BOPA nº 316, pag. 18144 de la VII Legislatura (09/11/2005)


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7-05/PL-000005, Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2006
Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas a la
totalidad con propuesta de devolución presentadas por los GG.PP. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Popular de Andalucía y
Andalucista
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de 8
de noviembre de 2005
Orden de publicación de 8 de noviembre de 2005
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 110 y 130 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año
2006 ha significado una nueva oportunidad para el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de realizar un giro social y ecológico en las
políticas que viene desarrollando. Asimismo, la aplicación de partidas de
ingresos extraordinarias, como los 900 millones de euros no gastados en el
ejercicio anterior de 2005 pese a haber sido abonados por el Gobierno
central como consecuencia de la liquidación de la aplicación del nuevo
sistema de financiación autonómica de los ejercicios 1997 a 2001, 173
millones para la financiación del déficit sanitario, cambio de aportación
de los anticipos a cuenta por la previsión de recaudación de los impuestos
cedidos gestionados por el Estado, etc., creaban la expectativa de una
situación presupuestaria en cuanto a los ingresos que podían contribuir en
mejores condiciones dicho cambio de modelo económico en Andalucía. Lo
cierto es que le ha faltado voluntad política al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía para reivindicar al Gobierno central más ingresos, como
el derivado de la Deuda Histórica, que sigue sin siquiera un anticipo a
cuenta, y de utilizar esta ocasión en el sentido del giro social y
ecológico, y por tanto han creado una profunda decepción en los andaluces
y andaluzas, que depositaron su voto de izquierdas en las pasadas
elecciones.
El continuismo de este Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de
Andalucía para 2006 significa que desde el Gobierno andaluz se apuesta por
seguir la estrategia de instalarse en el campo de los globalizadores,
aunque sea en cuarta fila. Es lo que llaman la segunda modernización de
Andalucía. Dicho continuismo es invocado por el Consejo de Gobierno como
lo más recomendable en aras de la bondad de un modelo económico basado en
el crecimiento de la productividad por la vía de la cualificación del
factor humano, del factor físico y del factor tecnológico, y no por la vía
de la permanente reducción de los costes laborales, y sin embargo esto no
se corresponde con la realidad de la matemática presupuestaria. Por el
contrario, este Presupuesto persigue crecer económicamente, a costa de
supeditar a este objetivo determinados valores como son la calidad de
empleo y condiciones de vida que afectan directamente a los trabajadores,
y los servicios sociales de proximidad, y mantiene un modelo de economía
andaluza que se caracteriza por su debilidad, derivada de su dependencia
financiera y energética, y una estructura productiva basada en la
construcción y el turismo y otros servicios de escaso valor añadido. Este
Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2006 no
sirve para superar esta situación, y es heredero de una dependencia
sustancial de las transferencias del Estado y de la Unión Europea, sin
abordar siquiera el cambio de modelo de financiación.
Esta contumacia gubernamental se produce en una coyuntura difícilmente
repetible, pues se prevé que en próximos ejercicios asistamos al comienzo
de una nueva fase menos expansiva de nuestras posibilidades
presupuestarias, coincidente con un contexto global, europeo y español que
preanuncia nubarrones derivados del incremento del precio del petróleo,
del enfriamiento económico generado por el incremento de los tipos de
interés, de la presión inflacionista, y de la previsible reducción de las
ayudas europeas para próximos ejercicios. De hecho ya se empieza a acusar
el cansancio del modelo en datos como la reducción de la capacidad de
ahorro. Este Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para
2006 es poco previsor, precisamente por no acometer las reformas
estructurales necesarias para encarar lo que se avecina.
Así, junto al objetivo sólo parcialmente conseguido de mejorar las cuentas
deficitarias de la sanidad pública y de introducir mejoras en la educación
arrancadas por la presión popular, como son la gratuidad de los libros de
texto, que se empezará a aplicar sólo a medias, y la mejora de
determinados centros educativos. En el Presupuesto se incluyen unas
partidas insuficientes para la inversión en energías renovables, cuya
implantación sería clave para determinar el cambio hacia un modelo
económico menos dependiente; e incluso la tan cacareada introducción de
las nuevas tecnologías y de la investigación ligada a la producción tienen
una dedicación presupuestaria muy insuficiente, pese a ser una partida que
más crece; y, sobre todo, se postergan los intereses directos de los
trabajadores y de los Ayuntamientos, que son los menos beneficiados con
este Presupuesto.
Este Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2006 es
insuficientemente social, pues no va a propiciar la calidad de vida y
empleo de los trabajadores, por varios motivos: porque seguimos teniendo
un enorme diferencial de parados y paradas, y de empleo precario del
Estado y de la Unión Europea; porque mantiene una fiscalidad regresiva,
con grandes beneficios fiscales para las rentas más altas; porque
consolida la tendencia a la apertura del abanico de rentas propiciada por
la desigual incidencia de la inflación, más lesivas para las rentas más
bajas; porque el incremento de la productividad se realiza
fundamentalmente en base al incremento de la jornada laboral y a la
moderación salarial, sobre todo de los trabajadores precarios y
clandestinos, que son un elevado porcentaje del conjunto de los
trabajadores y trabajadoras andaluces; porque las políticas de
intermediación se realizan aún con estructuras excesivamente
burocratizadas y clientelares; porque las políticas de administración
laboral buscan más la paz social que la potenciación de un modelo
garantista de los derechos de los trabajadores; porque los medios con que
contará la inspección de trabajo y los demás mecanismos de la prevención y
control de los riesgos laborales seguirán siendo insuficientes, y no
existe compromiso para crear en 2006 el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales; porque los servicios sociales seguirán sin ser un
derecho universal reconocido para todos los ciudadanos en situación de
dependencia, de maltrato de género, de exclusión social o de pobreza,
servido por una red pública, y seguirán estando gestionadas por
voluntarios, asociaciones, fundaciones o empresas; se sigue mantiene una
atención marginal a los derechos de los consumidores.
Por el contrario, se observa en este Proyecto de Ley del Presupuesto de la
Junta de Andalucía para 2006 (PJA 2006) una preocupación central en
atender la demanda empresarial de inyectar el dinero público en el
circuito privado de la economía, tanto en el modelo de gestión de las
consejerías escorada hacia la derivación de la gestión de las competencias
de las consejerías hacia un sector público que carece de un estatuto que
garantice la transparencia y el control público de las empresas públicas,
fundaciones, consorcios u otros entes, y hacia la externalización de las
mismas directamente hacia sociedades mercantiles, como en la multiplicidad
de partidas destinadas a subvencionar al mundo empresarial.
Tampoco es suficientemente ecológico este PJA 2006, pues se produce un
retroceso en la fiscalidad ecológica, se desatiende la protección de las
costas y de los espacios verdes o agrícolas de las áreas metropolitanas,
con una insignificante dedicación presupuestaria a la ordenación del
territorio, mientras que las previsiones en materia de vivienda y
urbanismo incrementan más el porcentaje de construcción de vivienda
privada que la pública. Junto a ello, las inversiones públicas en
infraestructuras siguen ocupando una parcela menor del PJA 2006, que se
dedica en buena parte a consolidar la red de autovías, y que habiendo
iniciado la fase de crear una red ferroviaria, lo hace priorizando las
inversiones de la alta velocidad.
Este PJA 2006 no es solidario con los pueblos que padecen las
consecuencias de la economía globalizada, pues eleva de forma testimonial
hasta un 0'21% la partida destina a la cooperación al desarrollo, en la
perspectiva de llegar al 0'35% en el 2008, cuando existe un compromiso de
estar ya en el 0'7%. Andalucía juega un papel muy negativo en las
coordenadas geopolíticas en que se sitúa, teniendo que hacer de frontera o
muro de contención de la salida desesperada de inmigrantes expulsados por
el hambre y la intransigencia política desde sus países.
El vigente Estatuto de Andalucía establece la obligación de los poderes
públicos de intervenir en la economía andaluza para erradicar las
desigualdades sociales y territoriales. Pero las desigualdades siguen
existiendo e incluso ahondándose entre unas comarcas y otras, entre unos
municipios y otros de Andalucía. La financiación de los ayuntamientos
sigue manteniéndose bajo mínimos, sin pacto local, y con un frenazo a la
política que tímidamente se inició en el pasado ejercicio de destinar
cantidades más importantes para nivelar la capacidad financiera de los
ayuntamientos andaluces.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía propone la devolución de este Proyecto de Ley
del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2006 porque no es éste el
Presupuesto que Andalucía necesita para avanzar en torno a un modelo de
desarrollo sostenible y para acabar con las desigualdades territoriales y
sociales actuales.
Parlamento de Andalucía, 4 de noviembre de 2005.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Popular de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los
artículos 110 y 130 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma 2006 es conservador y
engañoso, carece de las reformas necesarias, no resuelve los
desequilibrios económicos, territoriales y sociales de nuestra tierra,
persiste en un modelo de desarrollo agotado y desigual y no atiende a las
necesidades más acuciantes y retos de la economía y la sociedad andaluza.
El cuadro macroeconómico no tiene en cuenta una inflación que puede acabar
el año con un 4 % -según estimaciones del propio Gobierno central-, un
déficit exterior galopante y una más que previsible subida de los tipos de
interés que, de confirmarse, agravaría aún más nuestra competitividad y el
crecimiento previsto por el Ejecutivo andaluz.
El Gobierno andaluz continúa con los mismos objetivos, las mismas
políticas de dudosa ejecución y los resultados mediocres de siempre,
cuestiones que impiden un crecimiento suficiente y la creación de empleo
necesario y de calidad. Enarbolar que Andalucía crece más que la media
cuando no conseguimos corregir nuestras diferencias con otros territorios
más desarrollados es un mensaje conservador y propio de una mentalidad
anclada en el subdesarrollo. Sin un proyecto económico ambicioso y en este
contexto de crecimiento insuficiente, muy condicionado por la debilidad de
su estructura productiva, la economía andaluza tendrá muchas dificultades
para salvar la brecha que aún la separa en desarrollo con la Unión Europea.
El Proyecto de Presupuesto 2006 persiste en esa segunda modernización de
nunca acabar, en coherencia con una Andalucía donde nada se quiere cambiar
y nada se pretende mover. Sus objetivos chocan con una realidad distinta
solo maquillada por una publicidad engañosa que cuesta más de diecisiete
millones de euros. El proceso de convergencia nominal es lento y Andalucía
sigue ocupando el penúltimo lugar en el ranking de las Comunidades
Autónomas en términos de PIB por habitante con respecto a España (siete
provincias andaluzas entre las más pobres del país en renta familiar
disponible) y no sale del furgón de cola de las regiones europeas, a pesar
del efecto estadístico que supone la incorporación de regiones más pobres
con la ampliación de la Unión Europea (INE 74% UE-25). Ha perdido tres
puestos con respecto a la penúltima estadística de Eurostat, pasando al
número 201 del ranking de las 251 regiones en términos de PIB por
habitante.
Las cuentas andaluzas siguen planteando entre sus prioridades, después de
tanto tiempo, el impulso de unos servicios públicos de calidad, cuando
mantiene una educación cuestionada por los profesionales y las familias,
una sanidad en entredicho por sus carencias asistenciales y un apoyo a las
familias que no corrige las desigualdades. Pretenden fomentar una Sistema
de Investigación, Desarrollo e Innovación (investigación que mantiene
resultados mediocres) sin aportar más financiación y más eficiencia y
proyectan crear un empleo, a todas luces insuficiente y de baja calidad.
Andalucía, con 13,54% de paro, mantiene la segunda tasa de desempleo por
comunidad autónoma después de Extremadura (15,24%) según la última EPA.
Las provincias andaluzas de Huelva (17,07%), Cádiz (15,78%), Jaén
(15,72%), Córdoba (15,63%), Sevilla (14,38%) y Granada (12,42%), entre las
10 con mayor tasa de paro de España. La tasa de paro femenino alcanza un
19,50%, mientras que la media nacional es de 11,19% (ocho puntos más). La
tasa de actividad se sitúa en un 54,24%, 3,19 puntos menos que la media
española. A ello añadir los problemas especialmente relevantes de
precariedad, temporalidad, siniestralidad y los incumplimientos en materia
de prevención de riesgos laborales.
Este es un Proyecto complaciente con ciertas tendencias de despilfarro en
el gasto y excesivas servidumbres, injerencias políticas y administrativas
que desincentivan la iniciativa privada, que incrementa su carácter
intervencionista en detrimento de una sociedad mermada por el peso de un
sector público cada vez más desproporcionado, costoso y descontrolado.
Estas son unas cuentas que no generan confianza en una sociedad que
necesita ser más competitiva y abierta, que no mejoran la definición de
las políticas y su aplicación más eficaz. Es un presupuesto fácil de
gastar y difícil de mejorar para un Gobierno lleno de incertidumbres y
descoordinado que no repara en la urgencia de los tiempos y la necesidad
de crear espacios de libertad que generen más y mejores empresas, más y
mejores empleos.
Igual que en ejercicios anteriores, este Presupuesto es "papel mojado",
sus números carecen del rigor y la transparencia necesaria, ya que lo que
se aprueba no tiene nada que ver con lo que se gasta debido al abuso de
las modificaciones presupuestarias, se sigue sin reconocer la carga que
para el presupuesto tiene el aplazamiento de gastos devengados en
ejercicios anteriores y los niveles de ejecución real difieren al final de
año de manera notable, lo que pone en duda la credibilidad de la política
económica.
Por otro lado, insistir en la dificultad del análisis de este Presupuesto
que afecta también al Capítulo de Transferencias, ya que éstas no aparecen
diferenciadas de las subvenciones. Además, se mantiene una indefinición
conceptual clara con las Transferencias de Capital, lo que provoca que el
gasto corriente sea contabilizado como Transferencias de Capital, inflando
excesivamente éstas últimas que, por otra parte, crecen significativamente
a costa de las Inversiones Reales.
El Estado de Ingresos contempla 120,2 millones de euros de dudoso cobro en
el Servicio 07, con cargo a la Disposición Adicional Segunda, ya que
carece de contrapartida en los Presupuestos Generales del Estado para 2006
y cuyos importes se destinan: 16 millones de euros a inversiones en todas
las universidades; 24 millones de euros en actuaciones en materia de
vivienda, infraestructura y transportes; 13 millones de euros en
adecuación de edificaciones de mapa de educación infantil, primaria y
secundaria; 9 millones de euros en centros de drogodependientes, centros
de servicios sociales especializados, centros de menores y servicios
sociales; 9 millones de euros en materia hidráulica, y 48 millones de
euros en nuevos centros, equipamientos y reposición de mobiliario clínico
y enseres del Servicio Andaluz de Salud. Estas obligaciones contraídas con
cargo a la Deuda Histórica desaparecerán si ésta no se recibe, dado que no
se reclama ni exige ahora al Gobierno central, rectificando así el
compromiso con su defensa y lealtad al Estatuto de Andalucía.
La Comunidad Autónoma carece de autonomía financiera, sigue dependiendo en
un 57% de otras Administraciones (Estado y Europa) desde el punto de vista
de Ingresos, lo que pone en evidencia la debilidad de la estructura de
ingresos y la amenaza que supone para el Presupuesto andaluz los posibles
recortes de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica propiciada por la
propuesta insolidaria del nacionalismo socialista, que podría reducir a la
mitad los ingresos andaluces, y una disminución aproximada de 4.000
millones de euros, si no se remedia, de los Fondos procedentes de Europa
atendiendo a la negociación de las Perspectivas Financieras 2007-2013.
Unos fondos sin los cuales el crecimiento en Andalucía no sería posible.
El Estado de Gasto mantiene la misma estructura y la misma orientación en
la distribución de las políticas. Las políticas de fomento siguen sin
ganar peso en un Presupuesto donde lo importante es seguir gastando más en
vez de gestionar mejor. Las políticas de fomento mantienen un papel
discreto en el crecimiento del Presupuesto. Hay que poner de manifiesto el
aumento considerable de ciertas partidas de gasto corriente y su carácter
incrementalista. Un gasto corriente que vuelve a crecer muy por encima del
PIB y unas Operaciones de Capital que crecen cinco puntos menos que el año
pasado, a pesar de contar con el incremento que experimentan los ingresos
por impuestos, la incorporación de 900 millones de la Liquidación del
Sistema de Financiación Autonómica 1997-2001 y el recurso al artificio
contable de incluir partidas que, por su propia naturaleza, deberían
figurar en el Capítulo de Gastos de Bienes Corrientes y Servicios.
Ante la afirmación de que este Presupuesto incrementa su compromiso
social, cabe poner de manifiesto los innumerables déficit de gestión que
cuestionan la calidad de los servicios prestados, como ocurre con el
fracaso escolar ocultado por la propia Consejería, listas de espera
interminables, urgencias masificadas, problemas en la Atención Primaria,
dificultad para el acceso a las residencias de mayores o una política de
la vivienda alejada de los jóvenes, mayores y más necesitados.
Por otra parte, este Presupuesto confirma el fracaso e incumplimiento del
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, que, junto al
retraso hasta 2020 de muchas otras infraestructuras de comunicación,
supone un alto coste de oportunidad para la vertebración, cohesión social,
desarrollo y competitividad de nuestra tierra.
Resulta de nuevo preocupante la apuesta de este Gobierno por ampliar la
presencia de un sector público cada vez menos justificado en detrimento de
una iniciativa privada necesitada de entornos más favorables y menos
intervenidos, dañinos y farragosos.
Las transferencias a las empresas públicas, entes de Derecho Público,
consorcios y fundaciones suman un total de 2197,7 millones de euros,
incrementándose en 941 millones de euros con respecto a 2005, un 74.9 %
más en un solo ejercicio. Unas empresas públicas que según el último
informe de la Cámara de Cuentas acumulan unas pérdidas de más de
seiscientos millones de euros.
Por otro lado, el Presupuesto persiste un año más en el antimunicipalismo.
En este caso, resulta significativa la indolencia del Gobierno hacia las
propuestas de la FAMP de destinar a los municipios el 5% del Presupuesto,
que supondrían 1.370 millones de euros, y el incumplimiento de las
resoluciones del Parlamento. El Fondo de Nivelación de Servicios
Municipales es de 89 millones de euros, sólo 9'6 millones más que el año
anterior, lo que representa un 0'32% del total del Presupuesto de este
año, porcentaje congelado durante varios años. Se vuelve a olvidar la
financiación incondicionada a través de este fondo y, sobre todo, de las
necesidades reales de los ayuntamientos, que además tienen que asumir
servicios impropios e incluso construir centros de salud o centros
hospitalarios de alta resolución, competencia de la Junta de Andalucía.
El total del Plan de Cooperación Municipal para este año es de 983
millones de euros, se ha incrementado en 54 millones de euros, la mitad de
lo que aumentó el año pasado, que lo hizo en un 15'8%. Es lamentable que
la Junta destine de todo el Presupuesto sólo un 3'59% a la financiación
municipal, pese a que el incremento total del Presupuesto de este año con
respecto al anterior es de un 12%, el año pasado fue de un 3'8 %, con un
incremento total del Presupuesto del 10'3%. Por lo que en puntos
porcentuales, la política municipal ha perdido casi diecisiete puntos de
peso presupuestario en un año.
Un Presupuesto que sigue favoreciendo la discriminación en las
subvenciones y el mantenimiento de ayudas sujetas a una gran
discrecionalidad. Estas circunstancias agravan la situación de los
ayuntamientos al permitir el otorgamiento de unas subvenciones sin cumplir
la transparencia exigible y no respetar los principios de igualdad,
publicidad, objetividad, manifestando con ello un bajo nivel de eficiencia
y eficacia en la gestión del gasto público.
El Presupuesto de gastos fiscales vuelve a excluir a las familias y a los
emprendedores renunciando así a la aplicación de la capacidad normativa
tantas veces exigida. Esta renuncia acentúa la desventaja competitiva de
Andalucía respecto a otras Comunidades Autónomas en materia de impuestos
(IRPF, Sucesiones). Por otra parte, se incumple la promesa del Presidente
de la Junta de Andalucía en el Discurso de Investidura de eximir del pago
del tramo autonómico del IRPF a 700.000 andaluces con rentas inferiores a
12.000 euros.
En conclusión, el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía 2006 es conservador y engañoso, no afronta las reformas
necesarias, ni se plantea la eficacia y la calidad en la gestión, ni
rebaja los impuestos, ni sirve para intentar corregir ninguno de los
grandes problemas que tiene planteado nuestra tierra. Unas cuentas que
desde la publicidad intentan maquillar la falta de proyecto. Un
Presupuesto que no repara, en definitiva, en el preocupante deterioro de
nuestra competitividad, falto de ambición para encarar un futuro muy
complejo y lleno de incertidumbres financieras desde la UE y el
insolidario nacionalismo socialista.
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2005.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS
El G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en los artículos 110 y 130
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
Enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2006 debe ser la herramienta fundamental sobre la que pivote
la acción política del Gobierno. La Ley de Presupuestos no debe ser una
mera consignación económica de cantidades, sino el documento que exprese
el camino a seguir, debe ser la hoja de ruta que marca las decisiones
estratégicas que garanticen el desarrollo y el progreso de Andalucía y,
por ende, el bienestar de los andaluces y andaluzas.
La economía andaluza continúa teniendo, en estos momentos, importantes
problemas como la inversión en formación y tecnología, la productividad,
la balanza de pagos, el déficit energético y la inflación. A lo que se
suma una situación estructuralmente débil, ya que el motor del crecimiento
es el consumo y el endeudamiento de los ciudadanos. Los únicos sectores
más dinámicos son la construcción y el turismo. Todo ello en un momento
político en el que, además, se están bipolarizando los centros de decisión
económica y en los que asistimos a la pérdida de poder de decisión de
Andalucía en el conjunto del Estado.
Por poner ejemplos significativos, a pesar de hallarnos coyunturalmente en
una situación económica de crecimiento; en Andalucía el PIB andaluz per
cápita sigue siendo el más bajo de España: 14.361,47 euros frente a
18.475,30 euros de media en el resto del Estado; la tasa de ocupación es
del 44,51% cuando la media alcanza el 49,77%, los datos revelan que
seguimos lejos de equipararnos al bienestar de otros pueblos de nuestro
entorno. Informes y estudios económicos sitúan a Andalucía en este año
2005 en el último lugar del Estado en la renta familiar disponible y a
siete de las ocho provincias andaluzas entre las más pobres de España.En
este sentido, los Presupuestos del Gobierno de Andalucía para 2006
renuncian a la convergencia, ya que no apuestan por solucionar los
problemas estructurales y económicos que tiene hoy día nuestra tierra,
perdiendo con ello una oportunidad para construir la Andalucía del siglo
XXI.
Unos Presupuestos que no tienen entre sus prioridades la cohesión
territorial y que vienen a ahondar aún más en el crecimiento
desequilibrado entre la Andalucía del interior y la del litoral, con
fuertes desajustes demográficos que precisan de una intervención directa y
clara.
Unos Presupuestos que carecen de aquellos objetivos económicos
prioritarios de inversión y de planificación para la corrección de la
situación de debilidad de la economía andaluza, que no incrementan la
inversión en infraestructuras, que no contribuyen a aumentar la
productividad, que no fomentan el ahorro y la inversión, que no apuestan
por sectores estratégicos, ni por la concentración industrial, ni por la
potenciación de sectores netamente productivos y exportadores. Unos
Presupuestos que carecen de impulso en sectores fundamentales como la
educación, la formación y el I+D+I.
Los Presupuestos plantean, además, la Deuda Histórica como una ficción que
va camino de ser eterna. Se apunta como ingreso procedente de las
transferencias del Estado cuando no existe ninguna cuantificación sobre
ella en los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Además, se
vinculan a esos ingresos partidas para la realización de proyectos que no
podrán ejecutarse.
Tampoco abordan estos Presupuestos la financiación de las corporaciones
locales, el impulso al Pacto Local como un objetivo y una prioridad clara
y necesaria, lo que continúa incidiendo en el endeudamiento como
herramienta de crecimiento y ahondando por tanto en los problemas
estructurales de la economía andaluza. Estos Presupuestos siguen haciendo
dejación en la ejecución de políticas que le corresponden al Gobierno
autonómico y que, sin embargo, han de continuar desarrollando los
ayuntamientos a pesar de no contar con la suficiencia de financiación que
ello requiere, convirtiendo lo que puede ser una vía de solución de
problemas en un mal endémico.
Unos Presupuestos, en definitiva, que renuncian a que Andalucía sea una
Comunidad líder en España y converja con la Unión Europea, que no
garantizan las mayores cuotas de autonomía ni son capaces de crear riqueza
respetando nuestro entorno. Presupuestos que no consolidan la unidad y la
cohesión territorial de Andalucía, que no tienen como objetivo la creación
de empleo estable ni la igualdad ni la cohesión social.
Por todo ello, el G.P. Andalucista propone la devolución al Gobierno del
Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2006, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2005.
La Portavoz adjunta del G.P. Andalucista,
Pilar González Modino.