BOPA nº 104, pag. 6362 de la VII Legislatura (10/12/2004)


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7-04/PL-000010, Proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y
financieras
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos
Orden de publicación de 7 de diciembre de 2004
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley
7-04/PL-000010, por la que se aprueban medidas fiscales, administrativas y
financieras, integrada por los Diputados Ilmos. Sres. Dña. Antonia Jesús
Moro Cárdeno, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Pedro Vaquero del Pozo y D.
José Calvo Poyato, tras analizar este Proyecto de Ley y las enmiendas
presentadas al mismo, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2004,
ha aprobado el siguiente
INFORME
Al Proyecto de Ley 7-04/PL-000010, por la que se aprueban medidas
fiscales, administrativas y financieras (BOPA núm. 81, de 29 de octubre de
2004), se han formulado 140 enmiendas (BOPA núm. 100, de 2 de diciembre de
2004), todas ellas calificadas favorablemente y admitidas a trámite por la
Mesa de la Comisión.
Los acuerdos alcanzados en relación con estas enmiendas son los que a
continuación se indican.
Se acuerda proponer a la Comisión la aceptación de las enmiendas números
129 a 140, ambas inclusive, presentadas todas por el G.P. Socialista.
Las restantes enmiendas, formuladas por los GG.PP. Popular de Andalucía e
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, se mantienen para
su debate en Comisión, a excepción de la número 126, que ha sido retirada
al tener un contenido idéntico al de la enmienda número 125.
Como Anexo al presente Informe se acompaña el texto resultante de
incorporar al Proyecto de Ley las enmiendas cuya aceptación propone la
Ponencia.
Sevilla, 3 de diciembre de 2004.
Los miembros de la Ponencia,
Antonia Jesús Moro Cárdeno,
Salvador Fuentes Lopera,
Pedro Vaquero del Pozo y
José Calvo Poyato.
ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley aprueba un conjunto de medidas cuya inclusión en un texto
legal independiente de la Ley del Presupuesto se justifica en cuanto que,
si bien son, por regla general, instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de política económica reflejados en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no guardan relación
directa con el contenido propio del citado texto legal.
La Ley consta de 50 artículos distribuidos en cuatro títulos, relativos a
"TRIBUTOS CEDIDOS", "TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
PROPIOS", "MEDIDAS ADMINISTRATIVAS" y "MEDIDAS FINANCIERAS", completándose
con siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales.
II
En el TÍTULO I de la presente Ley, relativo a "TRIBUTOS CEDIDOS", la
Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce las competencias normativas que le
atribuye la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones previstos en la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, y en el marco general del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas establecido en el artículo 157 de la Constitución y
en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Esta competencia normativa fue ejercida por primera
vez mediante la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y
otras medidas tributarias, administrativas y financieras, completándose en
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas.
El título I se estructura en dos capítulos referidos, respectivamente, a
las normas de ordenación y a las normas de aplicación de los tributos
cedidos.
En el CAPÍTULO I, en relación con los sujetos pasivos con discapacidad, se
establece una mejora autonómica en la reducción de la base imponible
correspondiente a las adquisiciones mortis causa en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Asimismo, para este colectivo se fija un mínimo
exento en el Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata en ambos casos de
otorgar un tratamiento singular a la discapacidad, con el objetivo
principal de mejorar su tratamiento fiscal, completando la medida adoptada
en la Ley 18/2003, de deducción para sujetos pasivos con discapacidad en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por otra parte, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, tanto en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas, como en la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados, se incluye un nuevo supuesto para la aplicación del tipo
impositivo reducido a las personas con discapacidad para promover una
política social de vivienda. Con ello, se extienden los beneficios
previstos en las Leyes 10/2002 y 18/2003 a las personas con discapacidad
con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda habitual, minorando
los costes de su adquisición.
Finalmente, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se modifica
el tipo impositivo para las sociedades de garantía recíproca,
estableciéndose un tipo reducido del 0,1 por 100 para las sociedades de
garantía recíproca con domicilio social en Andalucía, con la finalidad de
potenciar la capacidad de la pequeña y mediana empresa, mejorando la
medida adoptada en la Ley 18/2003, que estableció un tipo reducido de
gravamen del 0,3 por 100.
En el CAPÍTULO II se contemplan para los impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados medidas relativas a la comprobación de valores y al
suministro de información por parte de los notarios a efectos tributarios.
Con las medidas relativas a la comprobación de valores se trata de adoptar
sistemas ágiles y la aceptación por parte de la Administración Tributaria
de los declarados por los contribuyentes, facilitando el conocimiento por
éstos de la valoración de los bienes inmuebles. Asimismo, se fijan unos
métodos de comprobación que podrán utilizar los técnicos de la
Administración Tributaria para la emisión de su dictamen pericial, cuando
sea el medio utilizado en la comprobación de valores.
En lo que se refiere al suministro de información por los notarios a
efectos tributarios, se impone la obligación de remitir por vía telemática
a la Consejería de Economía y Hacienda información tributaria, con la
finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
sujetos pasivos en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
III
El TÍTULO II, relativo a "TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
PROPIOS", se estructura en cuatro capítulos: el capítulo I: "Medidas
generales"; el capítulo II: "Impuesto sobre emisión de gases a la
atmósfera"; el capítulo III: "Impuesto sobre vertidos a las aguas
litorales", y el capítulo IV: "Tasas".
En el CAPÍTULO I se modifica la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciéndose en
dicha Ley los plazos para el pago de las deudas correspondientes a los
ingresos propios de Derecho Público, equiparándose la regulación de los
tributos y demás ingresos propios de Derecho Público a la de los tributos
cedidos establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. De otro lado, se reduce de cinco a cuatro años el plazo
general de prescripción de los derechos de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma para homogeneizar en este aspecto el plazo de prescripción de
todos los ingresos propios de Derecho Público.
En el CAPÍTULO II se modifica la Ley 18/2003, adecuando la regulación del
impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, como consecuencia del
establecimiento del mercado de emisiones, mediante la transposición de la
Directiva 2003/87/CE realizada por el Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de
agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que el artículo
16 del citado Real Decreto-Ley establece que será gratuita la asignación
de derechos de emisión para el período de tres años que se inicia el 1 de
enero de 2005, se contemplan, entre los supuestos de no sujeción al
impuesto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) siempre que
constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales
realizadas por aplicación del Plan nacional de asignación.
En el CAPÍTULO III se contempla un supuesto de periodo impositivo inferior
al año natural en el Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, creado
por la Ley 18/2003, en el caso de inicio de la actividad, adecuándose, en
consecuencia, el cálculo de la base imponible al periodo de tiempo que
haya durado la actividad que origina el vertido.
En el CAPÍTULO IV, relativo a las tasas, se modifican las tarifas de la
tasa por servicios portuarios, sustituyéndose la tarifa "G-Especial" por
las tarifas "G-5" y "G-5 Especial". De otro lado, se modifican las cuotas
de la tasa por expedición de licencias de pesca marítima recreativa, se
actualiza la cuota tributaria de la tasa por expedición de títulos
académicos y profesionales y se delimitan los supuestos de aplicación de
la cuota tributaria de la tasa por inscripción en las convocatorias para
la selección del personal al servicio de la Junta de Andalucía y se
establece un nuevo supuesto de exención en la tasa de extinción de
incendios forestales.
Asimismo, y dentro de este capítulo, se procede a la creación de dos
nuevas tasas: la tasa por solicitud de licencia de funcionamiento para la
fabricación de productos sanitarios a medida y la tasa por solicitud de
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
IV
En el TÍTULO III, relativo a "MEDIDAS ADMINISTRATIVAS", se aborda en el
CAPÍTULO I, referido a las normas reguladoras de subvenciones, la
adaptación a la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, de la regulación contenida en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos se
completan determinados aspectos del régimen autonómico de las subvenciones
y, asimismo, se da vigencia indefinida a ciertas reglas sobre la materia
que venían siendo objeto de inclusión reiterada en las sucesivas leyes del
Presupuesto.
En cuanto a los CAPÍTULOS II y III, modifican la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en lo que se
refiere a las competencias de los titulares de las Consejerías y
Organismos Autónomos para autorizar transferencias de créditos y en
materia de fiscalización previa. Asimismo, como medida de limitación del
gasto público, se contemplan las memorias económicas y el informe
preceptivo de la Dirección General de Presupuestos, en relación con los
proyectos normativos, propuestas de planes con contenido
económico-financiero y cualquier otra actuación que pudiera afectar a los
ingresos y gastos públicos.
En el CAPÍTULO III BIS, referido a medidas en materia de género, se
modifica la regulación del informe de evaluación del impacto de género que
debe garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea elemento
activo del objetivo de la igualdad por razón del género, estableciéndose
que dicho informe debe emitirse sobre el Anteproyecto de Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de que, al
aprobarse el Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, vengan ya
incorporadas las correcciones derivadas del propio informe.
El CAPÍTULO III TER, referido a empresas de la Junta de Andalucía,
establece determinadas medidas para reforzar el control interno de las
empresas, modifica la regulación del Instituto Andaluz de Finanzas,
contemplando nuevos instrumentos para su organización y funcionamiento,
con la previsión de que preste servicio en el mismo personal funcionario
que desempeñe funciones que impliquen ejercicio de autoridad, relativas a
potestades administrativas, y crea una entidad de Derecho Publico
denominada "Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos", con objeto de optimizar la gestión de las infraestructuras
educativas y los servicios complementarios de la competencia de la
Comunidad Autónoma.
En el CAPÍTULO IV se modifica la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades, contemplando que la Comunidad Autónoma de Andalucía
pueda certificar la especial calidad de los títulos propios de las
universidades andaluzas.
En el CAPÍTULO IV BIS se añade un nuevo título IV a la Ley 1/1994, de 11
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que regula las actuaciones de interés autonómico, tratando de
institucionalizar dicho concepto jurídico como aquél que permite reservar,
para su ejercicio por la Junta de Andalucía, el juego de competencias y
potestades necesarias para implantar infraestructuras o equipamientos
públicos que sean de especial relevancia para el conjunto de la Comunidad
Autónoma por su magnitud, su proyección económica y social o por su
importancia para la estructuración territorial de Andalucía. Asimismo, se
regulan en este capítulo las Agencias de Fomento de Alquiler, con objeto
de precisar el papel otorgado a los diferentes agentes necesarios para
hacer efectivas las ayudas previstas en el Real Decreto 1721/2004, de 24
de julio, y, en el ámbito autonómico, por el Decreto 463/2004, de 10 de
junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007
y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, y cumplir la
finalidad social que persiguen, el fomento del alquiler.
En el CAPÍTULO IV TER se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, recogiendo, entre los establecimientos con
libertad horaria, los que dispongan de una superficie útil para la
exposición y venta al público inferior a trescientos metros cuadrados,
aunque pertenezcan a grupos de distribución, siempre que éstos tuvieran la
consideración de pequeña o mediana empresa.En el capítulo V, referido a
medidas en materia de pesca, se modifica el artículo 23.2 de la Ley
1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, disponiéndose la
colaboración con la Administración del Estado en la determinación de las
condiciones para acceder a la explotación de las almadrabas instaladas en
las costas de Andalucía. De otro lado, se suprime un inciso del artículo
68 de la referida Ley, que afecta a la definición de la comercialización
en destino.
El CAPÍTULO V BIS, relativo a medidas en materia de la Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía, contempla el pago de las atenciones y
prestaciones sanitarias en los supuestos de existencia de seguros
obligatorios, aplicando y especificando la normativa básica estatal en
aras de la seguridad jurídica.
Finalmente, el CAPÍTULO VI aborda la creación y regulación de la Agencia
Andaluza del Agua como Organismo Autónomo de carácter administrativo
adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente,
configurándose como Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.
V
En el TÍTULO IV, relativo a "MEDIDAS FINANCIERAS", se establece la
inembargabilidad de los bienes, derechos y recursos financieros de la
Comunidad Autónoma y se dispone que tendrán la consideración de ingresos
de Derecho Público las cantidades que haya de percibir la Comunidad
Autónoma como consecuencia de la prestación de avales.
De otro lado, se modifica el artículo 94 de la Ley 15/2003, referido al
endeudamiento, especificando la necesidad de que se acompañe un Plan de
Tesorería a las solicitudes que se realicen por parte de las universidades
públicas andaluzas para la autorización de operaciones destinadas a cubrir
necesidades transitorias de tesorería, con objeto de poder analizar de
forma adecuada los flujos de ingresos y pagos de aquéllas.
Asimismo, se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de
Ahorros de Andalucía, con la finalidad de adaptar la normativa andaluza a
las modificaciones introducidas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la Ley 31/1985,
de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores
de las Cajas de Ahorros. Asimismo, se introducen determinados preceptos
que contemplan el régimen a aplicar en las modificaciones obligatorias de
los Estatutos y Reglamentos de las Cajas derivadas de nuevas disposiciones
legales y reglamentarias.
Además, como consecuencia de la alarma social causada por los incendios
forestales originados en las localidades de Minas de Riotinto (Huelva) y
Aldeaquemada (Jaén), y debido a sus dimensiones y excepcionalidad, se
contempla en disposición adicional la condonación de la deuda derivada de
la tasa de extinción de incendios forestales para los afectados por los
citados siniestros, al haber supuesto una merma importante en la economía
de las zonas afectadas, alterando sustancialmente el modo de vida de sus
habitantes."
Finalmente, se modifica la denominación del Instituto de Fomento de
Andalucía, que pasa a denominarse Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA).
TÍTULO I
TRIBUTOS CEDIDOS
CAPÍTULO I
Normas de ordenación
Sección 1ª
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 1. Mejora autonómica en la reducción de la base imponible
correspondiente a las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos con
discapacidad.
El importe de la reducción en la base imponible prevista en el artículo
20.2 a), último párrafo, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para las adquisiciones mortis
causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida,
por las personas con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, e igual o
superior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el
artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y cuya base
imponible no sea superior a 250.000 euros, consistirá en una cantidad
variable, cuya aplicación determine una base liquidable de importe cero.
Sección 2ª
Impuesto sobre el Patrimonio
Artículo 2. Mínimo exento para los sujetos pasivos con discapacidad.
En el caso de que el sujeto pasivo tenga la consideración de persona con
discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33
por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el mínimo exento
en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 250.000 euros.
Sección 3ª
Modalidad de "Transmisiones Patrimoniales Onerosas" del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 3. Modificación de los requisitos para la aplicación del tipo
impositivo reducido para promover una política social de vivienda.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/2002,
de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos
cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que
queda redactada como sigue:
"b) Transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000 euros,
cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y éste sea menor de
35 años o tenga la consideración de persona con discapacidad con un grado
de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el
baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
En los supuestos de adquisición de viviendas por matrimonios o personas
contempladas en el artículo 8.1 a) de esta Ley, el requisito de la edad o,
en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los
cónyuges o uno de los miembros de la pareja de hecho inscrita en el
Registro previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre,
de Parejas de Hecho."
Sección 4ª
Modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 4. Modificación de los requisitos para la aplicación del tipo
impositivo reducido para promover una política social de vivienda.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 10/2002,
de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos
cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que
queda redactada como sigue:
"b) Adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios
efectuados por sujetos pasivos menores de 35 años o que tengan la
consideración de persona con discapacidad con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que
se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se
destine a vivienda habitual y su valor real no sea superior a 130.000
euros.
- Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que éste se
destine a la adquisición de vivienda habitual de valor real no superior a
130.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere
esta cantidad.
En los supuestos de adquisición de vivienda y constitución de préstamos
por matrimonios o personas contempladas en el artículo 8.1 a) de esta Ley,
el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá
cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la
pareja de hecho inscrita en el Registro previsto en el artículo 6 de la
Ley 5/2002."
Artículo 5. Modificación del tipo impositivo reducido para las sociedades
de garantía recíproca.
Se modifica el artículo 6 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que queda redactado
como sigue:
"Artículo 6. Tipo impositivo reducido para las sociedades de garantía
recíproca.El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que
formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía,
cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con
domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
será del 0,1 por 100."
CAPÍTULO II
Normas de aplicación de los tributos cedidos
Sección única
Normas comunes a los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 6. Comprobación de valores.
Se modifica el artículo 23 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la
que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas
tributarias, administrativas y financieras, que queda redactado como sigue:
"Artículo 23. Comprobación de valores.
1. Para efectuar la comprobación de valores a efectos de los impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, la Consejería de Economía y Hacienda podrá
utilizar, indistintamente, cualquiera de los medios previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1 b) de la Ley
General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el
correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral
actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará
un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de
referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado
valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación
de la ponencia de valores.
La Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente los coeficientes
aplicables al valor catastral y la metodología seguida para su obtención.
3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá desarrollar
reglamentariamente los procedimientos para la obtención de los precios
medios de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana a
que se refiere el artículo 57.1 c) de la Ley General Tributaria, mediante
el establecimiento de una metodología a seguir para la determinación del
valor unitario por metro cuadrado. Asimismo, determinará los datos y
parámetros objetivos que se tendrán en cuenta para la obtención del valor.
4. El dictamen de peritos de la Administración previsto en el artículo
57.1 e) de la Ley General Tributaria habrá de contener los datos objetivos
utilizados para la identificación del bien o derecho cuyo valor se
comprueba, obtenidos de documentación suficiente que permita su
individualización.
Se entenderá que la documentación empleada permite la individualización
del bien:
a) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuando aquella
documentación posibilite la descripción de las características físicas,
económicas y jurídicas del bien que, según la normativa técnica vigente,
haya que considerar para la obtención del valor catastral del bien.
b) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuando la
documentación proceda de sistemas de información geográfica gestionados
por entidades dependientes de las Administraciones Públicas, siempre que
posibiliten la ubicación en el territorio del inmueble y se disponga de
los datos catastrales de cultivos del mismo.
Asimismo, el perito de la Administración para la emisión de su dictamen
podrá utilizar:
- Los precios medios de mercado establecidos reglamentariamente conforme a
lo previsto en el apartado 3 del presente artículo.
- El precio de venta que aparezca en anteriores enajenaciones de los
mismos bienes o de otros de análogas características situados en la misma
manzana o polígono.
- El valor asignado en las escrituras de constitución de hipotecas para la
subasta de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la
legislación hipotecaria.
- El valor asignado en los certificados de tasación hipotecaria emitidos
por las sociedades de tasación para la constitución de hipotecas, en
cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, de los mismos
bienes o de otros de análogas características situados en la misma manzana
o polígono.
- El valor catastral conforme a lo previsto en el apartado 2 del presente
artículo.
La Consejería de Economía y Hacienda desarrollará reglamentariamente la
metodología y supuestos de aplicación de estos métodos de comprobación
para la emisión del dictamen del perito de la Administración."
Artículo 7. Suministro de información por los notarios a efectos
tributarios.
Se añade un apartado 3 al artículo 25 de la Ley 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y
otras medidas tributarias, administrativas y financieras, con la siguiente
redacción:
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
los notarios con destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía remitirán por vía telemática a la Consejería de Economía y
Hacienda, con la colaboración del Consejo General del Notariado, una ficha
resumen de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas
con trascendencia en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la
copia electrónica de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación notarial. La Consejería de Economía y Hacienda determinará los
hechos imponibles a los que deban referirse los documentos citados, así
como los procedimientos, estructura y plazos en los que debe ser remitida
esta información."
TÍTULO II
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO PROPIOS
CAPÍTULO I
Medidas generales
Artículo 8. Plazos para el pago y procedimiento de recaudación.
1. Se modifica el artículo 21 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado en la forma
siguiente:
"Artículo 21.
1. El pago de las deudas correspondientes a los tributos y demás ingresos
propios de Derecho Público deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán
pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
b) Las demás deudas de Derecho Público resultantes de una autoliquidación
deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de aplicación.
c) En el caso de deudas de Derecho Público resultantes de liquidaciones
practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.d) Las deudas que deban abonarse mediante
efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho
imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
e) Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de
apremio, el pago de las deudas de Derecho Público deberá efectuarse en los
siguientes plazos:
- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
2. Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de
naturaleza pública por su normativa reguladora, la cobranza de los mismos
se efectuará conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes, y gozará de las mismas prerrogativas establecidas para
los tributos.
3. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada
al deudor de las deudas correspondientes a los derechos referidos en el
apartado anterior.
La providencia de apremio, dictada por órgano competente, será título
suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma
fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes
y derechos de los obligados al pago."
Artículo 9. Prescripción de los derechos.
Se modifica el apartado 1 del artículo 24 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado en los
siguientes términos:
"1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos
recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma:
a) A reconocer o a liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo
desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, contándose dicho
plazo desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva,
desde su vencimiento.
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o
excepcione el interesado."
CAPÍTULO II
Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
Artículo 10. Modificación de los supuestos de no sujeción y base imponible.
1. Se modifica la letra b) del artículo 24 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que
queda redactada en los siguientes términos:
"b) Las de CO2, procedentes de la combustión de biomasa, biocarburante o
biocombustible, así como las realizadas desde instalaciones sujetas al
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones
individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga
incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a
dicha normativa".
2. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 27 de la citada Ley
18/2003, con la siguiente redacción:
"a) CO2 200.000 toneladas al año."
CAPÍTULO III
Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
Artículo 11. Periodo impositivo inferior al año natural y base imponible.
1. Se añade un párrafo segundo al apartado 3 del artículo 45 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, que queda redactado como sigue:
"En los supuestos en que se produzca el inicio de la actividad que origina
el vertido, para el cálculo de la base imponible se tendrá en cuenta
únicamente el periodo de tiempo que haya durado la actividad."
2. Se añade un párrafo segundo al apartado 3 del artículo 52 de la citada
Ley 18/2003, que queda redactado como sigue:
"En los supuestos en que se produzca el inicio de la actividad que origina
el vertido en un día distinto del 1 de enero, el periodo impositivo será
inferior al año natural y coincidirá con el periodo de tiempo que haya
durado la actividad."CAPÍTULO IV
Tasas
Sección 1ª
Tasa por servicios portuarios
Artículo 12. Modificación de las tarifas.
Se modifica el Anexo IV de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que se
refiere a la tasa 15.01 por servicios portuarios, sustituyéndose la tarifa
"G Especial" por las tarifas "G-5" y "G-5 Especial", que quedan redactadas
de la siguiente forma:
"TARIFA G-5
Embarcaciones deportivas y de recreo. Servicios de entrada, atraque,
estancia, embarque y desembarque prestado a este tipo de embarcaciones:
El importe de la tarifa será de 0,13 euros por 24 horas de estancia o
fracción y por superficie (eslora por manga máximas), expresadas las
dimensiones en metros.
TARIFA G-5 Especial
Embarcaciones deportivas y de recreo. Servicio de entrada, atraque,
estancia, embarque y desembarque prestado a este tipo de embarcaciones:
En los puertos deportivos e instalaciones náutico deportivas de gestión
directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, que cuenten con
puntos de atraque individualizados por embarcación, aseos y duchas para
usuarios y vigilancia o marinería permanente, el importe de la tarifa será
de 0,45 euros por metro cuadrado de superficie del atraque y 24 horas de
estancia o fracción."
Sección 2ª
Tasa por expedición de licencias de pesca marítima recreativa
Artículo 13. Modificación de las cuotas.
Se modifica el artículo 82 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda
redactado como sigue:
"Artículo 82. Cuotas.
Las cuotas de esta tasa son las siguientes:
Clase 1: Licencia de pesca desde tierra: 4,84 euros.
Clase 2: Licencia de pesca individual desde embarcación: 9,67 euros.
Clase 3: Licencia de pesca colectiva desde embarcación: 9,67 euros.
Clase 4: Licencia de pesca submarina: 7,24 euros."
Sección 3ª
Tasa por solicitud de licencia de funcionamiento para la fabricación de
productos sanitarios a medida
Artículo 14. Creación.
Se crea la tasa por solicitud de licencia de funcionamiento para la
fabricación de productos sanitarios a medida.
Artículo 15. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación por la Consejería
competente en materia de salud de las solicitudes para obtener la licencia
de funcionamiento para la fabricación de productos sanitarios a medida,
así como de las solicitudes de licencia de modificación de las
instalaciones y de revalidación de la licencia.
Artículo 16. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa los que soliciten las actuaciones
administrativas a que se refiere el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 17. Cuotas.
El importe de la cuota se exigirá según la siguiente tarifa:
A. Por tramitación de la solicitud de concesión de la licencia de
funcionamiento para la fabricación de productos sanitarios a medida:
606,53 euros.
B. Por tramitación de la solicitud de licencia de modificación de las
instalaciones que no afecten al emplazamiento: 143,81 euros.
C. Por tramitación de la solicitud de licencia de modificación de las
instalaciones que afecten al emplazamiento: 606,53 euros.
D. Por tramitación de la solicitud de revalidación de la licencia de
funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida: 606,53
euros.
Artículo 18. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de las actuaciones a
las que se refiere el hecho imponible de la tasa. No obstante, con
carácter previo a la solicitud se ingresará su importe, sin lo cual no se
tramitará la misma.
2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones procedentes en el
modelo establecido por la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los supuestos
previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988.
Sección 4ª
Tasa por solicitud de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia
Artículo 19. Creación.
Se crea la tasa por solicitud de adjudicación de nuevas oficinas de
farmacia.
Artículo 20. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la solicitud de
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
Artículo 21. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa los que participen como solicitantes en
convocatorias de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
Artículo 22. Cuota.
Por cada instancia de participación como solicitante en la convocatoria de
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia: 332,10 euros.
Artículo 23. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de participación en
la convocatoria de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. No
obstante, con carácter previo a la solicitud se ingresará su importe, sin
lo cual no se tramitará la misma.
2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones procedentes en el
modelo establecido por la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los supuestos
previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988.
Sección 5ª
Tasa por expedición de títulos académicos
y profesionales
Artículo 24. Actualización de la cuota tributaria.
Se modifican las letras g) y h) del artículo 6 de la Ley 15/2001, de 26 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de
control y administrativas, que quedan redactadas como sigue:
"g) Título de Técnico/a Deportivo: 18,36 euros.
h) Título de Técnico/a Deportivo Superior: 44,20 euros."
Sección 6ª
Tasa por inscripción en las convocatorias para la selección del personal
al servicio de la Junta de Andalucía
Artículo 25. Delimitación de los supuestos de aplicación de la cuota
tributaria.Se modifica la letra b) del artículo 5 de la Ley 9/1996, de 26
de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública
y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, que queda redactada
de la siguiente forma:
"b) Para las convocatorias que realice la Consejería de Educación de
personal docente:
1. Para acceso a especialidades de cuerpos del Grupo A: 69,11 euros.
2. Para acceso a especialidades de cuerpos del Grupo B: 62,20 euros."
Sección 6ª bis
Tasa de extinción de incendios forestales
Artículo 25 bis. Exención
Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 59 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales, pasando los
actuales apartados 2, 3 y 4 a ser apartados 3, 4 y 5, respectivamente.
El nuevo apartado 2 queda redactado como sigue:
"2. Los sujetos pasivos estarán exentos del pago de la tasa cuando el
incendio forestal afecte a una superficie igual o superior a 3.000
hectáreas."
TÍTULO III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
Normas reguladoras de subvenciones
Artículo 26. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de
Andalucía, sus Organismos Autónomos y las entidades de Derecho Público
contempladas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirán por lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo
con lo establecido en su disposición final primera, en el presente
capítulo, en el título VIII de la mencionada Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de
desarrollo, incluidas las bases reguladoras, en lo que no se opongan a los
preceptos básicos de la norma estatal citada.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, las
subvenciones financiadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola, Sección Garantía, y al resto de fondos de la Unión
Europea, se regirán por las normas comunitarias aplicables y por las
normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo de
aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de
concesión y control rijan para la Administración de la Junta de Andalucía.
3. Las subvenciones y transferencias por operaciones de capital
financiadas con fondos comunitarios a favor de empresas públicas de la
Junta de Andalucía y otros entes públicos o privados, destinadas a la
ejecución de acciones cuyos gastos elegibles han de ser certificados por
los citados entes receptores, se adecuarán, en su régimen de pagos, al
previsto para el pago en cada caso de las ayudas financiadas por la Unión
Europea.
Artículo 27. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Además de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, tampoco podrán obtener la condición de
beneficiarios de subvenciones quienes tengan deudas en periodo ejecutivo
de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La acreditación de dicha circunstancia constituye, además de
las previstas en el artículo 14 de la referida Ley, una obligación del
beneficiario que deberá cumplir con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión, en la forma que se determine por la Consejería
de Economía y Hacienda.
La normativa reguladora de cada subvención podrá, en atención a la
naturaleza de la misma, exceptuar de la prohibición establecida en el
párrafo anterior.
2. Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de
la subvención que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
indicando la Consejería, Organismo Autónomo o ente público que la ha
concedido, en la forma que reglamentariamente se establezca.
Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas con fondos
comunitarios, los beneficiarios deberán cumplir con las disposiciones que
sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea.
Las normas reguladoras de concesión de subvenciones recogerán estas
obligaciones.
Artículo 28. Normas reguladoras.
1. Las normas reguladoras de subvenciones deberán contener la
especificación de que la concesión de las subvenciones estará limitada por
las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Previamente a la aprobación de las normas reguladoras de la concesión
de las subvenciones correspondientes al Plan de Cooperación Municipal, se
dará traslado de las mismas al Consejo Andaluz de Municipios, para que, en
el plazo de quince días, emita informe.
3. Las normas reguladoras y, en su caso, los convenios que se suscriban
con entidades colaboradoras, para que por éstas se lleve a cabo la entrega
y distribución de los fondos a los beneficiarios de subvenciones, deberán
prever que los expedientes de gasto de las subvenciones concedidas a los
beneficiarios sean sometidos a fiscalización previa.
La función interventora a que se refiere el párrafo anterior podrá
ejercerse aplicando técnicas de muestreo, mediante el procedimiento que
determine al efecto la Intervención General.
Artículo 29. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se
iniciará siempre de oficio, se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22
de la Ley 38/2003.
A solicitud del interesado, podrán concederse subvenciones en atención a
la mera concurrencia de una determinada situación en el perceptor, sin que
sea necesario establecer, en tales casos, la comparación de las
solicitudes ni la prelación entre las mismas. También podrán concederse
subvenciones de forma directa de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003.
2. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones, a emitir
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, que las bases reguladoras requieran aportar.
3. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor, que formulará
la propuesta de concesión al órgano competente para resolver. Las bases
reguladoras podrán prever que la evaluación de solicitudes y la propuesta
de resolución se lleven a cabo por un órgano colegiado.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con
rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la
normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de
solicitudes, salvo para las subvenciones a las que se refiere el párrafo
segundo del apartado 1 del presente artículo, en las que se computará
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que
sea su naturaleza o el procedimiento de concesión de que se trate.
Artículo 30. Publicidad, pago y justificación.
1. No será necesaria la publicidad de las subvenciones concedidas en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 38/2003.
2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no
hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en
el caso de entidades previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las concedidas
por la propia entidad pública.
El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea titular de la
competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para
proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar las
limitaciones contenidas en este apartado cuando concurran circunstancias
de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta
competencia.
3. La norma reguladora de cada subvención podrá establecer, de manera
justificada, la obligación de acreditar, antes de proponerse el pago, que
los beneficiarios se hallan al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como que no
son deudores de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro
ingreso de Derecho Público.
4. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al
cobro de la misma, no podrá abonarse al beneficiario un importe superior
al 75 por 100 de la subvención, sin que se justifiquen previamente los
pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas
sea igual o inferior a 6.050 euros.
Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la
limitación contenida en el párrafo anterior.
Artículo 31. Reintegro.
En materia de reintegro de subvenciones, serán de aplicación las
siguientes reglas:
a) El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el
interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
b) En cuanto a la prescripción, regirá lo dispuesto en el artículo 39 de
la Ley 38/2003.
c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación.
d) Además de los supuestos de responsabilidad en la obligación de
reintegro contemplados en el artículo 113 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán también de aplicación
los supuestos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 40 de la Ley
38/2003.
CAPÍTULO II
Medidas presupuestarias
Artículo 32. Competencias de los titulares de las Consejerías y Organismos
Autónomos para autorizar transferencias de créditos.
Se añade un párrafo cuarto al apartado 1 del artículo 46 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda
redactado como sigue:
"Los titulares de las diversas Consejerías y Organismos Autónomos podrán
autorizar, con el informe previo establecido en el párrafo primero de este
apartado, transferencias entre los distintos programas de los mismos
créditos declarados específicamente como vinculantes y pertenecientes a
los capítulos I y II."
Artículo 33. Actuaciones con incidencia económico-financiera.
1. Los proyectos de disposiciones legales y reglamentarias, las propuestas
de planes con contenido económico-financiero, de contratos y de convenios
y de cualquier otra actuación de la Administración de la Junta de
Andalucía y de sus Organismos Autónomos que afecte o pudiera afectar a los
ingresos y gastos públicos, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y
atenerse a las disponibilidades presupuestarias.
En los supuestos que se determinen mediante Decreto se elaborará una
memoria económica que ponga de manifiesto, detalladamente evaluados,
cuantos datos resulten precisos para conocer la incidencia
económico-financiera de su ejecución.
2. La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
de Presupuestos, informará preceptivamente sobre la incidencia
económico-financiera de los proyectos o propuestas de las actuaciones
referidas en el párrafo primero del apartado anterior que se determinen
mediante Decreto.
CAPÍTULO III
Fiscalización previa
Artículo 34. Modificación del régimen de fiscalización previa.
1. Se añade una letra d) al apartado 1 del artículo 81 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda
redactada de la siguiente forma:
"d) Los gastos destinados a satisfacer los honorarios y compensaciones que
deban percibir las personas o entidades a quienes la Junta de Andalucía
encomiende la gestión recaudatoria de sus ingresos cuando el importe de
tales gastos se calcule por programas integrados en los sistemas
informáticos de gestión, liquidación y recaudación de dichos ingresos."
2. Se modifica el apartado 5 del artículo 81 de la citada Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que pasa a ser
el apartado 4 de dicho artículo, con la siguiente redacción:
"4. Se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la toma de
razón de los mismos, estableciéndose las actuaciones comprobatorias
posteriores que determine la Intervención General de la Junta de
Andalucía. El procedimiento de control de los tributos cedidos cuya
gestión se haya delegado a la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que
establezca la normativa legal que regule dicha cesión."
CAPÍTULO III BIS
Medidas en materia de género
Artículo 34 bis. Informe de evaluación del impacto de género.
Se modifica el apartado 2 del artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que
queda redactado como sigue:
"2. A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma sea elemento activo de lo establecido en el apartado anterior, se
constituirá una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y
Hacienda con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá
el informe de evaluación sobre el Anteproyecto. Dicha Comisión impulsará y
fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las
diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las
Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía."
CAPÍTULO III TER
Medidas en materia de empresas de la Junta de Andalucía
Artículo 34 ter. Unidades de control interno.
Se añade un apartado 5 al artículo 85 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado en los
siguientes términos:
"5. Las empresas de la Junta de Andalucía que se encuentren sometidas a
control financiero permanente deberán contar con unidades propias de
control interno, que colaborarán con la Intervención General de la Junta
de Andalucía en el desarrollo de los trabajos de ejecución del plan anual
de auditorías.
La Intervención General determinará las entidades de la Junta de Andalucía
no sometidas a control financiero permanente que deberán establecer dichas
unidades de control interno, atendiendo al volumen de su actividad o a
otras razones justificadas que así lo aconsejen.
El personal que se integre en las citadas unidades estará adscrito al
máximo órgano de dirección de la empresa y actuará bajo la dependencia
funcional exclusiva de la Intervención General de la Junta de Andalucía en
lo que se refiere a las labores de control interno y de auditoría que
desempeñe. Su contratación y cese requerirá previa conformidad de la
Intervención General de la Junta de Andalucía."
Artículo 34 quáter. Contratación de auditorías.
Se modifica el artículo 85 ter de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado como sigue:
"Artículo 85 ter.
1. Se atribuye a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter
exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano
o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, así como sobre las empresas de la Junta de Andalucía sometidas
a control financiero permanente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Consejerías
de Justicia y Administración Pública y de Economía y Hacienda coordinarán,
en el marco de sus respectivos ámbitos competenciales, el ejercicio de las
funciones auditoras e inspectoras de los servicios, con el fin de evitar
posibles disfuncionalidades.
3. Las empresas de la Junta de Andalucía no sometidas a control financiero
permanente deberán recabar de la Intervención General de la Junta de
Andalucía informe con carácter previo a la contratación de las auditorías,
incluidas aquéllas que resulten obligatorias por la legislación mercantil."
Artículo 34 quinquies. Personal al servicio del Instituto Andaluz de
Finanzas y colaboración de empresas privadas.
Se modifica el apartado 7 y se añade un nuevo apartado 9 al artículo 35 de
la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas, que quedan redactados como siguen:
"7. El personal al servicio del Instituto Andaluz de Finanzas quedará
vinculado a éste por una relación sujeta a las normas del derecho laboral,
salvo el personal funcionario que desempeñe funciones que impliquen
ejercicio de autoridad relativas a potestades administrativas, que quedará
vinculado al Instituto por una relación sujeta a normas de derecho
administrativo.
El personal funcionario estará sometido a la legislación de general
aplicación a los funcionarios públicos y el personal laboral se regirá por
las normas del derecho laboral.
Al personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía que
se incorpore al Instituto como personal laboral dentro de los tres años
siguientes a la entrada en vigor de su Estatuto, se le reconocerá el
tiempo de servicios prestados en aquélla a efectos de la retribución que
le corresponda en concepto de antigüedad."
"9. El Instituto Andaluz de Finanzas podrá recabar la colaboración de
empresas privadas para la realización de actuaciones derivadas del
ejercicio de sus funciones, así como de las que supongan actuaciones
materiales de ejecución de las potestades administrativas que se le
atribuyan."
Artículo 34 sexies. Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.
1. Se crea, con la denominación de "Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos", una entidad de Derecho Público
de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería
que tenga atribuidas las competencias en materia de educación no
universitaria, con el objeto de llevar a cabo la gestión de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma.
La constitución efectiva de la entidad tendrá lugar en el momento de la
entrada en vigor de sus Estatutos, que serán aprobados por el Consejo de
Gobierno y que contendrán, entre otras previsiones, las competencias y
funciones que se le atribuyan, la determinación de sus órganos de
dirección, participación y control, su composición y sus atribuciones.
2. La entidad gozará de personalidad jurídica propia, de plena capacidad
jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, y de patrimonio
propio.
En lo concerniente a su estructura y funcionamiento, la entidad estará
sometida a la presente Ley, a sus Estatutos y a las normas que se dicten
en desarrollo de la misma.
Asimismo, le será de aplicación la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para cada ejercicio y demás normativa de general aplicación para
las entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía.
El personal de la entidad se regirá por el derecho laboral, las relaciones
patrimoniales por el derecho privado, y el régimen de contratación se
ajustará a las previsiones de la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas.
3. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e
intervención de la entidad será el establecido en la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las demás
disposiciones que le sean de aplicación.
4. Para el ejercicio de sus funciones, la entidad contará con los
siguientes recursos económicos:
a) Las dotaciones presupuestarias que anualmente le asigne la Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Las subvenciones o dotaciones presupuestarias que, con cargo al
Presupuesto de cualquier otro ente público o privado, pudieran
corresponderle.
c) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones
financieras que pueda concertar, dentro de los límites fijados por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa autorización
de la Consejería de Economía y Hacienda.
d) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en el ejercicio
de sus funciones.
e) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los procedentes de la
enajenación de sus activos.
f) Cualquier otro ingreso público o privado que pudiera corresponderle
conforme a la legislación de aplicación."
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de universidades
Artículo 35. Certificación de la especial calidad de los títulos propios
de las universidades andaluzas.
Se modifica el apartado 4 del artículo 56 de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, que queda redactado como sigue:
"4. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejo Andaluz de
Universidades, podrá certificar la especial calidad de los títulos propios
de las universidades andaluzas."
CAPÍTULO IV BIS
Medidas en materia de ordenación del territorio y vivienda
Artículo 35 bis Actuaciones de interés autonómico.
Se añade un título IV, denominado "De las Actuaciones de Interés
Autonómico", en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el contenido
siguiente:
"Artículo 38. Declaración de Interés Autonómico. Efectos.
1. El Consejo de Gobierno podrá declarar de Interés Autonómico, por su
especial relevancia derivada de su magnitud, su proyección económica y
social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía,
las actuaciones de carácter público contempladas en planes de ordenación
del territorio y en planes con incidencia territorial. Asimismo podrán ser
objeto de esta declaración las actuaciones relativas a los ámbitos
sectoriales citados en el Anexo II de la presente Ley. Esta declaración
afectará y comprenderá las obras de titularidad pública a las que las
actuaciones anteriores se refieran.
2. La declaración de interés autonómico se realizará a propuesta de la
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
y previa iniciativa de la Consejería competente en razón a la actuación.
La declaración de interés autonómico requerirá del trámite de previa
audiencia de las Administraciones Públicas afectadas, y en todo caso, del
Ayuntamiento o Ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal
se ubique la actuación.
La declaración se producirá una vez redactado el estudio informativo,
anteproyecto u otro documento de análogo alcance, a los que se acompañará,
a los efectos de lo previsto en este artículo, justificación del
cumplimiento de los criterios establecidos en el apartado anterior.
En el acuerdo de declaración de Interés Autonómico, el Consejo de Gobierno
podrá adoptar cuantas medidas se precisen para la construcción y
explotación de las obras de titularidad pública por la Administración de
la Junta de Andalucía o, en su caso, mediante la intervención de sus
empresas públicas.
Lo previsto en este apartado y en el anterior no se aplicará en aquellos
supuestos en los que la legislación sectorial de aplicación contenga
normas específicas sobre la declaración de interés autonómico de
determinadas obras de titularidad pública, así como en aquellos casos en
los que la declaración esté prevista con tal carácter en los planes de
ordenación del territorio o en los planes con incidencia territorial.
3. La aprobación por la Administración de la Junta de Andalucía de los
estudios, proyectos y planes relativos a las actuaciones objeto de la
declaración de Interés Autonómico tendrá, de acuerdo con su alcance
concreto, los siguientes efectos, además de los que pudiera prever la
legislación sectorial de aplicación:
a) Llevará implícita la declaración de la utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de los
bienes y derechos necesarios para su ejecución.
b) Legitimará inmediatamente su ejecución siendo sus determinaciones
directamente aplicables.
c) Sus determinaciones vincularán directamente al planeamiento del
municipio o municipios afectados que, sin perjuicio de lo dispuesto en la
letra b) anterior, deberán incorporar dichas determinaciones con ocasión
de la siguiente innovación urbanística.
d) Dado el excepcional interés público que conlleva la declaración de
Interés Autonómico, su construcción y puesta en funcionamiento no estarán
sujetas a licencias ni, en general, a actos de control preventivo
municipal, y ello sin perjuicio del procedimiento de armonización a que
hace referencia el párrafo 3 del artículo 170 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, o el que prevea la legislación
sectorial aplicable.
Artículo 39. Proyectos de actuación.
1. Cuando las actuaciones a que se refiere el artículo anterior supongan
la implantación de usos productivos, dotaciones, o cualesquiera otros
análogos que precisen desarrollo urbanístico, la declaración de Interés
Autonómico se producirá mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno
de un proyecto de actuación a propuesta de la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, previa iniciativa de la
Consejería competente en razón de la actuación.
La aprobación del proyecto de actuación precisará audiencia de las
Administraciones Públicas afectadas por plazo no inferior a dos meses; en
todo caso, tendrán tal consideración el Ayuntamiento o Ayuntamientos del
término municipal en que aquél se ubique.
Asimismo, la aprobación del proyecto de actuación requerirá de información
pública por plazo no inferior a un mes y requerimiento de los informes y
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestoras de los intereses públicos afectados que sean
legalmente preceptivos.
2. El proyecto de actuación contendrá las determinaciones de planificación
y ejecución que se precisen para su realización efectiva.
En todo caso, el proyecto de actuación deberá justificar la concreta
ubicación de la actuación, su incidencia territorial y ambiental, y su
grado de integración con la planificación y ordenación vigente; así como
asegurar el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que
constituyan su objeto. El proyecto de actuación podrá prever la distinción
entre espacios de dominio público y otros espacios de titularidad pública
o privada.
Podrá considerarse proyecto de actuación, a los efectos de este artículo y
el anterior, cualquier documento previsto, con análogo alcance, en la
legislación sectorial aplicable a la actuación de que se trate.
3. La aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen
para el desarrollo y completa ejecución del proyecto de actuación,
incluidos los proyectos de urbanización que procedieren, corresponderá en
todo caso a la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.
4. Para el desarrollo de las actuaciones a que se refiere el presente
artículo podrán celebrarse convenios de colaboración con el municipio o
municipios afectados, en los que podrá concertarse los términos de la
actuación y su ejecución.
5. En lo no previsto en el presente artículo regirá lo dispuesto en el
artículo anterior."
Artículo 35 ter. Agencias de Fomento del Alquiler.
1. En materia de política de vivienda, tendrán la consideración de
Agencias de Fomento del Alquiler aquellas personas físicas o jurídicas
legalmente constituidas cuya actividad principal o complementaria sea la
intermediación inmobiliaria, que reúnan los requisitos que se determinen
reglamentariamente y sean homologadas como tales por la Consejería
competente en materia de vivienda. Una vez homologadas e inscritas en el
Registro Público de Agencias de Alquiler creado por el Decreto 463/2004,
de 27 de julio, podrán participar en la ejecución de los programas de
alquiler de viviendas que desarrolle la Comunidad Autónoma en la forma que
se determine en cada caso por la normativa que resulte de aplicación.
En la ejecución de los programas de alquiler, estas agencias podrán tener
la consideración de entidades colaboradoras a los efectos establecidos en
la normativa reguladora de subvenciones.
2. En esta materia, la Administración de la Junta de Andalucía podrá
suscribir convenios con otras Administraciones Públicas y con otras
entidades públicas o privadas, para la constitución de agencias
metropolitanas para el mercado del alquiler de viviendas, que sirvan de
instrumentos para el ejercicio de las competencias autonómicas. Estas
agencias podrán tener también la consideración de entidades colaboradoras
a los efectos establecidos en la normativa reguladora de subvenciones.
3. La coordinación y tutela de las agencias señaladas en los apartados
anteriores será asumida por la Consejería competente en materia de
vivienda, bien directamente, bien a través de entidades instrumentales.
CAPÍTULO IV TER
Medidas en materia de comercio
Artículo 35 quáter. Establecimientos con libertad horaria.
Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado de la
siguiente forma:
"1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al
público:
a) Los establecimientos de venta de pastelería y repostería, pan y platos
preparados, prensa, combustibles y carburantes y floristerías y plantas.
b) Las denominadas tiendas de conveniencia.
c) Los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en estaciones y
medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.
d) Los establecimientos situados en las zonas de gran afluencia turística.
e) Los establecimientos que dispongan de una superficie útil para la
exposición y venta al público inferior a trescientos metros cuadrados,
aunque pertenezcan a grupos de distribución, siempre que este grupo tenga
la consideración de pequeña o mediana empresa.
Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una extensión
útil no superior a quinientos metros cuadrados, permanezcan abiertas al
público, al menos, dieciocho horas al día, y distribuyan su oferta, en
forma similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de
alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios."
CAPÍTULO V
Medidas en materia de pesca
Artículo 36. Explotación de las almadrabas instaladas en las costas de
Andalucía.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 1/2002, de 4 de
abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo
y la Acuicultura Marina, que queda redactado del siguiente modo:
"2. Cuando se trate de aguas exteriores, la Consejería de Agricultura y
Pesca colaborará con la Administración General del Estado en la
determinación de las condiciones para acceder a la explotación de las
almadrabas instaladas en las costas de Andalucía, facilitando para ello
los informes que la Administración General del Estado estime procedentes
en orden a la determinación de las condiciones para acceder a la
explotación y, en particular, informará y valorará los aspectos
socioeconómicos que hayan de tenerse en cuenta para la concesión de las
licencias, con criterios de rentabilidad social y económica."
2. Queda suprimido el inciso "o desde el inicio del transporte cuando se
trata de productos no sometidos a primera venta en lonja", contenido en el
apartado 1 del artículo 68 de la citada Ley 1/2002.
CAPÍTULO V BIS
Medidas en materia de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía
Artículo 36 bis. Pago de las atenciones y prestaciones sanitarias en los
supuestos de existencia de seguros obligatorios.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y en el artículo 3 y anexo II del Real Decreto
63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud, en los supuestos de existencia de seguros
obligatorios, el Servicio Andaluz de Salud y las entidades de naturaleza o
titularidad pública adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta de
Andalucía habrán de percibir de los terceros obligados al pago el coste de
las atenciones y prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las
personas, incluidos los transportes sanitarios, atenciones de urgencia,
asistencia sanitaria hospitalaria o extrahospitalaria y rehabilitación.
2. El coste que habrán de percibir las entidades citadas en el apartado
anterior no podrá exceder del coste económico estándar de los servicios
sanitarios prestados, entendiendo por tal el obtenido a través del sistema
de análisis de costes de la Administración Sanitaria de la Junta de
Andalucía.
3. Tratándose del seguro obligatorio de vehículos, los obligados al pago
del coste referido en el apartado anterior serán:
a) Cuando las atenciones o prestaciones sanitarias se hayan facilitado a
personas que circulasen en vehículos a motor, incluido su conductor, la
entidad aseguradora de dicho vehículo a motor o, en los casos previstos en
el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el Consorcio de Compensación
de Seguros.
b) Cuando las atenciones o prestaciones sanitarias se hayan facilitado a
personas que no circulasen en vehículos a motor, la entidad aseguradora
del vehículo a motor que materialmente haya causado el daño.
CAPÍTULO VI
Agencia Andaluza del Agua
Artículo 37. Creación.
1. Se crea la Agencia Andaluza del Agua como Organismo Autónomo de
carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, que se configura como la
Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.
2. La Agencia Andaluza del Agua tiene personalidad jurídica y patrimonio
propios y goza de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines de acuerdo con esta Ley y con las demás disposiciones que le sean de
aplicación.
Artículo 38. Principios de organización y funcionamiento.
En la organización y ejercicio de sus funciones, la Agencia Andaluza del
Agua se somete a los siguientes principios, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 14 y 18.1 a) del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio:
a) Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y
participación de los usuarios.
b) Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas
hidráulicos y del ciclo hidrológico.
c) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la
restauración de la naturaleza.
Artículo 39. Funciones.
1. Con carácter general, corresponde a la Agencia Andaluza del Agua el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de aguas.
2. En particular le corresponde el ejercicio de las funciones que se
atribuyen a los organismos de cuenca en el texto refundido de la Ley de
Aguas, respecto a las cuencas que se encuentren comprendidas íntegramente
en territorio de Andalucía, así como la administración, gestión y
recaudación de los cánones y tarifas establecidos en los artículos 112 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Aguas.
3. La Agencia Andaluza del Agua ejercerá asimismo las funciones que, en el
marco de los convenios que se formalicen con la Administración del Estado,
se establezcan en relación con las cuencas intercomunitarias.
Artículo 40. Estructura.
1. La Agencia Andaluza del Agua se estructura en los siguientes órganos de
gobierno y gestión:
a); La Presidencia.
b); La Comisión del Agua.
c); La Dirección Gerencia.
2. Los órganos dependientes de la Dirección Gerencia se determinarán en
los estatutos de la Agencia.
Artículo 41. La Presidencia.
La Presidencia de la Agencia Andaluza del Agua corresponde a la persona
titular de la Consejería de Medio Ambiente, que ejercerá las siguientes
funciones:
a) Ostentar la representación legal del Organismo.
b) Presidir la Comisión del Agua.
Artículo 42. La Comisión del Agua.
1. La composición y funciones de la Comisión del Agua se determinarán en
los estatutos de la Agencia.
2. Corresponden a la Comisión del Agua las funciones que el artículo 28
del texto refundido de la Ley de Aguas atribuye a la Junta de Gobierno,
así como aquellas otras que, en su caso, le asignen los estatutos.
Artículo 43. La Dirección Gerencia.
1. Al frente de la Dirección Gerencia habrá un Director Gerente, que será
nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente.
2. Corresponde a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua:
a) La dirección, coordinación, planificación y control de las actividades
de la misma.
b) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Comisión del Agua.
c) Ejercer la jefatura del personal adscrito al Organismo en los términos
establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.
d) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer las
obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados por la
normativa vigente en materia presupuestaria.
e) Todas aquellas funciones que le atribuyan los estatutos, así como las
que le sean delegadas.
Artículo 44. Estructura territorial.
1. En el desempeño de sus funciones, la Agencia Andaluza del Agua podrá
contar con una estructura territorial que asumirá las funciones que se le
atribuyan reglamentariamente.
2. La estructura territorial será establecida mediante Decreto y en el
mismo se tendrá en cuenta el principio de unidad de gestión de cuenca
hidrográfica.
Artículo 45. Régimen económico, financiero y de contratación.
1. Los recursos económicos de la Agencia Andaluza del Agua podrán provenir
de:
a) Los créditos que se le asignen en el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
b) Los rendimientos de los bienes y derechos de su patrimonio.
c) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de otras
Administraciones o entidades públicas.
d) Los ingresos procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y demás
derechos originados en el ejercicio de su actividad.
e) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
2. En particular, tendrán la consideración de ingresos propios de la
Agencia Andaluza del Agua:
a) En el ámbito de las cuencas comprendidas íntegramente dentro del
territorio de Andalucía, los obtenidos por aplicación del canon de
utilización de los bienes del dominio público hidráulico y del canon de
control de los vertidos autorizados, establecidos en los artículos 112 y
113 del texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Los derivados de las exacciones establecidas en el artículo 114 del
texto refundido de la Ley de Aguas, cuando las obras hidráulicas hayan
sido financiadas total o parcialmente con cargo al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad,
intervención y control de la Agencia Andaluza del Agua será el establecido
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4. El régimen de contratación de la Agencia Andaluza del Agua será el
aplicable a las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido
en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Artículo 46. Patrimonio.
El patrimonio de la Agencia Andaluza del Agua estará integrado por los
bienes y derechos que le sean adscritos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como por cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera
por cualquier título.
Artículo 47. Régimen de recursos.
Los actos administrativos de la Agencia Andaluza del Agua dictados por la
Presidencia o por la Comisión del Agua agotan la vía administrativa,
pudiendo los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que los dictó.
Los actos de gestión, inspección y recaudación de las tasas, exacciones y
demás ingresos de Derecho Público podrán recurrirse en vía
económico-administrativa conforme a la normativa de aplicación.
TÍTULO IV
MEDIDAS FINANCIERAS
CAPÍTULO I
Medidas en materia de tesorería
Artículo 47 bis. Inembargabilidad de los bienes, derechos y recursos
financieros de la Comunidad Autónoma.
Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado en los
siguientes términos:
"2. Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia
de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y
derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un
servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el
producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o
cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de
sociedades mercantiles previstas en el artículo 6.1 a) de esta Ley que
ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico
general.
A estos efectos, se considerarán siempre materialmente afectados a un
servicio público o a una función pública el dinero, los valores, los
créditos y demás recursos financieros de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma, incluidos todos los saldos existentes en cualquier clase de
cuentas que la misma mantenga abiertas en las entidades de crédito y
ahorro."
Artículo 48. Quebranto de operaciones avaladas.
Se añade un artículo 74 bis a la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con la siguiente redacción:
"Artículo 74 bis.
1. Tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público las cantidades
que como consecuencia de la prestación de avales haya de percibir la
Comunidad Autónoma, ya sea por su formalización, su mantenimiento, su
quebranto, o cualquier otra causa, gozando aquélla de las prerrogativas
establecidas legalmente para el cobro de los ingresos de esa naturaleza. A
tal fin, la Consejería u Organismo que promovió la constitución del aval
actuará de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.
2. La asunción de obligaciones por la Tesorería de la Comunidad Autónoma
derivadas del quebranto de avales deberá venir precedida de la retención
de créditos por el mismo importe en la Consejería u Organismo que promovió
la constitución del aval.
3. Los saldos deudores motivados por el quebranto de avales de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma serán cancelados, en formalización,
antes del fin del ejercicio en que se produzcan, con cargo a los créditos
que se encuentren retenidos para tal fin y con imputación al concepto
correspondiente del capítulo VIII del presupuesto de gastos.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería de
Economía y Hacienda podrá realizar, de oficio, las modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias."
CAPÍTULO II
Universidades públicas andaluzas
Artículo 49. Autorización de operaciones de endeudamiento de las
universidades públicas andaluzas.
Se añade un párrafo segundo al apartado 4 del artículo 94 de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, con la siguiente
redacción:
"En el supuesto de que se soliciten operaciones acogidas a lo dispuesto en
este apartado, deberá aportarse por la universidad un Plan de Tesorería
que justifique su capacidad para el reintegro del préstamo".
CAPÍTULO III
Cajas de Ahorros de Andalucía
Artículo 50. Modificación de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas
de Ahorros de Andalucía.
Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía:
UNO. Se introduce un párrafo segundo en el artículo 20 con el siguiente
contenido:
"Cuando las modificaciones de Estatutos y Reglamentos deban realizarse
obligatoriamente a fin de adaptarlos a las previsiones de una nueva
regulación legal o reglamentaria se requerirá para su aprobación mayoría
simple de votos de los asistentes".
DOS. Se introduce un nuevo artículo 20 bis, con la siguiente redacción:
"Artículo 20 bis. Adaptación de Estatutos y Reglamentos a las
modificaciones normativas.
1. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía deban
adaptar sus Estatutos y Reglamentos a una nueva regulación legal o
reglamentaria, remitirán los textos de los mismos, aprobados por sus
respectivas Asambleas Generales, a la Consejería de Economía y Hacienda,
para su autorización, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir
del día siguiente al de la entrada en vigor de la correspondiente
disposición.
2. La Consejería de Economía y Hacienda autorizará los textos remitidos
cuando se ajusten a las normas y principios establecidos en la normativa
vigente. En caso contrario, ordenará a la Caja la adecuación de los
preceptos estatutarios y reglamentarios a la nueva normativa, concediendo
el plazo que se requiera para posibilitar el cumplimiento de lo ordenado y
que no podrá exceder de dos meses.
El plazo para notificar la resolución expresa podrá suspenderse cuando
deba realizarse la citada adecuación, por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su
defecto, el transcurso del plazo concedido.
3. Sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse, cuando
hubiera transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo
sin que se hayan remitido a la Consejería de Economía y Hacienda los
textos modificados, por cualquier causa imputable a la entidad, la citada
Consejería procederá a la redacción de los Estatutos y Reglamentos
adaptados a la nueva regulación, y a la aprobación de los mismos.
Idéntica actuación procederá cuando, transcurrido el plazo concedido, no
se atendiera la orden de adecuación a que se refiere el apartado anterior.
4. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de las
solicitudes de autorización para la adaptación, o la resolución de
aprobación de los Estatutos y Reglamentos en el supuesto previsto en el
apartado 3 del presente artículo, será el establecido reglamentariamente
para la modificación voluntaria de los Estatutos.
En el supuesto de aprobación, el plazo máximo empezará a computarse a
partir del día siguiente al de la finalización del plazo establecido en el
apartado 1 del presente artículo.
TRES. Se introduce un nuevo artículo 47 bis, con el siguiente contenido:
"Artículo 47 bis. Renovación de los órganos de gobierno derivada de
modificaciones normativas.
1. Cuando como consecuencia de una modificación legislativa o
reglamentaria resulte afectada la estructura y composición de los órganos
de gobierno de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, éstas
realizarán las actuaciones conducentes a la renovación de los mismos para
adaptarlos a las determinaciones de la nueva normativa, en la forma
establecida en los apartados siguientes.
2. El proceso de renovación se habrá de iniciar en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la
autorización o la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de
procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de
gobierno previstos, respectivamente, en los apartados 2 y 3 del artículo
20 bis de la presente Ley.
3. El proceso de renovación se entenderá ultimado con la constitución de
la Asamblea General y el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, debiendo concluir el mismo en
un plazo máximo de seis meses desde la fecha de su inicio.
4. En tanto no se hayan constituido los nuevos órganos de gobierno
conforme a lo previsto en el presente artículo, el gobierno,
representación, administración y control de la Caja de Ahorros se
ejercerán por los órganos de gobierno vigentes, a los que corresponderá
adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de
las determinaciones impuestas por la nueva normativa.
5. Una vez constituidos los nuevos órganos de gobierno conforme a las
previsiones anteriores, cesarán en sus cargos todos los miembros de los
órganos anteriores, computándose a todos los efectos el período
transcurrido en el ejercicio del mismo como un mandato completo."
CUATRO. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 57 con la
siguiente redacción:
"4. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía tengan
abiertas oficinas en otras Comunidades Autónomas, la representación en la
Asamblea General de los grupos de Corporaciones Municipales e impositores
deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la
cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tenga
abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos."
CINCO. Se modifica el artículo 58, que queda redactado como sigue:
"1. Los Consejeros Generales correspondientes al grupo de las
Corporaciones Municipales en cuyo término tengan oficina abierta las Cajas
de Ahorros serán designados directamente por ellas.
La designación se efectuará por el Pleno de las Corporaciones Municipales
atendiendo a la proporcionalidad con la que estén representados los grupos
políticos integrantes de cada una. En el supuesto de que a una Corporación
Municipal le correspondiese un solo Consejero General, resultará elegido
el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno.
2. Para determinar las Corporaciones Municipales a las que corresponderá
efectuar la designación, así como el número de Consejeros Generales a
designar, se fijará, en primer lugar, el número que corresponde a cada una
de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio tengan oficinas operativas
las Cajas de Ahorros, atribuyéndose aquéllos en proporción a la cifra de
depósitos captados en cada una de ellas.
A tal efecto, el total de depósitos captados en cada Comunidad Autónoma se
dividirá por el total de los depósitos captados por la Caja, y el cociente
resultante se multiplicará por el número total de Consejeros Generales que
corresponda a este grupo, aplicando el proceso de redondeo establecido en
el artículo 45 de la presente Ley, sin que en ningún caso el número total
de Consejeros Generales pueda exceder de los que según los Estatutos de la
Caja correspondan a este grupo.
3. Conocido el número de Consejeros Generales que corresponden a cada
Comunidad Autónoma, se elaborará en cada una de ellas una relación de las
Corporaciones Municipales en las que la Caja de Ahorros tenga oficinas
operativas.
Cada una de las relaciones de Corporaciones Municipales se ordenará de
mayor a menor en función de los depósitos captados en cada municipio.
El total de depósitos captados en cada municipio se dividirá por el total
de los depósitos captados por la Caja en la Comunidad Autónoma respectiva.
Para el cálculo del número de Consejeros Generales que corresponde a cada
Corporación Municipal, el cociente resultante de la operación descrita en
el párrafo anterior se multiplicará por el número total de Consejeros
Generales que corresponda a la Comunidad Autónoma a que pertenezca el
referido Municipio, aplicando el proceso de redondeo establecido en el
artículo 45 de la presente Ley, sin que en ningún caso el número total de
Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales de
cada Comunidad Autónoma pueda exceder del que previamente haya sido
determinado, conforme a las normas antes enunciadas.
4. En ningún caso podrá una misma Corporación tener un número de
Consejeros Generales superior al veinticinco por ciento del total de los
correspondientes a este grupo.
5. De conformidad con el artículo 3.2 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto,
las Corporaciones Municipales que sean fundadoras de Cajas de Ahorros, que
operen total o parcialmente en el mismo ámbito de actuación que otra Caja
de Ahorros, no podrán nombrar Consejeros Generales en esta última.
6. Los Consejeros Generales que no hayan sido asignados a ningún
municipio, según los criterios establecidos en el número 3 de este
artículo y, en su caso, aplicando las limitaciones fijadas en los números
4 y 5 del mismo, se asignarán a las Corporaciones Municipales que no hayan
obtenido ningún Consejero General.
A estos efectos, las Corporaciones Municipales se ordenarán en orden
decreciente, en función de su coeficiente de participación en la cifra de
depósitos captados en cada Comunidad Autónoma, asignándose un Consejero
General a cada una de ellas hasta completar el total de Consejeros que
tengan que asignarse en cada proceso de renovación."
SEIS. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes
términos:
"1. Los Consejeros Generales en representación de los impositores de la
Caja de Ahorros serán elegidos por compromisarios de entre aquellos.
2. Los requisitos e incompatibilidades para ser compromisario serán los
establecidos para ser Consejero General en los artículos 43 y 44 de esta
Ley.
3. Para la elección de compromisarios se confeccionará una lista de
impositores por cada Comunidad Autónoma en la que la Caja de Ahorros tenga
alguna oficina operativa, ordenándose los mismos alfabéticamente. La lista
de impositores estará a disposición del público en todas las sucursales de
la respectiva Comunidad Autónoma.
Los impositores no podrán figurar en las listas mencionadas más que una
sola vez, con independencia del número de cuentas de que pudieran ser
titulares y de que las mismas estén abiertas en oficinas de distintas
Comunidades Autónomas.
4. Al objeto de determinar el número de Consejeros Generales que
designarán los impositores de cada una de las Comunidades Autónomas en que
la Caja de Ahorros tenga oficinas operativas, se ordenarán aquéllas de
mayor a menor en función de los depósitos captados en cada una de ellas.
El total de depósitos captados en cada Comunidad Autónoma se dividirá por
el total de los depósitos captados por la Caja en el territorio nacional.
El cociente resultante se multiplicará por el número total de Consejeros
Generales que corresponda a este grupo, aplicando el proceso de redondeo
establecido en el artículo 45 de la presente Ley, sin que en ningún caso
el número total de Consejeros Generales pueda exceder de los que según los
Estatutos de la Caja correspondan a este grupo.
5. El número total de compromisarios que corresponda a cada Comunidad
Autónoma será el resultado de multiplicar por diez el número de Consejeros
Generales que corresponda a cada una, según las operaciones realizadas
conforme al apartado anterior de este artículo.
6. En la sede social de la entidad se celebrarán, ante notario, los
sorteos públicos para la proclamación de compromisarios de entre los
impositores de cada Comunidad Autónoma en los que la Caja de Ahorros tenga
oficina operativa. A tal efecto la Caja hará pública, con antelación
suficiente, la fecha, hora y lugar en que se hayan de celebrar los
sorteos, estando presente en los mismos el Presidente de la Comisión de
Control de la entidad y un representante de la Consejería de Economía y
Hacienda.
7. Designados los compromisarios, la lista definitiva de los mismos deberá
tener entrada en la Consejería de Economía y Hacienda, al menos veinte
días antes de la votación de los Consejeros Generales. Al mismo tiempo, y
con idéntica antelación, se convocará a los compromisarios al acto de
elección de Consejeros Generales representantes de los impositores,
mediante carta certificada con acuse de recibo, en la cual constará día,
hora y lugar de celebración de la votación, que se celebrará en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma a la que correspondan los
compromisarios.
8. Para la elección de los Consejeros Generales representantes de los
impositores, los compromisarios presentarán candidaturas de entre los
impositores pertenecientes a la respectiva lista. Podrán ser candidatos a
Consejeros Generales por este grupo cualesquiera impositores de la Caja de
Ahorros que reúnan los requisitos previstos en los artículos 43 y 44 de
esta Ley. Podrán proponer candidatos para la elección de Consejeros
Generales por los impositores un número de compromisarios no inferior a
diez.
En votación secreta se procederá a la designación entre los impositores de
los Consejeros Generales que correspondan a este grupo y de un número
igual de suplentes.
Las vacantes que se produzcan entre los Consejeros Generales se cubrirán
con los Consejeros Generales suplentes.
9. La designación de Consejeros Generales en representación de los
impositores se realizará de forma proporcional a los votos obtenidos entre
las distintas candidaturas presentadas, aplicándose el proceso de redondeo
establecido en el artículo 45 de la presente Ley."
SIETE. Se modifica el artículo 60, cuya redacción será la siguiente:
"A los efectos establecidos en los artículos 58 y 59 de esta Ley, los
depósitos captados por la entidad que no tengan adscripción territorial se
repartirán proporcionalmente entre los depósitos captados en cada
Comunidad Autónoma, y dentro de la misma, proporcionalmente entre cada uno
de los municipios en que exista oficina operativa."
OCHO. Se introduce un artículo 76 bis, con la siguiente redacción:
"Artículo 76 bis: Comisión de Retribuciones.
1. De conformidad con la normativa básica, el Consejo de Administración
constituirá en su seno una Comisión de Retribuciones, que tendrá la
función de informar sobre la política general de retribuciones e
incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo. Dicha
Comisión estará formada por un máximo de tres personas, que serán
designadas, de entre sus miembros, por el Consejo de Administración.
2. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones se
regulará en los Estatutos de la Caja y en su propio reglamento interno."
NUEVE. Se introduce un artículo 76 ter, con la siguiente redacción:
"Artículo 76 ter. Comisión de Inversiones.
1. De conformidad con la normativa básica, el Consejo de Administración
constituirá en su seno una Comisión de Inversiones, formada por un máximo
de tres miembros, que tendrá la función de informar al Consejo sobre las
inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe
la Caja de Ahorros, ya sea directamente o a través de entidades de su
mismo grupo, así como la viabilidad financiera de las citadas inversiones
y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad.
2. Los miembros de la citada Comisión de Inversiones serán designados,
atendiendo a su capacidad técnica y experiencia profesional, por el
Consejo de Administración, de entre sus miembros.
3. La Comisión de Inversiones remitirá anualmente al Consejo de
Administración un informe en el que al menos deberá incluirse un resumen
de dichas inversiones. Igualmente se incluirá en el informe anual relación
y sentido de los informes emitidos por la citada Comisión. Este informe
anual se incorporará al informe de gobierno corporativo de la Caja de
Ahorros.
4. Se entenderá como estratégica la adquisición o venta de cualquier
participación significativa de cualquier sociedad cotizada o la
participación en proyectos empresariales con presencia en la gestión o en
sus órganos de gobierno.
5. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones se regulará
en los Estatutos de la Caja y en su propio reglamento interno."
Disposición adicional única. Condonación de la deuda derivada de la tasa
de extinción de incendios forestales por los incendios originados en las
localidades de Minas de Riotinto (Huelva) y Aldeaquemada (Jaén)..
Queda condonada la deuda de los sujetos pasivos derivada de la tasa de
extinción de incendios forestales, por los siguientes siniestros:
- Minas de Riotinto (del 27 al 30 de julio de 2004). En la provincia de
Huelva: en los municipios afectados de Berrocal, El Campillo, Escacena del
Campo, Minas de Riotinto, Nerva, Paterna del Campo y Zalamea la Real. En
la provincia de Sevilla: en los municipios afectados de Aznalcóllar, El
Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, Gerena y Sanlúcar la
Mayor.
- Aldeaquemada (los días 26 y 27 de agosto de 2004). En la provincia de
Jaén: en los municipios afectados de Aldeaquemada, Montizón, Castellar de
Santisteban y Santisteban del Puerto."
Disposición transitoria primera. Suministro de información por los
notarios.
Hasta que se apruebe la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
prevista en el artículo 7 de la presente Ley y se instrumenten los medios
técnicos necesarios para su cumplimiento, no será exigible el suministro
de información por vía telemática previsto en dicho artículo.
Disposición transitoria segunda. Adaptación a la tarifa "G-5 Especial" de
la tasa por servicios portuarios.
La adaptación a los nuevos importes de la tarifa "G-5 Especial" de la tasa
por servicios portuarios establecida en el artículo 12 de la presente Ley,
con las actualizaciones que procedan, se realizará de forma progresiva en
incrementos anuales porcentualmente iguales, en un período de tres años
desde la entrada en vigor de la misma.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos
de subvenciones.
1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la
entrada en vigor de la presente Ley, bien mediante la publicación de la
correspondiente convocatoria, bien a través de la presentación de
instancias en procedimientos de concurrencia no competitiva, les será de
aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
2. Los procedimientos referidos en el apartado anterior que se inicien
durante el plazo de adaptación contemplado en el apartado 1 de la
disposición transitoria cuarta de esta Ley se regirán por la normativa
anterior que les sea de aplicación, salvo que las bases reguladoras de la
subvención ya existentes hayan sido objeto de la necesaria adaptación.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados, los
procedimientos de reintegro derivados del régimen previsto en la presente
Ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de las bases reguladoras de
subvenciones .
1. Con anterioridad al día 18 de febrero de 2005 se procederá a la
adecuación al régimen previsto en el capítulo I del título III de la
presente Ley de todas aquellas bases reguladoras publicadas con
anterioridad a su entrada en vigor.
2. Si en el plazo señalado en el apartado anterior no se procediera a la
adecuación de las bases reguladoras de la subvención, será directamente
aplicable el régimen previsto en la presente Ley.
Disposición transitoria quinta. Actuaciones con incidencia
económico-financiera.Hasta que se aprueben las disposiciones
reglamentarias previstas en el artículo 33 de la presente Ley, se aplicará
la normativa vigente a la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria sexta. Secretaría General de Aguas.
La Secretaría General de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente
continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la determinación
estatutaria de la organización de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua en la que quedará integrada. Hasta entonces, la persona
titular de la Secretaría General de Aguas desempeñará, además, las
funciones que la presente Ley atribuye al Director Gerente de la Agencia.
Disposición transitoria séptima. Adaptación de los Estatutos y Reglamentos
de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía.
Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía deberán acordar la
modificación de sus Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador del
sistema de designación de los órganos de gobierno, para adaptarlos a las
modificaciones introducidas por los apartados cuatro, cinco, seis, siete,
ocho y nueve del artículo 50 de la presente Ley en la Ley 15/1999, de 16
de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. A estos efectos, será de
aplicación el régimen establecido en los artículos 20 y 20 bis de la Ley
de Cajas de Ahorros de Andalucía en la redacción dada por la presente Ley.
La representación de los distintos grupos en la Asamblea General de las
Cajas de Ahorros deberá adaptarse conforme a lo previsto en la disposición
transitoria cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, sin que resulte de
aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, introducido
por la presente Ley.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, expresamente:
- El párrafo tercero del artículo 103, la letra e) del artículo 105 y el
párrafo segundo del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Los artículos 22 a 26 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación
Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a
Entidades de Derecho Público, quedando suprimida la tasa por apertura de
oficinas de farmacia.
- El artículo 124 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas.
- El apartado 1 del artículo 20 del Reglamento General de Tesorería y
Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.
Disposición final primera. Tasas exigibles por los servicios y actividades
realizados en materia de medicamentos.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley no serán de aplicación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que se refiere a la
fabricación de productos sanitarios a medida, las tasas exigibles por los
servicios y actividades realizados en materia de medicamentos, epígrafes
8.11, 8.12 y 8.13 del Grupo VIII del artículo 117.1 de la Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del Medicamento.
Disposición final primera bis. Modificación de la denominación del
Instituto de Fomento de Andalucía.
El Instituto de Fomento de Andalucía, entidad de derecho público con
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley 3/1987, de
13 de abril, pasa a denominarse Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA).
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor y aplicación.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2005 y se
aplicará a los hechos imponibles realizados a partir de dicha fecha.
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