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Más que una actividad o función propiamente dicha la información constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio del conjunto de funciones que el Estatuto de Autonomía asigna al Parlamento. Puede decirse, por otra parte, que la información en general es una de las características que distinguen a un régimen democrático de otro autoritario o dictatorial. La cantidad de noticias y datos, así como los circuitos por los que circulan unas y otros, permiten al ciudadano un mejor conocimiento de los asuntos y, en consecuencia, una mayor libertad en la adopción de decisiones.
Trasladados al ámbito parlamentario, estos principios permiten identificar un conjunto de iniciativas cuya finalidad principal es facilitar al diputado y grupo parlamentario la información precisa para el ejercicio de su actividad. Tales mecanismos adquieren así una naturaleza bifronte: por una parte cumplen una finalidad en sí mismos al hacer más transparente la acción de Gobierno, por otra poseen un carácter instrumental en cuanto permiten un conocimiento concreto en el que fundamentar el resto de las actuaciones parlamentarias.
Pueden considerarse como pertenecientes a este grupo las comparecencias y las solicitudes de información. Mediante las primeras los miembros del Consejo de Gobierno, a petición propia o a iniciativa de los grupos parlamentarios, asisten a una sesión parlamentaria en la que los diputados pueden formularle preguntas o realizar observaciones. Las solicitudes de información por su parte facultan a los diputados para recabar de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones.
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Evolución de la Actividad de Información
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Evolución de la Actividad de Información
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Al igual que ocurre con el resto de la actividad parlamentaria expuesta en los anteriores apartados, se produce en esta ocasión un aumento significativo en la utilización de este instrumento parlamentario a lo largo de todas las legislaturas, pasando su número de 421 en la I legislatura a 3.519 en la VI.
Este incremento se reproduce al analizar cada una de las clases de iniciativa subsumidas en este epígrafe, si bien cabe observar que, a diferencia de las anteriores, en las que las sesiones de Comisión han ido paulatinamente creciendo en número frente a las celebradas en Pleno, en este caso el protagonismo de aquéllas se produce ya desde la I legislatura, en una relación de 75 a 2, diferencia que se mantiene en todas ellas, pues la relación es de 938 a 95 en la V legislatura y de 877 a 94 en la VI, lo que ha de interpretarse como indicativo de la idoneidad de la Comisión para el diálogo Gobierno-Parlamento en asuntos sectoriales y donde resulta más fácil profundizar en los aspectos técnicos de las materias sujetas a debate.
Las solicitudes de información son, junto con las preguntas escritas, las iniciativas de las que se hace uso con mayor frecuencia, pues alcanzan en la VI legislatura un total de 2.497. Ha de hacerse notar que tanto unas como otras suponen un considerable esfuerzo del Gobierno, que viene obligado a dar respuesta y a suministrar la información en los plazos reglamentariamente establecidos.
Finalmente, con las solicitudes de información a la Oficina de Control Parlamentario -OCP- introducidas a partir de la V legislatura se pretende que los diputados tengan acceso en tiempo real al estado de ejecución del presupuesto vigente a través de la conexión informática al programa que gestiona el gasto público de la Junta de Andalucía, y del que se obtuvieron datos en 36 ocasiones durante dicho período y 51 veces en la VI legislatura.
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