El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de Andalucía. Además de establecer sus señas de identidad y determinar su territorio, define el nivel de competencias que corresponde a la Comunidad Autónoma, así como su organización institucional.

Desde el momento mismo de su promulgación, el Estatuto de Autonomía incorpora el máximo nivel competencial permitido por la Constitución española en políticas tales como sanidad, educación, infraestructuras, transportes, cultura, servicios sociales, etcétera.

En cuanto a su organización institucional, se sigue el modelo constitucional de sistema parlamentario de gobierno, con un Parlamento que elige y destituye al presidente o presidenta del Gobierno. La relación de confianza entre ambos es fundamental para el funcionamiento del sistema.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en su ámbito territorial.

Tanto las instituciones como las competencias han sido desarrolladas por una amplia actividad legislativa y ejecutiva de los poderes públicos andaluces.