BOPA nº 706, pag. 38082 de la VII Legislatura (18/07/2007)


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7-07/PL-000008, Proyecto de Ley de Educación de Andalucía
Enmienda a la totalidad con propuesta de texto alternativo
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Educación de 26 de junio de 2007
Orden de publicación de 27 de junio de 2007
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 110
del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Enmienda a la
totalidad, con texto alternativo, al Proyecto de Ley, con número de
expediente 7-07/PL-000008, relativo a Educación:
ENMIENDA A LA TOTALIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La educación es un factor decisivo para la realización personal, para el
mejor ejercicio de la libertad personal, para el logro de elevadas cotas
de progreso social y económico y para conciliar el bienestar individual y
el bienestar social. La educación se encuentra hoy en el centro de los
desafíos y oportunidades de las sociedades del siglo XXI. Andalucía, en el
marco de España y de Europa, no es ajena a esta singular circunstancia
histórica. La educación es un instrumento fundamental para proporcionar a
los andaluces oportunidades y empleo, para incrementar la cohesión social,
para asentar la convivencia en valores sólidos y para afrontar las
exigencias de un mundo cada vez más abierto y dinámico. La calidad de la
educación de los andaluces es hoy uno de los principales desafíos para
afrontar esos retos, sin olvidar que la igualdad de oportunidades y la
compensación de las desigualdades deben ser unos principios insoslayables
para el desarrollo de la sociedad andaluza en su conjunto.
El artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho a la
educación de todas las personas y establece los principios básicos sobre
los que pivota este derecho fundamental de los españoles.
Igualmente, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 52
establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en
materia de enseñanza. Los artículos 10.2 y 21 garantizan respectivamente
el acceso de las andaluzas y andaluces a una educación permanente de
calidad que les permita su realización personal y social, explicitando los
derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en materia
educativa.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo uno,
plantea una serie de principios encaminados a incidir en la mejora de la
calidad del sistema educativo nacional y, con ello, del sistema educativo
andaluz.
II
Los problemas del sistema educativo han ido cambiando a lo largo de los
últimos años. Ya no se concentran en torno a la tarea de universalizar la
educación básica obligatoria, reto felizmente superado. Se concretan en la
necesidad de conseguir una serie de objetivos fundamentales para elevar el
nivel de excelencia del sistema educativo de Andalucía y hacer efectiva la
igualdad de oportunidades. Por eso, es necesario reducir los altos índices
de fracaso escolar y las elevadas tasas de abandono escolar que se están
produciendo en la Educación Secundaria Obligatoria.
Igualmente resulta prioritario mejorar el nivel medio de los conocimientos
de nuestros alumnos, crear un clima de convivencia adecuado que permita el
estudio, la educación y la formación del alumnado; disponer de unas
infraestructuras educativas modernas y que nuestros centros educativos
cuenten con el equipamiento y los medios adecuados.
Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de nuestro sistema
educativo debemos mejorar la atención a los alumnos con necesidades
educativas especiales y facilitar la educación a la gran cantidad de
inmigrantes que se han incorporado a las aulas andaluzas en los últimos
años. Igualmente resulta imprescindible universalizar la educación y la
atención a la primera infancia, la necesaria ampliación de la atención
educativa a la población adulta en aras de conseguir una formación
continuada a lo largo de toda la vida; la universalización del estudio de
los idiomas, el uso generalizado de las nuevas tecnologías, una Formación
Profesional de calidad ligada a las nuevas oportunidades de empleo y la
participación e implicación de las familias en la educación de sus hijos
son retos a alcanzar en los próximos años.
Los avances conseguidos no deben ni pueden justificar autocomplacencia
alguna. Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo,
efectuados por organismos e instituciones tanto nacionales como
internacionales, revelan deficiencias de rendimiento preocupantes con
relación a otras regiones españolas y países de nuestro entorno económico
y cultural. Esas deficiencias se atisban ya en los últimos curso de
Educación Primaria y se manifiestan, particularmente, en la Educación
Secundaria Obligatoria. Así, más de una cuarta parte del alumnado andaluz
no obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
abandonando el sistema sin titulación ni cualificación alguna.
El fracaso escolar es un problema estructural que alcanza a todos los
niveles educativos en Andalucía, desde la Educación Primaria al
Bachillerato. Otro dato que también nos debe hacer reflexionar a todos es
el elevado número de alumnos que van quedando en el camino desde que éstos
inician sus estudios hasta que alcanzan la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos datos sitúan a nuestros alumnos y alumnas en inferioridad de
condiciones. El fracaso escolar y el bajo nivel de formación de nuestro
alumnado, lo sitúan por debajo de la media de la Unión Europea en
conocimientos de materias instrumentales como las matemáticas y las
ciencias, que son fundamentales en una realidad social y económica en la
que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es primordial.
Los alumnos y alumnas andaluces presentan graves carencias de expresión
oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábito de lectura y
en general de los recursos disponibles en los centros educativos que, en
muchas ocasiones, desarrollan sus funciones entre la buena voluntad y el
ingenio con unos recursos humanos y materiales limitados.
La plena integración de España en el contexto europeo comporta más
apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del sistema
educativo. Es prioritario que los alumnos y alumnas puedan adquirir
destrezas que, como la capacidad de comunicarse -también en otras
lenguas-, la de trabajar en equipo, la de identificar y resolver
problemas, o la de aprovechar al máximo y en igualdad de condiciones las
nuevas tecnologías.
El rápido incremento de la población escolar procedente de la inmigración
supone un nuevo desafío para nuestro sistema educativo. Esta realidad
demanda de nuestro sistema educativo nuevos instrumentos normativos que
faciliten una efectiva integración educativa, formativa y social del
alumnado procedente de otros países que, con frecuencia, hablan otras
lenguas y comparten otras culturas. El grado de integración social y
económica de los adultos depende, a medio y largo plazo, de la capacidad
de integración, por parte del sistema educativo, de niños y niñas y
adolescentes procedentes de la inmigración.
III
El reto fundamental que tiene hoy la educación andaluza es la mejora de la
calidad y la búsqueda de la excelencia, para ello resulta imprescindible
impulsar y poner en práctica las reformas, las políticas y las estrategias
orientadas a la consecución de ese objetivo.
En primer lugar, es necesario trasladar a la sociedad andaluza la
convicción de que los valores del esfuerzo, de la exigencia personal, del
trabajo, del estudio..., constituyen condiciones básicas para la mejora de
la calidad del sistema educativo. Valores cuyos perfiles se han ido
desdibujando a la vez que se debilitaban los conceptos del deber, de la
disciplina y del respeto tanto al profesor como a los propios compañeros.
Un clima que no reconoce el valor del respeto, del trabajo, del esfuerzo,
es el que resulta más perjudicial para los grupos sociales menos
favorecidos, ya que, para ellos, no suelen existir vías culturales
alternativas o posibilidades de progreso social distintas del mérito
personal.
Un segundo eje esencial consiste en orientar más decididamente el sistema
educativo andaluz hacia la excelencia. Los países desarrollados que
mejores resultados han obtenido en estudios internacionales recientes
sobre rendimiento escolar disponen de procedimientos generales de
evaluación que les permiten efectuar un seguimiento continuo y adecuado de
sus respectivos sistemas educativos. La presente Ley asume la importancia
de la evaluación y apuesta por las evaluaciones generales de diagnóstico
que permitan determinar con mayor certeza el nivel alcanzado por los
alumnos y alumnas andaluces en cada centro, en cada provincia y en el
conjunto de nuestra Comunidad Autónoma.
La presente Ley aspira a asentar más abiertamente el sistema educativo
hacia el aprendizaje y los resultados, pues la consolidación de la cultura
del esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculadas a la
intensificación de los procesos de evaluación de todos los sectores
implicados en la realidad académica y del sistema en su conjunto, de modo
que unos y otros puedan orientar convenientemente los procesos de mejora.
Los andaluces y andaluzas demandan, así mismo, que la igualdad de
oportunidades sea real y efectiva, y que se establezcan compromisos claros
que garanticen, por ley, la equidad del sistema y la superación de todo
tipo de discriminación social de partida. Este es el tercer eje
fundamental de la presente Ley. No cabe duda que el avance ha sido
importante en los últimos años, pero tampoco es menos cierto que el reto
de la calidad es un desafío que requiere no sólo un compromiso nominal o
simbólico, sino también un compromiso efectivo con la ciudadanía en
relación con los recursos materiales, humanos y financieros necesarios
para hacer posible la igualdad de oportunidades.
La presente Ley tiene por objeto facilitar todos aquellos instrumentos que
la Administración puede comprometer legalmente a la consecución del
objetivo colectivo de la igualdad de oportunidades en el acceso a una
educación de calidad para todos los andaluces y andaluzas, vivan donde
vivan y con independencia de sus circunstancias personales o familiares.
El sistema educativo debe procurar una configuración flexible que se
adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses
y ritmos de maduración de las personas, justamente para no renunciar al
logro de resultados de calidad para todos.
Otro de los ejes de la presente Ley tiene como referencia el profesorado,
piedra angular del sistema educativo y motor del cambio educativo que
necesita Andalucía. Existe el convencimiento compartido por los andaluces
y andaluzas en torno al magnífico papel desempeñado por los profesionales
de la Educación en las últimas décadas y su inestimable aportación a la
continua mejora del sistema. Los nuevos parámetros de calidad y todas las
medidas que se adopten para alcanzarlos deben contar con su participación;
por eso, ofrecerles instrumentos adecuados para el ejercicio de sus
funciones y valorar su esfuerzo, profesionalidad y buen hacer es una
necesidad. Elevar la consideración social del profesorado, procurar que
éste tenga el máximo respaldo por parte de toda la comunidad educativa,
mejorar sus condiciones profesionales y reforzar su formación inicial y
permanente son tareas fundamentales.
La definición del papel que deben desempeñar los centros educativos desde
el punto de vista institucional es otro aspecto fundamental. La presente
Ley apuesta decididamente por el principio de flexibilidad.
La flexibilidad del sistema actuará como vehículo de fomento de la
autonomía de los centros, la agilidad y eficacia de los procesos y la
reforma de aquellas estructuras del sistema que redunden en una mejor
adaptación del mismo a las cambiante necesidades de la sociedad. La
presente Ley considera indispensable la participación del alumnado,
docentes, familias y demás miembros de la comunidad educativa, en el
ámbito de sus responsabilidades y competencias, en el desarrollo de la
actividad escolar de los centros, del estudio y del clima de convivencia
en los mismos.
El sexto eje basa su razón de ser en la cultura de la evaluación. Evaluar
para mejorar, esta es la premisa básica para dotar de calidad al sistema.
Este nuevo concepto de evaluación implica a todo el sistema educativo
desde el profesorado a los centros educativos, pasando por el nivel del
alumnado y equipos docentes.
En definitiva, el logro de una educación de calidad para todos los
andaluces, un mayor protagonismo de la comunidad educativa y con ello
mayor espacio de libertad para la sociedad civil, es el objetivo esencial
de la presente Ley. Y además, constituye, en el momento presente, un
instrumento imprescindible para un mejor ejercicio de la libertad
individual, para la realización personal, para el logro de cotas más
elevadas de progreso social y económico y para conciliar, en fin, el
bienestar individual y el bienestar social.
IV
La presente Ley se compone de 100 artículos distribuidos en diez títulos.
El Título Preliminar hace referencia a los principios de calidad que
inspiran la presente Ley y a las funciones que debe realizar en el ámbito
del sistema educativo andaluz con la finalidad de lograr altas cotas de
calidad.
El Título I relaciona las medidas que son necesarias para dotar de mayor
calidad al sistema educativo. Se establece un nuevo modelo de centros, los
requisitos mínimos de todos los centros andaluces sostenidos con fondos
públicos, un extenso catálogo de los derechos y deberes de familias,
profesorado y alumnado; se define el importante papel que deben jugar
todas las personas que integran la comunidad educativa; se aborda la
disminución de las ratios o la sustitución ágil de los docentes ante casos
de enfermedad u otro tipo de problema. En este título se aborda con
determinación el problema de la convivencia.
Así mismo se recoge la autonomía pedagógica, organizativa y económica de
los centros, planteando un nuevo escenario de actuación más libre y mejor
representado.El Título II da respuesta al proceso de escolarización que
tantos problemas genera todos los años. Dichas reformas tienen como
finalidad reforzar el derecho a elegir centro por parte de las familias y
representantes legales del alumnado.
El Título III centra su articulado en la igualdad de oportunidades para
conseguir una educación de calidad. Establece entre otros aspecto un
Sistema Andaluz de Becas y Ayudas al estudio, sin perjuicio del
establecido en el ámbito estatal, la gratuidad de los libros de texto y
otras medidas que tienen como finalidad el hacer posible la igualdad real
de oportunidades en Andalucía. Se aborda la superación de desigualdades,
la problemática del alumnado con necesidades educativas específicas, la
incorporación a nuestro sistema educativo del alumnado procedente de otros
países y la creación de un fondo de cohesión educativo.
El Título IV regula aquellos aspectos de la función docente que inciden en
la calidad de la misma; es decir, el reconocimiento social del
profesorado, la formación inicial y continua, homologación salarial o la
carrera profesional.
El Título V define la estructura del sistema educativo, señalando sus
diferentes etapas, bajo el principio orientador básico de la educación
permanente. La Educación Infantil se configura en dos ciclos: el primero,
de carácter preescolar, para la atención educativa e integral de la
primera infancia; el segundo, ya de carácter escolar, en el que se pone el
acento en la iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo, con
métodos pedagógicos apropiados a la edad de los educandos.
Tanto la Educación Infantil como la Educación Primaria constituyen un
período decisivo en la formación de la persona, porque en ellas se
asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las
habilidades básicas en lengua, cálculo y lengua extranjera, sino que
también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo,
lectura, convivencia ordenada, sentido del deber y respeto hacia los demás.
Para mejorar la capacidad cualificadora del conjunto de la enseñanza
básica, una reforma que se estima imprescindible es la potenciación de la
Educación Secundaria Obligatoria. Es en esta etapa, crucial en el proceso
formativo de los alumnos, donde se han apreciado los mayores problemas,
con consecuencias extraordinariamente negativas. No sólo un considerable
porcentaje de escolares no logra graduarse, sino que una buena parte de
los estudiantes no recibe formación suficiente para proseguir en buenas
condiciones los estudios postobligatorios. Este fracaso constituye la
antesala de la marginación social.
Mejorar el Bachillerato y la Formación Profesional debe ser una de las
grandes apuestas de los próximos años, con el fin de ampliar las
posibilidades de los alumnos de completar su formación y de incorporarse
al mundo del trabajo en condiciones adecuadas de cualificación.
Se regulan también las enseñanzas de régimen especial: las enseñanzas
artísticas, las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas
El Título VI plantea la implicación de las familias, profesorado y
alumnado en los órganos de participación de los centros, así como en el
control, la gestión y la coordinación de los centros docentes.
El Título VII traza algunas modificaciones en la estructura de la
Inspección educativa andaluza, con la finalidad de garantizar la
imparcialidad de su tarea y reforzar su importancia para el sistema
educativo. En este sentido las novedades que se introducen persiguen la
mejora del sistema en el que la Inspección educativa tiene un importante
papel.
El Título VIII tiene como eje la evaluación general del sistema educativo
andaluz desde todos los ámbitos y en todos los aspectos. Para garantizar
la calidad educativa y docente se crea la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad Educativa y Docente, cuya finalidad es evaluar
periódicamente los centros desde el punto vista de la docencia, pero
también desde el punto de vista de la correcta dotación de los mismos y de
los resultados obtenidos con la finalidad de conseguir una mejora de la
calidad.
El Título IX establece las bases para la cooperación entre la
Administración educativa y las demás instituciones, organismos y
asociaciones implicadas, directa o indirectamente, en el proceso educativo.
El título X establece el compromiso presupuestario de la presente Ley,
cifrado en el 7% del PIB de Andalucía, junto con una memoria económica
centrada en la aplicación de las políticas educativas necesarias para que
Andalucía cumpla con los compromisos adquiridos por España en la cumbre de
Lisboa, y cuyo horizonte es el año 2010.
El texto concluye con las correspondientes Disposiciones Adicionales,
Transitorias y Finales.
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Del impulso de la calidad y su finalidad
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto el fomento y promoción de los principios
siguientes:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, con independencia de
sus condiciones y circunstancias.
b) La formación de individuos libres y responsables.
c) La igualdad de oportunidades efectiva que garantice la equidad del
sistema y la superación de todo tipo de discriminación social.
d) La consideración del esfuerzo como elemento central del proceso
educativo y como impulsor de las iniciativas creativas y emprendedoras de
los alumnos.
e) La educación y transmisión de valores tan importantes como la igualdad,
el respeto, la cultura del esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad
personal o el estudio.
f) El reconocimiento efectivo de la función docente como factor esencial
del sistema.
g) La orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro
de una formación personalizada que propicie una formación integral del
individuo en conocimientos, destrezas y valores.
h) La promoción de los valores democráticos y el respeto a los derechos y
libertades fundamentales como vehículo para el desarrollo pleno de la
personalidad dentro y fuera del ámbito educativo.
i) La flexibilidad como vehículo de fomento de la autonomía de los
centros, la agilidad y eficacia de los procesos y la reforma de aquellas
estructuras del sistema que redunden en una mejor adaptación del mismo a
las cambiantes necesidades de la sociedad.
j) La evaluación e inspección del sistema desde la perspectiva de máxima
independencia y eficacia de la citada función.
k) La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa, en el
ámbito de sus responsabilidades y competencias, en el desarrollo de la
actividad escolar de los centros y del clima de convivencia y estudio en
los mismos.
Artículo 2. Fines.
Los fines de la presente Ley son los siguientes:
a) Conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado mediante
una formación humana integral y científica, la preparación para el
ejercicio responsable de la libertad en el respeto de los principios
democráticos de convivencia, y de los derechos humanos y libertades
fundamentales.
b) Garantizar una educación de calidad que respete los principios de
libertad y equidad en el ámbito educativo.
c) Reducir drásticamente los altos índices de fracaso escolar y de
abandono educativo temprano existentes en Andalucía.
d) Conseguir un sistema educativo basado en la excelencia y en la igualdad
de oportunidades.
e) Desarrollar mecanismos que redunden en el reconocimiento y
dignificación de la función docente, garantizando la formación continua de
calidad, así como la equiparación retributiva con la media nacional.
f) Mejorar los mecanismos de solidaridad en la educación superando las
desigualdades existentes.
g) Crear un sistema andaluz de becas y de ayudas al estudio.
h) Establecer un sistema de escolarización que respete al máximo el
derecho a la libre elección de centro en todos los niveles educativos.
i) Determinar un sistema de evaluación y promoción de los alumnos que
permita poner en práctica, de forma adecuada, los principios de
responsabilidad y esfuerzo que inspiran al sistema educativo, y que
redunden en la mejora de la calidad del sistema andaluz.
j) Dedicar al sistema educativo andaluz los recursos presupuestarios
suficientes para propiciar su calidad, estableciendo como meta el 7% del
PIB de Andalucía.
TÍTULO I
De los centros educativos
CAPÍTULO I
De los derechos y deberes
Artículo 3. El alumnado.
1. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de
su personalidad.
b) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas
y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
c) A que se respeten su integridad y dignidad personales.
d) A la protección contra toda agresión física o moral.
e) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.
f) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias
y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales,
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema
educativo.
g) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de
infortunio familiar o accidente.
2. El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en:
a) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las
orientadas al desarrollo de los currículos.
b) Seguir con respeto e interés las directrices del profesorado respecto a
su educación y aprendizaje.
c) Asistir a clase con puntualidad y realizar las tareas encomendadas por
el profesor.
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el
derecho de sus compañeros a la educación.
3. Además del estudio, son deberes básicos del alumnado:
a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
morales de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa y muy especialmente del profesorado.
b) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro educativo.
c) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y
materiales didácticos.
d) Participar en las actividades que organice el centro.
4. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de
asociación del alumnado, así como la formación de federaciones y
confederaciones.
Artículo 4. El profesorado.
1. El profesorado tiene reconocidos los siguientes derechos básicos:
a) A que sea respetada su dignidad e integridad personal en el trabajo, y
a ser tratados con corrección, consideración y respeto.
b) A la libertad de cátedra en los términos establecidos por la
Constitución.
c) Al ejercicio de la función docente en función de las características de
la etapa educativa en la que la desarrollan.
d) A ser informados de las funciones, tareas, cometidos y objetivos
encomendados en el ejercicio de su función docente, así como de los
sistemas establecidos para su evaluación y control de su actividad
profesional.
e) A que su función docente se desarrolle en un ambiente ordenado que
favorezca la enseñanza y el aprendizaje.
f) A la percepción de las retribuciones e indemnizaciones justas y
adecuadas por razón del servicio establecido en cada caso, así como al
descanso necesario y vacaciones periódicas retribuidas.
g) A participar en las tareas generales del centro educativo,
particularmente en las de planificación de las actividades docentes, así
como a promover y participar en las iniciativas y actividades que se
desarrollen en el ámbito de la innovación y la investigación pedagógica y
académica.
h) A recibir protección y asistencia jurídica en casos de agresión, así
como la cobertura de la responsabilidad civil en relación con el ejercicio
de su actividad profesional, incluidas las actividades extraescolares.
i) A la promoción interna y desarrollo profesional, a la formación
continuada adecuada a su función docente, y al reconocimiento de su
cualificación y méritos profesionales.
j) A recibir protección social, en el régimen que le corresponda, y a la
jubilación en los términos y condiciones establecidos en la normativa
correspondiente.
2. El profesorado tiene los siguientes deberes básicos en el ejercicio de
su función docente:
a) Respetar la dignidad e intimidad personal de los miembros de la
comunidad educativa, así como todos los derechos que les reconocen las
disposiciones aplicables.
b) Ejercer sus funciones docentes y de tutoría con lealtad, eficacia y con
observancia de los principios éticos y deontológicos que les sean
aplicables; así como informar debidamente a las familias, de acuerdo con
las normas y procedimientos establecidos, sobre la evolución del proceso
educativo de sus hijos e hijas.
c) Mantener la debida confidencialidad de la información de que dispongan
como resultado de su labor docente y que por su propia naturaleza deba
tener carácter reservado.
d) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes
necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones docentes.
e) Dirigir, valorar y orientar la actividad formativa del alumnado,
corrigiéndoles adecuadamente cuando resulte necesario.
f) Cumplir y hacer cumplir, en el ejercicio de su autoridad docente, las
normas de organización y funcionamiento del centro educativo.
g) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a las necesidades
y al mejor funcionamiento del centro.
h) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima
de respeto, tolerancia, participación y libertad para fomentar en los
alumnos los valores propios de una sociedad democrática.
i) Participar en los órganos colegiados que les corresponda.
Artículo 5. Las familias.
1. Las familias, en relación con la educación de sus hijos e hijas, tienen
los siguientes derechos:
a) A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en
consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y en las leyes educativas.
b) A la libre elección de centro docente en los términos que se
establezcan.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones y los principios constitucionales.
d) A estar informados con regularidad sobre el proceso de aprendizaje e
integración socio-educativa de sus hijos.
e) A participar en el control y gestión del centro educativo en los
términos establecidos en las leyes, así como a participar en las
actividades del centro.
f) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional de sus hijos.
2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos e
hijas, les corresponden los siguientes deberes:
a) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos e hijas cursen los
niveles obligatorios de la Educación y asistan regularmente a clase.
b) Facilitarles un clima que estimule las actividades de estudio que se
les encomienden.
c) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración
con el profesorado y los centros, y colaborar con la actividad docente al
servicio de la formación de sus hijos e hijas.
d) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.
3. La Administración educativa favorecerá el ejercicio del derecho de
asociación de las familias, así como la formación de federaciones y
confederaciones.
CAPÍTULO II
De la convivencia en los centros educativos
Artículo 6. Normas de organización y funcionamiento.
Los centros docentes, en el marco de su autonomía, elaborarán sus normas
de organización y funcionamiento, que deberán garantizar la convivencia y
el adecuado clima escolar. Estas normas se revisarán anualmente y podrán
modificarse siempre que las circunstancias así lo aconsejen.
Artículo 7. Garantía del derecho al estudio.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán
las normas e impulsarán las medidas necesarias para garantizar en los
centros educativos el efectivo ejercicio del derecho al estudio de todo el
alumnado, y la existencia de un clima escolar que favorezca el aprendizaje
y la convivencia.
2. Se respetará el capítulo dedicado a derechos y deberes establecidos por
la presente Ley.
3. Cada centro educativo determinará, en su Reglamento de Régimen
Interior, las normas que aseguren el respeto de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de los diferentes miembros de la comunidad
educativa, a los que se refiere la presente Ley, así como las condiciones
que favorezcan la consecución de los objetivos educativos del centro.
4. El Reglamento de Régimen Interior deberá ser dado a conocer a todos los
miembros de la comunidad educativa. La dirección del centro impulsará la
creación de una Comisión disciplinaria, que establecerá los mecanismos
pedagógicos y disciplinarios para la mejor observancia de las normas de
convivencia del centro, que se adaptarán a la edad y madurez de los
alumnos.
Artículo 8. Fomento de la convivencia.
1. La Administración educativa desarrollará acciones encaminadas a la
mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros educativos,
para facilitar las relaciones entre los diferentes miembros de la
comunidad escolar.
2. Los centros educativos dispondrán de los recursos necesarios para que
puedan elaborar un plan de convivencia, en el que se prestará especial
atención a aquellas personas que, por diferentes causas, presenten
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y perturben el
normal desarrollo de la actividad educativa.
a) El mencionado plan contemplará, entre otros aspectos, medidas
encaminadas al tratamiento y atención específica a alumnos disruptivos y
objetores, aumento del profesorado de apoyo y refuerzo para alumnos y
alumnas conflictivos, y reducción automática de la ratio en aulas con
alumnado conflictivo, programas de iniciación profesional temprana para
objetores conflictivos, así como acuerdos de colaboración y seguimiento,
obligatorios, hacia sus hijos de las familias con hijos conflictivos.
3. La Administración educativa fomentará actividades, espacios y tiempos
comunes para favorecer los valores, principios y correlación entre
derechos y deberes en los que ha de basarse la convivencia en el ámbito
educativo.
4. La Administración educativa se personará como parte acusadora
denunciante contra los alumnos y alumnas mayores de edad y familiares
agresores.
5. La Administración educativa promoverá campañas de sensibilización
social sobre aspectos relativos a la convivencia dirigidas específicamente
al alumnado, profesorado, familias y sociedad en general.
CAPÍTULO III
De la calidad de los centros educativos
Artículo 9. Modelo andaluz de centros educativos.
1. La Administración educativa elaborará, a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, un mapa con la red de centros educativos de Andalucía.
Dicho mapa se revisará periódicamente en función de las demandas de
escolarización para conseguir un mejor equilibrio de la oferta educativa.
2. Se garantiza la creación de centros de dimensiones adecuadas a sus
actividades, con sus correspondientes equipamientos humanos y materiales
para favorecer el cumplimiento de los principios establecidos en la
presente Ley y con ello favorecer la calidad educativa.
3. La Administración educativa impulsará, en el plazo máximo de cuatro
años, un programa para la ampliación, mejora y adaptación de todos los
centros públicos andaluces que tengan una antigüedad superior a 20 años.
4. La Administración educativa arbitrará las medidas y la normativa
necesarias para, dentro del ámbito de sus competencias, garantizar la
flexibilidad de los centros para adaptarse a la atención de las
necesidades educativas específicas, la prevención del fracaso y el
absentismo escolar, el abandono del sistema y, también, para favorecer la
participación de las familias en la educación de los hijos. Asimismo,
garantizará la autonomía de los centros y el libre ejercicio de la función
docente como pilar básico del proceso educativo.
5. Los centros educativos recibirán los fondos económicos suficientes que
garanticen sus necesidades de funcionamiento. Las cantidades serán
revisables anualmente en función de los datos de escolarización.
Artículo 10. Creación de nuevos centros.
1. La construcción de nuevos centros docentes es competencia exclusiva de
la Junta de Andalucía.
2. Los centros docentes que se creen en Andalucía, a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, tendrán un número máximo de alumnos, con la
finalidad de favorecer el clima de convivencia, evitar la masificación y
mejorar el rendimiento escolar.
3. La Administración educativa andaluza determinará, reglamentariamente,
las condiciones arquitectónicas de los nuevos centros andaluces, debiendo,
en todo caso, respetar la normativa sobre barreras arquitectónicas.
Tampoco se permitirá, en ningún caso, la existencia de instalaciones
provisionales -aulas prefabricadas- por un periodo superior a un curso y
sin que existan motivos fundados para ello, lo que exigirá informes
técnicos que indiquen la imposibilidad de acudir a otras formas
constructivas más estables.
4. Los centros educativos ofertarán proyectos de educación bilingüe,
tendrán incorporadas las tecnologías de la información y la comunicación y
ofertarán horario ampliado, de 7.30 de la mañana a 19.30 horas de la
tarde, contando con los servicios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares. Se dotará de personal especial para atender estos
servicios.
5. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos andaluces
dispondrán de biblioteca, aulas de informática, audiovisuales,
laboratorios, aulas de integración, gimnasios y pistas polideportivas.
Asimismo dispondrán del material informático suficiente para la
utilización de las tecnologías de la información y el conocimiento en la
actividad pedagógica y educativa.
6. Todos los centros públicos dispondrán de una biblioteca escolar con la
dotación precisa para atender las necesidades formativas de los alumnos y
para el fomento del hábito de la lectura desde edades tempranas. Las
bibliotecas escolares contarán con un funcionamiento abierto a la
comunidad educativa.
7. Las instalaciones deportivas de los centros educativos, fuera del
horario lectivo, podrán utilizarse por el conjunto de la sociedad
andaluza, en colaboración con los ayuntamientos, en la forma que se
determine reglamentariamente.
8. La Administración educativa garantizará, con cargo a los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma, la construcción de nuevos centros en aquellos
municipios que acrediten suficientemente que la demanda de plazas
escolares, en los distintos niveles, supera el 10% de la capacidad total
del municipio.
Artículo 11. Ratios.
1. Los centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos que
impartan Educación Infantil de 3 a 6 años contarán con:
a) Plazas gratuitas para todos los niños y niñas cuyos padres lo soliciten.
b) Se establece un número máximo de 15 alumnos y alumnas por unidad
escolar.
c) Un monitor de Educación Infantil por cada unidad de tres años.
2. Los centros de Educación Primaria contarán con un máximo de 18 alumnos
y alumnas por aula. Este número máximo se reducirá hasta tres por cada
alumno y alumna con necesidades educativas especiales que se atiendan por
aula.
3. Los centros docentes de Educación Secundaria Obligatoria contarán con
un máximo de 22 alumnos y alumnas por aula. Este máximo se reducirá en dos
por aula por cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales
que se atiendan de forma normalizada. En el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, la ratio se establecerá en 20 alumnos y alumnas
por aula.
4. Los centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos que
impartan bachillerato contarán con un máximo de 22 alumnos y alumnas por
aula. Este número máximo por aula se reducirá en dos unidades por cada
alumno o alumna con necesidades educativas especiales que se atienda en
ella de forma normalizada.
5. Los centros docentes que impartan enseñanzas postobligatorias contarán
con un máximo de 22 alumnos y alumnas por aula.
Artículo 12. Cobertura de bajas.
La Administración educativa establecerá un programa de cobertura inmediata
de bajas, que les garantizará la sustitución del profesorado y del
personal de Administración y Servicios en un plazo de 72 horas.
CAPÍTULO IV
De la autonomía de los centros educativos
Artículo 13. Garantía de autonomía de los centros docentes andaluces.
1. Los centros docentes andaluces dispondrán de la necesaria autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión económica.
2. Este ejercicio de autonomía de los centros irá acompañado del
desarrollo de mecanismos de responsabilidad y, en particular, de
procedimientos de evaluación, tanto externa como interna. Para ello se
creará la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad Educativa y
Docente, que advertirá a la Administración educativa andaluza de las
carencias detectadas en los procesos evaluativos. La mencionada Agencia
hará recomendaciones para la mejora del sistema educativo, o premiará de
modo autónomo aquellas experiencias de los centros docentes andaluces en
los que, fruto del ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa o
económica, se alcancen mejoras en la calidad educativa o docente.
3. La Administración educativa promoverá acuerdos o compromisos con los
centros para el desarrollo de planes y actuaciones que comporten una
mejora continua tanto de los procesos educativos como de los resultados.
Artículo 14. Autonomía pedagógica.
1. La autonomía pedagógica se concretará mediante las programaciones
didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y
profesional, y mediante proyectos educativos.
2. Los centros docentes, dentro del marco general que establezca
reglamentariamente la Administración educativa andaluza, elaborarán el
proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades
educativas, así como los procedimientos de actuación. Se podrán autorizar
proyectos educativos diferentes al currículo general cuando las
circunstancias lo requieran.
3. El proyecto educativo autorizado por la Administración deberá
incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del
centro.
4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán
a los alumnos y alumnas, así como a sus familias, cuanta información
favorezca una mayor participación de la comunidad educativa.
Artículo 15. Autonomía organizativa.
La autonomía organizativa se concretará en la programación general anual y
en los reglamentos de régimen interior. La programación general anual será
elaborada por el equipo directivo, previo informe del claustro de
profesores y profesoras y de los departamentos didácticos.
Artículo 16. Autonomía de gestión económica.
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía en su gestión económica,
de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Para garantizar
dicha autonomía y el saneamiento de las cuentas de los centros se
determinará reglamentariamente una cuantía mínima por centro y en relación
con el número de alumnos matriculados.
2. Para garantizar una correcta aplicación y aprovechamiento de los fondos
públicos, la totalidad de los ingresos destinados a gastos de
funcionamiento de los centros educativos se realizarán en su totalidad
antes de finalizar la sexta mensualidad del curso escolar.
3. La Administración educativa, dentro de los límites que la normativa
correspondiente establezca, regulará el procedimiento que permita a los
centros docentes públicos obtener recursos complementarios. Estos recursos
no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones
de padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo que
las Administraciones educativas establezcan.
4. En cualquier caso, la Administración educativa prestará especial apoyo
a aquellos centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnado
con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o
culturalmente desfavorecidas, proporcionando los medios materiales y
humanos establecidos en el Capítulo VII de la presente Ley.
CAPÍTULO V
De los centros concertados
Artículo 17. Conciertos.
1. La Administración educativa podrá suscribir conciertos educativos con
centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés
público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan
las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; siempre
que así lo soliciten y reúnan los requisitos previstos en las leyes
educativas, incluidos los requisitos mínimos de los centros recogidos en
la presente Ley.
2. Estos conciertos educativos se revisarán cada cinco años.
3. Así mismo, la Administración educativa andaluza podrá concertar una
unidad más por centro cuando la demanda de plazas así lo aconseje, previo
informe de la Inspección Educativa y del Consejo Escolar. En este caso, el
citado concierto tendría carácter anual, revisable, y siempre que el
centro en el cual se haya ampliado el concierto ofrezca las condiciones
óptimas para ello.
Artículo 18. Condiciones de los conciertos.
1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de
los centros concertados se establecerá en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración
educativa de Andalucía como pago delegado y en nombre de la entidad
titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el
apartado anterior.
3. Las retribuciones de los profesores de enseñanza concertada y su
horario de trabajo tenderán a su homologación.
4. La Administración educativa de la Junta de Andalucía garantizará una
proporción entre la enseñanza pública y privada-concertada del 75% del
alumnado para la primera y del 25 % restante para la segunda.
TÍTULO II
Del proceso de escolarización
Artículo 19. Derecho a una plaza.
Todos los alumnos y alumnas andaluces tienen derecho a una plaza educativa
de calidad. Para ello la Administración educativa garantizará una oferta
suficiente para cubrir la demanda social existente, tanto en la etapa
obligatoria como en la Educación Infantil.
Artículo 20. Libertad de elección de centro.
1. Las familias o representantes legales de los alumnos y alumnas tienen
derecho a la elección del centro educativo que desean para sus hijos e
hijas.
2. La Administración educativa, en función de la demanda de las familias,
garantizará este derecho mediante una planificación específica de puestos
escolares, que se concretará en la creación, promoción y sostenimiento de
los centros.
3. Esta planificación se realizará con la participación de todos los
sectores educativos y establecerá el procedimiento flexible que reduzca al
mínimo el número de perjudicados en aquellas situaciones en las que la
demanda de plazas supere la oferta existente. En todo caso, en dicha
planificación, se atenderá a una adecuada y equilibrada proporción entre
los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas
especiales, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones
más apropiadas y ventajosas para ellos.
Artículo 21. Admisión de alumnos.
1. Las decisiones sobre el proceso de admisión del alumnado en cada centro
compete al Consejo Escolar de los centros.
2. Las solicitudes de admisión serán presentadas en el centro educativo
elegido en primer lugar. Los centros estarán obligados a informar a los
solicitantes de su proyecto educativo, de su reglamento de régimen
interior y, en su caso, del carácter propio.
3. En ningún caso habrá en la admisión de alumnos y alumnas discriminación
por motivos sociales, ideológicos, religiosos o de culto, morales,
raciales, de opinión, sexo o de cualquier otra circunstancia; no podrá
exigirse declaración alguna sobre las creencias, religión o ideología, o
cualquier otra circunstancia que pueda vulnerar la intimidad de las
personas.
4. Se garantizará la continuidad del alumnado en el centro al cambiar de
etapa educativa.
5. En la admisión inicial o en la debida al cambio de centro se aplicarán,
en todo caso, los siguientes criterios prioritarios: proximidad del
domicilio, proximidad del lugar de trabajo, existencia de hermanos y
hermanas matriculados en el centro, condición legal de familia numerosa,
condición de familia monoparental, renta per cápita de la unidad familiar,
concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en algunos de sus
padres o hermanos.
6. Asimismo se considera criterio prioritario la concurrencia en el alumno
o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino
o metabólico y exija un tratamiento esencial en el seguimiento de una
dieta compleja y un estricto control alimenticio, cuyo cumplimiento
condicione de forma determinante el estado de salud física del alumno.
Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar además el
expediente académico.
7. Con la exclusiva finalidad de velar por la corrección del proceso de
admisión de alumnos y el cumplimiento de las normas que lo regulan, la
Administración educativa podrá crear comisiones de garantías de admisión,
en las que estarán representados los sectores implicados.
8. La Administración educativa podrá solicitar la colaboración de otros
organismos administrativos para garantizar la autenticidad de los datos
que los interesados aporten en el proceso de admisión de alumnos.
9. Siempre que, una vez concluido el proceso de selección conforme a las
normas vigentes, el número de alumnos y alumnas pendientes de admisión sea
igual o inferior a 2 en cada grupo, la Administración educativa podrá
autorizar la flexibilización extraordinaria de las ratios establecidas en
la presente Ley.
TÍTULO III
De la igualdad de oportunidades para
una educación de calidad
CAPÍTULO I
Del sistema andaluz de becas y ayudas al estudio
Artículo 22. Becas y ayudas al estudio.
1. Por la presente Ley se crea, con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, un sistema andaluz de becas y ayudas al estudio que
garantice el derecho a la gratuidad total de la enseñanza obligatoria, la
solidaridad y la igualdad de oportunidades para todos los niveles
educativos, en coordinación con las administraciones educativas de ámbito
nacional.
2. La Administración educativa determinará reglamentariamente las
modalidades de becas, los requisitos objetivos para el disfrute de las
mismas, así como el procedimiento administrativo necesario para su
obtención, siendo estas becas y ayudas, en todo caso, incompatibles con
otras de idéntica naturaleza establecidas por el Estado.
3. Las cuantías de otros servicios escolares tales como residencias
escolares, comedor, transporte escolar o actividades extraescolares serán
como mínimo del 75% del precio público establecido para los mismos.
4. Así mismo, se garantizará en Andalucía, con cargo a los presupuestos de
la Comunidad Autónoma, la gratuidad de los libros de texto y del material
escolar en toda la etapa obligatoria, y para todo el alumnado matriculado
en centros sostenidos con fondos públicos.
CAPÍTULO II
La compensación de desigualdades
Artículo 23. Principios.
1. La Administración educativa desarrollará, de forma estable y con cargo
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, programas
destinados a compensar los efectos de aquellas situaciones de desventaja
individual que tienen consecuencias para el conjunto del sistema, tales
como el fracaso escolar, el absentismo escolar o el abandono prematuro del
sistema y, muy especialmente, para propiciar el logro de los objetivos de
educación y de formación previstos para cada uno de los niveles del
sistema educativo.
2. Se propiciará la firma de convenios con otras administraciones y
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones
preferentes orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en
materia de igualdad de oportunidades y de compensación en educación, y en
especial aquellos dirigidos a prevenir y luchar contra el fracaso escolar,
el absentismo escolar o el abandono prematuro del sistema educativo.
Artículo 24. Recursos.
1. Con la finalidad de universalizar los objetivos de compensación
educativa, todos los centros docentes andaluces sostenidos con fondos
públicos contarán con un plan de compensación educativa para atender a
aquellos alumnos y alumnas que presenten alguna situación de desventaja,
así como para impulsar el nivel formativo óptimo por parte de todo el
alumnado. Estos planes estarán dotados con los recursos económicos,
humanos y materiales precisos en función del número de alumnos y alumnas
con carencias matriculados en cada uno de ellos, incluyendo una dotación
complementaria para el funcionamiento del centro.
2. Todos los centros educativos, atendiendo a sus características
específicas (ubicación, nivel socioeconómico, características del
alumnado, etc.), elaborarán un plan específico contra el fracaso escolar.
Este plan contará con los medios económicos, humanos y materiales
necesarios, y será sometido a evaluación al final de cada curso académico.
3. Para compatibilizar la vida laboral y de las familias y ayudar al
alumnado a mejorar sus rendimientos académicos, permanecerán abiertos
durante el verano, por zona educativa, los centros docentes necesarios. Su
funcionamiento y regulación tendrá un desarrollo normativo posterior.
4. Igualmente los centros educativos ofrecerán actividades de estudio y
refuerzo por las tardes.
5. Excepcionalmente, en aquellos casos en que, para garantizar la calidad
de la enseñanza, el alumnado perteneciente a la enseñanza obligatoria haya
de estar escolarizado en un municipio próximo al de su residencia, la
Administración educativa prestará todos los servicios necesarios para su
educación.
6. La Administración educativa, en aras de velar por la igualdad de
oportunidades y la superación de desigualdades, potenciará las residencias
escolares y las escuelas hogar, con objeto de garantizar la educación a
todos aquellos alumnos y alumnas que deban cursar sus estudios fuera de su
lugar de origen.
7. La Administración educativa se comprometerá, desde el punto de vista
presupuestario, a dedicar como mínimo, de forma estable, un 5% del
presupuesto educativo a la financiación de las políticas de compensación
educativa.
CAPÍTULO III
Del Fondo de Cohesión Interterprovincial
Artículo 25. Fondo de Cohesión Interprovincial educativo.
1. Se crea el Fondo de Cohesión Interprovincial en materia educativa con
la finalidad de promover y asegurar que el derecho a la educación de
calidad sea ejercido en las mismas condiciones básicas de igualdad en todo
el territorio andaluz; para impulsar políticas de mejora constante de la
calidad en el sistema educativo de interés general, y contribuir a la
solidaridad interprovincial de conformidad con el principio de igualdad.
2. Anualmente, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía consignarán los créditos que integrarán el Fondo de Cohesión.
Para el reparto equitativo de los recursos se tendrán en cuenta como
factores preferentes: la población escolarizada, dispersión geográfica,
zonas deprimidas, las específicas necesidades del mundo rural, la
población inmigrante y demás alumnado con necesidades específicas.
CAPÍTULO IV
De los alumnos con necesidades educativas especiales
Artículo 26. Escolarización.
1. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán
escolarizados en función de sus características, integrándolos en grupos
ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de
educación especial o en escolarización combinada.
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales
de este alumnado se realizará por equipos integrados por profesionales de
distintas cualificaciones. Estos profesionales establecerán en cada caso
planes de actuación en relación con las necesidades educativas de cada
alumno o alumna, contando con las familias y con el centro correspondiente.
3. Al finalizar cada curso, el equipo docente valorará el grado de
consecución de los objetivos establecidos al comienzo del mismo para el
alumnado con necesidades educativas especiales. Los resultados de dicha
evaluación permitirán introducir las adaptaciones precisas en el plan de
actuación, incluida la modalidad de escolarización que sea más acorde con
las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. En caso de ser
necesario, esta decisión podrá adoptarse durante el curso escolar.
Artículo 27. Medidas de apoyo.
1. El alumnado con necesidades educativas especiales que requieran
determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves
trastornos de la personalidad o de conducta, o sobredotación intelectual
tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de no
discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir
su integración. A tal efecto, la Administración dotará a este alumnado del
apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de
su necesidad.
2. El sistema educativo andaluz dispondrá de los recursos necesarios para
que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda alcanzar los
objetivos establecidos para todos los alumnos y alumnas en cualquiera de
las categorías de escolarización establecidas en las leyes educativas.
3. La Administración educativa podrá firmar convenios con otras
administraciones o entidades públicas o privadas para la consecución de la
mejor integración del alumnado con necesidades educativas especiales y el
logro de los objetivos de cada etapa educativa.
4. Los centros docentes con alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, escolarizados en ellos, contarán con los siguientes recursos
adicionales:
a) Reducción de la ratio, a doce alumnos y alumnas por aula en Educación
Primaria, en aquéllas que cuenten con un 5% de alumnado con necesidades
educativas especiales.
b) Se duplicarán los equipos de refuerzo en aquellos centros que cuenten
con un 10% de alumnado con necesidades educativas especiales.
c) Se incrementará el profesorado y técnicos especialistas en Educación
Especial en los centros que acogen alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales. Asimismo, se dotarán todas las especialidades
requeridas por los Equipos de Orientación Educativa.
d) Se dotará a todos los centros donde existan alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales con un monitor de educación especial.
e) Los centros que acojan alumnos y alumnas con necesidades educativas
espaciales contarán con un plan de equipamiento técnico y didáctico en
función de las diferentes necesidades que presente el alumnado.
5. El alumnado con necesidades educativas especiales recibirá orientación
psicopedagógica a lo largo de toda su escolaridad, con especial intensidad
en los periodos de transición entre etapas educativas.
6. El alumnado con necesidades educativas especiales podrá flexibilizar la
duración de los niveles y etapas educativas. Asimismo, se podrán
establecer exenciones para cursar algunas asignaturas o materias en
función de las características específicas del alumnado.
7. Para facilitar la continuidad del alumnado de necesidades educativas
especiales en las enseñanzas postobligatorias, se establecerán planes de
formación específica para la transición a la vida adulta. Así mismo se
ampliarán los programas de iniciación profesional de aquellos alumnos y
alumnas que deseen continuar sus estudios, para lo cual la Administración
educativa garantizará plazas suficientes en función de la demanda.
Artículo 28. Atención específica a los alumnos sobredotados
intelectualmente.
1. Todo el profesorado de Educación Infantil y Primaria de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía recibirán formación específica sobre detección del alumnado con
sobredotación intelectual para la correcta evaluación temprana de sus
necesidades.
2. Se crea la figura del Tutor Personal de Sobredotación.
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos formativos que deba
cumplir el tutor personal de alumnos y alumnas con sobredotación
intelectual, los complementos salariales para los docentes que ejerzan
como tales y el procedimiento para la contratación excepcional de
profesionales con formación especializada.
4. El alumnado con sobredotación intelectual podrá flexibilizar la
duración de los niveles y etapas educativas.
5. Los criterios para flexibilizar la duración de los diversos niveles,
etapas y grados para el alumnado con sobredotación intelectual en
Andalucía serán los siguientes:
a) En las enseñanzas de régimen general, el alumnado podrá incorporarse a
un curso superior al que le corresponda por su edad, hasta un máximo de
dos veces durante la enseñanza obligatoria y una sola vez en las
enseñanzas post obligatorias.b) En las enseñanzas de régimen especial, los
alumnos y alumnas podrán reducir los periodos educativos en una proporción
que no supere el 30% del tiempo establecido con carácter general.
c) Sin perjuicio de los indicado en los apartados anteriores, la
Administración educativa podrá autorizar, con carácter excepcional,
reducciones mayores de la duración de los niveles, etapas y grados en
aquellos casos que cuenten con un informe favorable del tutor personal del
alumnado con sobredotación intelectual, aprobado por sus padres o tutores,
el equipo directivo del centro y el claustro de profesores.
d) El procedimiento para solicitar la flexibilización de los periodos
educativos y los plazos administrativos se determinarán reglamentariamente.
6. Los centros que escolaricen alumnado con sobredotación intelectual
pondrán en marcha programas de enriquecimiento, con la finalidad de
estimular sus capacidades y evitar la desmotivación de los mismos en
aquellos casos que la flexibilidad en la duración del proceso formativo se
demostrara insuficiente para las necesidades intelectuales del alumno o
alumna. Estos programas se desarrollarán en colaboración con las
administraciones competentes, los centros docentes, familias, profesorado
y asociaciones especializadas en este ámbito, de la forma que se determine
reglamentariamente.
7. La Administración adoptará las medidas necesarias para lograr que,
progresivamente, la escolarización de alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales sea posible en cualquier centro educativo de la
Comunidad Autónoma andaluza adaptado a sus características.
CAPÍTULO V
De los alumnos procedentes de otros países
Artículo 29. Incorporación al sistema educativo.
1. La Administración educativa favorecerá la incorporación normalizada al
sistema educativo del alumnado procedente de otros países, especialmente
en edad de escolarización obligatoria. La escolarización normalizada
implicará identidad de derechos y deberes para los alumnos extranjeros y
andaluces.
2. Para los alumnos y alumnas que desconozcan la lengua y cultura
españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, la
Administración educativa articulará los siguientes instrumentos de apoyo:
a) Programas específicos de aprendizaje en aulas específicas, dentro de
los centros docentes, en horario lectivo. En estas aulas específicas se
reducirá la ratio, establecida por la presente Ley para cada nivel
educativo, en una unidad por cada idioma materno diferenciado dentro del
aula.
b) Para garantizar la calidad de los programas de adaptación lingüística,
la Administración educativa proporcionará la necesaria formación
específica al profesorado, tanto en las aulas de bienvenida como en
aquellas aulas normalizas con más de un tercio de alumnos y alumnas
extranjeros en periodo de adaptación lingüística.
c) El diseño y desarrollo de los programas, una vez establecidos los
requisitos mínimos, se llevará a cabo por parte de los centros docentes
andaluces, en colaboración con las familias, los ayuntamientos y las
asociaciones de inmigrantes con experiencia demostrada en este ámbito.
d) Los programas específicos de aprendizaje del español en los centros
docentes se financiarán de forma específica, incrementando el presupuesto
para gastos de funcionamiento del centro en la forma que se determine
reglamentariamente.
CAPÍTULO VI
De la formación permanente de las personas adultas
Artículo 30. Garantías para una educación de calidad.
1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los
ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, con el
fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y
conocimientos para su desarrollo personal o profesional, y para su
correcta adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad.
2. Para el logro de los objetivos citados en el apartado anterior, la
Administración educativa atenderá tanto a aquellas personas que, por
diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica, como a
aquellos alumnos mayores de dieciséis años que, por su trabajo u otras
circunstancias especiales, no puedan acudir a los centros educativos en
régimen ordinario.
3. Se promoverá la forma de convenios de colaboración con las
universidades, municipios andaluces y otras instituciones o entidades,
para desarrollar programas de formación permanente para las personas
adultas.
4. En los establecimientos penitenciarios y hospitales se garantizará a la
población reclusa y hospitalizada la posibilidad de acceso a estas
enseñanzas.
5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de
las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. En todas las
modalidades y para los distintos niveles de enseñanza, la Administración
educativa garantizará la existencia de una oferta educativa suficiente en
relación con la demanda social, en conformidad con la normativa básica
estatal en esta materia.
6. La Administración educativa andaluza, en el ámbito de sus competencias
y de acuerdo con las condiciones básicas que establezca la normativa
estatal, organizará periódicamente pruebas para que las personas mayores
de dieciocho años de edad puedan obtener directamente el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo, la Administración
educativa andaluza organizará pruebas, de acuerdo con las condiciones
básicas que la normativa estatal establezca, para obtener los títulos de
Formación Profesional.
7. Se facilitará al profesorado la formación especializada necesaria para
responder a las características de las personas adultas y a sus
necesidades futuras de formación.
CAPÍTULO VII
De la educación bilingüe en Andalucía
Artículo 31. Fomento del plurilingüismo.
1. Los centros andaluces contarán con programas de fomento de la educación
bilingüe. Estos programas consistirán en el uso de una lengua extranjera
en la enseñanza de distintas áreas y materias del currículo, así como del
refuerzo general de lenguas extranjeras para los distintos niveles
educativos.
2. En todos los centros educativos se impartirán dos idiomas extranjeros.
3. Para que la implantación de los programas de fomento de la educación
bilingüe y el refuerzo general de lenguas extrajeras en los centros
educativos sea efectivo y cuente con la calidad necesaria, se establecerán
reglamentariamente los requisitos mínimos para su implantación progresiva
en todos los centros de Andalucía.
4. Todos los centros que implanten programas de bilingüismo tendrán un
periodo de adaptación de al menos un curso académico. Previamente a su
puesta en funcionamiento, los centros educativos contarán con los recursos
humanos, materiales y económicos necesarios.
5. La adaptación de los centros a los requisitos mínimos establecerá un
horizonte temporal máximo de 4 años desde la entrada en vigor de la
presente Ley.
6. El profesorado recibirá la formación inicial y continua necesaria para
desarrollar su tarea docente en los centros en los que se impartan
programas de fomento de la educación bilingüe.
7. La Administración educativa facilitará la estancia formativa tanto del
profesorado como del alumnado en países de la Unión Europea, así como el
intercambio con profesorado y alumnado procedente de la Unión Europea.
Todos los centros que ofrezcan programas de fomento del bilingüismo
contarán con programas anuales de formación dirigidos al profesorado cuyo
desarrollo se realizará, a ser posible, en horas lectivas.
TÍTULO IV
De la función docente
CAPÍTULO I
De las medidas de reconocimiento, apoyo
y valoración del profesorado
Artículo 32. Medidas de reconocimiento y valoración del profesorado.
1. La Administración educativa en su conjunto velará por que los
profesores reciban el trato, la consideración y el respeto acordes con el
desempeño de su tarea profesional. En este sentido, adoptará medidas para
reafirmar la autoridad moral del profesor en el aula, sin menoscabo del
derecho de los alumnos.
2. Se prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en
las que el profesorado realiza su trabajo y estimulará su reconocimiento
social. A tal fin, desarrollará programas para que la sociedad valore la
función docente.
3. La Administración educativa dispondrá los procedimientos para que los
resultados de la valoración docente sean tenidos en cuenta de modo
preferente en la carrera profesional del profesorado, junto con las
actividades de formación, investigación e innovación.
Artículo 33. Medidas de apoyo al profesorado.
1. La Administración educativa favorecerá en todos los niveles educativos
las siguientes medidas relacionadas con la mejora del trabajo del
profesorado y de su reconocimiento profesional:
a) La equiparación salarial del profesorado de Andalucía con las
Comunidades Autónomas que tengan mejores niveles retributivos.
b) La reducción de jornada de aquellos profesores mayores de 55 años que
lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de sus
retribuciones.
c) Se establecerán nuevos niveles para los complementos de destino: nivel
24 para el cuerpo de maestros, 26 para el de secundaria y 27 para
catedráticos. Así mismo se establecerán complementos para tutorías, cargos
directivos, coordinadores y para el profesorado de colegios rurales e
itinerantes.
d) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos
incentivos profesionales y económicos. Con objeto de que los profesores
tutores puedan desarrollar a plena satisfacción este importante cometido,
la Administración educativa arbitrará las medidas necesarias para que los
profesores tutores se beneficien de una reducción horaria de su
correspondiente jornada lectiva.
e) La elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales.
f) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial
dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación
educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se
determinen.
g) La personación jurídica de oficio, por parte de la Administración
educativa, en casos de agresión al profesorado.
h) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el
especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.
i) El reconocimiento del trabajo de los profesores que impartan clases de
su materia en una lengua extranjera en centros o programas bilingües.
j) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones
y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de
actividades de formación y de investigación e innovación educativas, tales
como la regulación de un año sabático retribuido para ampliar estudios,
realizar tesis doctorales o proyectos de innovación educativa.
2. La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para que,
en el plazo máximo de cuatro años, los profesores interinos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía no sobrepasen el límite máximo del 8 por
ciento en relación con el conjunto del profesorado.
3. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección
y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil,
en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de
sus funciones que, incluidas en la programación general anual, se realicen
dentro o fuera del recinto escolar.
CAPÍTULO II
De la calidad de la formación del profesorado andaluz
Artículo 34. Formación del profesorado.
1. La Administración educativa promoverá la actualización y la mejora
continua de la cualificación profesional de los profesores, y la
adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y
de las didácticas específicas.
2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán
contemplar las necesidades específicas relacionadas con la organización y
dirección de los centros, la coordinación didáctica, la orientación y
tutoría, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el
funcionamiento de los centros.
3. De igual modo, la Administración educativa, en el ámbito de sus
competencias, promoverá una formación de base para el profesorado en
materia de necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad
y la sobredotación intelectual, así como para potenciar la aplicación de
las nuevas tecnologías al proceso educativo.
Artículo 35. Formación permanente.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del
profesorado andaluz.
2. Se creará el Centro Integral del Profesorado que tendrá por cometido el
impulso y la coordinación de la formación del profesorado. Este organismo
ofrecerá anualmente programas de formación permanente del profesorado de
los centros sostenidos con fondos públicos, en todos los niveles y
modalidades de enseñanza.
3. Los programas de formación, su número, contenido y oferta se
planificarán, previa consulta a cada centro educativo de Andalucía, sobre
las necesidades formativas que pueda presentar el profesorado andaluz.
4. Los centros del profesorado serán creados por la Administración
educativa siguiendo criterios de cercanía, apoyo, formación y servicio al
profesorado.
5. Las actividades de formación organizadas por la Junta de Andalucía
surtirán sus efectos en todo el territorio nacional a efectos de los
concursos de traslado de ámbito nacional, y del reconocimiento de la
movilidad entre cuerpos docentes, en los términos establecidos por las
leyes.
6. La Junta de Andalucía establecerá los procedimientos que permitan la
participación del profesorado de los centros sostenidos con fondos
públicos en los planes de formación, así como en los programas de
investigación e innovación.
7. La Administración educativa promoverá actividades de formación
permanente de todo el profesorado que imparta docencia; garantizará una
oferta suficiente, diversificada y gratuita de estas actividades, y
establecerá las medidas oportunas para favorecer la participación del
profesorado en ellas.
8. La formación permanente del profesorado ha de considerarse como una
función normalizada dentro de la tarea docente. Dicha formación no estará,
en modo alguno, vinculada a la percepción de ningún tipo de prestación o
complemento económico.
9. Será esta formación equivalente al trabajo docente cuando se realice en
horas lectivas a efectos de sueldo, y únicamente sujeta a dietas de
desplazamiento cuando se realice fuera del horario de cada docente.
TÍTULO V
Las enseñanzas
CAPÍTULO I
De la Educación Infantil
Artículo 36. Principios generales.
1. La Educación Infantil constituye la etapa educativa que atiende a los
niños y niñas hasta los seis años de edad.
2. La Educación Infantil se organiza en dos ciclos. El primero comprende
hasta los tres años y tiene carácter preescolar. El segundo está
constituido por tres años académicos que se cursarán desde los tres a los
seis años de edad.
3. La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo físico,
intelectual, afectivo, social y moral de los niños y niñas. Los centros
escolares cooperarán estrechamente con las familias ayudándoles a ejercer
su responsabilidad fundamental en la educación de sus hijos.
Artículo 37. Educación Infantil preescolar.
1. Corresponderá a la Administración educativa, de acuerdo con la
normativa básica contemplada en el capítulo I del título I de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la organización de la atención dirigida a
la primera infancia y el establecimiento de las condiciones que habrán de
reunir los centros e instituciones en que se preste.
2. La Administración educativa establecerá los procedimientos de
supervisión y control que estime adecuados, asimismo garantizará la
continuidad educativa entre los dos ciclos que constituyen la etapa.
Artículo 38. Educación Infantil escolar.
1. La Administración educativa promoverá en este ciclo la generalización
del aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo, fomentarán
experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y
de la comunicación.
2. Los contenidos educativos se organizarán en áreas correspondientes a
ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se
transmitirán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y
significado para el niño.
Artículo 39. Oferta de plazas y gratuidad.
1. El primer ciclo de la Educación Infantil tiene carácter voluntario para
las familias. La Administración competente atenderá a las necesidades que
concurran en las familias, particularmente con la finalidad de procurar la
conciliación de la vida familiar y laboral, y promoverá y coordinará la
oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda real de las
familias.
2. La escolarización en el segundo ciclo de la Educación Infantil escolar
tendrá carácter voluntario y gratuito. La Administración educativa
garantizará la existencia de puestos escolares gratuitos para atender la
demanda de las familias y su libertad de elección de centro docente.
3. La Administración educativa promoverá la escolarización en esta etapa
educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales, y la
atención temprana a alumnos con necesidades específicas.
CAPÍTULO II
De la Educación Primaria
Artículo 40. Principios generales.
1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos
académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años.
2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar al alumnado los
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura,
el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito
de convivencia, así como los de estudio y trabajo, con el fin de
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado y de prepararlo para cursar con aprovechamiento
la Educación Secundaria Obligatoria.
3. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente serán
desarrolladas en todas las áreas. La Administración educativa promoverá
las medidas necesarias para que en las distintas áreas se desarrollen
actividades que estimulen el interés, el hábito de la lectura y de la
expresión oral y escrita.
4. Durante toda la etapa, la Administración educativa ofertará una segunda
lengua extranjera.
5. Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos
se establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con la
Educación Secundaria Obligatoria.
6. A lo largo de toda la etapa se fomentará el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Artículo 41. Atención a las diferencias individuales.
1. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los
objetivos de esta etapa, la Administración educativa establecerá medidas
de atención a las diferencias individuales y de refuerzo educativo en cada
uno de los cursos, particularmente en las áreas de lengua, matemáticas y
lengua extranjera.
2. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada
de los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el
establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar el fracaso escolar
en edades tempranas.
3. Todos los centros educativos ofertarán actividades de estudio y
refuerzo en horario de tarde. Su organización y desarrollo se aplicará
posteriormente.
Artículo 42. Evaluación.
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua
y tendrá en cuenta el progreso de los alumnos y alumnas en el conjunto de
las distintas áreas.
2. El profesorado evaluará a los alumnos y alumnas teniendo en cuenta los
objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las
áreas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el
currículo.
3. Los alumnos y alumnas accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los
objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno
no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo
ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación
Primaria.
4. Los alumnos y alumnas que accedan al ciclo siguiente con evaluación
negativa en alguna de las áreas recibirán los apoyos necesarios para la
recuperación de éstas.
Artículo 43. Evaluaciones generales de diagnóstico.
La Administración educativa realizará al final de la etapa una evaluación
general de diagnóstico. Esta evaluación tendrá como finalidad comprobar el
grado de adquisición de los conocimientos y competencias básicas en
relación con los niveles correspondientes a dicha etapa educativa. Esta
evaluación general carecerá de efectos académicos y poseerá un valor
informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias,
el alumnado y la propia Administración educativa.Artículo 44. Profesorado.
Los maestros tendrán competencia en todas las áreas y tutorías de esta
etapa. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas
extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen serán
impartidas por maestros con las especialidades correspondientes.
CAPÍTULO III
De la Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 45. Principios generales.
1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro cursos
académicos. Se cursará ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.
2. Los fines, objetivos, organización, evaluación y promoción en Educación
Secundaria Obligatoria tendrán en cuenta lo establecido en el capítulo
III, del título I, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. No obstante
deberán transmitirse al alumnado los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico;
afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el
aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para
que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos, y prepararlos para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
3. Los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer escolarizados en
régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad, siempre que el equipo
de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses,
pueden obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
4. La orientación educativa y profesional del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria es un principio básico en esta etapa. Se prestará
especial atención a las diferencias individuales del alumnado y a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, arbitrando en el momento en
que se detecten los oportunos mecanismos de ayuda y las correspondientes
actividades de recuperación.
5. Corresponde a la Administración educativa regular las medidas de
atención a las diferencias individuales, así como las de carácter
organizativo y curricular que permitan a los centros una organización
flexible de las enseñanzas.
6. Se potenciarán las actividades encaminadas al fomento de las
tecnologías de la información y la comunicación, lectoescritura y el
cálculo en la Enseñanza Obligatoria.
7. La Administración educativa ofrecerá obligatoriamente una segunda
lengua extranjera.
8. Al finalizar el cuarto curso, con el fin de orientar a los alumnos y
alumnas y a sus familias, el equipo de evaluación, con el asesoramiento
del equipo de orientación, emitirá un informe de orientación escolar para
cada alumno.
Artículo 46. Programas de cualificación profesional inicial.
1. Todos los centros sostenidos con fondos públicos ofertarán programas de
cualificación profesional inicial, que tendrán una estructura flexible de
carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos y cuya superación
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características del
alumnado, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación
Secundaria Obligatoria.
3. Aquellos alumnos y alumnas que, cumplidos los quince años, hayan
cursado, en todo caso, los dos primeros cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria, podrán, de forma voluntaria y tras la adecuada orientación
educativa y profesional, acceder a un programa de cualificación
profesional inicial. Asimismo, podrán incorporarse a dichos programas los
alumnos con dieciséis años cumplidos.
4. Los métodos pedagógicos de estos programas se adaptarán a las
características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo en
equipo. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán
especial consideración en estos programas.
5. Estos programas podrán desarrollarse de acuerdo con el modelo de
formación en alternancia, combinando la asistencia de estos alumnos y
alumnas al correspondiente centro de enseñanza con prácticas en empresas o
centro equivalente de actividad profesional.
6. La Administración educativa promoverá la participación de otras
instituciones y entidades, especialmente las Corporaciones locales, las
asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras
entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo de estos
programas.
Artículo 47. Medidas de refuerzo y apoyo.
1. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas alcancen
los objetivos de esta etapa, la Administración educativa establecerá
medidas de atención a las diferencias individuales y de refuerzo educativo
en todos los centros educativos y en cada uno de los cursos. Se prestará
una especial atención a los alumnos con desfases educativos procedentes de
la Educación Primaria, con asignaturas pendientes y con necesidades
educativas específicas.
2. La aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y,
en todo caso, al finalizar el curso académico.
3. La tutoría personal de los alumnos y la orientación constituirán
elementos fundamentales en el desarrollo de esta etapa.
4. La Administración educativa promoverá las medidas necesarias para que
en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Artículo 48. Evaluación y promoción.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas asignaturas
del currículo.2. El profesorado evaluará a los alumnos teniendo en cuenta
los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de
las asignaturas, según los criterios de evaluación que se establezcan en
el currículo para cada curso.
3. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo de evaluación decidirá sobre la promoción
de cada alumno al curso siguiente, teniendo en cuenta su madurez y
posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.
4. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las
asignaturas que no hayan superado, preferentemente en el mes de
septiembre, de manera que exista un periodo de tiempo suficiente para
posibilitar la recuperación de los alumnos.
5. Con la finalidad de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
pueda alcanzar los objetivos de su etapa, se arbitrarán medidas de
refuerzo y apoyo durante todo el curso escolar de forma permanente e
individualizada y, de forma intensiva, durante el mes de julio, de forma
que los alumnos y alumnas puedan superar las asignaturas que tuvieran
pendientes tras la convocatoria ordinaria de junio.
6. Reglamentariamente se determinarán, por parte de la Administración
educativa, los requisitos mínimos de tipo pedagógico y organizativo que
exige la aplicación de las medidas de refuerzo permanentes e intensivas
durante el mes de julio, previstas en la presente Ley, así como las
dotaciones económicas extraordinarias que fueran necesarias para
aplicarlas.
Artículo 49. Evaluación general de diagnóstico.
La Administración educativa realizará al final de la etapa una evaluación
general de diagnóstico, que tendrá como finalidad comprobar el grado de
adquisición de los conocimientos y las competencias básicas, en relación
con los niveles prescriptivos correspondientes a dicha etapa educativa.
Esta evaluación general carecerá de efectos académicos y poseerá un valor
formativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, el
alumnado y la propia Administración educativa.
CAPÍTULO IV
Del Bachillerato
Artículo 50. Principios generales.
El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Se desarrollará en
modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación
especializada para su incorporación a estudios posteriores y para la
inserción laboral.
Artículo 51. Organización y principios metodológicos.
1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas
específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.
2. Para establecer los objetivos, organización, principios pedagógicos,
acceso, evaluación y promoción, así como la obtención del título de
Bachiller, se tendrá en cuenta lo establecido en el capítulo IV, del
título I, de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. No obstante, las
asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general
de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les
proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y
orientándolos hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional.
El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un complemento de
formación práctica fuera del centro.
3. La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los
métodos pedagógicos apropiados de investigación. De igual modo se
procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes
asignaturas con sus aplicaciones prácticas.
4. La Administración educativa promoverá las medidas necesarias para que
en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la capacidad de expresarse
correctamente en público, el interés por los idiomas y las actividades
relacionadas con la información y la comunicación.
5. Con la finalidad de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
pueda alcanzar los objetivos de su etapa, se arbitrarán medidas de
refuerzo y apoyo durante todo el curso escolar de forma permanente e
individualizada y, de forma intensiva, durante el mes de julio, de forma
que los alumnos y alumnas puedan superar las asignaturas que tuvieran
pendientes tras la convocatoria ordinaria de junio.
6. Reglamentariamente se determinarán, por parte de la Administración
educativa, los requisitos mínimos de tipo pedagógico y organizativo que
exige la aplicación de las medidas de refuerzo permanentes e intensivas
durante el mes de julio previstas en la presente Ley, así como las
dotaciones económicas extraordinarias que fueran necesarias para
aplicarlas.
7. Se celebrarán pruebas extraordinarias en el mes de septiembre dirigidas
a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado durante el curso
escolar las materias correspondientes.
Artículo 52. Evaluación general de diagnóstico.
Al final de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, la
Administración educativa desarrollará y llevará a cabo una evaluación
general de diagnóstico que carecerá de efectos académicos, y será
meramente orientadora e informativa para centros, profesorado, familias,
alumnado y la propia Administración. Los resultados de esta prueba deberán
ser públicos.
CAPÍTULO V
De la Formación Profesional
Artículo 53. Principios generales.
1. La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas
que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones,
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural
y económica. Incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional
inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los
trabajadores y trabajadoras, así como las orientadas a la formación
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización
permanente de las competencias profesionales.
2. La Formación Profesional inicial tiene por finalidad preparar al
alumnado para la actividad en un campo profesional, y facilitar su
inserción laboral y su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y a su participación en una sociedad democrática y
plural.
3. La Formación Profesional inicial comprende un conjunto de ciclos
formativos con una organización modular, de duración variable,
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los
diversos campos profesionales.
Artículo 54. Objetivos.
1. Los objetivos de la Formación Profesional inicial, su organización,
evaluación y titulación del alumnado, se realizarán según lo establecido
en el capítulo V, del Título I, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
No obstante, la Administración competente en esta materia establecerá las
medidas oportunas para adecuar la oferta formativa a las necesidades
laborales y de empleabilidad del tejido productivo andaluz.
2. La presente Ley contribuirá a que el alumnado adquiera las capacidades
que le permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil
profesional de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
d) Saber trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles
riesgos derivados de las situaciones de trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.
f) Afianzar un espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas empresariales.
Artículo 55. Acceso.
1. Para facilitar el acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional inicial, todos los centros docentes que impartan estas
enseñanzas se constituirán en un distrito único con objeto de permitir una
gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas. Para tales
efectos se elaborará la normativa correspondiente.
2. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen
en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria General. Para
el acceso a la Formación Profesional específica de grado superior será
necesario estar en posesión del título de Bachiller.
3. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes
que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de
acceso. Para acceder por esta vía a los ciclos de grado medio se requerirá
tener cumplidos 17 años en el año natural en el que se realice la prueba y
18 para acceder a los ciclos de grado superior.
4. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar la
posesión de conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento
dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional
de que se trate.
5. Los alumnos y alumnas que tengan superadas todas las asignaturas de
cualquier modalidad de Bachillerato podrán acceder a la Formación
Profesional de Grado Superior, acreditando únicamente las capacidades
correspondientes a la familia profesional de que se trate.
6. En relación con la acreditación de las capacidades profesionales
quedarán exentos:
a) Para el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio, quienes hayan
superado la totalidad de los módulos de carácter profesional de un
programa de cualificación profesional inicial o acrediten una experiencia
laboral, en ambos casos relacionados con la enseñanza que pretendan cursar.
b) Para el acceso a la Formación Profesional de Grado Superior, quienes
acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios
profesionales que pretendan cursar.
7. Para quienes estén en posesión del título de Técnico y deseen acceder a
un ciclo formativo de Grado Superior relacionado con el mismo, deberán
acreditar su madurez con respecto a los objetivos del Bachillerato a
través de la correspondiente prueba.
8. La Administración educativa programará un curso puente de acceso con la
finalidad de complementar la madurez y las capacidades profesionales
acreditadas por la posesión del título de Técnico. Su superación dará
acceso al correspondiente ciclo formativo de Grado Superior.
9. La Administración educativa programará cursos destinados al acceso a la
Formación Profesional de Grado Medio por parte de quienes hayan cursado un
programa de cualificación profesional inicial sin haber obtenido el título
de Graduado de Educación Secundaria General. Su superación dará acceso al
correspondiente ciclo de Grado Medio.
Artículo 56. Oferta.
1. La Administración educativa, en el ámbito de sus competencias y con la
colaboración de las Corporaciones Locales y de los agentes sociales y
económicos, programará la oferta de las enseñanzas de Formación
Profesional teniendo en cuenta las necesidades de cualificación de su
entorno productivo.
2. El Consejo Andaluz de Formación Profesional, entre otros cometidos,
desarrollará funciones como órgano de coordinación, participación y
planificación de la Formación Profesional en Andalucía.
3. La Administración educativa ofrecerá una oferta comarcalizada de ciclos
formativos de grado medio y grado superior, para posibilitar el acceso en
igualdad de todas las personas que deseen cursar este tipo de estudios.
4. La Administración educativa podrá establecer convenios educativos con
entidades que impartan ciclos formativos de Formación Profesional, de
acuerdo con la programación general de la enseñanza.
5. Las empresas y entidades que colaboren en el sistema de Formación
Profesional recibirán los beneficios fiscales y las subvenciones que se
establezcan legalmente.
6. Se podrán contratar como profesores especialistas, atendiendo a su
cualificación y a las necesidades del sistema, para determinados módulos,
a profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha
incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo
con la normativa aplicable.
Artículo 57. Contenido y metodología
1. El currículo de las enseñanzas de Formación Profesional incluirá una
fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrán
quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se
corresponda con los estudios profesionales cursados. Las Administraciones
educativas regularán esta fase y la mencionada exención.
2. La metodología didáctica de la Formación Profesional procurará la
integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y
se orientará a que los alumnos adquieran los conocimientos y capacidades
relacionados con las áreas establecidas en la disposición adicional
tercera de la ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
CAPÍTULO VI
De las enseñanzas artísticas
Artículo 58. Principios generales.
1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar una
formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los
futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes
plásticas y el diseño.
2. Las enseñanzas artísticas regladas son:
a) Las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las
Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, así como los grados medio y
superior de artes plásticas y diseño.
c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los
Estudios Superiores de Música y de Danza, las Enseñanzas de Arte
Dramático, las Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, los Estudios Superiores de Diseño y los Estudios Superiores de
Artes Plásticas, incluidos los Estudios Superiores de Cerámica y los
Estudios Superiores del Vidrio.
3. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán
cursarse estudios de música, de danza y de arte dramático que no conduzcan
a la obtención de títulos con validez académica o profesional. Estas
enseñanzas, que se impartirán en centros educativos específicos, estarán
reguladas por la Administración educativa.
Artículo 59. Correspondencia con otras enseñanzas.
1. La Administración educativa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
determinará las medidas necesarias para permitir a los estudiantes cursar
simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y las enseñanzas
de régimen general.
2. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior, la
Administración educativa adoptará las oportunas medidas de organización y
de ordenación académica que incluirán, entre otras, las convalidaciones y
la creación de centros integrados.
SECCIÓN PRIMERA
ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA
Artículo 60. Enseñanzas Elementales de Música y de Danza.
1. Las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza tendrán como finalidad
proporcionar al alumnado una formación musical elemental que les permita
desarrollar sus capacidades artísticas. Asimismo, las Enseñanzas
Elementales de Música y de Danza capacitarán a los alumnos y alumnas para
acceder a las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza.
2. Las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza se organizarán en dos
ciclos de dos cursos cada uno.
3. La Administración educativa establecerá el currículo de las Enseñanzas
Elementales de Música y de Danza. Dicho currículo, que tendrá un carácter
global e integrador, incluirá los objetivos, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias que lo
integren.
Los currículos de las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza
fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros,
favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la
actividad artística e investigadora de los mismos a partir de su práctica
docente.
4. La Administración educativa, teniendo en consideración las
características singulares de las Enseñanzas Elementales de Música y de
Danza, adoptará las medidas necesarias para la adaptación del currículo a
las necesidades del alumnado con discapacidad.
5. La superación de las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza dará
derecho a la obtención de un certificado oficial que lo acredite.
6. Las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza se impartirán en los
conservatorios elementales de música y de danza y en los conservatorios
profesionales de música y de danza.
7. Los conservatorios elementales de música existentes se transformarán
automáticamente en profesionales siempre que reúnan los requisitos
siguientes:
a) Cuenten con un mínimo de 150 alumnos y alumnas matriculados en el grado
elemental de música.
b) No exista oferta musical del mismo grado en la localidad.
c) Existencia de escuela municipal de música.
d) Garanticen una demanda mínima de 40 solicitudes para cursar el primer
curso de grado profesional de música.
8. Podrán impartir las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza las
escuelas de música y aquellos centros que reúnan los requisitos que al
respecto fije la Administración y que sean autorizados por la
Administración educativa.
9. Los centros privados autorizados para impartir las Enseñanzas
Elementales de Música y de Danza podrán adoptar cualquier otra
denominación, excepto la que corresponde a centros públicos o pueda
inducir a confusión con ellos.
Artículo 61. Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza.
1. Las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza tendrán como
finalidad proporcionar al alumnado una formación musical y de danza de
calidad adecuada a este nivel educativo, que les permita desarrollar sus
capacidades artísticas. Asimismo, las Enseñanzas Profesionales de Música y
de Danza capacitarán al alumnado para acceder a los Estudios Superiores de
Música y de Danza.
2. Las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza se organizarán en un
grado que tendrá seis cursos.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero,
por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, la Administración educativa establecerá los currículos de
las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza. Dichos currículos
incluirán los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de
evaluación de cada una de las materias que lo integren. Los currículos de
las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza fomentarán la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo
de los profesores y estimularán la actividad artística e investigadora de
los mismos a partir de su práctica docente.
4. La Administración educativa, teniendo en consideración las
características singulares de las Enseñanzas Profesionales de Música y de
Danza, adoptará las medidas necesarias para la adaptación del currículo a
las necesidades del alumnado con discapacidad.
5. Los alumnos y alumnas podrán, con carácter excepcional y previa
orientación del profesorado, matricularse en más de un curso cuando así lo
permita su capacidad de aprendizaje.
6. Para acceder a las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza será
preciso superar una prueba específica de acceso. Podrá accederse
igualmente a cada curso sin haber superado los anteriores siempre que, a
través de una prueba, el aspirante demuestre tener los conocimientos
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
7. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior serán reguladas y
organizadas por la Administración educativa.
8. La Administración educativa establecerá las convalidaciones que afecten
a las materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, y regulará las adaptaciones en los currículos encaminadas a
facilitar la simultaneidad de las enseñanzas de régimen general y de las
Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza.
9. Los centros públicos que impartan las Enseñanzas Profesionales -y, en
su caso, Elementales- de Música y de Danza se denominarán conservatorios.
Los centros privados que impartan estas enseñanzas podrán adoptar
cualquier denominación, excepto la que corresponde a centros públicos o
pueda inducir a confusión con ellos.
SECCIÓN SEGUNDA
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Artículo 62. Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
1. Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño tendrán como
finalidad proporcionar al alumnado una formación artística, técnica y
tecnológica adecuada y de calidad; facilitarles información acerca de los
aspectos que inciden en el ejercicio profesional de estas artes;
capacitarles para el acceso al empleo y fomentar su formación permanente y
el cultivo de un espíritu emprendedor.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los títulos de las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el sistema educativo son los
de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
3. Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño conducentes a
los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
se ordenarán en ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
respectivamente, agrupados en familias profesionales artísticas. Estos
ciclos formativos se estructurarán en cursos académicos y se organizarán
en módulos formativos de duración variable.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, los ciclos formativos que
conforman estas enseñanzas incluirán prácticas formativas en empresas,
estudios, talleres u otras entidades. Dicha fase de formación práctica, en
situación real de trabajo, no tendrá carácter laboral y formará parte del
currículo del ciclo formativo correspondiente. La Administración educativa
determinará el momento de la realización y evaluación de la fase de
formación práctica en función de las características propias de cada ciclo
formativo.
5. La Administración educativa, en el ámbito de sus competencias,
establecerá el currículo correspondiente a cada título, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las Enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño y en las normas que regulen los títulos respectivos.
6. Los centros que impartan Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y
Diseño desarrollarán, completarán y concretarán los currículos
establecidos por la Administración educativa, mediante la puesta en
práctica de su proyecto educativo y la implementación de programaciones
didácticas que tomen en consideración las características de su entorno y
las necesidades del alumnado, con especial atención a las de quienes
presenten una discapacidad.
7. Los currículos de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y
Diseño fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros,
favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la
actividad artística e investigadora del mismo a partir de su práctica
docente.
8. La Administración educativa, en los límites que señalan el artículo 52
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de
las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, regulará y
organizará aquellos aspectos concernientes al acceso al grado medio de las
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
9. La Administración educativa establecerá un porcentaje de plazas de
reserva para quienes accedan a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en los supuestos recogidos en los artículos 15 y 16 del
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación
general de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la
Administración educativa organizará y desarrollará vías formativas que
faciliten la formación continua y la actualización permanente de las
competencias profesionales de los titulados en Artes Plásticas y Diseño. A
tal efecto, organizará y desarrollará cursos de especialización vinculados
a las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
11. La Administración educativa establecerá las convalidaciones que
afecten a las materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, y regulará las adaptaciones en los currículos encaminadas a
facilitar la simultaneidad de las enseñanzas de régimen general y de las
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
12. Los centros públicos que impartan las Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño se denominarán escuelas de arte. Los centros
privados que impartan estas enseñanzas podrán adoptar cualquier
denominación, excepto la que corresponde a centros públicos o pueda
inducir a confusión con ellos.
SECCIÓN TERCERA
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Artículo 63. Estudios Superiores de Música y de Danza.
1. Los Estudios Superiores de Música y de Danza se organizarán en
diferentes especialidades y consistirán en un ciclo de duración variable,
según sus respectivas características.
2. Para acceder a los Estudios Superiores de Música y de Danza será
preciso reunir los requisitos que señala el artículo 54 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tal efecto, la Administración
educativa regulará una prueba en la que los aspirantes demuestren los
conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
3. Los Estudios Superiores de Música y de Danza se cursarán en los
conservatorios superiores de música y de danza.
4. La Administración educativa convendrá fórmulas de colaboración
artística, docente e investigadora para los Estudios Superiores de Música
y de Danza. Asimismo, fomentará convenios con las universidades para la
organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
5. La Administración educativa fomentará que los conservatorios superiores
de música y de danza desarrollen programas de investigación en el ámbito
de las disciplinas que les sean propias.
Artículo 64. Enseñanzas de Arte Dramático.
1. Las Enseñanzas de Arte Dramático comprenderán un solo grado de carácter
superior, de duración adaptada a las características de estas enseñanzas.
2. Para acceder a las Enseñanzas de Arte Dramático será necesario reunir
los requisitos que fija el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. A tal efecto, la Administración educativa regulará una
prueba destinada a valorar la madurez del aspirante, así como sus
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas.
3. Los estudios de arte dramático se cursarán en las escuelas superiores
de arte dramático.
4. La Consejería competente en materia de Educación y las universidades
andaluzas convendrán fórmulas de colaboración artística, docente e
investigadora para los estudios de arte dramático. Asimismo, fomentarán
convenios con las universidades para la organización de estudios de
doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
5. La Administración educativa fomentará que escuelas superiores de arte
dramático desarrollen programas de investigación en el ámbito de las
disciplinas que les sean propias.
Artículo 65. Enseñanzas de conservación y restauración de bienes
culturales.
1. Para acceder a las enseñanzas de conservación y restauración de bienes
culturales será necesario reunir los requisitos que fija el artículo 54 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tal efecto, la
Administración educativa regulará una prueba destinada a valorar la
madurez del aspirante, así como sus conocimientos y aptitudes necesarios
para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
2. Las estudios de conservación y restauración de bienes culturales se
cursarán en las escuelas superiores de conservación y restauración de
bienes culturales.
Artículo 66. Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño.
1. De acuerdo con los artículos 45 y 57 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, tienen la condición de Estudios Superiores en el
ámbito de las Artes Plásticas y el Diseño los Estudios Superiores de
Diseño y los Estudios Superiores de Artes Plásticas, incluidos los
Estudios Superiores de Cerámica y los Estudios Superiores del Vidrio.
Estos estudios se organizarán por especialidades.
2. Para acceder a estos estudios será necesario reunir los requisitos que
fija el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. A tal efecto, la Administración educativa regulará una prueba
destinada a valorar la madurez del aspirante, así como sus conocimientos y
aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
3. Los Estudios Superiores de Artes Plásticas se cursarán en las escuelas
superiores de la especialidad correspondiente y los Estudios Superiores de
Diseño en las Escuelas Superiores de Diseño.
CAPÍTULO VII
De las enseñanzas deportivas
Artículo 67. Principios generales.
1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar al alumnado
para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad
deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo
laboral y deportivo.
2. Las enseñanzas deportivas contribuirán a que el alumnado adquiera las
capacidades que les permita:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil de los
estudios respectivos.
b) Garantizar la cualificación profesional de iniciación, conducción,
entrenamiento básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección
de equipos y deportistas de alto rendimiento en la modalidad o
especialidad correspondiente.
c) Comprender las características y la organización de la modalidad o
especialidad respectiva y conocer los derechos y obligaciones que se
derivan de sus funciones.
d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su
labor en condiciones de seguridad.
3. La organización y titulación de estas enseñanzas se llevarán a cabo de
acuerdo con lo establecido en el capítulo VIII, del título I, de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. La Administración educativa establecerá las condiciones de los centros
en los que podrán impartirse las enseñanzas respectivas.
CAPÍTULO VIII
De las enseñanzas de idiomas
Artículo 68. Principios generales.
1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto promover el conocimiento
teórico y práctico de los diferentes idiomas de forma independiente de las
enseñanzas de régimen general del sistema educativo.
2. La estructura básica de estas enseñanzas se adecuará a lo establecido
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Artículo 69. Escuelas Oficiales de Idiomas.
1. Los requisitos de las Escuelas Oficiales de Idiomas serán los
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, no obstante la
Administración educativa regulará la creación de nuevos centros, las
ratios profesorado-alumnado, las instalaciones y el número de puestos
escolares que se oferten.
2. Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas será
requisito imprescindible haber cursado los dos primeros cursos de la
Enseñanza Secundaria o estar en posesión del título de Graduado Escolar,
del Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios.
3. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los
certificados correspondientes a los distintos niveles mediante la
superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas,
de conformidad con los requisitos básicos que establezca el Gobierno.
4. La Administración educativa garantizará una oferta equilibrada de
plazas en Escuelas Oficiales de Idiomas entre las distintas provincias
andaluzas, garantizando como mínimo y de forma progresiva una oferta total
de plazas que suponga en cada provincia el 10% del alumnado matriculado en
los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.
La oferta, además de equilibrada en cada provincia, debe respetar una
proporción mínima del 60% para el Grado Elemental y 40% de las plazas para
el Grado Superior, a fin de favorecer la continuación de la formación de
idiomas de un ciclo a otro.
5. La Administración educativa está obligada a realizar, con carácter
comarcalizado, una oferta suficiente, equilibrada y adecuada a las
necesidades formativas del alumnado.
6. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el
estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión
Europea, así como la enseñanza del español como lengua extranjera. También
se facilitará el estudio de otras lenguas que por razones culturales,
sociales o económicas presenten un interés especial.
7. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir cursos para la
actualización de conocimientos de idiomas y para la formación de las
personas adultas y del profesorado.
8. La Administración educativa fomentará también la enseñanza de idiomas a
distancia. Esta oferta podrá integrarse en las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
9. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán desarrollar planes de
investigación e innovación en relación con las enseñanzas que impartan, de
acuerdo con lo que la Administración educativa establezca.
TÍTULO VI
La comunidad educativa en los órganos de participación, en el control y
gestión y la coordinación de los centros docentes públicos
CAPÍTULO I
De los órganos de gobierno
Artículo 70. Principios.
1. En los centros docentes públicos existirán órganos de gobierno y
órganos de participación en el control y gestión de los mismos.
2. Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de
los centros velarán para que las actividades de éstos se desarrollen de
acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva
realización de los fines de la educación establecidos en las disposiciones
vigentes, y por la calidad de la enseñanza.
3. Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de
los derechos reconocidos al alumnado, profesorado, familias y personal de
administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos
los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su
gestión y en su evaluación.
Artículo 71. Órganos de los centros.
1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de
gobierno y de participación en el control y gestión:
a) Órgano de gobierno: Director, Vicedirector, en su caso, Jefe de
Estudios, Secretario y cuantos otros determine la Administración educativa.
b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar,
Claustro de profesores y cuantos otros determinen las Administraciones
educativas.
2. Los órganos de participación en el control y gestión del centro
evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los
resultados de las pruebas externas que se realicen en el mismo con objeto
de mejorar su funcionamiento.
3. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores, así como los órganos de
gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en
los planes de evaluación del centro que se les encomiende, en los términos
que la Administración educativa establezca, sin perjuicio de los procesos
de evaluación interna que se realicen en el centro.
Artículo 72. La dirección.
El director o directora es el representante de la Administración educativa
en el centro, y tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
b) Coordinar el proyecto educativo del centro.
c) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar
las resoluciones disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las
normas aplicables.
d) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la
consecución de los objetivos del proyecto educativo, de acuerdo con las
disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.
e) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las
atribuciones de las demás autoridades educativas.
f) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo
relativo al logro de los objetivos educativos del centro.
g) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar
un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos
y valores.
i) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e
imponer las medidas disciplinarias que correspondan acerca del alumnado,
de acuerdo con las normas que establezca la Administración educativa y en
cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de régimen interior
del centro.
j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo
Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos
adoptados en el ámbito de sus competencias.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo
ello de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa.
l) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos
de innovación e investigación educativa.
m) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro y colaborar en
las evaluaciones externas.
n) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración
educativa.
Artículo 73. Equipo directivo.
1. Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán
de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las
instrucciones de la Dirección del centro.
2. La Dirección, previa comunicación al Claustro de profesores y al
Consejo Escolar, formulará a la Administración educativa la propuesta de
nombramiento y cese de los cargos de Vicedirector, Jefe de Estudios y
Secretario, y demás órganos de gobierno. El Vicedirector, el Jefe de
Estudios y el Secretario deberán ser profesores o profesoras de los
cuerpos del nivel educativo y régimen correspondiente.
3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al
término de su mandato o cuando se produzca el cese del director o
directora. Asimismo, la Administración educativa cesará a cualquiera de
los miembros del equipo directivo designado por la Dirección, a propuesta
de ésta mediante escrito razonado, previa comunicación al Consejo Escolar
del centro.
4. En los centros de nueva creación, la Vicedirección, Jefatura de
Estudios y Secretaría serán nombrados directamente por la Administración
educativa, a propuesta del Servicio de Inspección.
5. La Administración educativa favorecerá el ejercicio de la función
directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que
permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el
personal y los recursos materiales. Con la misma finalidad promoverá la
organización de programas y cursos de formación.
Artículo 74. Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y
gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad
educativa.
2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o directora del centro, que será su Presidente.
b) El jefe o jefa de Estudios.
c) Un concejal, concejala o representante del Ayuntamiento en cuyo término
municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser
inferior a la mitad del total de los componentes del Consejo.
e) Un número de padres o madres elegidos respectivamente por y entre ellos
en función del alumnado matriculado.
f) Un número de alumnos o alumnas elegidos respectivamente por y entre
ellos en función del alumnado matriculado.
g) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
h) El secretario o secretaria del centro, que actuará como secretario del
Consejo, con voz y sin voto.
i) En aquellos centros específicos de educación especial y en aquellos que
tengan aulas especializadas, formará parte también del Consejo Escolar un
representante del personal de atención educativa complementaria.
3. Los alumnos y alumnas podrán participar en el Consejo Escolar en los
términos que establezca la Administración educativa.
4. Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar,
siempre que no hayan sido objeto de sanción por conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro durante el curso en que tenga
lugar la celebración de las elecciones. En ningún caso podrán ser elegidos
miembros del consejo escolar aquellos alumnos y alumnas que hayan sido
expedientados por agresiones graves producidas contra el profesorado o
compañeros y compañeras del centro.
5. Los alumnos y alumnas podrán participar en el Consejo Escolar en los
términos que establezca la Administración educativa.
6. La Administración educativa regulará las condiciones por las que los
centros que impartan las enseñanzas de Formación Profesional específica o
artes plásticas y diseño puedan incorporar, a su Consejo Escolar, un
representante propuesto por las organizaciones empresariales o
instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro.
7. La Administración educativa determinará el número total de miembros del
Consejo Escolar, y regularán el proceso de elección de los representantes
de los distintos sectores que lo integran.
Artículo 75. Atribuciones del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:
a) Conocer la planificación y organización elaborada por el equipo
directivo respecto al centro.
b) Formular propuestas al equipo directivo sobre el proyecto educativo y
ratificarlo, respetando las competencias del claustro de profesores, en
relación con la planificación y organización docente.
c) Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación general
anual del centro.
d) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de su calidad, así como sobre
aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo.
e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, y velar para que su
proceso se realice con sujeción a lo establecido en esta Ley y
disposiciones que la desarrollen.
f) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
g) Participar de las aplicaciones de la normativa sobre convivencia y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
h) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y
equipamiento escolar.
j) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con otros centros, entidades y organismos.
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro
realice la Administración educativa.
l) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.
m) Participar en la elaboración de las normas del centro.
n) Velar por la efectiva igualdad en derechos y oportunidades entre todas
las personas.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa.
Artículo 76. Claustro de profesores.
1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación del
profesorado en el control y gestión del centro, y tiene la responsabilidad
de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los
aspectos docentes del centro.
2. El Claustro será presidido por el director o directora, y estará
integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el
centro.
Artículo 77. Atribuciones del claustro de profesores.
1. El Claustro de profesores tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la
programación general anual, así como evaluar su aplicación.
b) Aprobar los contenidos pedagógicos y curriculares que forman parte del
proyecto educativo, formular propuestas al Consejo Escolar para su
elaboración e informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos
a la organización y planificación docente.
c) Proponer al equipo directivo los criterios referentes a la orientación,
tutoría, evaluación y recuperación del alumnado.
d) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la
comisión de selección de director.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución
del rendimiento académico y los resultados de la evaluación que del centro
realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe
referente a la marcha del mismo.
h) Ser informado por la dirección sobre la aplicación del régimen
disciplinario del centro.
i) Ser informado de la propuesta, a la Administración educativa, del
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y un clima
favorable al estudio en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa.
Artículo 78. Órganos de coordinación docente.
1. En los centros educativos existirán departamentos de coordinación
didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las
enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden.
a) Cada departamento de coordinación didáctica estará constituido por los
profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las
asignaturas o módulos asignados al mismo.
2. La Administración educativa podrá establecer otros órganos de
coordinación además de los señalados, con carácter general, en el apartado
anterior.
3. La jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario
que tenga destino definitivo en el centro.
4. Los institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrán un
departamento didáctico para cada especialidad. En este sentido se autoriza
la creación de los departamentos didácticos de Informática y Economía.
CAPÍTULO II
De la selección y nombramiento de la dirección de los centros educativos
públicos
Artículo 79. Principios generales.
1. La selección y nombramiento de director o directora de los centros
públicos se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores
funcionarios de carrera de los cuerpos del nivel educativo y régimen a que
pertenezca el centro.
Artículo 80. Requisitos.
1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los
siguientes:
a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años en el cuerpo de la
Función Pública docente desde el que se opta.
b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario de
carrera, durante un período de igual duración, en un centro público que
imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.
c) Estar prestando servicios en un centro público del nivel y régimen
correspondientes al publicarse la convocatoria.
d) Tener destino definitivo en el centro.
e) Presentar un proyecto de dirección.
Artículo 81. Procedimiento de selección.
1. Para la designación de los directores en los centros públicos, la
Administración educativa convocará concurso de méritos.
2. La selección será realizada por una comisión constituida por
representantes de la Administración educativa y por representantes del
centro correspondiente y presidida por la Inspección educativa.
La Administración educativa determinará el número total de vocales de la
comisión y la proporción entre los representantes de la Administración y
de los centros. Asimismo, establecerá los criterios objetivos y el
procedimiento aplicable a la correspondiente selección.
3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales
acreditados por los aspirantes, en la labor docente realizada, en la
experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como
cargo directivo, y en la valoración del proyecto de dirección. Se valorará
de forma especial la experiencia previa en el ejercicio de la dirección.
Artículo 82. Nombramiento.
1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación,
organizado por la Administración educativa, consistente en un curso
teórico de formación relacionado con las tareas atribuidas a la función
directiva y en un período de prácticas. Los aspirantes seleccionados, que
tengan reconocida la categoría de director o directora a que se refiere el
apartado 3 de este artículo, estarán exentos de la realización del
programa de formación.
2. La Administración educativa nombrará director o directora del centro
que corresponda, por un período de cuatro años, al aspirante que haya
superado este programa.
3. Los directores así nombrados serán evaluados al cabo de los tres años.
Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de
director o directora para los centros públicos del nivel educativo y
régimen de que se trate.
Artículo 83. Duración del mandato.
El nombramiento de los directores podrá renovarse, por períodos de igual
duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de
los mismos. La Administración educativa podrá fijar un límite máximo para
la renovación de los mandatos.
Artículo 84. Nombramiento con carácter extraordinario.
1. En ausencia de candidatos, o cuando la comisión correspondiente no haya
seleccionado ningún aspirante, la Administración educativa nombrará
director o directora, por un período de tres años, a un profesor o
profesora funcionario de alguno de los niveles educativos y régimen de los
que imparta el centro de que se trate, que reúna, al menos, alguno de los
siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la Función
Pública docente de procedencia.
b) Haber sido profesor o profesora, durante un período de cinco años, en
un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.
c) Tener destino definitivo en el centro.
2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el
apartado 1 de este artículo. En estos centros, la duración del mandato de
todos los órganos de gobierno será de dos años.
3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de
Educación Primaria, en los colegios públicos rurales, en los de Educación
Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan Enseñanzas
Artísticas, de Idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de
ocho profesores, la Administración educativa podrá eximir a los candidatos
de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 85. Cese de la dirección.
El cese del director o directora se producirá en los siguientes supuestos:
a) Finalización del período para el que fue nombrado y, en su caso, de la
prórroga del mismo.
b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa, previo
informe del Servicio de Inspección.
c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Revocación motivada por la Administración educativa competente por
incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo, previa
audiencia al interesado y tras la realización de un expediente
disciplinario. En este caso, el profesor o profesora no podrá participar
en ningún concurso de selección de directores durante el período de tiempo
que determine la Administración educativa.
Artículo 86. Apoyo al ejercicio de la función directiva.
1. La Administración educativa favorecerá el ejercicio de la función
directiva en los centros docentes, dotando a la dirección de la necesaria
autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos de mejora
de la calidad.
2. Asimismo, organizará actividades de formación de directivos que
actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales, a los que
periódicamente deberá acudir el director o directora y el resto del equipo
directivo.
3. Con el objeto de facilitar el ejercicio de sus funciones, la
Administración educativa promoverá procedimientos para eximir, total o
parcialmente, al equipo directivo y, especialmente, a la dirección de la
docencia directa en función de las características específicas del centro.
Artículo 87. Reconocimiento de la función directiva.
1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial, de la dirección, será
retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y
dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos
establecidos al efecto fije la Administración educativa.
2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos y, en todo caso, del cargo
de director o directora, será especialmente valorado a los efectos de la
provisión de puestos de trabajo en la Función Pública docente, así como
para otros fines de carácter profesional que establezca la Administración
educativa.
3. Los directores o directoras de los centros públicos que hayan ejercido
su cargo con valoración positiva durante el período de tiempo que cada
Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en
situación de activo, la percepción del complemento retributivo
correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determine
la Administración educativa. En todo caso, se tendrá en cuenta a estos
efectos el número de años de ejercicio del cargo de la dirección.
4. La Agencia de la Calidad se encargará de valorar a los directores cada
dos períodos de mandato.
TÍTULO VII
De la Inspección educativa
Artículo 88. Competencia de la Administración andaluza.
La Administración educativa ejercerá, dentro del respectivo ámbito
territorial y de conformidad con las normas básicas que regulan esta
materia, la función inspectora se realizará los elementos y aspectos del
sistema educativo a excepción del universitario, a fin de asegurar el
cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de
los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
Artículo 89. Del Consejo Andaluz de Inspección Educativa.
1. Con la finalidad de garantizar la necesaria independencia y
transparencia de la función inspectora se crea, mediante la presente Ley,
el Consejo Andaluz de Inspección Educativa, que se configura como
organismo autónomo independiente de la Junta de Andalucía, dotado con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
2. El Consejo, como entidad de Derecho público de las previstas en la
legislación vigente, gozará de autonomía orgánica y funcional, y se regirá
por lo previsto en la presente Ley, por las disposiciones que la
desarrollen y por sus estatutos de organización y funcionamiento.
Artículo 90. De las funciones y atribuciones de la Inspección educativa.
1. Sus funciones serán las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
b) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y
organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de
titularidad pública como privada.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la
que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la
función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento
y resultados de los mismos.
d) Participar en la Agencia de la Calidad Educativa.
e) Supervisar la práctica docente, asesorar y colaborar en su mejora
continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los
procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad
educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
obligaciones.
g) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo
promovidos o autorizados por la Administración educativa, así como sobre
cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la
autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a
través de los cauces reglamentarios.
2. Para el correcto ejercicio de las funciones anteriores, los inspectores
e inspectoras de Educación tendrán las siguientes atribuciones:
a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los
centros, a los cuales tendrán libre acceso.
b) Supervisar la documentación pedagógica y administrativa de los centros.
c) Recibir de los restantes funcionarios la necesaria colaboración para el
desarrollo de sus actividades.
Artículo 91. Del ejercicio de las funciones de la inspección.
1. Las funciones de la Inspección educativa serán desempeñadas por
funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de
Inspectores al servicio de la Administración educativa en los términos
previstos en las leyes.
2. Los inspectores e inspectoras tendrán la consideración de autoridad
pública y como tal recibirán de los distintos miembros de la comunidad
educativa, así como de las demás autoridades y funcionarios, la ayuda y
colaboración precisas para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 92. Formación de los inspectores de Educación.
1. El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio profesional es un
derecho y un deber de los inspectores e inspectoras de Educación.
2. La formación de los inspectores e inspectoras de Educación se llevará a
cabo por la Administración educativa, en colaboración, preferentemente,
con las universidades.
Artículo 93. Desarrollo reglamentario.
1. La Administración educativa desarrollará reglamentariamente cuantas
disposiciones sean necesarias para la puesta en marcha del Consejo Andaluz
de Inspección Educativa, así como los requisitos mínimos del Estatuto de
Organización y Funcionamiento del mismo.
2. Entre tanto no sean dictadas las disposiciones a las que hace
referencia el apartado anterior, se estará a lo dispuesto por la
legislación andaluza.
TÍTULO VIII
Evaluación del sistema educativo
Artículo 94. Principios generales.
La evaluación del sistema educativo tendrá las siguientes finalidades:
a) Orientar las políticas educativas, con mayor eficacia, hacia los
objetivos de mejora definidos en el ámbito nacional y en el de la Unión
Europea.
b) Asegurar los avances del sistema hacia las metas de calidad, de
igualdad de oportunidades, equidad y cohesión social.
c) Garantizar una mayor transparencia sobre el rendimiento del sistema
educativo, su evolución y sus áreas de mejora.
d) Analizar y definir la situación real del sistema educativo y dotarlo de
mayor calidad.
e) Proporcionar una información relevante para la mejora de las políticas
y de las prácticas en centros docentes.
Artículo 95. Ámbito de aplicación.
La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta
Ley, y se aplicará sobre los procesos educativos, los procesos de
aprendizaje de los alumnos y sus resultados, especialmente en lo relativo
al fracaso escolar, abandono educativo temprano, convivencia y absentismo;
así como la actividad del profesorado y su formación; los centros
docentes, sus equipos directivos, las plantillas de profesorado, la
actividad docente, sus infraestructuras, equipamientos y dotaciones y la
participación de las familias en las tareas del centro; igualmente se
extenderá a la inspección de educación y la propia Administración
educativa.
Artículo 96. Plan de evaluación general del sistema educativo.
La Administración educativa elaborará un plan plurianual de evaluación
general del sistema. Dicho plan integrará todas las actuaciones de
evaluación general contenidas en el presente título y contendrá en cada
caso las finalidades, los criterios e instrumentos de evaluación, que se
harán públicos con carácter previo.
Artículo 97. Creación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
Educativa y Docente.
1. Mediante la presente Ley se crea la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad Educativa y Docente, con la finalidad de contribuir a valorar
la calidad de los centros en cuanto a la correcta dotación de medios
humanos y materiales, la calidad de la enseñanza que se imparte en los
mismos y también, y muy especialmente, el rendimiento escolar general del
alumnado escolarizado en los mismos.
2. Además de los fines previstos para la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad Educativa y Docente en el aparatado anterior serán objetivos de
la misma los que siguen:
a) Proporcionar a la Administración educativa la información precisa para
la mejora de la calidad del sistema educativo andaluz.
b) Potenciar la mejora de la función docente en Andalucía mediante la
detección de sus principales demandas y necesidades.
c) Evaluar a los equipos directivos y al profesorado en general con objeto
de mejorar su situación y sus rendimientos.
d) Realizar evaluaciones periódicas sobre el nivel de conocimientos del
alumnado, así como sus principales problemas: fracaso escolar, abandono
educativo temprano o absentismo.
e) Evaluar cada cuatro años a todos los centros educativos andaluces
sostenidos con fondos públicos, especialmente en lo referente a sus
infraestructuras, equipamientos, dotaciones, convivencia y plantilla de
profesorado.
f) Premiar aquellas experiencias de los centros docentes andaluces en los
que, fruto del ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa o
económica, alcancen mejoras en la calidad de la educación.
g) Evaluar los programas educativos puestos en marcha por la
Administración educativa.
h) Cuantas otras se determinen reglamentariamente en interés de las
funciones de evaluación del sistema educativo andaluz, y de las funciones
de los docentes andaluces, que redunden en la calidad de la educación en
Andalucía.
i) Realizar una revisión de la red de centros para adecuar la oferta a la
demanda.
3. La citada Agencia se constituirá como organismo autónomo independiente
de la Junta de Andalucía, dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad para obrar para el cumplimiento de sus fines. La Agencia, como
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 4.1 a) de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
gozará de autonomía orgánica y funcional y se regirá por lo previsto en la
presente Ley, por las disposiciones que la desarrollen y por su estatuto
de organización y funcionamiento.
4. El procedimiento de actuación de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad Educativa y Docente que se determine en las normas de
desarrollo asegurará, en todo caso, que los procesos de evaluación sean
objetivos y transparentes, y faciliten la comparación de los resultados en
el conjunto del territorio de Andalucía.
5. La estructura, el régimen económico de funcionamiento y la composición
de la Agencia se determinará reglamentariamente, garantizando en todo caso
que los miembros que formen parte de la misma sean elegidos por las 3/5
partes de los miembros del Parlamento andaluz, previa propuesta de la
Administración educativa.
6. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad Educativa y Docente
realizará las actividades siguientes:
a) Elaborar sistemas de evaluación para las diferentes enseñanzas
reguladas en la presente Ley y sus correspondientes centros.
b) Realizar investigaciones, estudios y evaluaciones del sistema educativo
y, en general, proponer a la Administración educativa cuantas iniciativas
y sugerencias puedan contribuir a favorecer la calidad y mejora de la
enseñanza.
c) Colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia en la elaboración
del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.
d) Cuantas otras le sean encomendadas por la Administración educativa en
aras de mejorar el sistema educativo.
Artículo 98. Evaluaciones generales de diagnóstico.
1. La Administración educativa, a través de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad Educativa y Docente, y en el marco de la
evaluación general del sistema educativo que le compete, efectuará
evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas. Estas
evaluaciones versarán, entre otros aspectos de la calidad educativa, sobre
los conocimientos y las competencias básicas del currículo. Se realizarán
en las diferentes etapas educativas correspondientes a las enseñanzas de
régimen general y de régimen especial.
2. La Administración educativa definirá los conocimientos y las
competencias básicas de las enseñanzas comunes, que serán objeto de
evaluación en las evaluaciones generales de diagnóstico. Tal definición
establecerá, de una manera precisa, los niveles que resulten prescriptivos
para las referidas enseñanzas comunes.
3. La Administración educativa aprobará la normativa básica aplicable para
el desarrollo de las evaluaciones a las que se refiere el presente
artículo, a los efectos de que éstas se produzcan con criterios de
homogeneidad.
4. La Administración educativa desarrollará, ejecutará y controlará las
evaluaciones en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 99. Planes de valoración docente.
1. Con el fin de mejorar la labor docente del profesorado, la
Administración educativa, en el ámbito de sus competencias y a través de
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad Educativa y Docente,
elaborará planes para la valoración de la función pública docente, con la
participación del profesorado.
2. La Administración educativa dispondrá los procedimientos para que los
resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta,
junto con las actividades de formación, investigación e innovación.
Asimismo, prestará una atención prioritaria a la cualificación y la
formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza
su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento
social de la función docente, tanto fuera como dentro de los centros
educativos.
Artículo 100. Evaluación voluntaria.
1. El profesorado que lo desee podrá solicitar su participación de forma
voluntaria en el proceso de evaluación docente.
2. La Administración educativa fomentará la evaluación voluntaria del
profesorado a través de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
Educativa y Docente. Los resultados de estas evaluaciones se podrán tener
en cuenta a efectos de movilidad, de promoción dentro de la carrera
docente y como complemento retributivo de calidad a los que lo superen.
Artículo 101. Otros planes de evaluación.
1. La Administración educativa correspondiente elaborará y pondrá en
marcha planes de evaluación, que serán aplicados con periodicidad a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.
2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y
gestión, así como los distintos sectores de la comunidad educativa,
colaborarán en la evaluación externa de los centros.
3. La Administración educativa informará a la comunidad educativa y hará
públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación
de los centros, así como las conclusiones que en dichas evaluaciones se
obtengan. Asimismo, comunicará al claustro de profesores y al consejo
escolar las conclusiones de la evaluación correspondiente a su centro.
4. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta el contexto social
y económico de los alumnos y los recursos de que disponen. Se efectuará
sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, en lo relativo tanto
a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las
actividades de enseñanza y de aprendizaje. La Administración educativa se
compromete a colaborar con los centros para resolver los problemas que
hubieran sido detectados en la evaluación realizada, y les proporcionará
los apoyos necesarios para su mejora.
5. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio
funcionamiento de acuerdo con lo preceptuado por la correspondiente
Administración educativa.
Artículo 102. Colaboración con el Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación.
La Administración educativa facilitará a la Administración competente del
Estado la información que les sea requerida, a fin de elaborar el Sistema
Estatal de Indicadores de la Educación.
Artículo 103. Difusión de los resultados de las evaluaciones.
1. La Administración educativa hará públicas, periódicamente, las
conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo
efectuadas por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad Educativa y
Docente.
2. El Gobierno andaluz, en el ámbito de sus competencias, presentará
anualmente, al Parlamento de Andalucía, un informe de situación del
sistema educativo, basado en los resultados de las evaluaciones generales,
así como en los indicadores del sistema estatal y en su evolución temporal.
TÍTULO IX
De la cooperación con otras Administraciones y entidades
Artículo 104. Cooperación de las Administraciones locales.
1. La Administración educativa podrá establecer convenios de colaboración
con las corporaciones locales en materia educativa.
2. La Administración educativa podrá delegar competencias de gestión de
determinados servicios educativos o de apoyo a la educación a los
municipios o agrupaciones de municipios que se configuren al efecto.
3. Las corporaciones locales cooperarán con la Administración educativa en
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
4. Los consejos escolares municipales dispondrán de una estructura
organizativa y de funcionamiento ágil, dotándoles de mayor poder de
decisión en asuntos relacionados con la escolarización y organización de
la oferta educativa del municipio.
5. Corresponde a la Administración educativa la competencia exclusiva de
financiar, construir, ampliar y adaptar los centros educativos. No
obstante, las corporaciones locales podrán cooperar con la Administración
educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción
de nuevos centros docentes.
6. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios
destinados a centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria o
Educación Especial, corresponden al municipio respectivo.
7. La Administración local podrá colaborar con los centros educativos para
impulsar las actividades extraescolares, y promover la relación entre la
programación de los centros y el entorno en que éstos desarrollan su
labor. Asimismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia
en los centros y participarán en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.
8. Cuando la Administración educativa deba afectar, por necesidades de
escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se
hallen ubicados centros de Educación Infantil, de Educación Primaria o de
Educación Especial, dependientes de ella, para impartir Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de régimen
especial, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que
los municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones
vigentes. Todo ello sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan
ostentar los municipios respectivos.
9. La Administración educativa establecerá el procedimiento para el uso de
los centros docentes, que de ella dependan, por las autoridades
municipales, fuera del horario lectivo, para actividades educativas,
culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará
únicamente sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las
actividades de dichos centros.
10. Los municipios podrán establecer acuerdos con los centros educativos
para el uso de las bibliotecas municipales y/o instalaciones deportivas y
recreativas.
Artículo 105. Cooperación con las universidades andaluzas.
La Administración educativa establecerá convenios y acuerdos de
colaboración con las universidades andaluzas, destinados a:
a) Mejorar la calidad educativa.
b) Formación inicial y permanente del profesorado.
c) Potenciación del bilingüismo.
d) Promoción e incorporación del profesorado a los departamentos
universitarios.e) Incentivación de la investigación por parte del
profesorado no universitario.f) Extensión y difusión de la educación
permanente de las personas adultas.
Artículo 106. Cooperación con el Ministerio de Defensa.
La Administración educativa establecerá convenios y acuerdos de
colaboración con el Ministerio de Defensa, destinados a favorecer la
formación continua del personal de las Fuerzas Armadas. El contenido de
estos acuerdos podrá contemplar la reserva de un número de puestos
escolares para quienes, una vez finalizado su compromiso con las Fuerzas
Armadas e incorporados a la vida civil, deseen continuar su formación
académica.
Artículo 107. Cooperación con el Ministerio del Interior.
1. La Administración educativa establecerá convenios y acuerdos de
colaboración con el Ministerio del Interior, destinados a impulsar y
promover acciones en el ámbito escolar relativas a la seguridad personal y
ciudadana de los estudiantes, a mejorar su conocimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a colaborar en la prevención y
erradicación de las conductas violentas que puedan producirse en el
entorno escolar.
2. La Administración educativa establecerá convenios y acuerdos de
colaboración con el Ministerio del Interior destinados a favorecer la
formación, la educación y la reinserción de los internos en centros
penitenciarios y de los liberados condicionales.
Artículo 108. Cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente.
La Administración educativa establecerá convenios y acuerdos de
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente destinados al
conocimiento, valoración y protección del medio ambiente.
Artículo 109. Cooperación con otras administraciones y entidades.
Además de las Corporaciones locales, la Administración educativa promoverá
la participación de otras instituciones y entidades, las asociaciones
profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades
empresariales y sindicales, para el desarrollo e impulso de programas y
actividades relacionadas con la Educación.
TÍTULO X
De los recursos económicos
Artículo 110. Recursos económicos.
1. Corresponde a la Administración educativa proveer los recursos
necesarios para garantizar los objetivos de calidad enunciados en la
presente Ley y, en todo caso:
a) El establecimiento de un número máximo de alumnos por aula que en la
enseñanza básica será de 22 para la Educación Primaria y de 25 para la
Educación Secundaria.
b) La potenciación de las tutorías y la atención preferente a las
diferencias individuales de los alumnos.
c) El apoyo a las medidas organizativas necesarias para la mejora de los
aprendizajes.
d) El establecimiento de medidas de refuerzo y apoyo educativo para los
alumnos que las requieran.
e) La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.
f) El establecimiento de las medidas organizativas y disposición de los
recursos para la mejora del aprendizaje de las lenguas extranjeras.
g) Las medidas de apoyo al profesorado establecidas en la presente Ley, en
especial en lo referente a la homologación salarial.
h) El establecimiento de departamentos o servicios especializados en la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.
i) El establecimiento de los servicios complementarios que faciliten la
igualdad de oportunidades.
j) Política de becas.
k) Plan de modernización de las infraestructuras educativas.
l) Plan de mejora de las dotaciones de Formación Profesional.
2. La Administración educativa contribuirá a la dotación de los recursos
económicos necesarios para promover la calidad educativa, garantizar la
cohesión social y dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la
presente Ley, estableciendo como base de su contribución el 7% del PIB de
la Comunidad Autónoma.
3. La Administración educativa creará un observatorio para el seguimiento
de las políticas de gasto en materia educativa. Dicho observatorio
evaluará, con criterios objetivos, el grado de eficacia y de eficiencia en
la administración y uso de los recursos contemplados en la presente Ley.
Disposición Adicional Primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar,
en un plazo no superior a dos años desde la entrada vigor de la presente
Ley, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de la misma.
Disposición Adicional Segunda. Creación del Consejo Andaluz de Enseñanzas
propias de Andalucía.
1. Se crea el Centro Andaluz de Enseñanzas Propias de Andalucía como
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con
las enseñanzas específicas propias de Andalucía que habrán de complementar
el sistema educativo general.
2. El Parlamento de Andalucía regulará la composición, funciones,
organización y funcionamiento de dicho consejo.
3. El Centro Andaluz de Enseñanzas Propias de Andalucía quedará adscrito a
la Consejería competente en materia de Educación.
4. Son funciones propias del Centro Andaluz de Enseñanzas Propias de
Andalucía las siguientes:
a) Elaborar propuestas a la Consejería competente en materia de Educación
en relación con la enseñanza y la investigación de las enseñanzas
específicas propias de Andalucía.
b) Informar, con carácter preceptivo, sobre la finalidad, estructura,
objetivos, contenidos y evaluación de las enseñanzas específicas propias
de Andalucía.
c) Informar y asesorar sobre aquellas disposiciones que someta a su
consideración la Consejería competente en materia de Educación.
d) Aquellas otras funciones que le pudieran ser encomendadas por la
Consejería competente en materia de Educación.
Disposición Adicional Tercera.
La Administración educativa andaluza podrá convocar anualmente un concurso
oposición para la provisión de todas las plazas vacantes que se produzcan
en el ámbito docente de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y
Enseñanzas de Régimen Especial.
Disposición Adicional Cuarta.
Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de
los alumnos que se vean afectados por un cambio de residencia derivado de
actos de violencia de género.
Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a la presente Ley.
Disposición Transitoria Primera.
En tanto se constituyan los órganos que crea la presente Ley, continuarán
ejerciendo las competencias en esta materia los órganos a los que
actualmente les corresponda.
Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
MEMORIA ECONÓMICA
PRESENTACIÓN
El ejercicio del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza por
parte de todos, sin ningún tipo de exclusión, y en condiciones que
garanticen una real igualdad de oportunidades, con independencia del lugar
en que residan constituye en nuestro tiempo el mayor factor de cohesión
social. Esta es la razón por la que el presente proyecto contempla la
creación de un Fondo de Cohesión interprovincial educativo, como
instrumento operativo para promover y asegurar que el derecho a la
educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el
territorio andaluz, para impulsar políticas de interés general para la
mejora constante de la calidad del sistema educativo y para contribuir a
la solidaridad de conformidad con el principio de equidad.
A través de este instrumento operativo se han de impulsar en los próximos
años las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos de la
presente Ley.
La presente memoria económica abarca el periodo 2008-2011. Este horizonte
temporal obedece a que hay que procurar alcanzar los compromisos asumidos
por España en el marco de la Estrategia de Lisboa (2010), acordada por la
Unión Europea en marzo de 2000, compromisos de los que Andalucía se siente
partícipe.
En el marco de los tres ejes estratégicos en los que se articulan las
políticas y acciones para la mejora de la calidad del sistema educativo a
los que se refieren los objetivos de la Unión Europea, se establecen las
medidas y los compromisos financieros que se detallan a continuación y que
se resumen en el cuadro adjunto. En total son 3.008,1 millones de euros
los que necesita el Sistema Educativo andaluz para alcanzar los objetivos
previstos en la presente Ley basados en la calidad y equidad del sistema.
RECURSOS (FINANCIACIÓN EN AÑO-HORIZONTE = 2011).
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
1. DIGNIFICAR LA PROFESIÓN DOCENTE.
1.1 Reconocer económicamente el esfuerzo del profesorado por mejorar la
calidad.Políticas
a) Mejorar la remuneración del profesorado.
b) Retribuir el ejercicio de la función tutorial.
El desempeño de la tutoría de los alumnos y alumnas para dirigir su
aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con las
familias, a superar sus dificultades en todo el proceso de aprendizaje es
una de las funciones básicas del profesorado. El coste global de la
retribución económica de dicha función es de 186,9 millones de euros.
c) Establecer un complemento retributivo por especial dedicación al centro.
El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial
dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación
educativa y mejora escolar, será uno de los elementos para el avance del
sistema educativo. Para reconocer y retribuir esta labor se establece un
incentivo económico y profesional, cuya repercusión económica asciende a
24,3 millones de euros en cuatro años.
1.2 Reforzar la formación permanente del profesorado.
Políticas
Incrementar las licencias retribuidas para mejorar las competencias
profesionales
Se dedicarán 16,7 millones de euros anuales a sufragar el coste adicional
que supone el incremento de 500 licencias retribuidas para la formación
específica en la potenciación de las competencias profesionales, de
conformidad con las prioridades que se derivan de la presente Ley. De
ellas 50, al menos, se destinarán a la Formación profesional.
1.3 Incentivar la jubilación anticipada de los profesores.
Políticas
Facilitar la jubilación anticipada
Se introduce la prórroga indefinida de la medida, que tendrá un coste
global para el periodo 2008-2011 de unos 40,4 millones de euros.
2. MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS.
Políticas
a) Fomentar la lectura y potenciar las bibliotecas escolares:
A fin de superar las deficiencias detectadas de expresión oral y escrita
que están relacionadas con la falta de hábito de lectura, se pondrá en
marcha un programa de potenciación de las bibliotecas escolares. Al efecto
se destinarán 15 millones de euros.
b) Desarrollar los centros de especialización curricular, la innovación y
la investigación educativa:
Con la finalidad de potenciar la innovación y la investigación educativa y
facilitar el desarrollo por los centros docentes de proyectos educativos
que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a
los ámbitos lingüísticos, humanístico, científico, tecnológico, artístico,
deportivo y de las tecnologías de la información y de la comunicación, se
destinan 10 millones de euros.
3. GARANTIZAR EL ACCESO DE TODOS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
Políticas
Potenciar las enseñanzas y los aprendizajes de y con las TIC, a lo largo
de todas las etapas educativas
A la potenciación de las tecnologías de la información y de la
comunicación y a la adquisición de las destrezas relacionadas con el uso
de dichas tecnologías, desde la Educación Infantil escolar a la educación
de adultos, se destinan 450 millones de euros.
4. POTENCIAR LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Políticas
Realizar las evaluaciones generales de diagnóstico.
Al objeto de averiguar los niveles de conocimientos de los alumnos y el
grado de consecución de los objetivos educativos, para corregir los
errores y orientar adecuadamente las políticas, se establecen pruebas o
controles externos a lo largo del proceso educativo. Se destinan a este
fin 6 millones de euros.
Coste total del objetivo estratégico número 1: 749,3 millones de euros.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FACILITAR EL ACCESO DE TODOS A LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
5. PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA COHESIÓN SOCIAL.
Políticas
Además de las políticas correspondientes a los objetivos establecidos en
el capítulo 2, la Ley contempla a este respecto:
a) Creación de un fondo de cohesión interprovincial educativo.
Se contempla la creación de un fondo de cohesión interprovincial educativo
como instrumento operativo para promover y asegurar que el derecho a la
educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el
territorio andaluz; para impulsar políticas de interés general para la
mejora constante de la calidad del sistema educativo, y para contribuir a
la solidaridad de conformidad con el principio de equidad. Para ello se
destinan 120 millones de euros.
Desarrollar los centros educativos prioritarios.
Las Administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en
aquellos centros escolares o zonas geográficas en los cuales, por las
características socioeconómicas y socioculturales de la población
correspondiente, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada
de carácter compensatorio. A este fin se destina una aportación adicional
de 35,5 millones de euros destinada a centros educativos prioritarios,
identificados como tales por las Administraciones educativas.
b) Plan de modernización de las infraestructuras educativas.
La situación que ofrecen los centros educativos andaluces demanda un plan
de choque que construya los centros educativos necesarios en los próximos
tres años, que modernice la totalidad de los centros educativos con una
edad media de construcción de 20 años y adapte la totalidad de los centros
educativos al Real Decreto de mínimos. A este fin se destina una
aportación de 800 millones de euros en los próximos 3 años.
c) Plan de dotaciones de ciclos formativos de Formación Profesional.
Los centros educativos que imparten Formación Profesional necesitan una
profunda modernización de sus instalaciones y una mejora de sus dotaciones
con objeto de adaptarlas a las necesidades formativas y laborales que
demanda el tejido empresarial y laboral. Para conseguir este objetivo se
destinarán 400 millones de euros.
d) Atención al alumnado que se incorporan tardíamente al sistema educativo.
Para la superación de la situación de desventaja del alumnado que se
incorpora tardíamente, y en situación de desventaja al sistema educativo
español, se destinan 25 millones de euros.
6. REDUCIR EL ABANDONO EDUCATIVO PREMATURO Y LAS ALTAS TASAS DE FRACASO
ESCOLAR.Políticas
a) Incrementar el acceso a la Educación Infantil Preescolar.
Para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como
potenciar la atención a la primera infancia. El coste total de la medida
es de 35 millones de euros.
b) Extender a la totalidad de los niños la Educación Infantil escolar.
Al objeto de garantizar la existencia de puestos escolares gratuitos para
atender la demanda de las familias y su libertad de elección de centro
docente se incrementará la oferta de plazas de esta etapa educativa, con
un coste en cuatro años de 120 millones de euros.
c) Incrementar los apoyos y los refuerzos en la enseñanza básica.
Intensificar las medidas de apoyo y de refuerzo para aquellos alumnos que,
por presentar dificultades en su proceso de aprendizaje, las necesiten, y
para atender a sus diferencias individuales puedan alcanzar
satisfactoriamente los objetivos de la etapa, implicará un incremento
presupuestario global en cuatro años de 95 millones de euros.
d) Potenciar los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
La implantación de los PCPI, que conducen al título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, y a la vez a la obtención de
competencias y cualificaciones profesionales, permitirá reducir las
actuales cifras de abandono del sistema y abrirá a un mayor número de
alumnos el acceso, a la vida laboral. El coste previsto de la medida
asciende a 18,8 millones de euros.
7. AUMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR QUE TERMINA LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA SUPERIOR.
Políticas
Además de las políticas correspondientes al objetivo 6, la Ley contempla a
este respecto:
a) Incremento de la tasa de graduación en Educación Secundaria Superior.
Extender la tasa de graduación en esta etapa educativa, a fin de converger
con la meta de la Unión Europea para 2010, en cuanto a la proporción de
personas entre 18 y 24 años de edad que tienen al menos un nivel de
estudios de Educación Secundaria Obligatoria, supondrá la aplicación de un
plan contra el fracaso escolar, una mejora de las dotaciones destinadas al
absentismo, aumento de la escolarización en Bachillerato y Formación
Profesional, cuyo coste se cifra en 198 millones de euros.
b) Programa de gratuidad de libros de texto, material escolar y programa
especial de becas para los alumnos de Educación Obligatoria.
Para incentivar estas enseñanzas, incrementar la tasa de graduación en
Educación Secundaria superior y mejorar la aplicación del principio de
equidad, se establecen programas de gratuidad y de ayudas al estudio. El
coste de la medida se estima en 360 millones de euros.
Coste total del objetivo estratégico número 2: 2.008,5 millones de euros.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: ABRIR LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AL
MUNDO EXTERIOR
8. MEJORAR EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS.
a) Reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.
Para mejorar las destrezas en otras lenguas propias de Estados
pertenecientes a nuestro entorno político y cultural será necesario
incrementar sustancialmente el número de horas dedicadas a este fin. El
incremento de recursos será de 55 millones de euros.
b) Promover la educación bilingüe en la enseñanza básica.
La incorporación del inglés como segunda lengua es una herramienta
imprescindible para que nuestros alumnos y alumnas alcancen una efectiva y
completa integración en la ciudadanía europea. Para ello se debe aspirar a
impartir, al menos, un tercio del horario lectivo semanal en lengua
inglesa, con la excepción de las áreas de matemáticas y lengua castellana.
El coste de la medida es de 195 millones de euros.
Coste total del objetivo estratégico número 3: 250 millones de euros.
Parlamento de Andalucía, 22 de junio de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.