
obras o intervenciones a que se refiere el artículo 24.4.
f) El desplazamiento o remoción de un inmueble inscrito en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de catalogación
general, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33.1.
g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 33.2.
h) La realización de cualquier obra o actuación en inmuebles afectados por
una inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz o en sus entornos, sin haber obtenido
previamente las autorizaciones exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en
contra de los condicionantes que, en su caso, se impusieran.
i) El otorgamiento de licencias, aprobaciones o autorizaciones de
cualquier tipo para la realización de actuaciones en inmuebles afectados
por una inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz o sus entornos, sin que previamente se
hayan emitido las autorizaciones exigidas por los artículos 33.3 y 34.
j) El incumplimiento de las suspensiones de obras o actuaciones previstas
en los artículos 35, 36.1 y 39.2.
k) La realización de tratamientos sobre bienes muebles inscritos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural sin haber obtenido la autorización prevista en el artículo 43.1 o
en contra de los condicionamientos impuestos en la autorización concedida;
así como la inobservancia tanto de las medidas correctoras como de las
prescripciones o recomendaciones técnicas contenidas en el proyecto de
conservación en los supuestos previstos en los artículos 33.5 y 43.2.
l) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 44.
m) El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 45.3.
n) La destrucción de restos arqueológicos o paleontológicos que no se
hallen inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
así como la destrucción de los yacimientos que no se hallen inscritos en
el mismo que suponga una pérdida de información irreparable.
ñ) La realización de obras en Zonas de Servidumbre Arqueológica sin
efectuar la notificación preceptiva prevista en el artículo 49.1 de esta
Ley.
o) El incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones previstas
en relación con los hallazgos casuales en el artículo 50.1.
p) La realización de actuaciones arqueológicas sin cumplir los requisitos
previstos en el artículo 52 de esta Ley o sin respetar los condicionantes
impuestos en las autorizaciones administrativas.
q) El uso no autorizado o realizado sin cumplir los requisitos
establecidos en la autorización concedida de aparatos detectores de
metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos
arqueológicos, en Zonas Arqueológicas y bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz o en sus entornos, en Zonas de
Servidumbre Arqueológica o en cualquier otro lugar en los que haya
constancia de la existencia de un yacimiento o de restos arqueológicos.
r) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 60.5
de esta Ley.
s) La obstrucción de la actuación inspectora de la Administración
cultural, así como la omisión del deber de información.
Artículo 108. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 14,
cuando no constituya infracción grave o muy grave.
b) El incumplimiento de la obligación de notificación prevista en el
artículo 17, apartados 2 y 5.
c) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19.3 de
esta Ley.
d) La falta de presentación del informe previsto en el artículo 21.2.
e) El incumplimiento de la notificación prevista en el artículo 37.1.
f) El incumplimiento de la obligación de comunicar las autorizaciones y
licencias concedidas previstas en el artículo 40.4.
g) El incumplimiento de la comunicación prevista en los artículos 33.5 y
43.2.
h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 45.1.
i) El cumplimiento extemporáneo, sin causa justificada, de las
obligaciones previstas en el artículo 50.1 en relación con los hallazgos
casuales.
j) La conducta tipificada en la letra q) del artículo anterior cuando se
lleve a cabo fuera de los ámbitos o lugares previstos en el mismo.
CAPÍTULO II
Responsabilidad
Artículo 109. Responsables.
Se consideran responsables de las infracciones:
1. Quienes sean autores materiales y, en su caso, las entidades o empresas
de quienes dependan.
2. Las personas técnicas o profesionales autoras de proyectos, que ejerzan
la dirección de obras o sean responsables de actuaciones que contribuyan
dolosa o culposamente a la comisión de la infracción.
Artículo 110. Agravantes y atenuantes.
1. Se consideran circunstancia agravantes:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones en materia de patrimonio
histórico.
b) El incumplimiento de las órdenes o medidas impuestas por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico siempre que no constituya
elemento del tipo infractor.
2. Tienen la consideración de circunstancias atenuantes el reconocimiento
de la responsabilidad y la reparación espontánea del daño causado.
3. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes se tendrá en
cuenta al establecer la cuantía de las sanciones.
Artículo 111. Obligación de reparación.
1. Las infracciones de las que se deriven daños en el Patrimonio Histórico
Andaluz llevarán aparejada, cuando sea posible, la obligación de
reparación y restitución de las cosas a su estado original, y, en todo
caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. En todo caso, las infracciones por demoliciones no autorizadas en
inmuebles afectados por la inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, acarrearán el deber de reconstrucción en los
términos que se determine en la resolución del expediente sancionador, sin
que en ningún caso pueda obtenerse mayor edificabilidad que la del
inmueble demolido.
3. El incumplimiento de la obligación de reparar facultará a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico para actuar de forma
subsidiaria realizando las actuaciones reparadoras necesarias a cargo del
infractor.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 112. Multas y sanciones accesorias.
1. Las infracciones en materia de Patrimonio Histórico Andaluz se
sancionarán con multas de las siguientes cuantías, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 5:
a) Infracciones muy graves: multa de doscientos cincuenta mil un euros
(250.001) a un millón de euros (1.000.000).
b) Infracciones graves: multa de cien mil un euros (100.001) a doscientos
cincuenta mil euros (250.000).
c) Infracciones leves: multa de hasta cien mil euros (100.000).
2. Con carácter accesorio se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) La inhabilitación durante cinco años para el ejercicio de su profesión
ante la Consejería competente en materia de patrimonio histórico del
personal técnico o profesional que ejerza la dirección o sea responsable
de acciones tipificadas como infracciones muy graves.
b) La inhabilitación durante un año ante la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico del personal técnico o profesional que
ejerza la dirección o sea responsable de acciones tipificadas como
infracciones graves.
c) El decomiso definitivo de los aparatos o herramientas referidos en los
artículos 107 q) y 108 j).
3. Se dará traslado de las inhabilitaciones a que se refiere el apartado
anterior a las entidades y colegios profesionales correspondientes.
4. La gradación de las multas se realizará en función de las
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, la importancia de
los bienes afectados, la magnitud del daño causado y el grado de malicia
interviniente.
5. La cuantía de la multa no podrá ser en ningún caso inferior al doble
del beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción.
6. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una
misma infracción tendrán carácter independiente entre sí.
Artículo 113. Órganos sancionadores.
1. La imposición de las multas previstas en esta Ley corresponde a los
siguientes órganos y autoridades:
a) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico: multas de hasta cien mil
euros (100.000) y las accesorias que en su caso correspondan.
b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de
patrimonio histórico: multas desde cien mil un euros (100.001) hasta
doscientos cincuenta mil euros (250.000) y las accesorias que en su caso
correspondan.
c) La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico: multas desde doscientos cincuenta mil un euros (250.001) hasta
quinientos mil euros (500.000) y las accesorias que en su caso
correspondan.
d) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: multas desde
quinientos mil un euros (500.001) hasta un millón de euros (1.000.000) y
las accesorias que en su caso correspondan.
2. Cuando la cuantía de la multa supere el límite atribuido al órgano que
tramite el expediente sancionador se elevará la propuesta de sanción al
órgano competente para la imposición de la multa prevista.
Artículo 114. Destino de las multas.
Los importes de las multas impuestas en concepto de sanciones se
destinarán a la conservación y restauración de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico de los que sea titular la Comunidad Autónoma de
Andalucía o que la misma gestione.
CAPÍTULO IV
Procedimiento
Artículo 115. Denuncia.
1. Cualquier persona podrá denunciar las infracciones contra el Patrimonio
Histórico Andaluz. La denuncia no otorga la condición de persona
interesada a quien la formula, sin perjuicio de que, cuando la denuncia
vaya acompañada de una solicitud de iniciación, se comunique a la persona
denunciante la iniciación o no del procedimiento.
2. Las autoridades y personal funcionario que tengan conocimiento de
actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en
esta Ley están obligadas a comunicarlo a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico en el menor plazo posible.
Artículo 116. Incoación y medidas cautelares.
1. La incoación del procedimiento se realizará de oficio por los órganos
centrales o territoriales de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
2. Tan pronto como tenga conocimiento de la realización de actuaciones que
puedan ser constitutivas de infracción con arreglo a lo previsto en esta
Ley, la Administración cultural estará facultada para exigir la inmediata
suspensión de la actividad, y ordenar las medidas provisionales que estime
necesarias para evitar daños en los bienes constitutivos del Patrimonio
Histórico Andaluz, así como para incoar el oportuno expediente sancionador.
3. Se podrá establecer como medida cautelar por el órgano competente para
incoar el procedimiento sancionador el decomiso o precintado de los
instrumentos, tanto aparatos detectores como maquinaria intervenidos,
hasta la conclusión del expediente y la firmeza de su resolución, en la
que se acordará su destino. El órgano competente para incoar resolverá
sobre el decomiso en el plazo máximo de quince días desde la recepción de
la correspondiente denuncia.
Artículo 117. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán:
a) Las leves y graves, a los cinco años.
b) Las muy graves, a los diez años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día
en que se hubieran cometido. En las infracciones que constituyan el
incumplimiento continuado de alguna de las obligaciones impuestas por esta
Ley, el plazo se computará desde el día en que hubiera cesado la conducta
infractora.
3. Las sanciones prescribirán:
a) Las leves y graves, a los cinco años.
b) Las muy graves, a los diez años.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción.
5. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en
esta Ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la normativa en
materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo de aplicación.
Disposición adicional primera. Retorno a la Comunidad Autónoma de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá realizar
las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de
aquellos bienes que se consideren representativos de la cultura andaluza
que se encuentren fuera del territorio de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Equiparación de figuras de protección.
1. Los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.
2. Los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural.
Disposición adicional tercera. Incorporación al Catálogo de los bienes
declarados de interés cultural.
Quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
los Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía, así
como los que tengan atribuida tal consideración, siéndoles de aplicación
el régimen previsto en la presente Ley.
Disposición adicional cuarta. Entorno de determinados inmuebles.
1. Los monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la
legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por el
Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos
españoles, que gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural, a los
que no se les hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de
protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden
hasta las distancias siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
2. Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de
la declaración del Bien de Interés Cultural.
Disposición adicional quinta. Normas sobre la inscripción y transmisión de
los bienes de la Iglesia católica.
1. Los bienes muebles del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés, en
los términos del artículo 2 de esta Ley, haya sido reconocido en el
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia católica, a que se refiere el
artículo 28 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles
del Patrimonio Histórico Español.
2. Los inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz y los elementos de los
mismos de piedra, yeso, madera, forja, fundición, cerámica, azulejería y
vidrio cuyo interés, en los términos del artículo 2 de esta Ley, haya sido
reconocido a través de inventarios u otros instrumentos acordados por la
Comisión Mixta Junta de Andalucía-Obispos de Andalucía para el Patrimonio
Cultural, de 19 de diciembre de 1985, quedan inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de catalogación
general.
3. No se considerará transmisión de la titularidad o tenencia, a los
efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto regulados en el
artículo 17, la realizada entre las instituciones de la Iglesia católica
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición adicional sexta. Inscripción y transmisión de determinados
bienes.
1. Los bienes muebles del Patrimonio Histórico Andaluz en los términos del
artículo 2 de esta Ley que se encuentren en posesión de la Administración
de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las universidades quedan
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como
bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.
2. Los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz y los elementos
de los mismos de piedra, yeso, madera, forja, fundición, cerámica,
azulejería y vidrio en los términos del artículo 2 de esta Ley que se
encuentren en posesión de la Administración de la Junta de Andalucía, las
entidades locales y las universidades quedan inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de catalogación
general.
Disposición adicional séptima. Bienes de especial interés turístico.
Las Consejerías competentes en materia de patrimonio histórico y de
turismo fomentarán fórmulas de colaboración y de asistencia mutua para la
difusión de determinados bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz y de su entorno de especial interés turístico, respetando las
necesidades de conservación y protección establecidas en esta Ley.
Disposición transitoria primera. Expedientes incoados con anterioridad.
La tramitación de los expedientes de declaración de Bien de Interés
Cultural y de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se
regirá por la normativa en virtud de la cual se iniciaron, si bien su
resolución se efectuará conforme a la presente Ley.
Disposición transitoria primera bis. Régimen jurídico de los bienes
integrantes del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz hasta la constitución formal del mismo.
Los bienes inmuebles que conforme al artículo 13 de esta Ley deban formar
parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz estarán sujetos al régimen que para ellos se dispone en el Título
I de la Ley desde la entrada en vigor de la misma, con independencia de
que la Administración competente haya procedido a la constitución formal
del Inventario.
Disposición transitoria segunda. Descontaminación visual.
En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los
municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 19
de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o
perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico.
Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se
refiere el artículo 19, existentes a la entrada en vigor de esta Ley,
estarán obligadas a retirarlos en el plazo de tres años.
Disposición transitoria tercera. Posesión de bienes del Patrimonio
Arqueológico.1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta
Ley, las personas físicas y las jurídicas de cualquier naturaleza que
posean objetos y restos materiales integrantes del Patrimonio Arqueológico
comunicarán su existencia a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, mediante relación detallada que incluya su
identificación, descripción, localización y título de adquisición válido
en Derecho.
2. Se presume el carácter demanial de aquellos objetos y restos materiales
integrantes del Patrimonio Arqueológico cuya existencia no sea comunicada
en el plazo y con los requisitos establecidos en el apartado anterior,
salvo que se acredite su adquisición por cualquier título válido en
Derecho anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, o que, siendo posterior a
dicha fecha, traiga causa de otro título válido en Derecho anterior a la
entrada en vigor de la citada Ley.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de Estatutos.
Las asociaciones entre cuyos fines figure la detección de objetos,
metálicos o de cualquier otra naturaleza, que se encuentren en el
subsuelo, actualmente inscritas en el Registro de Asociaciones, deberán
adaptar sus Estatutos, cuando sea necesario, a lo previsto en el artículo
60.7 de esta Ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
La Consejería responsable del Registro de Asociaciones requerirá a las
asociaciones a que se refiere el párrafo anterior para que realicen las
adaptaciones oportunas, velando por el cumplimiento de esta obligación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a la presente Ley.
2. Los reglamentos dictados para la ejecución de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, continuarán vigentes en la
medida que no se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final primera. Modificación de los artículos 4 y 37 de la Ley
3/1984, de 9 de enero, de Archivos de Andalucía.
1. El artículo 4, párrafo primero de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de
Archivos de Andalucía, queda redactado como sigue:
"Forman, también, parte del Patrimonio Documental Andaluz, los documentos
recogidos o no en archivos, con una antigüedad superior a los cuarenta
años, producidos o recibidos en el ejercicio de su función por:"
2. El artículo 37 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos de
Andalucía, queda redactado como sigue:
"1. La salida de su sede, incluso temporal, de los documentos a que se
refieren los artículos 2 y 3 de esta Ley, conservados en Archivos de uso
público, habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico, salvo cuando se trate de préstamo administrativo
y en aquellos otros casos que se determinen en la Ley y en sus normas de
desarrollo.
2. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de
expedientes o, en general, de documentos, a los órganos jurisdiccionales o
administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el Ordenamiento
Jurídico".
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.