BOPA nº 753, pag. 40120 de la VII Legislatura (05/11/2007)


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7-07/PL-000007, Proyecto de Ley de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social
Orden de publicación de 25 de octubre de 2007
A LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
La Ponencia constituida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1
del Reglamento del Parlamento de Andalucía, para la tramitación del
Proyecto de Ley de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género, compuesta por los Ilmos. Sres. Diputados doña Isabel
Muñoz Durán, doña María Begoña Chacón Gutiérrez, doña Carmen Pinto
Orellana y don José Cabrero Palomares, ha aprobado, en sesión celebrada el
día 23 de octubre de 2007, el siguiente
INFORME
1. La Ponencia, haciendo uso de la técnica del "voto ponderado", propone a
la Comisión la aceptación de la totalidad de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista.
2. En el curso de la sesión, por la ponente socialista se anuncia la
presentación en Comisión, a la hora de elaborar el correspondiente
Dictamen, de distintas propuestas de carácter transaccional en relación
con las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Anticipa,
igualmente, que un determinado número de enmiendas serán aceptadas en la
forma misma en que han sido propuestas.
3. En consecuencia, y como Anexo, se acompaña el texto resultante de la
incorporación al proyecto de ley de las modificaciones que, en este
momento, la Ponencia propone a la Comisión en el presente Informe.
ANEXO
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
7-07/PL-000007
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El derecho a vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la
integridad personal, tanto física como psicológica, forma parte
inalienable de los derechos humanos universales, y, por ello, es objeto de
protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos y, muy
especialmente, desde el internacional. La violencia de género supone una
manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven
las mujeres en todo el mundo, y representa una clara conculcación de los
derechos humanos. Sin embargo, este reconocimiento no ha llevado aparejada
la eliminación ni la suficiente modificación de los factores culturales
que subyacen en su origen, ni de la consecuente tolerancia.
La regulación legal de una situación que durante siglos se ha mantenido
recluida en la privacidad ha desafiado los modos de atender la violencia
de género, y esto a su vez ha facilitado la constatación de que la
prevención y la erradicación no pueden venir de acciones aisladas, sino de
una intervención integral y coordinada, que implique la responsabilidad de
los poderes públicos a través de políticas adecuadas y del compromiso de
la sociedad civil para avanzar hacia la eliminación de toda forma de abuso
contra las mujeres.
Son múltiples los esfuerzos realizados para erradicar esta violencia hacia
las mujeres dirigida contra las mismas por el mero hecho de serlo. Así, de
forma específica, en el seno de la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas se adoptó en 1979 la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), tratado
multilateral del que surgen obligaciones para los Estados partes y en el
que se crea un órgano de vigilancia, que establece recomendaciones
generales y particulares a los Estados para garantizar la aplicación de lo
dispuesto en la citada Convención. En la misma línea se acordó la
Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993,
cuyo artículo 1 es el referente mundial para definir la violencia de
género.
La Organización de Naciones Unidas contempla la erradicación de la
violencia de género como uno de sus principales cometidos estratégicos
desde 1995, fecha en la que tuvo lugar la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Pekín, de la que nació la Declaración y la Plataforma de Acción
de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuyos contenidos han
sido revisados en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del
Milenio 2000 manifiesta que la violencia de género constituye la mayor
vulneración de los derechos humanos en el mundo, y establece la
colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las
desigualdades de género como uno de los objetivos estratégicos de la
actuación de la comunidad internacional.
También en el ámbito internacional han tenido lugar otros eventos
importantes con una incidencia fundamental en la consagración de los
derechos de las mujeres. En la Declaración de Viena de 1993 se reafirmó
que los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas
son parte inalienable de los derechos humanos universales, sin sujeción a
tradiciones históricas o culturales; en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en
1994, y en la Declaración de Copenhague, adoptada por la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social de 1995, se ha reconocido la estrecha
interdependencia de los ámbitos de la actividad pública y privada, así
como la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales en ambas
esferas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud decretó en
1998 la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad
internacional para los servicios de salud, iniciativa a la que se sumó el
Fondo para la Población de Naciones Unidas al año siguiente.
II
En el ámbito regional de la Unión Europea también se han realizado
importantes actuaciones para lograr la eliminación de la violencia contra
las mujeres. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce el
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, e insta a los Estados
partes a que desarrollen políticas específicas para la prevención y
punición de la violencia de género. La Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea se expresa en el mismo sentido, conteniendo, además,
varias disposiciones que inciden en la protección y promoción de la
integridad física y psicológica de todas las personas, y en la paridad
entre mujeres y hombres.
En la esfera práctica esta estrategia de ámbito europeo se refleja en la
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, por
la que se propugna un mayor énfasis en la creación y articulación de redes
de asistencia a las víctimas, lo que supone una directriz clara de cuál
debe ser la orientación de las medidas de atención por parte de los
Estados de la Unión Europea, así como en la reciente Decisión número
803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de
acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia
ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las
víctimas y grupos de riesgo (programa DAPHNE II).
III
La Constitución Española reconoce la igualdad como valor superior del
ordenamiento jurídico en su artículo 1.1, y en el artículo 9.2 establece
la obligación de los poderes públicos de promover aquellas condiciones,
que hagan reales y efectivas la libertad e igualdad de todas las personas.
Además la jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales
que se vulneran con la violencia de género, tales como el derecho a la
dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad, recogido
en el artículo 10.1, el derecho a la vida y a la integridad física y
moral, con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes, reconocido
en el artículo 15, así como el derecho a la seguridad, establecido en el
artículo 17, quedando también afectados los principios rectores de la
política social y económica, que se refieren a la protección de la familia
y de la infancia.
En cuanto a la regulación legal, se ha producido una evolución normativa
en el marco estatal con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,
violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y la Ley
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección para las
Víctimas de la Violencia Doméstica. Aunque sin duda, el instrumento que
cumple decididamente con las recomendaciones y directrices internacionales
y de ámbito regional europeo es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, una ley cuyo objetivo fundamental es actuar contra una violencia
que constituye una manifestación clara de la discriminación a través de un
enfoque multicausal desde la disposición de medidas en ámbitos muy
diversos.
IV
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un
fuerte compromiso en la erradicación de la violencia de género y en la
protección integral a las mujeres, al establecer, en su artículo 16, que
las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia
de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y
ayudas públicas. En este sentido, el artículo 73.2 dispone que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha
contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la
capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. La
Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos para la
sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y
prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para
conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren
este tipo de violencia. Además, el artículo 10 dispone, en su apartado 1,
que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la
participación de todos los andaluces en la vida política, económica,
cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción
positiva que resulten necesarias.
El Gobierno de Andalucía, consciente de que la violencia de género
constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la
sociedad, ha destinado importantes recursos para la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, y para la erradicación de la violencia
contra las mujeres. La Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 30, crea el Instituto
Andaluz de la Mujer, como organismo responsable de "promover las
condiciones para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de la mujer en la
vida política, económica, cultural y social, y superando cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política de la mujer". Desde
la creación del Instituto Andaluz de la Mujer, el Gobierno andaluz ha
implementado dos planes de igualdad, el I Plan de Igualdad de
Oportunidades (1990-1992) y el II Plan Andaluz para la Igualdad de Mujeres
(1995-1997), en los que se ha destacado como un objetivo clave el fomento
de las medidas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y el
desarrollo de programas de atención para las víctimas. Para intensificar
las medidas contra la violencia de género, el Gobierno de Andalucía ha
desarrollado dos Planes de acción, I Plan del Gobierno Andaluz para
avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres (1998-2000)
y el II Plan de Acción del Gobierno andaluz contra la violencia hacia las
mujeres (2001-2004) de acuerdo con las directrices de los organismos
internacionales, que contemplan la eliminación de la violencia de género
desde el enfoque multidisciplinar y coordinado de los distintos ámbitos de
actuación.
La Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia
de Género responde al desarrollo específico de las estrategias contra la
violencia de género, y constituye el reconocimiento de los derechos de las
mujeres en orden a su protección y atención.
Para su elaboración, en el Pleno celebrado el día 30 de junio de 2004, el
Parlamento de Andalucía aprobó la creación de un Grupo de Trabajo relativo
a la violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación,
que finalmente quedó constituido en el seno de la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social, y que ha contado con las aportaciones de un número
importante de personas expertas, provenientes de muy diversos ámbitos
profesionales, así como de las asociaciones de mujeres que han destacado
por su importante contribución en la condena y repulsa de la violencia de
género y en el apoyo a las mujeres.
Las propuestas y conclusiones del grupo de trabajo han servido como punto
de partida para abordar el presente texto normativo, cuya elaboración
también responde a las directrices de ámbito internacional, regional y
nacional sobre violencia de género, así como a la experiencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el desarrollo de planes de acción para
avanzar en su erradicación.
V
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, dos
Disposiciones adicionales y dos Disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge las disposiciones generales que se refieren al
objeto de la Ley, a su ámbito de aplicación, al concepto de violencia de
género y a los principios que habrán de regir la actuación de los poderes
públicos.
El Título I establece las acciones de sensibilización y prevención. En el
Capítulo I se fomentan las acciones para seguir avanzando en el
conocimiento y la investigación de las causas, características y
consecuencias de la violencia de género. En el Capítulo II se pretende,
con la elaboración periódica de un plan integral, la acción planificada
dirigida a la sensibilización, prevención, detección y protección
integral. En el Capítulo III se determinan las medidas encaminadas a que
la educación sea un elemento fundamental de prevención de la violencia y
de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, atendiendo además a los
contenidos curriculares para la resolución pacífica de conflictos. En el
Capítulo IV se recogen las medidas para promover una imagen de las mujeres
no discriminatoria, respetando el principio de igualdad de mujeres y
hombres, vigilancia de la publicidad sexista y especial atención al
tratamiento de la violencia de género. Y en el Capítulo V se garantiza la
adopción de medidas para la formación y especialización de las personas
profesionales que atienden a las mujeres.
El Título II desarrolla las acciones de protección y atención a las
mujeres, desde los distintos ámbitos de actuación. En el Capítulo I se
establecen los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de
género. En el Capítulo II se promueven acciones destinadas a la formación
en el ámbito de la seguridad y fomento de unidades policiales
especializadas para la atención a las mujeres. En el Capítulo III se
determinan las medidas para la detección precoz, atención y seguimiento de
las intervenciones realizadas en el ámbito de la salud, así como la
necesidad de reforzar la atención psicológica a las mujeres para
facilitarles su equilibrio emocional. En el Capítulo IV se adoptan las
medidas necesarias para garantizar una atención jurídica especializada,
integral e inmediata. En el Capítulo V se recogen las medidas de atención
social para garantizar a las mujeres el derecho a la información. En el
Capítulo VI se determinan las medidas para la atención integral y acogida,
consistentes en el desarrollo de un modelo de atención integral dirigido a
garantizar la protección, la atención integral multidisciplinar, y la
búsqueda de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género.
El Título III establece una serie de acciones para la recuperación
integral de las mujeres. En el Capítulo I se recogen las ayudas
socioeconómicas. En el Capítulo II se adoptan una serie de medidas
tendentes a facilitar el acceso de las mujeres a las viviendas protegidas,
y en el Capítulo III se fomentan medidas encaminadas a la formación y
promoción del empleo y trabajo autónomo de las mujeres, y a la
concienciación en el ámbito laboral.
El Título IV promueve las acciones para la coordinación y cooperación
institucional, como principio básico de una política pública de carácter
integral, orientada a sumar los esfuerzos de las instituciones,
asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de la violencia
de género.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Constituye el objeto de la presente Ley la adopción de medidas para la
erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención
y de protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación,
incluidas las acciones de detección, atención y recuperación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En particular, en los términos establecidos en la propia Ley, será de
aplicación:
a) A las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos
autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad
jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de
dichas entidades.
c) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos
autónomos, a las empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios,
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que
sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía.
3. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas, en
los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 3. Concepto de violencia de género.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por violencia de género
aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre estas por el hecho de serlo.
2. La violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto
de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la
salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de
dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si
se producen en la vida pública como privada.
2 bis. A los efectos de la presente Ley, se considera violencia de género:
a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo
de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño,
ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya
estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia
física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o
en su entorno social y/o laboral.
b) Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal,
que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de
amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su
ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de
actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres
en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no
justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico
de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición
de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.
d) Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de
naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer,
abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de
relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia
de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de
parentesco con la víctima.
Artículo 4. Principios inspiradores de la actuación de los poderes
públicos.
La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la
erradicación de la violencia de género deberá inspirarse en los siguientes
fines y principios:
a) Desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque
multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas.
b) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de género y las
necesidades y demandas de las mujeres afectadas por la misma en la
planificación, implementación y evaluación de los resultados de las
políticas públicas.
c) Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de
violencia de género, de acuerdo con los principios de universalidad,
accesibilidad, proximidad, confidencialidad de las actuaciones, protección
de los datos personales, tutela y acompañamiento en los trámites
procedimentales y respeto a su capacidad de decisión.
d) Promover acciones de sensibilización, formación e información con el
fin de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, mediante la
dotación de instrumentos eficaces en cada ámbito de intervención.
e) Promover la cooperación entre entidades e instituciones y la
participación de las asociaciones, agentes sociales y organizaciones que
actúen en favor de la igualdad y contra la violencia de género.
f) Impulsar la coordinación de los recursos e instrumentos para la
atención integral y prevención de la violencia de género.
TÍTULO I
Investigación, sensibilización y prevención
CAPÍTULO I
Investigación
Artículo 5. Fomento de las investigaciones.
La Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de conocer la
situación real sobre la violencia de género:
a) Fomentará la realización de estudios e investigaciones.
b) Impulsará la creación de un sistema de indicadores que ofrezca datos
desagregados por sexo que contribuyan a cuantificar y conocer sus
dimensiones.
c) Evaluará el impacto de las políticas que se desarrollen para la
erradicación de la violencia de género, y de las acciones que se
implementen para garantizar la atención integral a las mujeres que la
hayan padecido.
Artículo 6. Líneas de investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la realización de
aquellas actividades de investigación o estudio del fenómeno social de la
violencia de género en sus diferentes aspectos, y, en particular, las que
se refieran a:
a) El análisis de las causas, características y consecuencias; factores de
riesgo y su prevalencia en la sociedad.
b) El análisis y seguimiento de los instrumentos para su erradicación y de
las medidas para la protección y atención integral, así como de las
investigaciones relacionadas con la victimización.
c) Las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de
las mujeres, de sus familias y menores a su cargo.
d) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la
vida social.
e) La incidencia y consecuencias en los colectivos de mujeres con
especiales dificultades y, en particular, las mujeres de las zonas rurales
de Andalucía y las mujeres inmigrantes.
f) El análisis y mejora del tratamiento de la violencia de género en los
medios de comunicación y en la publicidad.
g) Aquellas otras investigaciones que se puedan establecer en los planes
integrales a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, como
consecuencia de los cambios sociales o culturales que hayan podido afectar
a este fenómeno.
2. Asimismo, garantizará la difusión de las investigaciones con el
objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad en general.
2 bis. Los datos referidos al punto 1 del presente artículo deberán
consignarse desagregados por sexo.
Artículo 7. Análisis de la violencia de género.
La Consejería competente en materia de igualdad desarrollará los
instrumentos específicos necesarios para observar y evaluar la efectividad
de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia
de género.
CAPÍTULO II
Sensibilización
Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la
violencia de género.
1. El Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan integral de
sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía,
coordinado por la Consejería competente en materia de igualdad y con la
participación de las Consejerías que resulten implicadas.
2. El Plan integral desarrollará, prioritariamente, las siguientes
estrategias de actuación:
a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir, desde la etapa
infantil hasta los niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y
hombres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
dotando de los instrumentos que permitan la detección precoz de la
violencia de género.
b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a mujeres y
hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas, y
concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como una
problemática social que atenta contra nuestro sistema de valores.
c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando
una especial consideración a los grupos de mujeres más vulnerables.
d) Formación y especialización de profesionales, con el objetivo
fundamental de garantizar una formación que les permita la prevención, la
detección precoz, la atención, la recuperación de las víctimas y la
rehabilitación del agresor.
e) Coordinación y cooperación de los distintos operadores implicados en el
objetivo de erradicación de la violencia de género, la no victimización de
las mujeres y la eficacia en la prestación de los servicios.
Artículo 9. Apoyo al movimiento asociativo.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las
asociaciones de mujeres, así como de otros colectivos y asociaciones
dedicadas a la erradicación de la violencia de género, y que lleven a cabo
programas que actúen sobre su prevención y sensibilización, así como las
que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de redes de
apoyo.
Artículo 10. Actividades culturales y artísticas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las
manifestaciones sociales, especialmente las culturales y artísticas, que
promuevan la sensibilización social contra la violencia de género.
2. Igualmente, velará para evitar cualquier tolerancia social, así como
cualquier práctica cultural y artística que constituya o incite a la
violencia de género.
CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito educativo
Artículo 11. Prevención en el ámbito educativo.
1. La Administración educativa contribuirá a que la acción educativa sea
un elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia y
específicamente la ejercida contra las mujeres.
2. Asimismo, impulsará la realización de actividades dirigidas a la
comunidad escolar, en particular al alumnado, al profesorado y a las
asociaciones de madres y padres, para la prevención de comportamientos y
actitudes de violencia de género, con el fin de que identifiquen las
distintas formas de abuso, busquen alternativas de resolución de los
conflictos y profundicen en el aprendizaje de la convivencia basada en el
respeto a todas las personas.
Artículo 12. Currículo educativo.
1. La Administración educativa incorporará en los diferentes elementos del
currículo medidas destinadas a la prevención y erradicación de la
violencia de género.
2. La Administración educativa, en los planes de acción tutorial de los
distintos niveles educativos, incluirá contenidos específicos sobre la
construcción de roles de género desde la igualdad, la educación en valores
y la erradicación de la violencia de género, atendiendo a la especial
situación de las mujeres sobre las que inciden varios factores de
discriminación.
3. La Administración educativa promoverá el desarrollo y fomento, entre
otras, de las actividades extraescolares y de ocio que procuren la
participación conjunta de niños y niñas en los momentos de juego.
4. La Administración educativa trasladará al profesorado, a los consejos
escolares, a la inspección educativa y a las empresas editoriales las
recomendaciones relativas a los criterios de selección de los materiales
curriculares teniendo en cuenta lo expresado en este precepto.
Artículo 13. Detección y atención a la violencia de género.
1. Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los
consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas
necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género
dentro del ámbito escolar.
2. Asimismo, adoptarán las medidas adecuadas, a través de los protocolos
de actuación, cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive
en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una
situación de violencia de género.
Artículo 14. Inspección educativa.
Los servicios de la inspección educativa velarán por el cumplimiento y
aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo
destinados a prevenir la violencia de género contribuyendo a su
erradicación y, en su caso, a la denuncia pertinente.
Artículo 15. Enseñanza universitaria.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y las Universidades
andaluzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán los
estudios y conocimientos transversales orientados a promover el desarrollo
emocional, la coeducación, la prevención de la violencia de género, y las
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres.
2. En especial, se promoverán los contenidos sobre violencia de género en
los ámbitos académicos relacionados o que tengan que intervenir en la
atención a las mujeres, y en los que formen a profesionales de la
enseñanza y de los medios de comunicación.
CAPÍTULO IV
Medidas en el ámbito de la publicidad y
de los medios de comunicación
Artículo 16. Publicidad y medios de comunicación.
1. Los organismos competentes de la Junta de Andalucía velarán para que
los medios de comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma no difundan contenidos, ni emitan
publicidad que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género.
2. Los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía colaborarán e impulsarán acciones de publicidad
específicas para la prevención y erradicación de la violencia de género.
Artículo 17. Consejo Audiovisual de Andalucía.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley
de creación, adoptará las medidas que procedan a fin de que los medios
audiovisuales sobre los que ejerce sus funciones traten y reflejen la
violencia de género en toda su complejidad.
Artículo 18. Medios de comunicación públicos y privados de Andalucía.
Los medios de comunicación de Andalucía:
a) Promoverán la elaboración de mecanismos de autorregulación que
garanticen la adecuada difusión de las informaciones relativas a la
violencia de género, de acuerdo con los principios de la ética
periodística.
b) Difundirán información sobre la protección a las mujeres, sobre los
recursos que están a disposición de aquéllas, y de las campañas de
sensibilización.
CAPÍTULO V
Formación de profesionales
Artículo 19. Formación de profesionales y del personal de la
Administración de la Junta de Andalucía.
1. Los poderes públicos fomentarán programas formativos dirigidos a su
personal en general, y, en especial, al personal responsable de la
atención a las víctimas de violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación
especializada en los colegios profesionales y en las entidades de ámbito
científico a través de convenios con entes públicos y/o privados, cuyos
fines estén relacionados con el objeto de la presente Ley, en especial, de
las áreas social, jurídica y sanitaria.
Artículo 20. Formación en el ámbito judicial.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la colaboración
con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado
para la formación del personal de los órganos judiciales, que hayan de
conocer en materia de violencia de género. Dicha formación se impartirá
desde la perspectiva de género y con un contenido multidisciplinar.
2. Asimismo se promoverá la formación específica necesaria para las
personas profesionales del ámbito jurídico, que tengan relación con el
objeto de la presente Ley.
Artículo 21. Formación en el ámbito educativo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, la Administración educativa incluirá en los programas
de formación inicial y permanente del profesorado temas específicos sobre
violencia de género.
Artículo 22. Formación en el ámbito de la seguridad.
1. En el marco de sus competencias, la Administración de la Junta de
Andalucía y las entidades locales que cuenten con cuerpos de policía
promoverán la organización de cursos de formación en materia de violencia
de género.
2. Asimismo, la Consejería competente en la formación de acceso y
perfeccionamiento del personal de la seguridad en Andalucía adoptará las
medidas necesarias para incluir en sus distintos niveles de formación
conocimientos específicos sobre violencia de género.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, en el seno de las
unidades policiales que en cada momento, según la legislación vigente,
estén bajo su dependencia, la formación necesaria para desarrollar las
funciones de prevención y protección que en materia de violencia de género
les corresponda.
Artículo 23. Formación a profesionales de la salud.
Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para abordar de forma adecuada
la detección precoz, la atención a la violencia de género en sus múltiples
manifestaciones y sus efectos en la salud de las mujeres, y la atención a
los grupos de mujeres con especiales dificultades. Dicha formación se
dirigirá prioritariamente a los servicios de atención primaria y de
atención especializada con mayor relevancia para la salud de las mujeres.
Artículo 24. Formación de los profesionales de los medios de comunicación.
La Administración de la Junta de Andalucía, mediante acuerdos con las
empresas, impulsará la formación específica de profesionales de los medios
de comunicación, sobre la prevención y tratamiento de la de la violencia
de género.
TÍTULO II
Protección y atención a las mujeres
CAPÍTULO I
Derechos de las mujeres
Artículo 25. Derecho a la información.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus
competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de
género el derecho a:
a) Recibir información, asesoramiento y atención adecuada a su situación
personal.
b) Recibir información sobre los centros, recursos y servicios de atención
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Tener acceso a la información en materia de violencia de género a
través de las nuevas tecnologías, particularmente en relación a recursos
existentes y servicios de atención.
Artículo 26. Derecho a la atención especializada.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus
competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de
género el derecho a:
a) La atención social integral y acogida en los centros especializados
dependientes de la Junta de Andalucía.
b) La asistencia jurídica, sanitaria y psicológica especializada.
c) La acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de
Andalucía.
d) La asistencia jurídica especializada.
Artículo 27. Derecho a la intimidad y privacidad.
La Administración de la Junta de Andalucía, las organizaciones
empresariales y las organizaciones sociales deberán proteger, en todo
caso, la intimidad y privacidad de la información sobre las mujeres
víctimas de violencia de género, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. Especialmente,
garantizarán la confidencialidad de los datos personales de los que
pudiera deducirse su identificación y paradero, así como los referentes a
sus hijos e hijas y menores que estén bajo su guarda y custodia.
Artículo 28. Derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de
género.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la escolarización
inmediata de hijos e hijas y de menores a su cargo, que se vean afectados
por un cambio de residencia como consecuencia de la violencia de género,
asegurando en todo momento la confidencialidad de su situación.
Artículo 29. Acreditación de la violencia de género.
1. En los supuestos en que se exija la acreditación de la situación de
violencia de género para el reconocimiento de los derechos regulados en la
presente Ley y de aquellos que se deriven de su desarrollo reglamentario,
esta acreditación se realizará, según lo establecido para cada caso, a
través de los siguientes medios:
a) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo
de la orden de protección, medidas cautelares, o sentencia condenatoria
por violencia de género, cuando las medidas que establezca se hallen
vigentes.
b) Excepcionalmente, y hasta tanto se dicte resolución judicial en el
sentido indicado en el apartado 1, letra a), del presente artículo, podrá
utilizarse como documento acreditativo alguno de los siguientes:
- Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen
indicios de que la demandante es víctima de la violencia de género.
- Certificado acreditativo de atención especializada, por un organismo
público competente en materia de violencia de género.
2. Con el mismo carácter de excepcionalidad, y en tanto se dicte
resolución judicial en el sentido indicado en el apartado 1, letra a), del
presente artículo, podrán ejercitarse, temporalmente, determinados
derechos sin acreditación en los términos que reglamentariamente se
establezca.
CAPÍTULO II
Ámbito de seguridad
Artículo 30. Actuaciones de colaboración.
1. En el marco de las competencias que la legislación atribuye a las
distintas Administraciones en materia de seguridad pública, la
Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales que
cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán a fin de implementar medidas
eficaces para la erradicación de la violencia de género.
2. Igualmente, en su caso, proveerán lo necesario para la aplicación, por
los referidos cuerpos policiales, de las medidas judiciales que se adopten
en cada caso concreto en materia de protección, y en los casos que se
determine la especial peligrosidad objetiva del agresor.
3. En este ámbito, elaborarán protocolos de actuación y coordinación con
los órganos judiciales para la protección de las mujeres víctimas de
violencia de género.
4. Asimismo, y en el marco de la legislación reguladora sobre la materia,
se impulsará el perfeccionamiento y modernización de los medios necesarios
para el mejor cumplimiento de sus fines y en particular los sistemas de
localización permanente del agresor.
CAPÍTULO III
Ámbito de la salud
Artículo 31. Planes de salud.
1. El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas para la
prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de
violencia de género. Igualmente, incorporará las medidas necesarias para
el seguimiento y evaluación del impacto en salud en las personas afectadas.
2. La detección precoz de las situaciones de violencia de género será un
objetivo en el ámbito de los servicios de salud, tanto públicos como
privados. A tal fin, la Consejería competente en materia de salud
establecerá los programas y actividades más adecuados para lograr la mayor
eficacia en la detección de estas situaciones. Estas disposiciones
afectarán a todos los centros sanitarios autorizados en el ámbito de
Andalucía.
Artículo 32. Atención a las víctimas.
1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía prestará la atención
sanitaria necesaria, con especial atención a la salud mental, a las
personas víctimas de violencia de género.
2. Por la Consejería competente en materia de salud, se establecerán los
mecanismos de seguimiento específicos que permitan la evaluación de los
efectos producidos por las situaciones de violencia de género.
CAPÍTULO IV
Atención jurídica
Artículo 33. Asistencia letrada.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres
víctimas de violencia de género el derecho a la orientación jurídica, y a
la defensa y asistencia legal, que se asumirán por una misma dirección
letrada especializada y una misma representación procesal, desde el
momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos
que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género hasta su
finalización, incluida la ejecución de la sentencia. Este mismo derecho
asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la
mujer, de acuerdo con la legislación vigente y desarrollo reglamentario.
Artículo 34. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de
acuerdo con las necesidades detectadas, promoverá la creación de juzgados
específicos de Violencia sobre la Mujer y secciones de la Fiscalía que
correspondan.
Artículo 35. Unidades de valoración integral de la violencia de género.
La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de
Justicia organizará, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las
unidades de valoración integral de violencia de género encargadas de
realizar:
a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica
y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género.
b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las
agresiones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.
c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva, y el riesgo
de reincidencia del agresor.
Artículo 36. Personación de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo
con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de
violencia de género cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte
a mujeres.
CAPÍTULO V
Atención social
Artículo 37. Información y asesoramiento.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, las Administraciones públicas de Andalucía, y
en particular la Consejería competente en materia de igualdad:
a) Contarán con servicios de información accesibles para dar a conocer los
derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Dicha
información comprenderá, al menos:
- Las medidas relativas a su protección y seguridad.
- Los derechos y las ayudas.
- Los servicios de emergencia, acogida y atención integral, así como la
del lugar de prestación de estos servicios.
b) Garantizarán, a través de los medios necesarios, que las mujeres con
discapacidad y mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tengan
acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos
existentes.
c) Asimismo, desarrollarán los medios necesarios para garantizar la
información a las mujeres víctimas de violencia de género que por sus
circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad
para el ejercicio efectivo de este derecho.
2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, se
fomentará la colaboración entre la Consejería competente en materia de
igualdad y las Corporaciones locales así como con las organizaciones
sociales y asociaciones de mujeres que presten servicios en materia de
violencia de género.
CAPÍTULO VI
Atención integral y acogida
Artículo 38. Atención de emergencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la atención y
acogida inmediata a aquellas mujeres y a los menores a su cargo, que se
encuentren en una situación de emergencia, como consecuencia de la
violencia de género. Asimismo, facilitará la información, asesoramiento
jurídico y apoyo psicológico necesario, así como aquellos recursos de
atención que se precisen en cada caso particular.
2. El acceso a los recursos y servicios de información y de acogida
inmediata no requerirá la acreditación prevista en el apartado 1 del
artículo 29.
Artículo 39. Atención integral especializada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres
víctimas de violencia de género la acogida, la atención integral
especializada y multidisciplinar, y los medios de apoyo y recuperación.
2. La atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá una
intervención con las mujeres y menores a su cargo, basada en un sistema
coordinado de servicios, recursos, y de ayudas económicas y
sociolaborales, de acuerdo con las siguientes características:
a)Especializados.
b) Multidisciplinares, que implicará:
1.º Información, asesoramiento y seguimiento jurídico.
2.º Apoyo social.
3.º Atención psicológica.
4.º Apoyo a la inserción laboral.
5.º Atención a los hijos e hijas y menores que estén bajo su guarda y
custodia.
c) Accesibles, que supondrá la adaptación de las estructuras y los
servicios que se proporcionen a las mujeres con discapacidad y a las
mujeres inmigrantes.
3. La Consejería competente en materia de igualdad valorará las
necesidades de recursos de atención integral y de acogida, así como de
programas de apoyo dirigidos al personal que realiza atención directa a
las mujeres víctimas de violencia de género.
Artículo 40. Requisitos y tipología de los centros de atención integral y
acogida.
1. La tipología de centros de atención integral y acogida se organizará de
acuerdo con tres niveles de atención:
a) Los centros de emergencia que prestan protección a las mujeres y a los
menores que las acompañen, garantizándoles una acogida inmediata mientras
se valora el recurso social más adecuado a sus circunstancias personales.
b) Las casas de acogida que ofrecen una acogida temporal a las mujeres y
menores que las acompañen, garantizándoles una atención integral
multidisciplinar, para que las mujeres sean capaces de recuperarse de los
efectos de la violencia padecida.
c) Los pisos tutelados que son viviendas cedidas para uso familiar, con
carácter temporal, a aquéllas mujeres que puedan vivir de forma
independiente.
2. En estos centros se procurará la recuperación integral de las mujeres y
menores que las acompañen, mediante una intervención multidisciplinar que
contemple acciones en el ámbito socioeducativo, social, formativo,
psicológico y jurídico.
3. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la
disponibilidad de los inmuebles para desarrollar este modelo de atención
integral y acogida de acuerdo con las necesidades de adaptabilidad,
independencia de la unidad familiar, en su caso, y ubicación en zonas que
hagan posible la integración.
4. La Administración de la Junta de Andalucía determinará
reglamentariamente los requisitos que deben reunir estos centros, y el
régimen de autorizaciones administrativas al que se sometan.
Artículo 41. Atención a colectivos especialmente vulnerables.
1. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso
preferente en la red pública de centros existentes a las mujeres que,
además de sufrir violencia de género, tengan otras problemáticas o
situaciones añadidas, en particular, enfermedad mental, discapacidad,
mujeres inmigrantes, mayores sin recursos y mujeres con problemas de
adicción. Estos centros contarán con la colaboración de los servicios
especializados en la atención a la violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas
específicas para la atención a las personas especialmente vulnerables que
convivan con el autor de la violencia de género o con la mujer que la haya
sufrido.
TÍTULO III
Medidas para la recuperación integral
CAPÍTULO I
Ayudas socioeconómicas
Artículo 42. Ayudas económicas.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus
competencias, promoverá el acceso a las ayudas económicas que se prevean
para las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de ellas
dependientes.
Artículo 43. Ayudas en el ámbito escolar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá la violencia de
género en el entorno familiar como factor de valoración para el
establecimiento y concesión de ayudas que se destinen a familias con
escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y
desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los
menores en el sistema educativo.
2. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente
de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros
de atención socioeducativa para menores de tres años.
CAPÍTULO II
Disposiciones en materia de vivienda
Artículo 44. Viviendas protegidas.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía podrán establecer un cupo de
reserva de viviendas específico en aquellas promociones de vivienda
protegida que se estimen necesarias, para su cesión o adjudicación en
régimen de alquiler o en propiedad a las mujeres que acrediten la
situación de violencia de género, cumpliendo los requisitos, y con
necesidad de vivienda, en los términos establecidos en el artículo 29.1,
letra a), de la presente Ley.
2. En las condiciones que reglamentariamente se determinen y considerando
la situación socioeconómica de las mujeres, se establecerán ayudas para el
acceso a vivienda protegida.
Artículo 45. Posibilidad de permuta.
1. Con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de las
mujeres víctimas de violencia de género, que así lo acrediten en los
términos establecidos en el artículo 29.1, letra a), de la presente Ley,
se reconoce la posibilidad de autorizar permutas de viviendas protegidas
adjudicadas a estas mujeres.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la efectividad
de las permutas de viviendas protegidas a las que se refiere el párrafo
anterior.
Artículo 46. Confidencialidad en los procedimientos de concesión y
adjudicación.Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los
mecanismos necesarios para procurar la confidencialidad durante el
procedimiento de acceso a viviendas protegidas, asimismo garantizarán la
confidencialidad de los datos del domicilio y situación de la mujer, en
particular en los ficheros y programas informáticos correspondientes, para
asegurar su protección.
CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito laboral
Artículo 47. Programas de inserción laboral y de formación para el empleo.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad al colectivo
de mujeres víctimas de violencia de género en los programas de formación e
inserción laboral que desarrollen, especialmente en aquellas acciones
formativas con compromiso de contratación.
2. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en los planes de
formación para el empleo acciones destinadas a mujeres víctimas de
violencia de género, que mejoren su empleabilidad. Estas acciones
específicas, para las que se establecerán ayudas en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, vendrán definidas por itinerarios
personalizados de inserción.
Artículo 48. Fomento del empleo y del trabajo autónomo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas para la
orientación, formación y seguimiento en el acceso y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, y establecerá acuerdos con empresas y
organizaciones sindicales para facilitar la inserción laboral de las
mujeres víctimas de la violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá incentivos a las
empresas constituidas por mujeres víctimas de violencia de género o a
ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras autónomas, en las
condiciones que se determine reglamentariamente. A tal fin, en las
convocatorias de ayudas a proyectos para el trabajo autónomo se
priorizarán aquellos presentados por mujeres víctimas de violencia de
género.
Artículo 49. Derechos de las trabajadoras.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones de
sensibilización que eviten que la violencia de género tenga consecuencias
negativas para las trabajadoras, en sus condiciones de trabajo, acceso,
promoción, retribución o formación.
2. De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por
la situación física o psicológica derivada de la violencia de género
tendrán la consideración de justificadas, sin perjuicio de que dichas
ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor
brevedad, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o de
salud, según proceda.
Artículo 50. Negociación colectiva.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus
competencias, impulsarán y apoyarán la inclusión en la negociación
colectiva de medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de
género.
Artículo 51. Concienciación en el ámbito laboral y medidas de
responsabilidad social corporativa.
Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones específicas
de concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social
corporativa que impulsen el desarrollo de acciones de concienciación y
sensibilización en el ámbito empresarial en materia de violencia de género.
Artículo 52. Derechos de las empleadas públicas de la Junta de Andalucía.
1. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará para
todas sus empleadas públicas que se encuentren afectadas por la violencia
de género los permisos que correspondan, el ejercicio del derecho a la
reducción o la flexibilidad de su jornada laboral, así como a la movilidad
geográfica y a la excedencia, de acuerdo con lo dispuesto en materia de
función pública o convenio colectivo.
2. Las faltas de asistencia totales o parciales de la jornada laboral,
causadas por la violencia de género, tendrán la consideración de
justificadas en el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen
los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.
TÍTULO IV
Coordinación y cooperación institucional
Artículo 53. Coordinación y cooperación.
La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la formalización
de acuerdos de coordinación y cooperación entre las Administraciones
públicas e instituciones con competencias en la materia objeto de esta Ley.
Artículo 54. Comisión institucional de Andalucía de coordinación y
seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género.
1. Se crea la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y
seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género,
con el objeto de coordinar, impulsar y evaluar las acciones y medidas que
se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género.
2. Se establecerán reglamentariamente sus funciones, composición y
funcionamiento.
Artículo 55. Redes de cooperación.
Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes de
intercambio y colaboración, con el objetivo de contribuir a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres, y facilitar de este
modo a quienes la padecen el acceso a las ayudas y recursos.
Artículo 56. Protocolos de actuación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la elaboración de
protocolos de actuación, en particular en los ámbitos judicial, médico
legal, policial, de salud, social y de los centros y servicios de
información y atención integral a las mujeres.
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la mejora de los
sistemas de información necesarios para la ejecución de las actuaciones
realizadas desde los distintos ámbitos de intervención.
Disposición adicional primera. Evaluación de las medidas.
La Consejería competente en materia de igualdad elaborará un informe
periódico, en los términos que reglamentariamente se determine, sobre el
conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías implicadas en
materia de violencia de género.
Disposición adicional segunda. Constitución de la Comisión institucional
de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la
violencia de género.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, se
procederá a la constitución de la Comisión institucional de coordinación y
seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.