BOPA nº 723, pag. 38930 de la VII Legislatura (20/09/2007)


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7-07/PL-000010, Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria
de Andalucía
Enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas por los
GG.PP. Andalucista y Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de
18 de septiembre de 2007
Orden de publicación de 18 de septiembre de 2007
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Andalucista, al amparo de lo previsto en el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente enmienda a la totalidad con
propuesta de devolución al Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley
7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía, por
las siguientes razones:
El Grupo Parlamentario Andalucista considera que el Proyecto de Ley
7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía, que
se tramita por la vía de urgencia, no garantiza el cumplimiento efectivo
de las disposiciones que se contienen en el Título VI, artículo 181, del
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El texto que plantea el Gobierno andaluz no resuelve las necesidades de
los andaluces en materia de organización tributaria ni garantiza el
cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de la
Administración andaluza en relación con la gestión de los tributos que
pagan los ciudadanos y ciudadanas andaluces.
El Proyecto de Ley consagra la existencia obligada de tres
administraciones tributarias en Andalucía: la Agencia estatal, la Agencia
autonómica y el consorcio mixto, además de los entes locales y
provinciales. Este esquema organizativo tan complejo provoca una gran
confusión entre los ciudadanos, además de previsibles problemas de
definición de competencias entre los diferentes entes.
El Grupo Parlamentario Andalucista considera que es mucho más ágil, más
eficaz y más eficiente un modelo de organización tributaria que
simplifique la gestión tributaria, desde la constatación de que la
administración más cercana tiene mejores aptitudes para una buena gestión
en materia tributaria. También se ganaría en coordinación, por ejemplo, en
un único calendario del contribuyente.
Un modelo organizativo más simple ofrecería muchas ventajas para los
contribuyentes andaluces y para el autogobierno de Andalucía, ya que la
Agencia Tributaria Andaluza debería recaudar todos los impuestos que se
paguen en Andalucía.
Tampoco contempla el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia
Tributaria Andaluza la posibilidad de que la Agencia Tributaria, por
delegación del Estado y después de la necesaria negociación, pueda también
gestionar y recaudar los tributos estatales no cedidos a Andalucía.
El Grupo Parlamentario Andalucista entiende necesario, en aras de una
buena administración, que la Agencia Tributaria Andaluza pueda gestionar
todos los tributos que se recauden en Andalucía mediante la negociación
con el Estado a partir del principio de confianza y lealtad entre las
diferentes administraciones.
Establecer esta previsión legal redunda en el avance del autogobierno y en
el incremento de la autonomía andaluza. Y no es extraña ni novedosa,
puesto que existe el precedente de la Agencia Tributaria de Cataluña en el
que se contempla.
Tiene, además, un fundamento político importante. La Agencia Tributaria
Andaluza no debe responder exclusivamente al modelo del partido que
gobierna en este momento en Andalucía, sino que la ley debe establecer las
previsiones oportunas para resolver las necesidades reales de nuestra
Comunidad, la eficiencia de su administración y el imprescindible avance
en su autogobierno.
Por otra parte, el Proyecto de Ley diseña un modelo de organización
tributaria en Andalucía de corte funcionarial, burocrático y
administrativo, impermeable a la influencia de la sociedad andaluza y
distante de la misma. El Grupo Parlamentario Andalucista entiende que
sería necesario un modelo diferente, profesional, eficaz y al servicio de
los ciudadanos.
En este sentido sería fundamental regular la creación de un Defensor del
Contribuyente y establecer una previsión sobre la Carta de Derechos de los
Contribuyentes. Del mismo modo sería imprescindible garantizar la
autonomía de la Agencia respecto de la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno andaluz, así como la previsión de contar con servicios
territoriales descentralizados para una adecuada prestación de estos
servicios a los ciudadanos andaluces.
En resumen, el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de
Andalucía parece una copia de la Agencia Tributaria Estatal con todos sus
defectos y no una agencia con verdadera voluntad de servicio a los
ciudadanos, abierta y transparente, con un director elegido por el
Parlamento y con un órgano de gobierno cuyos miembros sean expertos
profesionales e independientes y no únicamente cargos de la Consejería
correspondiente del Gobierno andaluz.
El Grupo Parlamentario Andalucista está convencido de que un modelo de
Agencia Tributaria Andaluza diferente, en la línea del que proponemos, y
centrado en al prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas
andaluces, redundaría en importantes ventajas para los administrados y se
incrementaría el autogobierno de Andalucía.
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Andalucista,
Pilar González Modino.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 110
del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente enmienda a la
totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno del Proyecto
de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía, con núm. de
expediente 7-07/PL-000010, en base a las siguientes consideraciones:
Primera.
Dispone el artículo 1 del citado Proyecto de Ley que "De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica 2/07, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se crea la Agencia
Tributaria de Andalucía -en adelante ATA- como agencia de régimen especial
[...]".
Conviene señalar que en el momento actual las agencias no están previstas
en el ordenamiento jurídico andaluz como entes instrumentales. Estos
vienen recogidos en la Ley 5/83, de 19 de julio, de Hacienda Pública, que
en sus artículos 4 y 6 los configura como organismos autónomos y empresas
públicas. Las agencias solo aparecen previstas en el Proyecto de Ley de
Administración de la Junta de Andalucía, que aún no ha sido aprobado como
tal Ley.
En consecuencia, la creación de la ATA crea una gran incertidumbre
jurídica, máxime cuando el artículo 3.1, párrafo segundo, de esta misma
Ley dispone que la Agencia se regirá por la normativa de la Comunidad
Autónoma aplicable a las agencias de régimen especial, cuando dicha
normativa aún no existe y se ignora si llegará a existir o en qué momento.
A mayor abundamiento, el Proyecto de Ley de Administración de la Junta de
Andalucía configura las agencias como entes prevalentemente de Derecho
privado, lo que ciertamente casa mal con una Agencia Tributaria que
ejerce, en exclusiva, potestades públicas.
Segunda.
Es verdad que el artículo 181.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que: "Por ley se creará una Agencia Tributaria a la que se
encomendará la gestión, liquidación, recaudación, inspección de todos los
tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tributos
estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. En relación con los
demás impuestos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del
Estado en Andalucía, podrá establecerse un régimen de colaboración para su
gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo. A tal
efecto, se constituirá en el ámbito de la Comunidad Autónoma un consorcio
con participación paritaria de la Administración Tributaria estatal y la
de la Comunidad Autónoma."
Igualmente, antes que el artículo 181 de nuestro Estatuto -reiteradamente
citado en el Proyecto de Ley- también existe como es obvio el artículo 180
del citado texto legal, que, conforme a la interpretación de toda norma
jurídica presente en nuestro ordenamiento jurídico, debe ser tenido en
cuenta a la hora de interpretar la norma estatutaria.
De ahí que llame poderosamente la atención que el Consejo de Gobierno,
deliberadamente al presentar este Proyecto de Ley, haya omitido la
ineludible interpretación normativa que se ha de suscitar, no solo del
artículo 181, sino también del artículo 180, apartados 1, 2 y 3, de la Ley
2/07, de 19 de marzo.
El artículo 180.1 de nuestro Estatuto establece que: "Con observancia de
los límites establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica prevista
en su artículo 157.3 -es decir, la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, LOFCA-, corresponde a la Comunidad Autónoma el
establecimiento y regulación de sus propios tributos, así como la gestión,
liquidación, recaudación, inspección y revisión de los mismos. A tal fin,
la Comunidad Autónoma dispondrá de plenas atribuciones para la
organización y ejecución de dichas tareas, sin perjuicio de la
colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del
Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo."
El apartado segundo, del precepto que estamos transcribiendo continúa: "La
Comunidad Autónoma ejerce las competencias normativas y, por delegación
del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y la
revisión, en su caso, de los tributos estatales totalmente cedidos a la
Comunidad Autónoma, en los términos previstos en la Ley Orgánica prevista
en el artículo 157.3 de la Constitución Española (CE) -la LOFCA- y
concretados en la ley que regule la cesión de tributos [...]"
Termina este artículo 180 en su apartado tercero concretando lo siguiente:
"La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso,
de los demás tributos del Estado, sin perjuicio de la delegación que la
Comunidad Autónoma pueda recibir de este, y de la colaboración que pueda
establecerse, cuando así lo exija la naturaleza del tributo, todo ello en
los términos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica prevista
en el artículo 157.3 de la misma, es decir, la LOFCA."
En nuestro sistema tributario existen tres bloques de tributos. El primero
incluye los tributos propios de las Comunidades Autónomas -en adelante,
CC.AA.- y tributos estatales cedidos totalmente, como Patrimonio y
Sucesiones, correspondiendo a las CC.AA. su gestión y recaudación. El
segundo bloque incluye los tributos estatales cedidos parcialmente, como
el IRPF, IVA e IIEE, respecto de los cuales el Estado es el titular de la
gestión y se cede a las CC.AA. un porcentaje de la recaudación. El tercer
y último bloque se refiere a los tributos estatales no cedido, como ocurre
con el Impuesto de Sociedades, Impuesto de Renta No Residentes, y Aduanas,
en los que las CC.AA. no tienen ninguna participación, ni en la gestión ni
en la recaudación.
En lo que concierne a las competencias de gestión, el Estatuto andaluz
establece que corresponde a la Junta de Andalucía, mediante una Agencia
Tributaria, la de los tributos propios y tributos totalmente cedidos, y
corresponde al Estado la de los tributos cedidos parcialmente, si bien se
contempla la posibilidad de delegar funciones en la Junta de Andalucía y
el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza
del tributo, mediante un consorcio.
Conviene, pues, señalar en este momento que los tributos estatales no
cedidos, como por ejemplo ocurre en el Impuesto de Sociedades, no forman
parte de los recursos de los que se nutre la Hacienda de la Comunidad
Autónoma, por lo que no cabe en modo alguno utilizar conceptos tales como
tributos recaudados en un determinado territorio, o impuestos que pagan
determinados ciudadanos, porque, tal y como establecen nuestra
Constitución Española y la LOFCA, dicha interpretación no tiene ninguna
cobertura legal.
Por otra parte, el consorcio está previsto para la colaboración entre el
Estado y la Junta de Andalucía, cuando así lo exija la naturaleza del
tributo, situación que, en el caso de algunos tributos cedidos
parcialmente, como el Impuesto indirecto IVA, es justo la contraria, ya
que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada en las CC.AA.
La realización del principio de coordinación como cauce para el desarrollo
de tal vertiente de la autonomía ha de proyectarse tanto sobre el ingreso
como sobre el gasto. De ello se extrae que la consideración que de la
coordinación hay que realizar, habida cuenta de la necesaria implicación
autonómica en la realización del Estado, debe aparecer en la actualidad
más que como un límite como un modo de conjugar los intereses propios con
los intereses generales, es decir, los intereses comunes.
La autonomía tributaria, o, en un plano más general, de autonomía en el
ingreso, no implica que la totalidad de las decisiones normativas en esta
materia se adopten unilateralmente por la CA respectiva. La LOFCA responde
a una previsión de coordinación del artículo 157.3 de la CE, que se ha
relevado como instrumento imprescindible de ordenación de la distribución
de competencias en la vertiente del ingreso entre el Estado y CC.AA., como
consecuencia del desarrollo constitucional.
Tercera.
En relación con el contenido del artículo 181.2 de nuestro Estatuto, como
norma jurídica que guía el Proyecto de Ley objeto de esta enmienda, hay
que hacerse una pregunta fundamental en este momento, que es la siguiente:
la recuperación por parte del Estado de un tributo cedido ¿es reversible o
irreversible? Al respecto hay que poner de manifiesto que la cesión
siempre es revocable, conforme reconoce el fundamento jurídico octavo de
la Sentencia del Tribunal Constitucional -en adelante, STC- 192/2000, de
13 de julio, al afirmar que la irrevocabilidad "no se compadece con el
ámbito de la competencia estatal del artículo 149.1.14, en su conexión con
el artículo 133.1, ambos de la CE, pues ello pondría en cuestión el
principio de la potestad tributaria originaria del Estado."
En nuestra opinión, esta doctrina resulta especialmente importante para
definir la naturaleza de la cesión y pone de manifiesto la necesidad, en
todo caso, de la Ley estatal de cesión.
Analizando el presente Proyecto de Ley, nos deberíamos preguntar la
relación que existe entre este Proyecto de Ley y el artículo 19.2 de la
LOFCA, relativa a los siguientes impuestos: Patrimonio, Sucesiones y
donaciones, Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados,
Tributos sobre el juego, y el Impuesto especial de determinados medios de
transporte, cedidos totalmente a las CC.AA.
En nuestra opinión, existe una contradicción evidente entre el artículo
180 de nuestro Estatuto y el Proyecto de Ley de creación de la ATA, cuando
habla de organización, funciones y competencias de la misma -además ignora
su ineludible conexión e interpretación con la CE, la LOFCA y la propia
Ley de cesión de los tributos-, arrojando dudas que no resuelve el
contenido del Proyecto de Ley, y sobre todo no despejando la más
importante.
La naturaleza de Ley orgánica que aprueba un Estatuto de Autonomía carece
de fuerza normativa para derogar una Ley orgánica derivada del artículo
157.3 de la CE que forma parte por ello del bloque de constitucionalidad y
que tiene eficacia general en materia de financiación autonómica.
Cuarta.
Conforme al artículo 180.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es
evidente, a pesar de que el Proyecto de Ley nada dice ni nada indica,
cuando habla de funciones y competencias de la ATA, que la Ley de cesión
de tributos ha de ser una ley de carácter estatal, concretamente se
articula en la actualidad a través de la Ley 21/01, sin que hasta la fecha
se haya producido nueva delegación del Estado a favor de las CC.AA.,
distinta a la contenida en la citada Ley.
Así pues, la cesión del Estado a la Comunidad Autónoma Andaluza y demás
CC.AA. ha de producirse por medio de la expresada Ley de cesión. Así lo
apuntó el Tribunal Constitucional, en su STC 68/96, de 18 de abril, al
indicar que: "A través de la previsión contenida en el artículo 157.3 de
la CE se ha pretendido habilitar la intervención unilateral del Estado a
fin de alcanzar un grado mínimo de homogeneidad en el sistema de
financiación autonómica."
Quinta.
El artículo 182 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece lo
siguiente: "La Comunidad Autónoma asumirá, por medio de sus propios
órganos económico-administrativos, la revisión por vía administrativa de
las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los
actos de gestión tributaria dictados por la ATA, sin perjuicio de las
competencias en materia de unificación de criterio que le corresponden a
la Administración General del Estado."
A nadie se le escapa que la reciente aprobación de la Agencia Tributaria
Catalana ha tenido repercusión en el contenido y tramitación del Proyecto
de Ley de la ATA, reproduciendo esta última preceptos copiados de la Ley
de la Agencia Tributaria Catalana -véanse, entre otros, los artículos 2,
4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 ó 18 del Proyecto de Ley de la ATA y su
correspondiente copiado del Proyecto de Ley catalán-, un sistema de cortar
y pegar que, evidentemente, no refleja para nada ni la letra ni el
espíritu de nuestro Estatuto, claramente diferente al catalán.
A título de ejemplo, obsérvese el subrayado del párrafo primero de la
quinta consideración de esta Enmienda a la totalidad, que reproduce el
artículo 182 de nuestro Estatuto, quitando dicho subrayado, el artículo
205 del Estatuto catalán coincide con el contenido del artículo 182 de
nuestro Estatuto, a ello hay que unir el desarrollo muy parco, impreciso y
vago que el propio Proyecto de Ley andaluz concede a la revisión de actos
administrativos en vía económico-administrativa en su artículo 27.
En este sentido nos parece que el Proyecto de Ley andaluz no se
identifica, tal y como exige el artículo 180.2 y 3 de nuestro Estatuto,
con la LOFCA y la Ley de cesión de tributos. En este sentido, este cuerpo
legal regulado por Ley 21/01, en su artículo 51.3, que se refiere a los
impuestos cedidos totalmente, afirma que no son objeto de delegación: "El
conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos de gestión
tributaria emanados de las CC.AA., tanto si en ellas se suscitan
cuestiones de hecho como de derecho, sin perjuicio de la participación de
las mismas en los tribunales económico-administrativos regionales."
Conviene precisar lo siguiente, el artículo 182 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía establece lo siguiente: "La Comunidad Autónoma asumirá, por
medio de sus propios órganos económico-administrativos, la revisión por la
vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan
interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la ATA
[...]". Enlacemos el anterior precepto con el apartado segundo del
artículo 181 de nuestro Estatuto, cuando indica que: "[...] por ley se
creará una Agencia Tributaria a la que se encomendará la gestión,
liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios, así
como, por delegación del Estado, de los tributos totalmente cedidos a la
Junta de Andalucía."
En base a lo anteriormente expuesto, tenemos como resultado que, frente a
los actos que dicte la ATA en relación con los tributos cedidos
totalmente, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante
los órganos económico-administrativos propios de la Comunidad Autónoma.
Estos órganos se encuentran actualmente regulados en el Decreto 175/87, de
14 de julio, de creación y estructuración de los órganos competentes para
conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en
el ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la Junta de
Andalucía.
El problema radica en que hasta ahora las reclamaciones
económico-administrativas frente a los tributos cedidos totalmente -ITP y
AJD, IS, IP y Tasas sobre el juego- eran resueltas por los TEA del Estado,
dotados de una estructura adecuada y con personal muy cualificado. Estos
Tribunales estatales frecuentemente estiman las reclamaciones contra los
actos que se recurren y así se evita un elevadísimo número de recursos
contencioso-administrativos.
En base al Proyecto de Ley, las reclamaciones económico-administrativas se
presentarán ante esos órganos propios de la Comunidad Autónoma.
Actualmente, dichos órganos acumulan un retraso superior a los dos años en
la resolución de dichas reclamaciones. Se trata de unos órganos que están
abandonados a su suerte por la Dirección General de Tributos, que nunca se
ha preocupado de dotarlos adecuadamente con personal y medios suficientes,
hasta el punto de que, hoy en día, ni la Junta Superior de Hacienda ni
ninguna de las ocho Juntas Provinciales de Hacienda tienen sus asuntos al
día.
Conviene recordar que, tal y como dice la Ley General Tributaria,
transcurrido un año desde la interposición de una reclamación
económico-administrativa, sin que se haya resuelto expresamente, podrá
entenderse desestimada y será por tanto recurrible en vía
contencioso-administrativa.
Ante toda esta problemática, el Grupo Parlamentario Popular quiere incidir
en el hecho destacable del silencio absoluto que marca el Proyecto de Ley.
Sexta.
El Proyecto de Ley genera un absoluto caos y presencia de reinos de taifas
en materia de personal. Basten las siguientes consideraciones sobre el
análisis de los artículos 15 a 20 del Proyecto de Ley, Disposiciones
adicionales primera y segunda y la Disposición transitoria segunda, para
manifestar el Grupo Parlamentario Popular su rechazo a la regulación que
en materia de personal se propone por el Consejo de Gobierno.
Insistimos en la idea de que el Proyecto de Ley de la ATA ha sido copiado
del Proyecto de Ley de Agencia de Cataluña. El proceso de copiado y pegado
incluye algo que preocupa de manera importante al Grupo Parlamentario
Popular, y también a muchos funcionarios, y es lo referente al régimen de
personal. En el Proyecto de Ley andaluz se crean dos nuevos cuerpos de
funcionarios dentro de los grupos A y B -Inspectores y Administradores
Tributarios-.
El Proyecto de Ley prevé que para el acceso a estos dos nuevos cuerpos se
celebrarán unos concursos, en los que solo se valorará el trabajo
desarrollado en la Administración Tributaria de Andalucía. Esta redacción
parecería razonable si no fuera porque la Junta de Andalucía ya dispone de
cuerpos de funcionarios especializados en materia tributaria, que son el
Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera- A12- y el Cuerpo
de Gestión Financiera -B12-.
Estos son los dos únicos cuerpos de funcionarios de la Junta a los que se
les exige para su acceso la acreditación de amplios conocimientos en
materia tributaria y financiera, como puede demostrarse observando las
sucesivas convocatorias a estos cuerpos y analizando la relación de
puestos de trabajo de la Junta, en la que todas las plazas de aplicación
de tributos están reservadas a los funcionarios de estos cuerpos con
carácter preferente.
Es evidente el malestar que en ese sentido generó la propuesta recogida
por el Proyecto de Ley, a los funcionarios de carrera que pertenecen a los
mencionados grupos A12 y B12.
Es más, el propio Consejo de Gobierno no escuchó sus inquietudes haciendo
caso omiso a la propuesta de que no se crearan nuevos cuerpos, teniendo en
cuenta que, si prosperan los nuevos cuerpos previstos en el Proyecto de
Ley, se menoscabará la carrera funcionarial de miles de personas en la
Junta de Andalucía.
Pero la Consejería de Economía y Hacienda, en lo que concierne a la
regulación en materia de personal del Proyecto de Ley de creación de la
ATA, ha ido más lejos. En este sentido, para deslegitimar y desvirtuar la
petición de los funcionarios de los Cuerpos A12 y B12, ha modificado, de
común acuerdo con la Consejería de Justicia y Administración Pública, el
temario de las oposiciones que rigen el acceso al Cuerpo A12 de
Administradores de Gestión Financiera.
En este sentido, se han suprimido todos los temas de Derecho Civil y
Mercantil, esenciales para comprender los tributos que tenemos cedidos, y
se han eliminado muchos temas de Derecho Financiero, más concretamente de
Derecho Tributario Formal, no existe ningún tema sobre la revisión en
materia tributaria, y se ha eliminado la Contabilidad privada -Véase la
convocatoria publicada en el BOJA, número 52, de 19 de febrero de 2007,
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
aprueba el Programa de materias que habrá de regir las pruebas de acceso
al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad de Gestión Financiera
A12-. Si tenemos en cuenta que el temario cuenta aproximadamente con un
centenar de temas, se han modificado unos sesenta temas, es decir, más de
la mitad del temario.
Conviene señalar que esta modificación del temario se ha publicado a
escasos días de la próxima convocatoria de Oferta de Empleo Público del
año 2006, siendo material y humanamente imposible por parte del opositor
alcanzar el nivel exigido para acceder a este cuerpo en tan escaso período
de tiempo.
Es evidente que esta situación resulta claramente contradictoria con el
principio consagrado de especialización de su personal que proclama el
artículo 7, letra j, del Proyecto de Ley de creación de la ATA.
Por último, reproducimos por su importancia la valoración que realizó en
la Mesa Sectorial de 15 de mayo del presente año la central sindical
CSI-CSIF, a propósito del presente Proyecto de Ley: "[...] Supone una
agresión absoluta e injustificada a todos los empleados públicos de la
Junta de Andalucía, tanto en la selección, al régimen jurídico que se
adscriben muchos funcionarios de forma transitoria, a la privatización de
servicios como la formación o defensa jurídica de los intereses de la
Junta de Andalucía, al sistema de designación de Altos Cargos en la
Agencia, al desprecio absoluto al derecho de la negociación colectiva del
empleado público, y a la unidad de régimen jurídico de condiciones de
acceso, condiciones de trabajo, de todos los empleados públicos". -Véase
la página primera, párrafo quinto, del acta de la Mesa Sectorial de 15 de
mayo de 2007-.
Séptima.
Realizamos a continuación una serie de apreciaciones en lo que concierne a
determinados artículos que versan sobre la estructura de la Agencia que se
propone por el Consejo de Gobierno, reproduciendo el Dictamen emitido al
efecto por el Consejo Consultivo de Andalucía.
El artículo 12.4 del Proyecto de Ley establece literalmente que: "La
persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá
asistir a las sesiones del Consejo Rector, en cuyo caso las presidirá y
actuará como miembro de pleno derecho."
Prevé este precepto que la persona titular de la Consejería de Hacienda
pueda asistir a las sesiones del Consejo Rector, en cuyo caso las
presidirá. Se produce un defecto muy importante desde el punto de vista
legislativo en la redacción del citado precepto, en la medida en que
debería precisarse la naturaleza de esa función, habida cuenta de que la
persona titular de la Consejería de Hacienda no forma parte del Consejo
Rector, tal y como se desprende de la redacción del apartado primero del
artículo 12 del Proyecto de Ley de la ATA.
No se trata, pues, de una cuestión meramente superficial que podamos pasar
por alto, pues pensemos que la intervención de la persona titular de la
Consejería de Hacienda podría afectar al quórum o a la votación final,
caso de no despejar dudas sobre su intervención como meramente honorífica.
Igualmente, llama la atención que en el texto del artículo 14 del Proyecto
de Ley no aparezca como competencia de la Comisión de Control el informe
sobre el cumplimiento del plan de acción anual al que se refiere el
artículo 4.4 del Proyecto de Ley por la que se crea la ATA. Consideramos,
al igual que hace el Consejo Consultivo en su Dictamen, que se trata una
cuestión que presenta en su redacción una técnica legislativa claramente
insuficiente.
Por último, debemos señalar también que el artículo 17.2 del Proyecto de
Ley presenta grandes carencias desde el punto de vista legislativo.
Dispone este precepto que el régimen jurídico aplicable al personal
directivo será el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 13 de
abril. Sin embargo, el artículo 13 a que se remite no establece el régimen
jurídico del personal directivo, sino solo los principios que deben regir
ese régimen jurídico y los criterios para determinar su condición. Antes
al contrario, ese artículo 13 dispone que el Gobierno y los Órganos de
Gobierno de las CC.AA. "podrán establecer [...] el régimen jurídico
específico del personal directivo [...]".
En base a esta consideración, es evidente que la redacción del precepto
objeto de análisis presenta lo que en términos legislativos requeriría una
redacción de técnica legislativa reforzada, ya que debe suprimirse la
remisión que este precepto realiza al artículo 13 del Estatuto Básico del
Empleado Público, pues en él no se establece el régimen jurídico del
personal directivo.
Esta última consideración refuerza, en opinión del Grupo Parlamentario
Popular, la técnica legislativa que requiere el precepto analizado, sobre
todo teniendo en cuenta la importancia que cobra el mismo en el análisis
conjunto del Proyecto de Ley por la que se crea la ATA.
Octava.
Al Grupo Parlamentario Popular le han llamado poderosamente la atención
las declaraciones efectuadas por el señor Consejero de Economía y Hacienda
-que en modo alguno recogen el espíritu, la letra y la interpretación de
los artículos 180 y ss. de nuestro Estatuto- en una entrevista concedida
al Diario El País, el pasado 29 de julio de 2007, donde textualmente
afirma que "La Agencia Tributaria Andaluza es exactamente igual que la de
Cataluña".
Una consideración previa, ante estas profundamente desacertadas
declaraciones, el Grupo Parlamentario Popular no aceptará propuestas que
rompan la imprescindible solidaridad nacional. Las relaciones financieras
que se establecen entre las distintas CC.AA., que conforman la
organización territorial del Estado, han de mantenerse en beneficio de
todos. Reafirmamos, desde nuestro Grupo Parlamentario, que establecer
políticas tributarias y sociales a la carta, estableciendo igualmente
límites de contribución por territorios, es una decisión equivocada,
peligrosa y muy negativa para todos.
Una apreciación que no podemos dejar pasar ante dichas declaraciones en
relación a la ya Ley de Agencia Tributaria Catalana, cuando hablamos de
los tributos parcialmente cedidos, están el IRPF, el IVA y los II.EE que
gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos y el de Productos
Intermedios. Conviene señalar que el Impuesto de Sociedades es un tributo
que pertenece íntegramente al Estado.
La Administración General del Estado nunca ha querido desprenderse de este
tributo, nos referimos al Impuesto de Sociedades, en parte porque
considera que la gestión individual desde una sola Comunidad Autónoma
podría alterar el mapa empresarial español. Planteemos la siguiente
cuestión: ¿se instalarían más empresas en Cataluña si la Generalitat, y
por ende, como dice el propio Consejero, la Junta de Andalucía, bajase el
tipo impositivo que se paga en el resto del país? Junto a esta
interrogante, hay también otro motivo, la recaudación de este impuesto es
muy suculenta y el Estado no la quiere perder.
Además, la cesión del Impuesto de Sociedades a una Comunidad Autónoma no
solo plantearía problemas para la unidad de mercado e igualdad de
condiciones para las empresas españolas, sino que pondría, señor Consejero
de Economía de la Junta de Andalucía, en alerta a la Comisión Europea. En
Bruselas se muestran cada vez más reacios a que existan distintos
Impuestos de Sociedades en el mercado interior europeo.
No queremos desde el Grupo Parlamentario Popular dejar de comentar el
claro posicionamiento que han mantenido los Inspectores de Hacienda sobre
la puesta en marcha de la Agencia Tributaria en dicha Comunidad Autónoma,
y que, según el señor Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, es
exactamente igual que la andaluza.
En este sentido, la organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha
advertido que la creación de una Agencia Tributaria Catalana que gestione
todos los impuestos supondrá un grave perjuicio en la lucha contra el
fraude fiscal. Los Inspectores de Hacienda han advertido del serio riesgo
que supondrá fraccionar la gestión de los impuestos rompiendo determinadas
líneas rojas que jamás debieran traspasarse.
En este sentido, señalan como ejemplo el que se fraccionaría la gestión
del IVA o del propio Impuesto de Sociedades, lo que supondría romper la
unidad de mercado.
Afirman, de manera tajante, que el sistema de información y la caja
-devoluciones y cobros- de la Administración Tributaria central deben ser
únicos para poder luchar contra el fraude fiscal que se extiende por
diferentes territorios. No debemos olvidar que la eficacia en la lucha
contra el fraude depende de disponer de la forma más rápida posible de la
mayor cantidad de información con independencia del domicilio de los
afectados.
Novena y última consideración.
Por último, señalar que el Proyecto de Ley de creación de la ATA pierde
una gran oportunidad de hacer efectivo el principio de eficiencia y
eficacia en la asignación de los recursos públicos por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía. En este sentido, nada se dice de
si existirá o no una reorganización de las Delegaciones Provinciales de
Hacienda con la puesta en marcha de la ATA.
Del contenido del Proyecto de Ley, queda claro que existirá una estructura
provincial de la Agencia, donde se crearán Direcciones Provinciales de
dicha Agencia, distintas a las Delegaciones Provinciales de Economía y
Hacienda.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda son
conscientes de que con la creación de la ATA sus funciones van a quedar
reducidas a la mínima expresión. Tan solo tendrán la Secretaría General
-sin nada que coordinar-, una parte de la Tesorería -que se escindirá- y
la Intervención Provincial, que está dotada de autonomía funcional
respecto al Delegado Provincial y solo depende del Interventor General.
Resulta evidente la pretensión de los redactores del Proyecto de Ley -una
vez más- de desvincularse del control del propio Consejero de Economía y
Hacienda a través de sus Delegados Provinciales. Y es que actualmente es
el Delegado Provincial quien nombra y cesa a los Jefes de Servicio de las
Delegaciones, pero, con la estructura que plantea el Proyecto de Ley,
estás funciones quedarán centralizadas y controladas por la
Dirección-Gerencia de la ATA, que será quien decida quién es Director
Provincial de la Agencia y quiénes son los Jefes de Servicio.
Igualmente, no se hace efectiva la posibilidad de coordinar y ayudar a las
haciendas locales, fundamentalmente Diputaciones Provinciales, para las
cuales no se recoge mención expresa de la relación que se podría suscitar
entre la ATA y los servicios de gestión y recaudación tributaria de los
propios entes provinciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza.
Siendo esta una cuestión que sí aborda el artículo 181.4 de nuestro
Estatuto cuando establece que: "La ATA podrá prestar su colaboración con
otras administraciones, pudiendo asumir, por delegación, la gestión
tributaria en relación con los tributos locales".
Parlamento de Andalucía, 10 de septiembre de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.