BOPA nº 518, pag. 28717 de la VII Legislatura (29/09/2006)


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7-06/PL-000006, Proyecto de Ley sobre potestades administrativas en
materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios
de Andalucía
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Coordinación
Orden de publicación de 27 de septiembre de 2006
A LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
La Ponencia constituida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1
del Reglamento del Parlamento de Andalucía, para la tramitación del
Proyecto de Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades
de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, integrada
por los Diputados D. Eduardo Bohórquez Leiva, Dña. Aranzazu Martín Moya
(sustituida en la sesión por Dña. Carolina González Vigo), D. José Manuel
Mariscal Cifuentes y Dña. Pilar González Modino (ausente), ha aprobado, en
sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2006, el siguiente
INFORME
1. La Ponencia propone a la Comisión la aceptación de las enmiendas
números 1, 2, 3, 4 y 5, todas ellas presentadas por el G.P. Socialista.
2. El señor Bohórquez Leiva expresa que, respecto de determinadas
enmiendas presentadas por los GG.PP. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía, Andalucista y Popular de Andalucía, su
postura contraria a la propuesta de aceptación a la Comisión se basa en
que, a su juicio, es preciso un análisis más detallado de las mismas.
3. Como Anexo se acompaña el texto resultante de la incorporación al
Proyecto de Ley de las modificaciones que la Ponencia propone a la
Comisión en el presente informe.
ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY SOBRE POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES
DE OCIO EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El ocio en los núcleos urbanos de Andalucía ha experimentado en los
últimos años una nueva expresión que no depende, en la mayoría de los
casos, de la oferta de ocio que representan los establecimientos públicos
destinados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de
actividades recreativas. Se trata de la concurrencia o concentración de
personas, en determinados espacios abiertos de las ciudades, para beber,
hablar entre ellos y escuchar música, entre otras actividades. Esta nueva
forma de interrelación grupal trae consigo unas consecuencias que entran
en colisión con otros derechos del resto de la ciudadanía. Es evidente que
tales concentraciones conllevan, de una parte, la ingesta de importantes
cantidades de bebidas alcohólicas y otros hábitos poco saludables y, de
otra, un indeseable impacto acústico en esas zonas de viviendas, lo que,
junto a otros problemas, incide negativamente en el normal desarrollo de
la convivencia ciudadana, así como en la salud e integridad física de las
personas.
La habilitación de espacios, bien comunicados mediante transporte público,
en áreas en las que no se entre en conflicto con las necesidades e
intereses de otros colectivos de ciudadanos y ciudadanas puede avalar la
aplicación de medidas encaminadas a eludir ruidos, suciedad y un abusivo
consumo de alcohol.
La materia que pretende ordenar la presente ley no es la de este fenómeno
en su extensión global o integral. Esta norma se circunscribe a regular un
solo aspecto, el de evitar las desfavorables repercusiones de estas nuevas
manifestaciones del ocio que afectan a la normal convivencia en las
ciudades, facultando a las Corporaciones Locales para la adopción de
controles administrativos en orden a que el nuevo modo de relación de este
segmento de la ciudadanía que opta por esta forma de ocio se desarrolle
adecuadamente. En tal sentido, y bajo el absoluto respeto de la autonomía
municipal, la ley establece un elenco de medidas legales correctoras para
que el desarrollo de las nuevas manifestaciones de interrelación social de
un sector de la ciudadanía andaluza se desarrolle en su más alto nivel de
convivencia democrática.
Por ello, esta ley trata de poner las bases y principios generales de una
particular ordenación de ciertas formas de ocio sin que se cercene ningún
tipo de aspiraciones de relación entre sus miembros, pero que al propio
tiempo se pueda conjugar en función de cada realidad municipal con los
inalienables derechos a la intimidad y tranquilidad de los vecinos de los
pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Autónoma.
II
El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma,
entre otras, competencia en materia de deporte y ocio (artículo 13.31),
régimen local (artículo 13.3), urbanismo (artículo 13.8), promoción y
ordenación del turismo (artículo 13.17), sanidad e higiene (artículo
13.21), promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones (artículo 13.26), promoción de actividades y servicios de la
juventud y la tercera edad (artículo 13.30), espectáculos, sin perjuicio
de las normas del Estado (artículo 13.32), medio ambiente (artículo
15.1.7ª), fomento y planificación de la actividad económica (artículo
18.1.1ª), comercio interior (artículo 18.1.6ª) y defensa del consumidor y
usuario (artículo 18.1.6ª).
En ejercicio de las mencionadas competencias, mediante la presente ley se
ordena el marco competencial de los municipios en materia sancionadora y
se les dota de los medios jurídicos necesarios para regular y controlar
las actividades de ocio en espacios abiertos de los núcleos urbanos y
combatir los efectos perniciosos y situaciones abusivas originadas como
consecuencia de la extralimitación en el desarrollo de tales actividades
respecto de la pacífica convivencia ciudadana.CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto la ordenación de potestades
administrativas relacionadas con el desarrollo de las actividades de ocio
en los espacios abiertos de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de la
convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas incompatibles con
la normal utilización de los espacios abiertos de los núcleos urbanos.
2. A estos efectos, se entiende por actividad de ocio toda distracción que
consista en la permanencia y concentración de personas en espacios
abiertos del término municipal, que se reúnan para mantener relaciones
sociales entre ellas, mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo.
3. Se entenderá, a efectos de esta ley, por espacio abierto toda vía
pública, zona o área al aire libre del correspondiente término municipal
de dominio público o patrimonial de las Administraciones públicas.
Artículo 2. Exclusiones.
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de
orden público y de seguridad ciudadana, así como las relativas a
espectáculos públicos y actividades recreativas, quedan excluidas del
ámbito de aplicación de la presente ley:
a) La permanencia durante el horario establecido reglamentariamente de
personas en espacios abiertos del núcleo urbano destinados a terrazas y
veladores de establecimientos públicos sometidos a la normativa aplicable
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
b) La permanencia de personas en espacios abiertos del término municipal
destinados a la celebración de fiestas y ferias locales, verbenas
populares, así como manifestaciones de carácter religioso, político,
sindical, docente, turístico, cultural o análogas. A tales efectos, solo
tendrán esta consideración las que se encuentren reconocidas oficialmente
por el Ayuntamiento o, en su caso, hayan sido autorizadas por éste de
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
c) El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, debidamente
comunicados conforme a la legislación vigente.
Artículo 3. Limitaciones.
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de
orden público y de seguridad ciudadana, así como las relativas a
prevención y asistencia en materia de drogas y espectáculos públicos y
actividades recreativas, queda prohibido, en relación con las actividades
de ocio desarrolladas en los espacios abiertos de los términos municipales
de Andalucía:
a) La permanencia y concentración de personas que se encuentren
consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro
la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal
que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.
b) Las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas para su
consumo en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 mediante
encargos realizados por vía telefónica, mensajería, vía telemática o
cualquier otro medio.
c) La entrega o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los
establecimientos comerciales fuera del horario establecido
reglamentariamente para la venta, aun cuando la transacción económica o el
abono del importe de las bebidas adquiridas se hubiera efectuado dentro
del horario permitido.
d) La venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los
establecimientos de hostelería o de esparcimiento, para su consumo fuera
del establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente
autorizadas.
e) El abandono o arrojo en los espacios abiertos definidos en el artículo
1.3 de los envases y restos de bebidas y demás recipientes utilizados en
las actividades de ocio descritas en la ley.
f) La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos
definidos en el artículo 1.3 o fuera de los servicios habilitados al
efecto.
g) La permanencia y concentración de personas que se encuentren
consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro
la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro sanitario
o en sus aledaños.
Artículo 4. Competencias de los municipios y colaboración
interadministrativa.
1. Corresponderá a los municipios:
a) Establecer las zonas del término municipal, en los espacios abiertos
definidos en el artículo 1.3, en las que pueden desarrollarse actividades
de ocio, así como las condiciones que hayan de cumplir para garantizar el
normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana.
b) La prohibición o suspensión de las actividades de ocio sometidas a la
presente ley cuando se incumplan las condiciones previstas en la
correspondiente normativa municipal para el desarrollo de las mismas.
c) La inspección, control y régimen sancionador de las actividades de ocio
sometidas a la presente ley.
2. Podrán arbitrarse los oportunos instrumentos de colaboración entre las
Administraciones local, autonómica y estatal para la implantación de las
infraestructuras que, en su caso, requiera la aplicación de esta ley.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 5. Concepto y clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones administrativas en esta materia las acciones u
omisiones tipificadas en la presente ley.
2. Las disposiciones reglamentarias que en desarrollo de la misma se
dicten por los respectivos ayuntamientos y, en su caso, por la
Administración autonómica para sus respectivos ámbitos territoriales
podrán introducir especificaciones y graduaciones de las citadas
infracciones en los términos previstos en el artículo 129.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley se
clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 6. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. Las infracciones tipificadas como graves cuando se produzcan
situaciones de grave riesgo para los bienes, para la seguridad e
integridad física de las personas o para la salud pública.
2. La reiteración o la reincidencia en la comisión de faltas graves en el
plazo de un año, en los términos previstos en el artículo 12 de la
presente ley.
Artículo 7. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. Las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas para su
consumo en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 mediante
encargos realizados por vía telefónica, mensajería, vía telemática o
cualquier otro medio.
2. La entrega o dispensación por parte de los establecimientos comerciales
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido reglamentariamente
para la venta, aun cuando la transacción económica o el abono del importe
de las bebidas adquiridas se hubiera efectuado dentro del horario
permitido.
3. La venta o dispensación por parte de los establecimientos de hostelería
o de esparcimiento de bebidas alcohólicas, para su consumo fuera del
establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas.
4. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en el
plazo de un año, en los términos previstos en el artículo 12 de la
presente ley.
Artículo 8. Infracciones leves.
Constituirán infracciones leves:
1. La permanencia y concentración de personas que se encuentren
consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro
la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal
que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.
2. El abandono o arrojo de los envases y restos de bebidas y demás
recipientes utilizados en las actividades de ocio descritas en esta ley en
los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3
3. La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos
definidos en el artículo 1.3 o fuera de los servicios habilitados al
efecto.
4. La permanencia y concentración de personas que se encuentren
consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro
la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro sanitario
o en sus aledaños.
5. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando
por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a
terceros no deban ser calificadas como tales.
6. Cualquier otro incumplimiento a lo establecido en la presente ley y en
las prevenciones recogidas en las respectivas disposiciones reglamentarias
que la desarrollen, en relación con la exigencia de la realización de
determinadas actuaciones o condiciones para el desarrollo de la actividad
de ocio en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3, no
tipificados como infracciones muy graves o graves.
Artículo 9. Sanciones.
1. La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley dará
lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) Multa de veinticuatro mil un euros (24.001) a sesenta mil euros
(60.000) para las infracciones muy graves.
b) Multa de trescientos un euros (301) a veinticuatro mil euros (24.000)
para las infracciones graves.
c) Apercibimiento o multa de hasta trescientos euros (300) para las
infracciones leves.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la multa a imponer podrá ser incrementada por encima
de las cantidades previstas en el apartado 1 de este artículo, en la
cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la acción u
omisión tipificada como infracción y la reposición del bien dañado.
3. Si la infracción se cometiese por personas menores de edad, mayores de
dieciséis años, la multa que proceda imponer podrá ser sustituida, con su
consentimiento expreso, por la realización de prestaciones no retribuidas
de interés social a favor del municipio por un tiempo no superior a
treinta días. En caso de constatarse la no realización de las referidas
prestaciones de interés social se aplicará la sanción pecuniaria que se
les hubiera impuesto.
Artículo 10. Sanciones accesorias.
1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo 9,
la comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley podrá
llevar aparejada la imposición de las siguientes sanciones accesorias:
a) Incautación de los instrumentos y efectos utilizados para la comisión
de las infracciones.
b) Suspensión de las licencias de apertura y autorizaciones municipales
por un período de dos años y un día a cinco años para infracciones muy
graves, y de hasta dos años para infracciones graves.
c) Clausura de los establecimientos públicos por un período de dos años y
un día a cinco años para las infracciones muy graves, y de hasta dos años
para las infracciones graves.
d) Inhabilitación para realizar la misma actividad por un período de un
año y un día a tres años para las infracciones muy graves, y de hasta un
año para las infracciones graves.
e) Revocación de las licencias de apertura y autorizaciones municipales,
no pudiendo solicitarse nueva concesión para la misma actividad hasta
transcurrido un período mínimo de cinco años.
2. Decretadas las sanciones accesorias previstas en las letras b), c) y e)
del apartado anterior, únicamente procederá la interrupción de la
ejecución de las mismas cuando, previa autorización administrativa
otorgada a solicitud del titular o propietario, se acredite que en los
correspondientes establecimientos se va a desarrollar una actividad
económica distinta de la que como consecuencia de su ejercicio originó la
infracción. En tal supuesto, el tiempo durante el cual se desarrolle la
mencionada actividad no será computado a los efectos del cumplimiento de
las sanciones.
Artículo 11. Personas responsables de la infracción.
1. Serán sujetos responsables las personas que realicen las acciones u
omisiones tipificadas como infracción en la presente ley.
2. No obstante lo anterior, la persona titular de la empresa o actividad
será responsable solidario en el pago de las multas impuestas como
consecuencia de las infracciones cometidas por su personal empleado con
ocasión o a consecuencia de la actividad mercantil de la empresa titular
de la licencia de apertura o de la autorización municipal.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma
solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las
sanciones que se impongan. Asimismo serán responsables subsidiarios de las
sanciones impuestas a las personas jurídicas los administradores de las
mismas.
4. En el caso de personas menores de edad, mayores de dieciséis años,
salvo que se trate de obligaciones que hayan de cumplir personalmente,
serán responsables solidarios en el pago de las sanciones pecuniarias sus
representantes legales.
Artículo 12. Reincidencia y reiteración.
1. A los efectos de la presente ley se considerará que existe reiteración
en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza
en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución
administrativa firme.
2. Se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una
segunda infracción de la misma naturaleza en el término de un año cuando
así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
Artículo 13. Medidas provisionales.
1. Sin perjuicio de las sanciones que en su caso proceda imponer, podrán
adoptarse por el órgano competente las medidas provisionales que estime
necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera
adoptarse y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad.
2. Podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas provisionales:
a) Exigencia de fianza o caución.
b) Suspensión temporal de la licencia de actividad.
c) Cierre temporal del local o instalación.
d) Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que
hayan dado lugar al procedimiento.
3. Asimismo, los agentes o las agentes de la autoridad, en el momento de
levantar acta de denuncia, podrán adoptar medidas provisionales de
precintado y comiso de los elementos materiales utilizados para la
comisión de la presunta infracción. En estos casos, el órgano a quien
compete la apertura del procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de
iniciación, ratificar o levantar la medida provisional adoptada. Si en el
plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la
ratificación de la medida, se considerará sin efecto, sin perjuicio de la
continuación del procedimiento sancionador.
Artículo 14. Criterios para la imposición de sanciones.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias de la
infracción, a la gravedad, a su trascendencia, a la capacidad económica de
la persona infractora, a la intencionalidad, a los daños y a los
beneficios ilícitamente obtenidos.
2. Si los referidos daños causados o beneficios ilícitamente obtenidos
fueren de poca entidad, la sanción podrá imponerse dentro de la escala
inmediatamente inferior, siempre que no concurran en su comisión la
reiteración o reincidencia de la persona infractora, la producción de
daños y perjuicios a terceros ni afecten a la seguridad de las personas.
La toma en consideración de estas circunstancias sólo procederá si,
previamente, no han sido tenidas en cuenta para determinar la infracción
sancionable.
Artículo 15. Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves
a los tres años y las leves al año; las sanciones impuestas por
infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por
infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves
al año.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona
interesada, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona
interesada, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de
prescripción si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al presunto responsable.
4. El procedimiento sancionador deberá resolverse y notificarse en el
plazo máximo de un año desde su iniciación, produciéndose la caducidad del
mismo en la forma y modo previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la
suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas y exigidas para ello en el artículo 42.5 de la
citada ley.
Artículo 16. Competencia para sancionar.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde o
Alcaldesa dentro del término municipal donde se cometa la infracción.
Disposición adicional única. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Gobernación para que
actualice periódicamente, con el límite de las variaciones del Índice de
Precios al Consumo, las cuantías de las multas previstas en la misma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o
contradigan lo previsto en la presente ley.
Disposición final única. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno y a los ayuntamientos para dictar,
dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y en el ámbito de sus
competencias específicas, las disposiciones reglamentarias necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente ley.