BOPA nº 103, pag. 6212 de la VII Legislatura (09/12/2004)


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7-04/PPL-000006, Proposición de Ley de modificación de la Ley por la que
se modifica la Ley 1/1986, de 20 de enero, Electoral de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista
Calificación favorable, admisión a trámite y remisión al Consejo de
Gobierno, de acuerdo con el artículo 124.2
La Mesa propone a la Junta de Portavoces la adopción de acuerdo para la
tramitación directa y en lectura única ante el Pleno (art. 136.1)
Sesión de la Mesa del Parlamento de 9 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 9 de diciembre de 2004
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía y Andalucista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124
del Reglamento de la Cámara, presentan, para su tramitación directa y en
lectura única ante el Pleno (art. 136 del Reglamento), la siguiente:
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
1/1986, DE 20 DE ENERO, ELECTORAL DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 13.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre la materia relativa a
normas y procedimientos electorales para la constitución de sus
instituciones de autogobierno. Asimismo, el artículo 29 del citado
Estatuto contiene una reserva a favor de la Ley para la regulación de las
causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al
Parlamento de Andalucía.
El largo tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 1/1986, de 2 de
enero, Electoral de Andalucía, sin más modificaciones que las puntuales
llevadas a cabo por las Leyes 5 y 6/1994 y 18/2003, han convertido en
obsoleta la parca regulación que en materia de inelegibilidades e
incompatibilidades (arts. 4 a 6) contenía aquella Ley, sobre todo porque,
lógicamente, en aquellos momentos no podía preverse la actual realidad
institucional de la Junta de Andalucía.
Esta última circunstancia se aborda con la modificación que ahora se
propugna de su artículo 4, que completa los supuestos de inelegibilidad,
materia que en cuanto afecta al acto electoral en su raíz no puede ser
objeto de interpretación extensiva. Es la Ley Electoral quien, respetando
la esencia del derecho de sufragio pasivo garantizado por el artículo 23.2
de la Constitución Española, debe configurar la elegibilidad,
facilitándose así la labor de las Juntas Electorales competentes en la
delimitación de las causas de inelegibilidad establecidas con relación a
quienes ejercen cargos o funciones públicas.
De otra parte, con la profunda modificación que se lleva a cabo del
artículo 6 de la Ley Electoral se desea ante todo afirmar el principio de
que la actividad política, servicio público imprescindible en un sistema
democrático, ha de ser ante todo transparente y ejercida con lealtad a los
intereses generales de la sociedad, preservándola en su gestión de
eventuales interferencias de intereses particulares. Al cumplimiento de
dicha finalidad dedica el citado precepto la amplia regulación del sistema
de incompatibilidades a que se somete en el ejercicio de su actividad al
Diputado del Parlamento de Andalucía que, sin embargo, puede ser
autorizado a seguir desempeñando su actividad profesional pública o
privada previa a su acceso a la Cámara, aunque sin derecho a retribución
con cargo a esta, siempre que dicha actividad no esté comprendida dentro
de las que la propia Ley califica en todo caso como incompatibles.
En fin, es de resaltar, en aras de una mayor transparencia, la regulación
que se realiza en la Ley del Registro de Actividades, Bienes e Intereses
de los Diputados, heredero del Registro de Intereses regulado en el
Reglamento del Parlamento de Andalucía de 1995. Se completa ahora su
contenido, enfatizándose su carácter público y su accesibilidad a través
tanto de su publicación en los boletines oficiales como de internet.
Artículo único. Modificación de los artículos 4 y 6 de la Ley 1/1986, de
20 de enero
Los apartados 3 y 4 del artículo 4 y el artículo 6 de la Ley 1/1986, de 20
de enero, Electoral de Andalucía, quedan redactados en el siguiente
sentido:
"Artículo 4
3. Son, además, inelegibles:
a) El Presidente del Consejo Consultivo, el Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas y el Presidente del Consejo Económico y Social, de Andalucía.
b) Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo y los Consejeros de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
c) El Defensor del Pueblo Andaluz y sus Adjuntos.
d) Los Viceconsejeros, Secretarios Generales con excepción del titular de
la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento, Directores
Generales de las Consejerías, y los equiparados a ellos.
e) El Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Andalucía,
así como los miembros del resto de las Juntas Electorales con competencia
en el proceso electoral andaluz.
f) Los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.
g) El Director General de la Radio y Televisión de Andalucía y los
Directores de sus sociedades filiales.
h) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de los Organismos
Autónomos y de las Entidades de Derecho Público con competencia en todo el
territorio andaluz, salvo que desempeñen tal función en su condición de
Consejero del Gobierno.
i) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nación.
j) Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades
Autónomas.
k) Los miembros de los Consejos de Gobierno de las demás Comunidades
Autónomas, así como los altos cargos de libre designación de los citados
Consejos.
l) Los que ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un
Estado extranjero.
4. No serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas
en el ámbito territorial de su jurisdicción:
a) Los Delegados Provinciales de las Consejerías.
b) Los Directores Provinciales de Organismos Autónomos y Entidades de
Derecho Público de la Junta de Andalucía.
c) Los Directores de los centros territoriales de la Radio y Televisión de
Andalucía.
d) Los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía."
"Artículo 6
1. Todas las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad.
2. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 a), b), c) y d) de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General son incompatibles:
a) Los Diputados del Congreso.
b) Los Diputados del Parlamento Europeo.
c) Los Jefes de los Gabinetes de los miembros del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía.
d) Las Autoridades Portuarias designadas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.e) Los miembros del Consejo de Administración de la Radio y
Televisión de Andalucía.
f) Los Presidentes de los Consejos de Administración, Consejeros,
Administradores, Directores Generales, Gerentes y cargos equivalentes y,
en general, los miembros de órganos unipersonales y colegiados de entes
públicos, cualquiera que sea su denominación, incluidos los entes
descentralizados con personalidad jurídica propia previstos en la
legislación de Régimen Local, consorcios, fundaciones y empresas en los
que sea mayoritaria la representación o participación, directa o
indirecta, del sector público, salvo que desempeñaran tal función en su
condición de Consejero del Gobierno, miembro de Corporación Local, o su
elección o designación corresponda directamente al Parlamento de
Andalucía. No obstante lo anterior, la Cámara podrá compatibilizar la
actividad parlamentaria con el ejercicio de funciones públicas
honoríficas, de carácter excepcional y por tiempo limitado.
g) Los cargos mencionados en la letra anterior de entidades de crédito o
aseguradoras o de cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto
fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al
crédito, con la excepción de los miembros de las Asambleas Generales de
las Cajas de Ahorro que sean elegidos por el Parlamento de Andalucía.
3. Los Diputados del Parlamento de Andalucía no podrán percibir más de una
retribución con cargo a los Presupuestos de los Órganos Constitucionales o
de las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entes públicos
y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria,
sin perjuicio de las dietas y gastos de desplazamiento que en cada caso
correspondan por los puestos que pudieran ser declarados compatibles, sin
que éstas puedan superar el 10 por 100 en cómputo anual de las
percepciones que como retribución fija y periódica devenguen como
Diputados del Parlamento de Andalucía.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los altos cargos que
ostenten la condición de Diputado, quienes en ningún caso podrán percibir
retribución o percepción de cantidad alguna que por cualquier concepto
pudieran corresponderles por su condición de Diputado.
Así mismo son incompatibles las retribuciones como Diputado con la
percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de
Seguridad Social público y obligatorio, debiendo optar el Diputado entre
una y otra, llegado el caso.
4. El mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía es en todo caso
incompatible con la realización de las conductas siguientes:
a) Las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante
cualesquiera organismos o empresas del sector público estatal, autonómico
o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten
directamente a la realización de algún servicio público o que estén
encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan
las actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido
realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales
cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en
una ley o reglamento de carácter general.
b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros
y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de
organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local, o el
desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección,
representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o
empresas que se dediquen a dichas actividades.
c) La prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole,
con titularidad individual o compartida, en favor de organismos o empresas
del sector público estatal, autonómico o local.
d) La participación superior al 10 por 100, adquirida en todo o en parte
con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo que fuere
por herencia, en empresas o sociedades que tengan contratos de obras,
servicios, suministros o, en general, cualesquiera otros que se paguen con
fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o
local.
e) La prestación de servicios en entidades de crédito o aseguradoras o en
cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente
financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito.
f) Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean
incompatibles con la dedicación y las obligaciones parlamentarias
contenidas en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.
5. De la prohibición de ejercicio de actividades públicas y privadas, se
exceptúan las siguientes:
a) La mera administración del patrimonio personal o familiar. Sin embargo,
en ningún caso tendrán esta consideración las actividades privadas cuando
el interesado, su cónyuge o persona vinculada a aquél en análoga relación
de convivencia afectiva y descendientes menores de edad, conjunta o
separadamente, tengan participación superior al 10 por 100 en actividades
empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos,
concesiones o contratos con organismos o empresas del sector público
estatal, autonómico o local.
b) La colaboración en el seno de la Universidad, por los parlamentarios
que reúnan la condición de profesores universitarios, en actividades a
tiempo parcial de docencia o investigación, que no afecten a la dirección
y control de los servicios.
c) La producción y creación literaria, científica, artística o técnica,
así como las publicaciones derivadas de ellas siempre que no se incurra en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad antes señalados.
6. El ejercicio por el Diputado de su actividad profesional pública o
privada, que en todo caso no deberá estar comprendida en el apartado 4
anterior, podrá ser autorizado por la Comisión del Estatuto de los
Diputados del Parlamento de Andalucía, previa petición expresa de los
interesados, e implicará que no reciba las retribuciones fijas y
periódicas establecidas para el resto de los miembros de la Cámara, sin
perjuicio de que puedan percibirse las ayudas e indemnizaciones por
gastos, necesarias para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones.
La solicitud y la autorización que se conceda se inscribirán en el
correspondiente Registro de Actividades, Bienes e Intereses.
7. Los Diputados, con arreglo a lo que determine el Reglamento de la
Cámara, estarán obligados a formular declaración de todas las actividades
que puedan constituir causas de incompatibilidad conforme a lo establecido
en esta Ley y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o
puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes
patrimoniales, intereses y retribuciones íntegras que puedan percibir por
el desempeño de actividades compatibles, tanto al adquirir como al perder
su condición de parlamentarios, así como cuando se modifiquen sus
circunstancias.
Las declaraciones sobre actividades y bienes e intereses se formularán por
separado conforme a los modelos que apruebe la Mesa de la Cámara y pasarán
a formar parte de un Registro de Actividades, Bienes e Intereses,
constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de su Presidente, a
los efectos del presente artículo y a los que determine el Reglamento de
la Cámara.
La declaración de actividades incluirá:
a) Cualesquiera actividades que se ejercieran y que puedan constituir
causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley.
b) Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio compatible.
c) En general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan
proporcionar ingresos económicos.
El Registro de Actividades, Bienes e Intereses tendrá carácter público. El
contenido de las declaraciones inscritas en este registro se publicará en
el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, y estará disponible en internet.
La instrucción y la resolución de todos los procedimientos relativos al
mencionado Registro y a las actividades de los Diputados corresponderán a
los órganos parlamentarios que determine el Reglamento de la Cámara.
La resolución sobre supuestos de posible incompatibilidad de los Diputados
corresponde al Pleno, siguiendo el procedimiento y con los efectos
establecidos en el Reglamento de la Cámara.
Declarada por el Pleno la reiteración o continuidad en las actividades a
que se refiere el apartado a) o en la prestación de servicios a que alude
el apartado c) del número 5 de este artículo, la realización ulterior de
las actividades o servicios indicados llevará consigo la renuncia al
escaño, a lo que se dará efectividad en la forma que determine el
Reglamento de la Cámara."
Disposición final.
El régimen de inelegibilidades e incompatibilidades dispuesto en la
presente Ley será de aplicación a partir del primer proceso de elecciones
al Parlamento de Andalucía que se convoque con posterioridad a su entrada
en vigor.
Sevilla, 9 diciembre de 2004.
Los Portavoces del los GG.PP. Socialista,
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía y Andalucista.
Manuel Gracia Navarro,
Concepción Caballero Cubillo y
José Calvo Poyato.